STS, 27 de Junio de 2011
| Ponente | OCTAVIO JUAN HERRERO PINA |
| ECLI | ES:TS:2011:4132 |
| Número de Recurso | 4496/2008 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2011 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
S E N T E N C I A
TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: SEXTA
Excmos. Sres.:
Presidente:
D. Octavio Juan Herrero Pina
Magistrados:
D. Luis María Díez Picazo Giménez
D. Juan Carlos Trillo Alonso
D. Carlos Lesmes Serrano
D. Agustín Puente Prieto
En la Villa de Madrid, a veintisiete de junio de dos mil once.
Vistos por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 100/2006 , interpuesto por D. Romualdo contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 20 de diciembre de 2005, que denegó su solicitud de concesión de la nacionalidad por residencia. Ha sido parte recurrida la Procuradora Dª. María Concepción Donday Cuevas, en nombre y representación de D. Romualdo .
La representación procesal de D. Romualdo , por escrito de 16 de febrero de 2006, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 20 de diciembre de 2005, por la que se denegó al solicitante la nacionalidad por residencia.
Tras los trámites pertinentes la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia con fecha 27 de mayo de 2008 , cuyo "fallo" es del siguiente tenor:
"PRIMERO.- Estimar el presente recurso contencioso-administrativo nº 100/2006, interpuesto por D. Romualdo , representado por la Procuradora Dª. María Concepción Donday Cuevas, contra la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dictada por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 20 de diciembre de 2005, resolución que anulamos por considerarla no ajustadas a Derecho.
SEGUNDO.- Reconocer el derecho del recurrente a la adquisición de la nacionalidad española.
TERCERO.- No hacer expresa condena en cuanto a las costas del procedimiento".
Notificada la sentencia, por el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional preparando recurso de casación contra la misma. Por providencia de fecha 14 de julio de 2008 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.
Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, en fecha 2 de octubre de 2008 el Sr. Abogado del Estado presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que hace valer dos motivos de casación, ambos al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción .
Por providencia de 13 de noviembre de 2008 se acordó la admisión del recurso, y por providencia de 12 de diciembre de 2008, se emplazó a la representación procesal de D. Romualdo , debidamente personada en esta casación, para que formalizara escrito de oposición, lo que hizo mediante escrito presentado el 3 de febrero de 2009.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 22 de junio de 2011, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina , Magistrado de la Sala.
El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 100/2006 , interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 20 de diciembre de 2005, denegatoria de la nacionalidad por residencia solicitada por el ahora recurrido en casación.
La resolución administrativa denegatoria de la nacionalidad española se fundamentó en la siguiente razón:
"No ha justificado suficiente grado de integración en la sociedad española, requisito contemplado en el artículo 22.4 del Código Civil , ya que por los datos obrantes en el expediente, se comprueba que no conoce suficientemente el idioma español ni la cultura e historia de nuestro país"
Y la sentencia ahora recurrida en casación contiene la siguiente fundamentación jurídica (que transcribimos a continuación en cuanto interesa a los efectos del presente recurso de casación):
"Partiendo de lo expresado en el fundamento jurídico anterior, debemos examinar ahora si en el supuesto enjuiciado el recurrente ha acreditado un grado de integración en la sociedad española suficiente a los efectos del reconocimiento de nuestra nacionalidad.
Y nosotros consideramos que la contestación a dicha cuestión debe ser afirmativa.
En efecto, de la documentación incorporada al expediente administrativo se desprende que el recurrente nació en Marruecos y se encuentra residiendo legalmente en España desde el año 2000; contrajo matrimonio con una ciudadana española el 9 de junio de 2001, matrimonio que ha perdurado, al menos, hasta el 24 de mayo de 2007, fecha en la que se practicaron diligencias probatorias ante esta Sala; y desde su llegada a España ha trabajado regularmente en el sector de la construcción.
En la comparecencia ante el Juez Encargado del Registro Civil de Getafe, obrante en el expediente de nacionalidad, el Juez Encargado concluyó que el recurrente mostraba "un aceptable grado de adaptación a las costumbres y modo de ser específicamente españoles", "demostrando hallarse arraigado" en nuestro país y "conocer y aceptar la idiosincrasia española", "hallándose identificado con el ambiente social en que se desenvuelve". Probablemente por ello, tanto el Juez Encargado del Registro Civil como el Fiscal competente informaron favorablemente la solicitud de nacionalidad española del recurrente.
Conviene recordar que venimos considerando muy especialmente el resultado de la entrevista mantenida ante el Juez Encargado del Registro Civil a los efectos de la acreditación de las condiciones de integración en la sociedad española de los peticionarios de nacionalidad, en atención a la inmediación de la referida diligencia y la condición judicial de quien la practica.
Es cierto que en la misma comparecencia ante el Juez Encargado se puso de manifiesto que el recurrente entendía con dificultad el idioma español, no comprendiendo parte de las preguntas que se le formularon (y que no conocía la cultura e historia de nuestro país), dificultad en el conocimiento de nuestra lengua que se advirtió también en el informe elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia de 8 de marzo de 2005 (véase documento 3 del expediente administrativo); pero las referidas deficiencias deben matizarse si se tienen en cuenta las diligencias probatorias practicadas ante esta Sala y, en todo caso, carecen de relevancia frente al resto de las circunstancias que acreditan la integración del recurrente en nuestra sociedad
Asi es, en comparecencia ante esta Sección el recurrente fue preguntado por diversos aspectos relativos a su vida en España, comprendiendo las preguntas que se le formularon y contestando de manera coherente a las mismas; en la prueba testifical, su empleador, manifestó que el recurrente le ayudaba como "intérprete" cuando no podía "entenderse con otros operarios" que llevaban menos tiempo y que eran de nacionalidad marroquí", comportándose como cualquier otro español y estando plenamente integrado en el ambiente de trabajo y con sus compañeros; y en la misma prueba testifical, la esposa del recurrente sostuvo que se entendía con sus familiares en español, estando integrado en el ámbito familiar y social de manera completa (véase el resultado de las pruebas practicadas en el procedimiento judicial).
Consideramos por todo ello que el recurrente ha acreditado suficiente grado de integración en la sociedad española a los efectos de la obtención de nuestra nacionalidad"
El Abogado del Estado hace valer frente a la anterior sentencia dos motivos de casación, ambos bajo el amparo del subapartado d) del art. 88.1 de la Ley Jurisdiccional .
En el primer motivo, invoca la infracción del artículo 22.4 del Código Civil en cuanto éste exige suficiente grado de integración en la sociedad española. Entiende la parte recurrente que para confirmar tal extremo, la Sala de instancia ha realizado una ilógica valoración de la prueba, al haber dejado de lado el contenido de la comparecencia efectuada ante el Juez Encargado del Registro Civil, quien apreció un deficiente conocimiento del idioma español. Afirma, por ello, que la valoración de la prueba por el Tribunal a quo es "intrínsecamente inconsistente en cuanto llega a una conclusión que, desde un punto de vista estrictamente lógico, no se sustenta".
Manteniendo la misma línea argumentativa, en el segundo motivo denuncia la vulneración del ya mencionado artículo 22.4 del Código Civil desde la perspectiva jurisprudencial. Alega el Sr. Abogado del Estado que la Sala de instancia parece haber asumido que para demostrar integración suficiente en la sociedad española basta con entender la lengua castellana, aunque ni se hable, ni se lea, ni se escriba. Frente a tal conclusión, que -dice el Sr. Abogado del Estado- contradice la jurisprudencia de este Tribunal Supremo (con cita de la sentencia de 29 de octubre de 2004 ), lo cierto es que a pesar del tiempo transcurrido en España entiende el idioma con dificultad.
El primer motivo de casación no puede prosperar, ante todo por su defectuosa formulación.
A propósito de un motivo casacional formulado en similares términos hemos dicho en nuestras sentencias de fecha 24 de enero y 4 d abril de 2011 (RRC. 4593/2007 y 355/2008 ) que si lo que pretende el Sr. Abogado del Estado es denunciar una valoración ilógica de la prueba el precepto infringido en ningún caso será el art. 22.4 del Código Civil , que en modo alguno se refiere a la prueba y a su valoración, sino a los requisitos que se han de reunir para alcanzar la nacionalidad española.
De todos modos, no apreciamos en modo alguno que la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia sea arbitraria o irracional. Muy al contrario, la Sala a que llegó a una conclusión enteramente lógica y razonable, desde el momento que se basó en la comprobación directa por parte de la propia Sala (fruto de una entrevista con el mismo recurrente y de la declaración de testigos) de que el entonces demandante comprende suficientemente el idioma español, y contesta de forma coherente a las preguntas que se le hacen en este idioma, y que se encuentra plenamente integrado desde el punto de vista familiar, social y laboral Así las cosas, carece de justificación que ahora en casación el Sr. Abogado del Estado insista en el contenido del informe del Juez encargado del Registro Civil, dejando de lado por completo este dato tan relevante: que la formación del criterio por la Sala sobre el conocimiento del idioma y la integración en las costumbres españolas del actor vino dado por el medio de prueba más eficaz y con mayores garantías de inmediación: la comprobación por el mismo Tribunal de dichos extremos.
El segundo motivo tampoco puede prosperar.
El Abogado del Estado insiste en contradecir los hechos que la Sala de instancia ha considerado probados, tratando de imponer su propia valoración de las circunstancias concurrentes en el caso; y así, enfatiza que el actor entiende con dificultad el español; mas lo cierto es que la Sala concluyó lo contrario, y esta es una valoración irrevisable en casación.
Sólo por esto el motivo merece ser rechazado, pero de todos modos podemos añadir que la sentencia que se cita en este motivo no puede servir para sustentarlo, pues en el caso resuelto por esa sentencia se trataba de un solicitante de nacionalidad que mostraba un "absoluto desconocimiento del castellano", lo que no es el caso ahora examinado.
Por lo demás, es verdad que en distintas sentencias, como, a título de muestra, la de 25 de febrero de 2010 (RC 3326/2006 ), hemos dicho que
"es doctrina jurisprudencial reiterada (v.gr., en SSTS de 5 de marzo de 2008, RC 1123/2004 , y 23 de septiembre de 2009, RC 7215/2005 , por citar algunas de las últimas) que el conocimiento del idioma y la expresión correcta del mismo constituye un elemento vehicular que permite la relación con la sociedad; por ello, la falta de tal conocimiento, y, consiguientemente, de la posibilidad de relación con los miembros de la sociedad, impide tener por justificado el requisito de la integración exigido por el artículo 22.4 del Código Civil . Dicho sea de otro modo, la justificación del suficiente grado de integración en la sociedad por parte del solicitante de la nacionalidad, impuesta por el artículo 22.4 del Código Civil , exige el conocimiento por parte del interesado del idioma español, en grado suficiente no ya sólo para entenderlo, sino para hablarlo y facilitar con ello sus relaciones con terceros dentro del país en que pretende desenvolverse. Por tal razón, esa falta de conocimiento del idioma es causa suficiente para la denegación de la nacionalidad española (dicho sea esto sin perjuicio de que si posteriormente se acreditase la adquisición de una destreza suficiente en el manejo del idioma pudiera procederse a una nueva solicitud de la concesión de la nacionalidad)."
Ahora bien, como también hemos dicho en nuestra reciente sentencia de 18 de noviembre de 2010 (Rec. 4729/2007 ),
"el conocimiento del idioma español se exige en la medida que el mismo resulta necesario para entablar relaciones sociales con terceros en grado suficiente para procurar una integración efectiva en la sociedad. Obviamente, mal podrá hablarse de integración efectiva en la sociedad si se desconoce por completo el idioma español, o si el conocimiento es tan rudimentario o limitado que impide sostener una conversación inteligible y funcional sobre las cuestiones que habitualmente acaecen en la vida diaria; pero sería un exceso apurar el razonamiento hasta sostener que sólo existe integración suficiente en la sociedad española cuando se posee un conocimiento acabado de nuestra lengua. Diferentemente, no puede negarse la existencia de esa tan citada integración cuando el solicitante de la nacionalidad no llega a dominar con total fluidez el español pero aun así es capaz de entenderse en este idioma y entablar relaciones sociales adecuadas y eficaces con arreglo a los estándares de convivencia usuales. Resulta, pues, inevitable en tales casos una valoración singularizada y casuística de las circunstancias concurrentes para apreciar si, en definitiva, el solicitante posee un conocimiento útil del idioma español que permite tener por existente la integración en la sociedad que legitima la obtención de la nacionalidad"
Y tal es, el caso que nos ocupa, en que el demandante en la instancia demostró un conocimiento del idioma más que suficiente para obtener la nacionalidad.
En suma, el presente recurso de casación debe ser desestimado, procediendo, en aplicación del artículo 139, apartado 2, de la Ley reguladora de nuestra jurisdicción, imponer las costas a la parte recurrente, no pudiendo superar la minuta de Letrado la cantidad de dos mil euros, vistas las actuaciones procesales.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Abogado del Estado contra la sentencia de fecha 27 de mayo de 2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3ª) de la Audiencia Nacional en el recurso 100/2006 , que queda firme; condenando en costas a dicho recurrente, con la limitación establecida en el fundamento de derecho quinto.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Octavio Juan Herrero Pina, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.
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