STS, 27 de Noviembre de 1990

El matrimonio don Bernardo y doña María Consuelo promovieron juicio declarativo ordinario de mayor cuantía contra don Luis Carlos y la Sociedad «Servicios Clínicos, S. A.» con la súplica de que la sentencia a dictar condenase solidariamente a los demandados a que: 1 º) Abonen a los actores la cantidad de 1.197.120 pesetas, importe de las pensiones desde abril de 1983 a noviembre del mismo año, ambos inclusive, a razón de 149.640 mensuales. 2º) Abonen a los actores la cantidad de 149.640 pesetas a partir del 1 de diciembre de 1983 en adelante, cuya pensión se revisará el día último de ese año y sucesivos, conforme a la estipulación 1º del contrato de 1 de julio de 1977. 3º) Abonen, asimismo, los intereses legales de las pensiones vencidas, a partir de la fecha del emplazamiento en esos autos y los intereses de las vencidas con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda, desde el vencimiento de las respectivas pensiones, hasta el día de su pago, y 4º) Presten los demandados las garantías suficientes para asegurar los plazos futuros, formalizando escritura pública de prenda sobre los bienes referidos en el hecho séptimo de la demanda, u otra de las formas que se consideren como garantía de la obligación, a determinar en período de ejecución de sentencia, con imposición de costas a los demandados, cuyas pretensiones se basaban en los siguientes hechos, expuestos en síntesis: 1) En 6 de diciembre de 1961, don Bernardo fue nombrado Director-Gerente de la compañía «España, S. A. Previsión y Seguros Sociales», y en 7 de octubre de 1967, presidente de su consejo de administración, teniendo en la compañía una participación mayoritaria. 2) Como consecuencia de ser objeto social de la compañía «el seguro de enfermedades y demás que acuerde el consejo de administración», el señor Bernardo inició relaciones con don Pedro Francisco, titular arrendaticio de la «Clínica Doctor Pujol Matabosch», sobre el año 1971, decidiendo el señor Bernardo su ampliación y adaptación a las nuevas necesidades a fin de prestar un mejor servicio a sus asegurados, a cuyo fin, dicho señor, en 1973, contrató «Construcciones Ciabe», Sociedad Cooperativa, la ejecución de las obras, ascendiendo su importe a 5.383.000,51 pesetas, que fue satisfecha personalmente por el señor Bernardo . 3) El 10 de julio de 1971, la hija mayor del matrimonio, doña Nuria, se casó con el demandado don Luis Carlos, al que se colocó, en un principio, como empleado asalariado de la compañía de seguros y en la clínica, y en 1976, el señor Bernardo obtiene del Doctor Pedro Francisco la sustitución en el contrato de explotación de la clínica a favor de su yerno, si bien, seguiría siendo dirigida por el señor Bernardo, empezando ya a actuar el señor Luis Carlos como Gerente administrador, y por esas fechas, fue cuando el señor Bernardo sufrió los primeros problemas de salud. 4) Esas circunstancias motivaron que el 1 de julio de 1977, el señor Bernardo hiciera cesión a don Luis Carlos y doña Nuria de todas las acciones que poseía en la compañía «España, S. A. Previsión y Seguros Sociales» y en contraprestación recibiría el señor Bernardo la cantidad de 25.000 pesetas hasta que cumpliese los setenta años, estableciéndose en el documento que si falleciera antes, la cantidad la percibiría su viuda doña María Consuelo, y en defecto de la misma, o en el caso de que premuriera a su esposo, las 25.000 pesetas las percibirían los herederos del señor Bernardo y ello, hasta que éste hubiera cumplido setenta años. 5) En la misma fecha, 1 de julio de 1977, el matrimonio Bernardo María Consuelo y el señor Luis Carlos suscribieron otro documento, por el que se reconocía en favor de los esposos señores Bernardo Nuria una participación de dos tercios sobre los beneficios y derechos dimanantes de la explotación de la Clínica del Doctor Pedro Francisco, y para la efectividad de lo anterior, se establecieron las siguientes estipulaciones: 1.ª) El señor Luis Carlos valoraba la referida participación en la cantidad de

61.840 pesetas mensuales que, en forma de pensión vitalicia mensual, el citado señor abonaría a los señores Bernardo Nuria por partes iguales o en la proporción que acordasen, cuya suma sería revisable el día último de cada año, conforme a las oscilaciones del índice ponderado de vida, reconociéndose por los firmantes que el señor Bernardo había pagado de su propio pecurio todos los gastos derivados de la ampliación de la clínica y sí bien, el importe le había sido totalmente reintegrado, lo fue sin intereses. 2.ª) En caso de fallecimiento de cualquiera de los esposos Bernardo Nuria, el cónyuge superviviente se subrogaría en los derechos y obligaciones del fallecido, percibiendo íntegramente la pensión. 3.ª) Fallecidos ambos esposos Bernardo Nuria, se subrogarían en sus derechos y obligaciones, sus hijos por partes iguales, y 4º) La vigencia del contrato se condicionaba a que el señor Luis Carlos continuara ostentando los derechos de que era titular de la clínica, si bien el señor Luis Carlos no podía enajenar, ni ceder, ni gravar tales derechos sin el consentimiento expreso de los esposos Garau. 6) El 14 de febrero de 1983, don Luis Carlos, alegando problemas económicos de la clínica, solicitó del señor Bernardo autorización para constituir una sociedad anónima, siendo firmada la autorización por los esposos Bernardo Nuria y consignándose en el documento que le otorgaban la misma, siempre y cuando los nuevos accionistas o arrendatarios respetasen y contemplasen el documento de 1 de julio de 1977, y en 17 de marzo de 1983 el señor Luis Carlos constituyó la mercantil «Servicios Clínicos, S. A.», y 7) A partir del 1 de abril de 1983 el señor Luis Carlos dejó de pagar la renta mensual a los señores Bernardo Nuria, alegando que mientras existiesen discrepancias conyugales con su esposa doña Nuria no estaba dispuesto a pagar, y en 3 de mayo de ese año, don Luis Carlos y doña Nuria firmaron convenio de separación matrimonial, así como capitulaciones, sin que en tales documentos se mencionara la clínica, ni la compañía de seguros y con igual fecha, doña Nuria, cedió a su esposo la totalidad de las acciones que le pertenecían en la compañía de seguros, y don Luis Carlos prosiguió en el incumplimiento de lo pactado en los contratos de 1 de julio de 1977. En el procedimiento, que se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona, se personaron los demandados señor Luis Carlos y «Servicios Clínicos, S. A.», para oponerse a la demanda y solicitar, además de formular la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, su desestimación, con imposición de costas a los actores. El Juzgado, por sentencia de 15 de diciembre de 1984, después de rechazar la excepción planteada, desestimó la demanda, absolviendo de ella a los demandados, sin hacer declaración de costas, que fue revocada por la dictada, en 18 de noviembre de 1988, por la Sala Primera de lo Civil de la que fue Excma. Audiencia Territorial de Barcelona, por la que, con estimación parcial de la demanda, condenó solidariamente a los demandados a pagar a la actora la cantidad de 1.197.120 pesetas, importe de las mensualidades adeudadas por los meses de abril a noviembre de 1983, ambos inclusive, a razón de 149.640 pesetas, y las que se adeudan a partir de 1 de diciembre de 1983, con revisión de las mismas 728 conforme a la cláusula primera del contrato de 1 de julio de 1977, más los intereses legales de la expresada cantidad y de los que resulten al computar, precisar y liquidar en ejecución de sentencia, tanto el capital de las mensualidades vencidas y adeudadas a partir del 1 de diciembre de 1983, como su revisión, y los intereses, sin hacer mención sobre las costas causadas en ninguna de las instancias. Y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por don Luis Carlos y la sociedad «Servicios Clínicos, S. A.»

El recurso se estructura a través de tres motivos, amparados todos ellos en el ordinal 5º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y los dos últimos, con carácter subsidiario respecto del primero, en el que se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el litisconsorcio pasivo necesario, recogida entre otras, en las sentencias de fechas, de 26 de junio de 1944, 24 de enero de 1956, 4 de junio de 1962, 28 de diciembre de 1973, 19 de noviembre de 1985, 24 de mayo y 2 de julio de 1986, 18 de marzo de 1987, y 4 de abril y 6 de junio de 1988, todas ellas en relación con lo dispuesto en el artículo

24.1, de la Constitución y 1.402 y 1.084, párrafo segundo del Código Civil . Conviene puntualizar, ante todo, que la institución del «litisconsorcio necesario», es figura de construcción preferentemente jurisprudencial, regida por el principio de haber de cuidar los Tribunales de que el litigio se ventile con presencia de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas o alcanzadas por el fallo, encontrándose en íntima dependencia con la búsqueda de la veracidad de la cosa juzgada que, a su vez, exige la existencia en la litis de cuantos debieron ser partes, señalándose, también, en su abono, la necesidad de evitar fallos contradictorios y porque, de otro modo, se quebrantaría el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, elevado a derecho fundamental por el artículo 24.2 de la Constitución, por lo que la existencia litisconsorcial debe apreciarse, incluso de oficio, en especial, cuando su omisión pueda intuir negativamente en la esfera de la seguridad jurídica, como sucede en el ejercicio de acciones declarativas de dominio y reales contradictorias de inscripciones regístrales, y en relación con su proyección a la sociedad conyugal, la Sala ha venido manteniendo, con posterioridad a la reforma de 1981, una interpretación amplia para aquellos casos en que se trata de acciones personales derivadas de acciones o contratos en los que la esposa no tuvo intervención, siendo exponentes de esa doctrina, además de otras, las sentencias de 9 de julio de 1984 y 10 de junio de 1985. Aplicando lo dicho al caso concreto de que se trata, es de destacar que el documento suscrito en 1 de julio de 1977 (obrante al folio 99) y fundamento fáctico de las pretensiones de la parte actora, fue otorgado y firmado exclusivamente entre el recurrente señor Luis Carlos y el matrimonio recurrido, sin ninguna intervención de doña Nuria, la cual, como hija del mentado matrimonio aparecía en el documento como beneficiaría de futuro, a tenor de su estipulación tercera, y destacar, también, como hecho admitido por las partes, que la liquidación de la sociedad conyugal formada por el recurrente y doña Nuria tuvo lugar en 3 de mayo de 1983, y que en esa liquidación no figuró la «pensión» convenida en el documento, ni se hizo mención del mismo, y de aquí, que haya que convenir que la carga de la pensión recayó sobre el señor Luis Carlos, como único deudor inicial, máxime, cuando, prácticamente, las pensiones objeto de reclamación son posteriores a la fecha de la disolución de la sociedad familiar de don Luis Carlos y doña Nuria, y todo ello determina, consecuentemente, que la relación jurídico-procesal quedó válidamente constituida con los litigantes presentes en el procedimiento y que no se quebró el principio de seguridad jurídica, y con rechazo, por tanto, de las infracciones hechas valer en el motivo, sobre doctrina jurisprudencial y preceptos sustantivos, procede su desestimación.

En el motivo segundo se alega las infracciones de las normas sobre la interpretación de los negocios jurídicos, contenidas en los artículos 1.281, 2º párrafo, y 1.282 del Código Civil . La argumentación del recurrente se contrae, sustancialmente, a que los obligados iniciales por el contrato de 1 de julio de 1987, los cónyuges don Luis Carlos y doña Nuria, habían dejado de ser titulares de las obligaciones estipuladas al iniciarse el pletio, al haberles sucedido en la titularidad la sociedad «Servicios Clínicos, S. A.», no siendo acorde con la intención de los intervinientes, la conclusión interpretativa de la sentencia respecto a que se produjo una novación subjetiva de la obligación en cuanto a su titularidad pasiva, pero no mediante la sustitución del deudor inicial por otro nuevo, quedando liberado el primero, sino por acumulación junto a éste de un nuevo obligado, y en ese sentido, es claro que la autorización de 14 de febrero de 1983 se dirigió a permitir un cambio sustitución del deudor, pretendiéndose por los autorizantes-actores que la deuda siguiera vinculada al negocio de la «Clínica Pujol», de tal forma, que quien fuera titular del negocio, lo fuese también, de las obligaciones pecuniarias del contrato de de julio de 1977, así pues, o se entiende producida una novación modificativa subjetiva por cambio de deudor, de manera que el único obligado sea hoy la sociedad «Ser vicios Clínicos, S. A.» o se estima que, al no haberse formalizado documento fehaciente de asunción de deuda exigido en la referida autorización, ha habido asunción y se mantienen como deudores los cónyuges expresados, en resumen, si se acepta que és tos quedaron liberados del contrato de 1 de julio de 1977, cuyas obligaciones queda ron traspasadas a la repetida sociedad, la estimación del motivo debe llegar consigo la anulación de la sentencia en el particular de la condena impuesta al señor Luis Carlos, manteniéndose los pronunciamientos que afectan a «Servicios Clínicos, S. A.». Tal argumentación no tiene en cuenta la constante y uniforme doctrina dictada por la Sala acerca de que la interpretación de los contratos es facultad exclusiva del Tribuna! «a quo», que ha de ser mantenida en casación, salvo que conduzca a exégesis desorbitadas, ilógicas o contrarias a la sana critica, o que conculquen preceptos legales, debiendo mantenerse, incluso, en aquellos supuestos en que quepa alguna duda sobre la absoluta exactitud de la interpretación del juzgador, cuya doctrina, por ser bien conocida, excusa de la cita de las innumerables sentencias en que viene recogida. Por otro lado, en el aspecto concreto interpretativo de los documentos de 14 de febrero de 1983 y 1 de julio de 1977 (documentos 8 y 7 de la demanda y obrantes a los folios 35 y 99), resulta evidente que en el primero, la autorización se condiciona a que «los nuevos accionistas o arrendatarios o compradores respeten y contemplen en documentos escritos y en forma fehaciente todos los derechos de los señores Bernardo Nuria y de sus hijos, dimanantes del contrato existente entre dichos señores y el señor Luis Carlos, de fecha 1 de julio de 1977», y que en el segundo, en su estipulación cuarta, se condiciona, a su vez, la vigencia del contrato a que «el señor Luis Carlos continúe ostentando los derechos de que es titular en la actualidad sobre la "Clínica del Doctor Pujol'. Así pues bien, ateniéndose al contenido literal de susodichos documentos y descartándose, por las razones expuestas en el precedente fundamento, la obligatoriedad de la esposa del señor Luis Carlos en la prestación de la pensión, y partiendo, al propio tiempo, de los hechos estimados como acreditados en la sentencia recurrida: "Servicios Clínicos, S. A." regenta o absorbe a "Clínica Pedro Francisco " y "la Sociedad Anónima Servicios Clínicos" es de carácter esencialmente personalista, totalmente vinculada al demandado señor Luis Carlos, que ostenta la presidencia y gerencia de la misma, siendo titular de 44 acciones de las 50 en que se integró el capital social», se impone la conclusión de ser imposible de separar, a efectos del cumplimiento de la obligación, contenida en el documento de 1 de julio de 1977, las respectivas personalidades del señor Luis Carlos y de «Servicios Clínicos, S. A.y, sobre todo, cuando por parte de la Sociedad no se suscribió documento alguno de asunción de deuda que liberase de ella al tan nomina do señor, todo lo cual, en definitiva y sin necesidad de mayores razonamientos, conduce a la inviabilidad del motivo ahora examinado.

En el tercer motivo, último formulado, se invoca la infracción por errónea interpretación del articulo 1.203.2 del Código Civil, y en él se reiteran las tesis sustentadas en el anterior, pero exponiéndolas desde diferente perspectiva: no ya de la interpretación de unos determinados negocios jurídicos, sino de la interpretación de los preceptos legales aplicables al caso, toda vez que el citado precepto, así como los siguientes 1.205 y 1.206 que le desarrolla, contemplan el supuesto de la novación de una obligación por cambio del deudor, y es claro que el tipo de la asunción cumulativa de deuda, aunque aceptada por la doctrina y jurisprudencia, no es la regulada en los artículos 1.203.2 y concordantes del Código, pues este precepto no se refiere a la novación subjetiva «por desdoblamiento de la persona del deudor» a que se alude en el fundamento quinto de la sentencia impugnada, en tanto que la asunción cumulativa de deuda puede existir pero es preciso que haya un pacto o una norma legal que la genere, lo que no ocurre en el caso de autos. Como declaraba la sentencia de 26 de enero de 1988, la declaración terminante de voluntad que exige el artículo 1.204 para que se aprecie la existencia de una novación extintiva («para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles»), no es aplicable, con el rigorismo que se deduce de dicho precepto, la simplemente modificativa o impropia que, está admitida en nuestro Derecho, ya que para estimar la existencia de una novación modificativa basta que el concierto de la misma se desprenda de hechos que tengan virtualidad suficiente para apreciarla, sin necesidad de constancia documental, y es por ello por lo que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido, también, con reiteración y de la que son muestra las sentencias de 16 de febrero de 1983, 4, 6 y 21 de diciembre de 1985, y 10 de julio y 8 de octubre de 1986, que las cuestiones relativas a la apreciación de los hechos determinantes de la novación es facultad propia de la sala de instancia, y que dado que los límites que separan la novación extintiva de la modificativa son harto imprecisos, ha de atenderse a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto para determinar la existencia de una u otra, y en la misma línea se definieron las sentencias de 26 de octubre de 1985 y 16 de diciembre de 1987, al tener declarado que cuando no se constate con claridad la voluntad de llevar a cabo la extinción de la primitiva obligación, que es esencial para generar novación extintiva o propia, pues que ésta presupone, sobre la base de una obligación preexistente, crear otra nueva o dispar, así como la voluntad de novar extintivamente, es de estar a la existencia de novación modificativa o impropia, cuya base estricta es la creación de una situación fáctico-jurídica no determinante de incompatibilidad sino, meramente, de complementariedad. Pues bien, en atención al sentir jurisprudencial acabado de exponer y a las premisas fácticas relacionadas en el fundamento precedente: condicionante de la autorización, condicionante, así mismo, a que el señor Luis Carlos continúe en la titularidad de la Clínica, absorción de la Clínica por la Sociedad «Servicios Clínicos» y carácter personalista de ésta por su vinculación al señor Luis Carlos, resulta indudable que en el caso de que se trata no se produjo una verdadera novación pasiva, por sustitución de la persona del deudor con extinción de la obligación para el primitivo, sino una impropia por modificación del vínculo originario, al adicionarse, complementándole, un nuevo deudor al constituyente de la obligación y es por todo ello, por lo que no es admisible la infracción planteada en el último motivo del recurso, desembocando, por tanto, en su claudicación.

La desestimación de los motivos del recurso de casación formalizado por don Luis Carlos y la Sociedad «Servicios Clínicos, S. A.», lleva consigo por así disponerlo el párrafo final del artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la parte recurrente, sin que proceda pronunciamiento respecto al depósito de que habla el artículo 1.703, al no ser conformes entre sí las sentencias recaídas en primera y segunda instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,