ATS, 22 de Junio de 2010
| Ponente | ANTONIO SALAS CARCELLER |
| ECLI | ES:TS:2010:8255A |
| Número de Recurso | 284/2010 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO En la Villa de Madrid, a veintidós de Junio de dos mil diez.
Con fecha 4 de septiembre de 2009 se presentó en el Decanato de los Juzgados de
Torrijos petición inicial de PROCESO MONITORIO por la parte demandante "FINANCIERA EL CORTE INGLÉS, E.F.C., S.A." contra Dª Flora, con domicilio en la C/ DIRECCION000 NUM000, P- NUM001, NUM002, de la localidad de Santa Olalla (Toledo en reclamación de la cantidad principal de 3.739,48 euros, en concepto de impago de las compras efectuadas con la tarjeta de compra de la sociedad demandante.
Turnado el asunto al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrijos, el cual lo registro con el nº 1044/2009, mediante Providencia de 6 de octubre de 2009 se acordó requerir de pago a la deudora. Ante la diligencia negativa de requerimiento y, según consultas efectuadas, resultó que la demandada tenía su domicilio en la ciudad de Móstoles. Mediante Auto de fecha de 14 de abril de 2010, se declaró la incompetencia territorial de Torrijos y se remitieron las actuaciones al Juzgado decano de los de Móstoles.
Recibidas las actuaciones en el Decanato de los Juzgados de Móstoles, y repartidas al de Primera Instancia nº 5, que las registró con el nº 657/2010, se dictó por su titular auto el 28 de abril de 2010 planteando conflicto negativo de competencia territorial ante esta Sala .
Remitidas las actuaciones a esta Sala, que las registró con el nº 284/2010, nombrado ponente el que lo es en este trámite y pasadas aquéllas para informe al Ministerio Fiscal, éste ha dictaminado que estima procedente resolver la presente cuestión de competencia, remitiendo los autos al Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Torrijos.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Antonio Salas Carceller
De la anterior relación de hechos se desprende la existencia de una situación de
incertidumbre acerca de cuál deba ser el Juzgado que conozca del presente proceso monitorio, que resulta absolutamente contraria e incompatible con la naturaleza y finalidad del mismo, tal como viene expresada en la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuando dicho tipo de proceso está llamado a constituir un medio de "protección rápida y eficaz al crédito dinerario líquido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños". Pues bien, en la práctica sucede con frecuencia que no se llega a conocer en ningún momento cuál es el Juzgado territorialmente competente puesto que el deudor no es localizado. Las opuestas soluciones que caben frente a ello oscilan entre, por un lado, la perpetuación de las actuaciones con sucesivos traslados de un Juzgado a otro intentando averiguar el domicilio o residencia del deudor para, en caso negativo, mantener indefinidamente abiertas las actuaciones a voluntad del acreedor; y por otro lado- la que ahora se estima más adecuada- entender que cuando el Juzgado ante el que se presenta la solicitud admite la pretensión y se declara competente territorialmente -por aplicación de lo dispuesto en el art. 813 de la LEC - no está fijando indebidamente su competencia, aun cuando se haya determinado erróneamente el lugar donde se encuentra el deudor, sino que tal declaración de competencia territorial es correcta en atención a los datos contenidos en la petición, que resultan esenciales para la apertura del procedimiento. En tal caso, la falta de localización del deudor en el domicilio señalado, cabe incluso admitir con la regulación actual que se intente una primera averiguación de domicilio de modo que si aparece otro distinto al suministrado, pero dentro del propio partido judicial, se intente el requerimiento; pero si tampoco éste resulta efectivo o el domicilio averiguado pertenece a distinto partido judicial no habrá de ponerse en marcha el mecanismo previsto en el art. 58 de la Ley Procesal para negar ahora una competencia territorial que ya se declaró correctamente conforme a la ley, sino que lo procedente será el archivo de las actuaciones con devolución al acreedor de la documentación aportada para que, si ello interesa a su derecho, pueda iniciarlo de nuevo en el lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso declarativo; solución aplicable con carácter general al proceso monitorio, salvo el caso distinto de las deudas derivadas del régimen de propiedad horizontal que, conforme a lo dispuesto en el art. 815.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene un régimen especial en cuanto a la localización del deudor.
Dicha solución resulta, además, acorde con la nueva redacción que la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial -cuya entrada en vigor se producirá el día 5 de mayo de 2010- da al apartado 1 del artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al disponer en su párrafo primero que "si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquella, el Secretario Judicial requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al Juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial". De ello se desprende que la intervención del Juez se producirá una vez que se conozca si el deudor ha sido encontrado en el lugar señalado por el acreedor; siendo así que, en caso de no haber podido ser localizado, el Juez podrá declarar la no admisión a trámite de la petición inicial al no poder ser sustanciado ante él el proceso.
Lo anterior debe conducir en el caso presente a declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrijos a los efectos ya señalados, teniendo en cuenta los órganos entre los que se ha suscitado la cuestión de competencia negativa, ya que dicho Juzgado conoció del asunto antes que el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Móstoles, al cual, conforme a lo razonado no debieron llegar las actuaciones; todo ello sin perjuicio de que dicho Juzgado nº 3 de Torrijos pueda adoptar la resolución procedente según los criterios anteriormente señalados.
Vistos los artículos citados y demás de aplicación al caso.
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- DECLARAR QUE LA COMPETENCIA TERRITORIAL para conocer del asunto corresponde al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 de TORRIJOS.
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- Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.
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- Comunicar este auto mediante certificación literal al Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Móstoles.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
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