STS, 12 de Junio de 2013
| Ponente | NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN |
| ECLI | ES:TS:2013:3622 |
| Número de Recurso | 349/2012 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2013 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Junio de dos mil trece.
Visto por la Sección Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los señores arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo que con el número 349/2012 ante la misma pende de resolución, interpuesto por don Amadeo , representado por el Procurador don Juan Luis Senso Gómez, frente a la desestimación por silencio de la pretensión de exigencia de responsabilidad disciplinaria al titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Santander planteada ante Consejo General del Poder Judicial mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2012.
Habiendo sido parte recurrida el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, representado por el Abogado del Estado.
Por la representación de don Amadeo se interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la actuación del Consejo General del Poder Judicial a que antes se ha hecho referencia, el cual fue admitido por la Sala, motivando la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se puso de manifiesto a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del correspondiente plazo, lo que verificó mediante un escrito en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó así:
" SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y en consecuencia tener por deducida demanda en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 002 /0000349/2012, y en su día, previos los trámites preceptivos dictar Sentencia por la que se decrete la nulidad de la desestimación por silencio administrativo de la denuncia formulada por D. Amadeo , debiendo dictarse Sentencia por la que estimando el presente Recurso, se ordene la retroacción de la misma, decretando la Incoación del correspondiente Procedimiento Disciplinario al Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Santander por haber cometido unas infracciones graves o muy graves, contempladas en los artículos 417.14 y 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ".
El señor Abogado del Estado, en la representación que le es propia, se opuso a la demanda y pidió sentencia que declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto o, en su defecto, lo desestime.
Una vez conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo la audiencia de 29 de mayo de 2013.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolas Maurandi Guillen, Magistrado de la Sala
El presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Amadeo , se dirige contra la desestimación por silencio de la pretensión de exigencia de responsabilidad disciplinaria al titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Santander planteada ante Consejo General del Poder Judicial mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2012.
La pretensión deducida en el "Suplico" de la demanda que ha sido formalizada en el actual proceso postula, como ya se expresó en los antecedentes, lo siguiente:
"(...) Sentencia por la que estimando el presente Recurso, se ordene la retroacción de la misma, decretando la Incoación del correspondiente Procedimiento Disciplinario al Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Santander por haber cometido unas infracciones graves o muy graves, contempladas en los artículos 417.14 y 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ".
La excepción de falta de legitimación activa del recurrente opuesta por el Abogado del Estado debe ser examinada con carácter prioritario, por constituir un necesario presupuesto procesal para que pueda ser enjuiciada la concreta pretensión que es ejercitada en la demanda formalizada en el actual proceso jurisdiccional.
En relación con dicha cuestión, ha de comenzarse recordando que una consolidada jurisprudencia de esta Sala (por todas, las sentencias de 25 de marzo de 2003 y la de 12 de diciembre de 2012 ) ha afirmado la falta de legitimación del denunciante para intervenir en los procesos contencioso administrativos seguidos contra las decisiones del Consejo General del Poder Judicial que ordenan el archivo de las quejas presentadas y la no incoación de procedimiento disciplinario como consecuencia de la valoración jurídica que dicho órgano constitucional efectúa de los hechos denunciados y constatados.
Y merece también ser subrayado que el núcleo argumental de esta jurisprudencia parte del dato de que la imposición o no de una sanción al Juez denunciado no produce efecto positivo alguno en la esfera jurídica del denunciante, ni elimina carga o gravamen alguno de esa esfera.
Tras lo anterior, conviene asimismo hacer referencia a las ideas con las que ha sido desarrollado ese básico núcleo argumental. Son las siguientes:
- 1) La existencia de la legitimación viene ligada a la de un interés legítimo de la parte a cuya satisfacción sirva el proceso.
Y la amplitud con la que la jurisprudencia viene interpretando el artículo 28.1.a) de la Ley, por exigencias del artículo 24.1 CE , y la sustitución del concepto de interés directo por el de interés legítimo, no llegan hasta el extremo de que no se condicione en todo caso la legitimación a la existencia de un interés real.
Como ha dicho el Tribunal Constitucional ( STC 143/87 ), el interés legítimo al que se refiere el artículo 24.1 CE , y también el artículo 19 de la nueva Ley jurisdiccional 6/1998, equivale a una titularidad potencial de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión, y que se materializaría de prosperar ésta.
- 2) La clave de si existe o no interés legítimo en el proceso de impugnación de una resolución del CGPJ, dictada en expediente abierto en virtud de denuncia de un particular por una hipotética responsabilidad de un juez, debe situarse en el dato de si la imposición o no de una sanción al Juez denunciado puede producir un efecto positivo en la esfera jurídica del denunciante, o eliminar una carga o gravamen en esa esfera.
- 3) El problema de la legitimación tiene un carácter casuístico, lo que no permite una respuesta indiferenciada para todos los casos, y hace que en cada uno de ellos deba realizarse la búsqueda del concreto interés legítimo que pueda servir de soporte a la legitimación, incumbiendo su alegación y prueba a quien se lo arrogue.
- 4) El haber sido parte en un determinado proceso judicial, no supone necesariamente poseer la específica legitimación que aquí se está analizando.
El procedimiento disciplinario no puede interferir un proceso judicial en curso, por lo que los intereses legitimadores de quien es litigante en dicho proceso, por sí solos, no pueden servir como base de su legitimación para reclamar la imposición de una determinada sanción al juez que, a criterio de dicho litigante, no satisfizo aquel interés del proceso.
- 5) Tampoco el propósito de ejercitar la pretensión de responsabilidad del Estado, prevista en el artículo 121 CE , puede servir de base a una legitimación para reclamar la imposición de sanción a un Juez.
Ni en ese concreto precepto, ni en la ley en general, hay elementos que permitan sostener que la proclamación de una anormalidad del funcionamiento de la Administración de Justicia haya de derivar de una previa corrección disciplinaria impuesta al titular del órgano jurisdiccional al que se imputa aquélla.
Esta Sala también ha declarado, en esa jurisprudencia a la que acaba de hacerse referencia, que la modificación de los artículos 423 y 425 de la LOPJ no supone que se haya atribuido expresamente a los denunciantes legitimación para interponer el recurso contencioso-administrativo, confiriéndoles la que no se deriva de la genérica aplicación del artículo 28.1.a) de la Ley Jurisdiccional de 1956 (y actualmente del artículo 19 de la nueva Ley Jurisdiccional de 1998 ).
Ha dicho que la normativa contenida en la LOPJ no tiene virtualidad para modificar el régimen procesal procedente en cuanto a la legitimación de los denunciantes, y que lo único que hace es salvar la legitimación -o remitir a ella- que pudiera derivar de la Ley Jurisdiccional.
Y para llegar a la anterior conclusión ha tomado en cuenta estas expresiones contenidas en los preceptos de la LOPJ:
-
Al ocuparse de la sanción de advertencia, el artículo 422.1 párrafo segundo dispone: "contra la resolución que recaiga sobre dicha clase de sanción podrá interponer el sancionado con carácter potestativo, antes de acudir a la vía contencioso- administrativa, recurso administrativo, y el denunciante, en su caso, acudir a la vía contencioso-administrativa de acuerdo con las normas de legitimación establecidas en la Ley reguladora de la expresada Jurisdicción" .
-
El artículo 423.2, párrafos segundo y tercero "in fine" , no permite al denunciante recurrir las decisiones sobre la iniciación y decisión del expediente disciplinario en vía administrativa, "sin perjuicio de la legitimación que ostente como interesado en la vía jurisdiccional" .
-
El artículo 425.8, párrafo primero "in fine" , manda notificar al denunciante la resolución del expediente sancionador, "quien únicamente podrá recurrir, en su caso, en vía contencioso-administrativa" .
Esas expresiones, ha dicho esta Sala, permiten constatar que el artículo 422.1 párrafo segundo remite para determinar la legitimación del denunciante a las normas establecidas en la Ley de la Jurisdicción , y que no hay razón para entender que se sigue distinto criterio en los demás supuestos previstos por la L.O.P.J.
Y también esta Sala ha subrayado que el modo potencial del verbo "ostente" (artículo 423.2 párrafos segundo y tercero), y los términos "en su caso" (artículo 425.8 párrafo primero), son de por sí suficientemente expresivos de que no se está haciendo una regulación directa de la legitimación procesal de los denunciantes para impugnar los acuerdos de la Comisión Disciplinaria, sino que se trata de una remisión a la regulación contenida fuera de esos preceptos.
La falta de legitimación es apreciable en el presente proceso, al ser también aquí de aplicación el criterio jurisprudencial que ha quedado expuesto por lo que se dice a continuación.
El único interés de la pretensión ejercitada en la demanda, como claramente resulta de la lectura del "Suplico" , es que se haga un pronunciamiento sobre si el Magistrado denunciado ha incurrido en faltas disciplinarias y, como consecuencia de ello, se practiquen las actuaciones necesarias que permitan imponerle las sanciones correspondiente a dichos ilícitos.
Por tanto, el éxito de esa pretensión de la demanda no produciría en principio ningún efecto favorable en la esfera jurídica de la parte actora en el actual proceso, ni tampoco en las actuaciones jurisdiccionales a las que estuvo referida la denuncia presentada ante el CGPJ, pues la eventual sanción que pudiera ser impuesta, por sí sola, no le originaría ventaja alguna, ni le eliminaría ninguna carga o inconveniente.
Procede, pues, declarar inadmisible el recurso contencioso-administrativo; y con imposición al recurrente de costas procesales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de esta jurisdicción contencioso-administrativa -LJCA- (según la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal) y por no concurrir razones que justifiquen apartarse de la regla general establecida en dicho precepto legal.
Pero la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese mismo artículo 139 de la LJCA , señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos comprendidos en ellas la de 1.000 euros; y para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en atención a las circunstancias del asunto y a la dedicación requerida para formular la oposición.
-
- Declarar la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Amadeo , frente a la desestimación por silencio de la pretensión de exigencia de responsabilidad disciplinaria al titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Santander planteada ante Consejo General del Poder Judicial mediante escrito registrado el 21 de febrero de 2012.
-
- Imponer a dicho recurrente las costas procesales hasta el límite establecido en el último fundamento de derecho de esta sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.
-
STSJ Galicia 3/2021, 9 de Febrero de 2021
...artículo 469.1, 4º de la ley procesal sino en el ordinal segundo del referido precepto. Y siguiendo lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2013, la carga de la prueba, regulada en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no establece mandatos sobre qué......
-
STSJ Galicia 9/2017, 23 de Febrero de 2017
...la carga de probar que esa comunidad tiene carácter romano, lo que no ha tenido lugar. Siguiendo lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2013 , la carga de la prueba, regulada en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no establece mandatos sobre qué p......