ATS, 22 de Junio de 2010
| Ponente | RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS |
| ECLI | ES:TS:2010:8240A |
| Número de Recurso | 285/2010 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintidós de Junio de dos mil diez.
Por la representación procesal de "Banco de Crédito Balear, S.A." ahora "Banco Popular
Español, S.A." se presentó con fecha cinco de marzo de dos mil nueve demanda de proceso monitorio contra Doña Mercedes en reclamación de doscientos noventa y ocho euros con diecisiete céntimos (298,17 #), solicitud que fue turnada al Juzgado de Primera Instancia número seis de Manacor y registrada con el número 281/2009, dictando dicho Juzgado Providencia de fecha catorce de abril de dos mil nueve, aceptando su competencia y acordando requerir de pago al deudor. Intentado el requerimiento de pago el mismo resultó negativo y practicadas las oportunas diligencias de averiguación, dicho Juzgado dictó Auto en fecha doce de abril de dos mil diez por el cual declaró que el órgano judicial que ostentaba dicha competencia era el Juzgado de Primera Instancia de Valencia que por turno correspondiera.
Turnado el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia número seis de los de Valencia, dicho Juzgado dictó Auto en fecha veintisiete de abril de dos mil diez y acordó no aceptar la inhibición cursada remitiendo las actuaciones al Tribunal Supremo a efectos de determinación del Juzgado territorialmente competente.
Recibidas las actuaciones en esta Sala, se formó el correspondiente rollo y pasado el mismo al Ministerio Fiscal, éste, en su informe preceptivo de fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, dictaminó que planteándose la cuestión de competencia entre los Juzgados de Primera Instancia número seis de Valencia y el Juzgado número seis de Manacor, debía resolverse la cuestión de competencia devolviendo las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia número seis de Manacor.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos
El Juzgado de Primera Instancia seis de Manacor examinó de oficio su competencia
territorial, y declaró que carecía de ella, una vez admitida a trámite la petición inicial de procedimiento monitorio, y comprobado que no se había podido requerir de pago al deudor en el domicilio señalado por la entidad acreedora en el correspondiente escrito.
El Juzgado de Primera Instancia número seis de Valencia al que remitió las actuaciones, ha planteado conflicto negativo de competencia territorial, razonablemente, ya que no hay constancia en las actuaciones, de que, conforme al artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sea el competente por razón de territorio. SEGUNDO .- Ha declarado esta Sala en el Auto de fecha cinco de enero de dos mil diez (Rec. 178/2009 ) que, cuando el Juzgado ante el que se presenta la solicitud admite la pretensión y se declara competente territorialmente -por aplicación de lo dispuesto en el artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - no está fijando indebidamente su competencia, aun cuando se haya determinado erróneamente el lugar donde se encuentra el deudor, sino que tal declaración de competencia territorial es correcta en atención a los datos contenidos en la petición, que resultan esenciales para la apertura del procedimiento. En tal caso de falta de localización del deudor en el domicilio señalado, cabe incluso admitir con la regulación actual que se intente una primera averiguación de domicilio de modo que si aparece otro distinto al suministrado, pero dentro del propio partido judicial, se intente el requerimiento; pero si tampoco éste resulta efectivo o el domicilio averiguado pertenece a distinto partido judicial no habrá de ponerse en marcha el mecanismo previsto en el artículo 58 de la Ley Procesal para negar ahora una competencia territorial que ya se declaró correctamente conforme a la ley, sino que lo procedente será el archivo de las actuaciones con devolución al acreedor de la documentación aportada para que, si ello interesa a su derecho, pueda iniciarlo de nuevo en el lugar que considere oportuno o acudir directamente al proceso declarativo; solución aplicable con carácter general al proceso monitorio, salvo el caso distinto de las deudas derivadas del régimen de propiedad horizontal que, conforme a lo dispuesto en el artículo 815.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene un régimen especial en cuanto a la localización del deudor.
Dicha solución resulta, además, acorde con la nueva redacción que la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial -cuya entrada en vigor se producirá el día 5 de mayo de 2010- da al apartado 1 del artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al disponer en su párrafo primero que «si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquélla, el Secretario judicial requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al Juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial».
De ello se desprende que la intervención del Juez se producirá una vez que se conozca si el deudor ha sido encontrado en el lugar señalado por el acreedor; siendo así que, en caso de no haber podido ser localizado, el Juez podrá declarar la no admisión a trámite de la petición inicial al no poder ser sustanciado ante él el proceso.
Lo anterior debe conducir en el caso presente a declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia número seis de Manacor a los efectos señalados, ya que dicho Juzgado conoció del asunto en sus inicios y por supuesto antes que el Juzgado de Valencia al cual conforme a lo razonado no debieron llegar las actuaciones; todo ello sin perjuicio de que dicho Juzgado número seis de Manacor pueda adoptar la resolución procedente según los criterios anteriormente señalados.
Vistos los artículos citados y demás de aplicación al caso,
Declarar la competencia territorial del Juzgado de Primera Instancia número seis de Manacor para la tramitación del proceso monitorio instado por la representación procesal de "Banco de Crédito Balear, S.A." ahora "Banco Popular Español, S.A." contra Doña Mercedes en los términos ya señalados, ordenando en consecuencia, la remisión de los autos al referido Juzgado para el seguimiento del proceso.
Comuníquese este Auto, mediante certificación, al Juzgado de Primera instancia número seis de Valencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
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