STS, 23 de Junio de 2009
| Ponente | ENRIQUE LECUMBERRI MARTI |
| ECLI | ES:TS:2009:4315 |
| Número de Recurso | 4446/2007 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 23 de Junio de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de junio de dos mil nueve
Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 4446/2007, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador don Antonio Mª Alvarez Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la entidad Northeolic Pico Gallo, S.L., contra la sentencia dictada el día veintinueve de junio de dos mil siete por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, -recaída en los autos número 163/2003-.
Habiendo comparecido en calidad de parte recurrida el letrado del Servicio Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en la representación que le es propia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en los autos número 163/2003 dictó sentencia el día veintinueve de junio de dos mil seis, cuyo fallo dice: >
La representación procesal de la entidad Northeolic Pico Gallo, S.L., interpuso recurso de casación mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil siete.
Mediante providencia de fecha veintiséis de junio de dos mil ocho, dictada por la Sección Primera de esta Sala, se acuerda admitir el presente recurso de casación, y remitir las actuaciones a esta Sección Cuarta, conforme a las reglas del reparto de asuntos; donde se tuvieron por recibidas el veintidós de septiembre de dos mil ocho, confiriéndose traslado a la parte recurrida para formular oposición.
El Letrado del Principado de Asturias, presentó escrito de oposición el día dieciocho de noviembre de dos mil ocho.
Conclusas las actuaciones se señaló para votación y fallo el día nueve de junio de dos mil nueve, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado los trámites establecidos por la ley.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Marti,
La representación procesal de "NORTHEOLIC PICO GALLO, S.L.", recurre en casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de veintinueve de junio de dos mil siete, que le desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de diecinueve de diciembre de dos mil dos que, a su vez, desestimó el recurso formulado contra una anterior resolución de la Consejería de Educación y Cultura de diecisiete de septiembre de dos mil uno, por la que se impuso a la sociedad recurrente una sanción pecuniaria de un millón de pesetas -6010,12#-, así como la obligación de demoler lo irregularmente construido y restaurar el terreno a su estado primitivo, por haber instalado dos aerogeneradores a una distancia inferior a la autorizada por la Administración respecto de unos túmulos funerarios declarados de bien cultural y arqueológico.
Tres cuestiones fueron planteadas por la recurrente en la instancia:
. inexistencia de la infracción
. ausencia de culpabilidad, y
. vulneración del principio de proporcionalidad
Todas merecieron una justa y razonada explicación; así, frente a la primera que se fundamentaba en la infracción de los artículos 23 y 76 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, por referirse, según la demandante, a supuestos distintos del otorgamiento de licencias, sostiene el Tribunal "a quo" que >
La ausencia de culpabilidad se sustentaba en que técnicamente no era posible ubicar los aerogeneradores a la distancia autorizada; entiende el Tribunal que > Y, respecto a la falta de proporcionalidad entre la infracción denunciada y la sanción pecuniaria, con la consiguiente petición que se mantengan los aerogeneradores en su situación actual, considera el Tribunal que la multa se impuso dentro del mínimo establecido en el apartado 2.b) del artículo 76 de la Ley 16/1985, y que la posibilidad de reponer las cosas a su estado primitivo depende de que la actual ubicación sea legalizable, lo que a su juicio, "no constituye objeto de este pleito".
Contra la referida sentencia se aducen al amparo de los apartados c) y d) del artículo
88.1 de la Ley Jurisdiccional dos motivos de casación.
En el primero, se dice que la sentencia impugnada al vulnerar los principios de tipicidad, legalidad y culpabilidad le ocasionó indefensión e incurrió en el vicio de incongruencia, pues se le privó de la posibilidad de defenderse de una acusación que nunca se le comunicó, por lo que supone una quiebra del principio acusatorio.
En el segundo, además de denunciarse la vulneración de los apartados c) y d) de la Ley 13/1985, se invocan como infringidos los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, transcribiéndose literalmente los artículos 134 (1 y 3), 135 (tercer párrafo), 137 (1) y 138 (1 ), pues, a su juicio, se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, infringiéndose el artículo 9.3 de la Constitución, ya que la Sala se extralimitó en su función jurisdiccional al subsumir los hechos imputados en un tipo distinto.
Ambos motivos deben ser desestimados.
En el primero, se denuncia una inexistente defectuosa o incompleta actividad procesal que no guarda relación alguna con el motivo casacional invocado, "por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio
...", pues, la Sala de Asturias al aplicar la letra c) y no la d) del artículo 76 de la Ley del Patrimonio Histórico Español se atuvo estrictamente a los hechos por los que se inició el expediente, limitándose estrictamente a corregir la errónea calificación de la Administración que jurídicamente fue, a todas luces, intranscendente para resolver las pretensiones planteadas.
Por otra parte, las infracciones que se imputan a la sentencia, afectarían al procedimiento sancionatorio, que escrupulosamente fue tramitado por la Administración en las fases instructora y decisoria como implícitamente reconoció la recurrente en su escrito fundamental de demanda.
El segundo motivo en cuanto pretende acusar un error en el juicio de hecho o derecho imputable al Juzgador, está mal articulado, pues el recurso de casación como extraordinario que es precisa una conexión o relación causal entre la sentencia misma y el vicio denunciado, y aquí, en el supuesto que enjuiciamos, la recurrente se limita a citar una serie de preceptos de la Ley 30/1992, que no guardan relación alguna con la sentencia recurrida.
De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le concede el apartado tercero del citado precepto, señala como cantidad máxima a reclamar por el letrado de Servicio Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la cantidad de tres mil euros (3.000#).
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "NORTHEOLIC PICO GALLO, S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha veintinueve de junio de dos mil siete, -recaída en el recurso contencioso-administrativo número 163/2003-; con expresa condena a la recurrente de las constas de este recurso dentro de los límites señalados en el fundamento jurídico quinto, de ésta, nuestra sentencia.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Enrique Lecumberri Marti, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria, doy fe
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