STS, 10 de Abril de 2012
| Ponente | SEGUNDO MENENDEZ PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2012:2364 |
| Número de Recurso | 185/2010 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 10 de Abril de 2012 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Abril de dos mil doce.
VISTO por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso contencioso- administrativo interpuesto por D. Carlos Ramón , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Esperanza Azpeitia Calvín, sobre Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración por los perjuicios causados como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo declarado inconstitucional y nulo por sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional número 68/2007, de 28 de marzo de 2007 .
Se ha personado en este recurso, como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, con la representación que le es propia.
Con fecha 23 de abril de 2010, la representación procesal de D. Carlos Ramón , interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Consejo de Ministros dictada con fecha 5 de febrero de 2010, por la que se acuerda desestimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador, en relación con los perjuicios sufridos a consecuencia de la aplicación del artículo segundo, tres del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo , de medidas urgentes par la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, declarado inconstitucional y nulo por sentencia número 68/2007, de 28 de marzo de 2007, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional , formalizando demanda en la que termina suplicando a la Sala que "...se sirva dictar Sentencia por la que se admita y estime íntegramente el presente Recurso Contencioso-Administrativo, y se declare:
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La disconformidad a Derecho de la Resolución del CONSEJO DE MINISTROS , dictada con fecha 05/02/2.010, por la que se acuerda desestimar la Reclamación por Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador formulada por esta parte, en relación con los perjuicios sufridos a consecuencia de la aplicación del artículo segundo, tres, del Real Decreto-ley 5/2.002, de 24 de mayo, de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad , anulándola y dejándola sin efecto , por ser contraria al ordenamiento jurídico;
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El derecho de la parte actora a percibir la indemnización de 7.487,64.- euros , como reconocimiento de su situación jurídica individualizada, al reconocerse la Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador, más los intereses legales oportunos desde la fecha de interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa (04/04/2.008), condenándose a la Administración demandada a su abono, con los demás efectos y pronunciamientos oportunos a que hubiera lugar en Derecho".
La representación procesal de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, en el trámite otorgado para contestar la demanda, presentó escrito allanándose ante el recurso interpuesto y solicita se dicte sentencia en la que la condena de los intereses legales se limite a los generados desde la fecha de la reclamación en vía administrativa hasta la de notificación de la sentencia que ponga término al recurso.
Conclusas las actuaciones, por providencia de fecha 10 de febrero de 2012 se señaló para votación y fallo el día 27 de marzo del mismo año, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, Magistrado de la Sala.
La representación procesal de D. Carlos Ramón , interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Consejo de Ministros dictada con fecha 5 de febrero de 2010, por la que se acuerda desestimar la reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador formulada en relación con los perjuicios sufridos a consecuencia de la aplicación del artículo segundo, tres del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo , de medidas urgentes par la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en pretensión de que se anule la citada Resolución por no ser ajustada a Derecho y se condene a la Administración al abono de la cantidad de 7.487,64, más su interés legal desde la fecha de interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa
En su demanda el accionante expone prolijamente las razones en fundamento de su pretensión.
La representación procesal de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO contesta manifestando que se allana a la demanda, acompañando autorización al efecto de la Abogacía General-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, si bien en cuanto a los intereses solicita que se devenguen desde la fecha de la reclamación patrimonial en vía administrativa y hasta la notificación de la sentencia.
En consecuencia, conforme al artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción debemos dictar sentencia estimatoria de las pretensiones a las que ha mostrado su conformidad el Abogado del Estado dado el tenor de la Sentencia de 2 de junio de 2010, recurso contencioso-administrativo número 588/2008 .
No hay pronunciamiento expreso sobre costas, artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Carlos Ramón , contra la Resolución del Consejo de Ministros de fecha 5 de febrero de 2010, desestimatoria de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado formulada en relación con los perjuicios sufridos a consecuencia de la aplicación del artículo segundo, tres del Real Decreto-Ley 5/2002 , de 24 de mayo , de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, condenando a la Administración al abono de la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.487,64 ), más el interés legal desde la fecha de presentación de la reclamación en vía administrativa hasta la de la notificación de la sentencia que ponga término al recurso, sin pronunciamiento de condena en costas, con aplicación desde ella de lo que dispone el artículo 106. 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción .
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, todo lo cual yo el Secretario, certifico.
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