ATS 402/2009, 12 de Febrero de 2009
| Ponente | ADOLFO PREGO DE OLIVER TOLIVAR |
| ECLI | ES:TS:2009:2308A |
| Número de Recurso | 975/2008 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 402/2009 |
| Fecha de Resolución | 12 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a doce de Febrero de dos mil nueve I. HECHOS
Por la Audiencia Provincial de Valladolid, en el Rollo de Sala 38/2007 dimanante del Procedimiento Abreviado 781/2006, procedente del Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid, se dictó sentencia, con fecha 23 de enero de 2008, en la que se condenó a Jose Antonio como autor criminalmente responsable de un delito de lesiones del art. 147 CP, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de prisión y a indemnizar a la víctima en la suma de 120 euros por las lesiones y 1.500 euros por las secuelas.
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por Jose Antonio mediante la presentación del correspondiente escrito por la Procuradora de los Tribunales Dª. Naya López Torres, articulado en dos motivos por infracción de ley y por vulneración de precepto constitucional.
En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Magistrado Excmo. Sr. Don Adolfo Prego de Oliver y Tolivar.
En el motivo primero, formalizado al amparo del art. 849.1º LECrim ., se invoca infracción de ley por indebida aplicación del art. 147 CP e indebida inaplicación del art. 617 CP .
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Alega que los hechos debieron calificarse como falta, pues la lesión causada sólo precisó de una primera asistencia facultativa sin ningún tratamiento médico posterior.
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Esta Sala tiene declarado, en supuestos de lesiones con pérdida de piezas dentarias, tras el Pleno no jurisdiccional celebrado el día 19 de abril de 2002, que la pérdida de incisivos u otras piezas dentarias, ocasionada por dolo directo o eventual, es ordinariamente subsumible en el artículo 150 del Código Penal . Asimismo se acordó que ese criterio admite modulaciones en supuestos de menor entidad, en atención a la relevancia de la afectación o a las circunstancias de la víctima, así como a la posibilidad de reparación accesible con carácter general, sin riesgo ni especiales dificultades para el lesionado. En el citado acuerdo del Pleno se concluye que "...En todo caso dicho resultado comportará valoración como delito y no como falta".
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En el caso, conforme a los hechos probados, se trata de la pérdida de dos incisivos centrales de la arcada superior y movilidad de otras dos piezas dentarias, susceptibles de corrección a través de implantes y tratamiento de inmovilización respectivamente. Lo único que cabría discutir es la posible calificación de los hechos como constitutivos de delito de lesiones con deformidad del art. 150 CP y no del tipo básico del art. 147 CP, pero desde luego no cabe degradar el hecho a falta, como pretende el recurrente, conforme al criterio expresado por el referido Pleno no Jurisdiccional aplicado en reiteradas sentencias de esta Sala.
El motivo, por tanto, se inadmite de conformidad con lo dispuesto en el art. 884.3º LECrim .
En el motivo segundo, formalizado al amparo del art. 852 LECrim ., se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 CE .
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Alega que no hay prueba de cargo suficiente para condenar. Argumenta que las declaraciones de un coimputado no pueden por sí solas enervar la presunción de inocencia.
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Es doctrina reiterada de esta Sala expresada entre otras y por solo citar alguna de las más recientes en STS 276/2008, de 16 de mayo, que "Cuando se invoca el derecho constitucional a la presunción de inocencia, el examen de este Tribunal debe ceñirse a la supervisión de que ha existido actividad probatoria practicada con todas las garantías; la comprobación de que el órgano de enjuiciamiento ha exteriorizado las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; y el control de la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante (Cfr. STC 220/1998 )."
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Y ciertamente, se cumplen las tres premisas que se dejan señaladas ya que las pruebas de cargo han sido obtenidas con cumplido acatamiento de las garantías que deben presidir un juicio justo, habiendo hecho el Tribunal sentenciador expresa mención, en el fundamento de derecho primero, de las pruebas en que se asienta la convicción y que se analizan con detalle y rigor.
No se trata aquí de la declaración de un coimputado sino de la declaración de la propia víctima del delito. En efecto, la prueba de cargo está constituida en el caso por la declaración persistente, coherente del agredido, corroborada por los partes médicos y pericial forense que acreditan las lesiones que confirman el relato plenamente verosímil y creíble del lesionado, que dice haber sufrido una agresión por parte del acusado, novio de su hija, que le propinó un puñetazo en la boca después de echarles de su casa y cuando se lo encontró en la calle. Se dispuso asimismo de la testifical de referencia de Cesar que vio como el denunciante sangraba por la boca y que al preguntarle el motivo le contó que le había golpeado el novio de su hija.
Todo ello ha permitido al Tribunal sentenciador alcanzar una razonada y razonable convicción sobre la forma en que sucedieron los hechos, y es de advertir al respecto que la credibilidad de los testigos es una cuestión ajena a la casación en cuanto que el juzgador goza de la inmediación para valorarlas en las mejores condiciones. Existió, pues, prueba de cargo, válidamente obtenida, debidamente valorada por el Tribunal y suficiente para entender destruida la presunción de inocencia que amparaba al acusado.
El motivo, por ello, se inadmite de conformidad con lo dispuesto en el art. 884.1º LECrim .
En su consecuencia, procede adoptar la siguiente parte dispositiva:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
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