STS, 16 de Julio de 1991

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao se ha seguido el recurso núm. 141/1986, promovido por la entidad «Tucsa, Empresa Constructora, S. L.», y en el que ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Bakio, sobre resolución de contrato de obras de recogida, conducción y tratamiento de aguas residuales de dicha población.

Dicho Tribunal dictó Sentencia, con fecha 4 de abril de 1989, con la siguiente parte dispositiva: «Fallamos: Que con desestimación de la causa de inadmisibilidad de interposición extemporánea del recurso de reposición y de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario alegados por el Ayuntamiento de Bakio, declaramos haber lugar en parte al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la sindicatura de la quiebra de "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.". contra la resolución del Ayuntamiento Pleno de 11 de abril de 1985, la que anulamos en cuanto contradictoria con los siguientespronunciamientos: 1.° La resolución del contrato de obras se efectuó única y exclusivamente por causa de declaración de quiebra. 2° Abónese a la masa de la quiebra la cantidad de 1.284.000 pesetas de la fianza constituida. 3.° Abónese a la misma 3.460.669 pesetas correspondientes a la novena certificación de la obra. 4.° Entregúese a la masa la cantidad que en ejecución de Sentencia resulte del 50 por 100 de los acopios que quedaron en la obra, calculada de la forma especificada en el segundo párrafo del séptimo fundamento de Derecho de esta resolución. 5.° Declaramos que no procede indemnización de daños y perjuicios a favor del Ayuntamiento demandado; y 6.° Sin hacer expresa imposición de costas.»

El anterior fallo se basa en los siguientes fundamentos de Derecho: «S.° El Ayuntamiento de Bakio, en sesión extraordinaria de 17 de diciembre de 1985, declaró inadmisible, por incumplimiento del plazo de interposición, el recurso de reposición contra el acuerdo tomado por el Ayuntamiento Pleno el 11 de julio del mismo año, que resolvió el contrato de ejecución de las obras de recogida, conducción y tratamiento de aguas residuales domésticas del Municipio de Bakio», adjudicadas a «Tucsa, Empresa Constructora, S. L.», al habérsele declarado en estado de quiebra, así como la suspensión del contrato, y acordándose también la incautación de la fianza constituida de 1.284.000 pesetas, afectándola a la indemnización de daños y perjuicios y con cargo a la liquidación; sin que proceda abonar el 50 por 100 pendientes de los acopios efectuados, que ascienden, «como interesa», a 5.587.748 pesetas; así como aprobar la liquidación de obras, según documento presentado por el arquitecto director, fijando en 7.029.220 pesetas las indemnizaciones de daños y perjuicios; y sin abono de la revisión de precios desde el inicio de las obras hasta la fecha de declaración de quiebra. En la demanda se solicita por la sindicatura «Tucsa.

Empresa Constructora, S. L.», la nulidad del Acuerdo de 11 de julio de 1985; y 2.375 restablecimiento de la situación jurídica individualizada mediante la declaración de que la resolución del contrato tuvo por causa «única y exclusiva» la declaración de quiebra; y que debe abonarse a la masa la fianza incautada de

1.284.000 pesetas, de la novena certificación aprobada por importe de 3.460.619 pesetas, y del 50 por 100 pendiente de «los acopios efectuados, que ascienden a 20.432.769 pesetas; declarándose no haber lugar a la indemnización de daños y perjuicios; y pago por el Ayuntamiento de la revisión de precios "conforme se estipula en la cláusula cuarta de condiciones administrativas particulares". De esta última petición se ha desistido en las conclusiones, porque a "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", se le adjuntó en la cláusula segunda del contrato de la unidad de trabajo I, y de acuerdo con la cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares, no le eran aplicables las normas especiales sobre revisión de precios, pactando la denuncia expresa a los derechos que pudieran conceder en el futuro normas en esta materia, por contraste con lo previsto en la misma cláusula para la unidad de trabajo adjudicada a otra empresa». En el suplico del recurso de reposición no se hace petición alguna relacionada con la cantidad fijada por el Ayuntamiento por darlos y perjuicios, de la que se hace mención en el apartado IV del escrito, mostrando su disconformidad con la exigencia; sin que se haya solicitado inadmisibilidad en este particular al amparo del art. 82.e) de la Ley Jurisdiccional, ni proceda admitirla en contra del derecho a la tutela efectiva por ser una omisión involuntaria a la vista de las pretensiones sustentadas durante la tramitación del expediente y este proceso, y referirse a ella expresamente la fundamentación del recurso de reposición; además de estar directamente vinculada con las restantes peticiones de éste y de la demanda, al ser posible consecuencia de la principal. Se aprecia disparidad cuantitativa entre el escrito de interposición del recurso con-tencioso-administrativo por el que «en total la deuda del Ayuntamiento (asciende) a la suma de

15.068.937 pesetas», y sólo una de las peticiones de la demanda en solicitud de 20.432.769 pesetas, resultante de la distinta evaluación de los acopios^ que se analizará en el apartado correspondiente, y que no es óbice para el análisis íntegro de las cuestiones planteadas el no introducir una modificación cualitativa alteradora de la congruencia. 2.° Los hechos básicos acreditados son los siguientes: a) El 14 de junio de 1983, en sesión plenaria extraordinaria de la Corporación, se adjudicó definitivamente a "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", la unidad de trabajo de las obras de saneamiento mencionados, por un importe de

44.403.639 pesetas, a ejecutar en seis meses, y debiendo constituirse fianza de 1.284.000 pesetas; lo que se hizo el 12 de abril de 1984, otorgándose el contrato el 27 de abril del mismo mes y año. b) El 1 de mayo de 1984 se iniciaron las obras; y en comunicaciones de 26 de diciembre de 1984 y 26 de enero de 1985 del contratista al Ayuntamiento solicitaba cesión y endoso de certificaciones a empresa suministradora; alegándose dificultades climatológicas en otra del 14 de enero que, según la del día 18, habían motivado la paralización de obras desde el 7 del mismo mes. c) Los trabajadores solicitaron al Ayuntamiento, el 18 de febrero, la retención de cantidades con cargo a las certificaciones porque se les debía dinero; y ante las dificultades que se presentaban, se hizo una revisión del estado de las obras el día 6 de marzo, comprometiéndose "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", a acabarlas el 1 de julio siguiente; y afirmando que tenía acopiado gran parte del material necesario; y efectuada una visita a las obras por una Delegación del Departamento de Ordenación Territorial y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Vizcaya, porque el proyecto estaba acogido al Plan Foral de Cooperación, manifestó que las obras estaban siendo ejecutadas, en informe emitido el 3 de abril, si bien «Impolusa (Ingeniería de la Polución, S. A.)», que era la empresa directora, comunicó al Ayuntamiento el día 25 que desde el día primero del mismo mes de abrilestaban paradas, d) La novena y última certificación expedida a nombre de la recurrente correspondió a los trabajos efectuados en el mes de febrero, e) El día 25 de abril, en juicio universal de quiebra necesaria, fue declarada en estado de quiebra «Tucsa, Empresa Constructora, S. A.», retrotrayéndose los efectos al día 2 de abril, nombrándose depositario a don Alexander ; y se publicó en el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» el 10 de mayo, reuniéndose la Junta General de Acreedores el día 23 de julio, nombrándose síndicos a don Eduardo y a don Gonzalo , que tomaron posesión, respectivamente, los días 30 de julio y 7 de septiembre, y a doña Margarita ; y f) Por Decreto de la Alcaldía de 27 de mayo de 1985, se acordó iniciar expediente resolutorio, y dar audiencia por diez días al depositario y director de la empresa «Tucsa, Empresa Constructora, S. L.», concluyendo el 11 de julio con la resolución del Ayuntamiento Pleno acordando la resolución y otras complementarias, de que se ha hecho mención en el primer fundamento de Derecho. 3.° El Ayuntamiento demandado ha opuesto la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por la interposición extemporánea del recurso de reposición; la falta de litis-consorcio pasivo necesario, por no haberse traído al proceso a la Diputación Foral, que abonaba "las cantidades dinerarias correspondientes en favor de los contratistas, con cargo al Plan Foral de Obras y Servicios 1981-1982 y a la Impolusa, Ingeniería de la Polución, S. A.'" a quien la demandante imputa un comportamiento generador de responsabilidades personales referido a la indemnización de daños y perjuicios en base al informe técnico; y en conexión con esta excepción, la nulidad por insuficiencia del emplazamiento de la Diputación e "Impolusa, Ingeniería de la Polución, S. A.", al ser insuficiente la inserción en el "Boletín Oficial", según reiterada jurisprudencia constitucional aplicando el art. 24.1.c). El Decreto de 11 de julio de 1985 intentó el Ayuntamiento notificarlo a don Tomás , director gerente de "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", y al desconocerse su paradero, lo efectuó a través de su publicación, el 3 de octubre, en el "Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya". Consta en el expediente que el 23 de julio se remitió certificación, a efectos notificadores, al depositario don Alexander , pero no hay prueba acreditativa de que la recibiese o tuviese conocimiento de ella, en contraste con el Decreto de la Alcaldía de 27 de mayo, iniciador del expediente, que tiene el acuse de recibo unido; y conferida la representación de la quiebra a los síndicos nombrados, y tomada posesión por el señor Alexander , el 2 de agosto remitió el Ayuntamiento una comunicación, al parecer acompañada de documentación, al depositario, también sin constancia de su recepción; y recurridos, mandó escrito a los "síndicos de la quiebra" en solicitud de que se le incluyera en la masa de la quiebra con un crédito de 5.745.220 pesetas, mencionando la resolución del 11 de julio, dentro de un sobre certificado sellado el 3 de octubre, repartido el día siguiente, de acuerdo con el sello del reverso. Por tanto, si el recurso de reposición se interpuso el 4 de noviembre, estaba dentro del plazo de treinta días previsto en el art. 52.2 de la Ley Jurisdiccional. En un recurso procedente de esta Sala, el Tribunal Supremo ha reiterado, en la Sentencia de 10 de octubre de 1988 , que la excepción de litisconsorcio carecer de operatividad en el proceso contencioso-administrativo «ya que el recurso no se interpone contra personas determinadas, sino contra un acto, y deviene demandados automáticamente, siendo llamados también automáticamente la Administración autora del mismo y todos aquéllos a quiénes hubiera originado derecho, y corresponder la legitimación pasiva en igual proceso, conforme al art. 29.1.a) a la Administración de que proviniese el acto recurrido y no a otra distinta»; a lo que se añade que en este caso la parte recurrida, no incluye a la Diputación Foral e "Impolusa, Ingeniería de la Polución, S. A.", en el apartado 29.1 .f) de la Ley Jurisdiccional por derivar derechos del acto, sino que, de acuerdo con el fundamento de Derecho A-IV de la contestación, al calificarlos de «interesados legítimos» está incluyéndolos como coadyuvantes en el art. 30.1 de la Ley Jurisdiccional; y tampoco tienen este carácter, pues en el contrato de 27 de abril de 1984 que rige entre las partes no se menciona a la Diputación Foral, y si bien el proyecto estaba incluido en el Plan Foral de Obras y Servicios de los ejercicios 1981-1982, supone una relación interna entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral que no trasciende a la recurrente, aunque los servicios de la Diputación ejerzan actividades de vigilancia y control, al efectuarlas por delegación de las atribuciones del Ayuntamiento en relación con las obras. Y en relación a «Impolusa, Ingeniería de la Polución, S. A.», autora del proyecto y directora de las obras, la pretensión de la recurrida se fundamenta en la alegación del recurso de reposición en el apartado cuarto, y en el tercero del fundamento de hecho quinto de la demanda alegando contradicción porque la "dirección de la obra certifica que se han ejecutado determinadas obras y posteriormente emite un informe afirmando todo lo contrario", añadiendo que "en todo caso", si fuera así "deberá indemnizar por daños y perjuicios al Ayuntamiento de dirección de la obra ('Impolusa, Ingeniería de la Polución, S. A.')"; y de ello no se deduce ni el «Derecho» ni el «interés directo» de esta empresa, al no superar el ámbito de una legación para fundamentar uno de los pedimentos de la pretensión actora. Y admitida la conexión de la insuficiencia del emplazamiento alegada con la excepción de litisconsorcio, la desestimación de ésta supone la inanidad de aquella formalidad. 4.° Debe preceder un expediente a la resolución del contrato de obras - art. 179 del Reglamento General de Contratación del Estado de 25 de noviembre de 1975 -, en el que se concreta la causa de resolución de entre las previstas en los arts. 52 de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 y 157 de su Reglamento , y oír a los interesados, según exigencia del art. 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; y con tal finalidad, por Decreto de la Alcaldía de 17 de mayo de 1985, se concedió audiencia por diez días, tanto al depositario como al director de la empresa "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", para queformularan las alegaciones que estimasen pertinentes sobre la posible resolución del contrato como consecuencia de la declaración del estado de quiebra, siendo solo esta la causa tomada en consideración, y no habiéndose formulado observación alguna, la resolución de 11 de julio de 1985 acuerda "declarar la resolución del contrato de las obras... adjudicadas a la entidad mercantil 'Tucsa, Empresa Constructora, S.

L.', al haberse declarado en estado de quiebra"; pero en el tercer resultando se expone que "ya con antelación a la declaración de quiebra, la empresa adjudicataria paraliza las obras sin previo conocimiento, ni consentimiento... lo que suponía ya un claro incumplimiento contractual". En la cláusula decimonovena del pliego de cláusulas administrativas particulares, a que se remitía el contrato, se estipulaba que, además de las causas previstas en los arts. 65 y siguientes del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, y 156 y sucesivos del Reglamento General de 1975 , "la Corporación resolverá el contrato cuando el contratista incumpliese las obligaciones previstas en los apartados a), b), c) ch) y d) de la cláusula novena; y concretamente el c) establecía como obligación del contratista la de 'iniciar las obras, mantenerlas a buen ritmo y realizarlas dentro de los plazos ofrecidos', por lo que el incumplimiento sería uno de los subsumibles en el art. 157 número 1 del Reglamento de 1975 -'incumplimiento de cláusulas' del contrato- y 65 del Reglamento de 1953 -incumplir 'las obligaciones que le incumban'-; pero esta causa resolutoria no fue prevista en el inicio del expediente, y en consecuencia no fueron oídos los interesados sobre ella, por lo que, advertida la omisión cuando se tomó la resolución de 11 de julio de 1985, se intentó salvar indebidamente, dedicando el primer acuerdo solo a la resolución por causa de quiebra para conservar un mínimo de congruencia, y relegar a un resultando la resolución por incumplimiento, sin perjuicio de incorporar a la parte dispositiva consecuencias derivadas de esta última causa de resolución. Lo expuesto justifica que la parte recurrente haya solicitado la declaración de que la resolución fue motivada 'única y exclusivamente' por causa de declaración de quiebra, que procede admitir."

5.° Una de las consecuencias es el acuerdo de incautar la fianza de 1.284.000 pesetas, que podría fundamentarse en el art. 53.1 de la Ley y 160 de su Reglamento, desde la resolución por incumplimiento, atribuyendo una culpa que llevaría aparejada la pérdida de la fianza. Sin embargo, en la resolución por quiebra, la pérdida de la fianza solo se produce si es culpable o fraudulenta, según el art. 165 del Reglamento General, en relación, en cuanto culpable con los artículos acabados de mencionar; y al no ser la declarada en este caso, de ninguna de esas dos clases, sino fortuita, se debe proceder al abono a los síndicos para su ingreso en la masa, conforme a lo solicitado por ello. 6.° La novena certificación, cuyo importe de 3.460.669 pesetas no se discute, también debe acrecentar la masa, pues corresponde a obras efectuadas en el mes de febrero de 1985, y fue presentada el 18 de marzo, reteniéndose su importe con posterioridad a la declaración de quiebra, reconociendo así el alcalde al contestar a la octava de las preguntas por vía de informe; y al ser un crédito del quebrado forma parte de «todos sus bienes presentes y futuros» con los que debe responder del cumplimiento de sus obligaciones, según el art. 1.911 del Código Civil . 7.° La parte concurrente solicita el 50 por 100 del valor de los acopios que quedaron en la obra y no fue abonada, por un valor de 20.432.769 pesetas, en evidente discrepancia con la total cantidad adeudada por todos los conceptos cifrada en 15.068.937 pesetas en el escrito de interposición del recurso, y la petición de 5.587.748 pesetas en el recurso de reposición por la negativa del Ayuntamiento a abonar esta misma cantidad en la resolución de 11 de julio de 1985 -«que ascienden, conforme interesa, a un montante de 5.587.748 pesetas»-. La cantidad solicitada en este proceso, desde luego exagerada si se calcula que al ser el presupuesto de 44.403.369 pesetas el 100 por 100 de los acopios casi alcanzaría a la totalidad, procede de un equivocado cálculo consistente en sumar las cantidades abonadas por el 50 por 100 de acopios en cada una de las certificaciones, y pedir una cantidad igual como correspondiente al otro 50 por 100, sin tener en cuenta que simultáneamente en los diferentes sectores y grupos de la obra computados en cada certificación existían partidas referentes a los acopios por su valor al 100 por 100, con la consecuencia de que, al término de la obra, calculando como la parte recurrente, se habrían abonado la totalidad de los acopios, que estarían incorporados a los sectores y grupos evaluados en cada certificación, más el 50 por 100 del valor de los acopios, en base al capítulo especial dedicado a ellos, y además el 50 por 100 que ahora se solicita, es decir, el 200 por 100 de un valor; porque se habría prescindido al hacer el cálculo de que las certificaciones no son independientes sino que están integradas, y al hacerse las medidas de la totalidad de la obra en cada certificación, se calculaba cada mes la efectuada y su importe deduciendo las certificaciones anteriores, produciéndose una compensación de abonos de acopios, para dejar como cálculo real el de los incorporados. Al no haberse acabado la obra quedaba por compensar el 50 por 100 del valor de los acopios constatados en el capítulo a ella dedicado en la certificación novena (folios 178 del expediente), que con las rectificaciones derivadas de la revisión del depósito (folios 178 del expediente), dan unas cantidades reales de tubería de drenaje (folios 183 del expediente), sobre las que hay que calcular el 50 por 100 debido, siguiendo el procedimiento aritmético hasta entonces utilizado; pero la empresa "RIB-LOC", a la que ya se aludía en la comunicación de 21 de diciembre de 1984 como suministradora, procedió a retirar determinados metros de tuberías de 800 rara, 500 mm y 400 mm, cuyo importe debe ser restado de la cantidad que resulte del cálculo precedente; y siempre teniendo en cuenta que, cuando proceda, se deberá aplicar el incremento del 22 por 100 de beneficio industrial y restar el 20,20 por 100 por baja de adjudicación. 8.° La última petición consiste en la declaración de que no ha lugar a indemnización al Ayuntamiento por daños y perjuicios, que había sido concretada en la resolución de 11 dejulio de 1985 en 7.029.220 pesetas, de acuerdo con un informe sin firma de "Impolusa, Ingeniería de la Polución, S. A.", titulado "Relación de trabajos y reparaciones valoradas, a falta de ejecutar por el contratista 'Tucsa, Empresa Constructora, S. L. de acuerdo con el pliego de condiciones correspondientes", en el que se había introducido la valoración de los acopios retirados por la empresa "RIB-LOC", según referencia del anterior fundamento de Derecho, y que al separarse para integrar la petición de acopios, reduce la partida de la indemnización de daños y perjuicios, según valoración municipal, a 4.860.690,57 pesetas. Si realmente se tratara de daños y perjuicios no procedería la indemnización porque, al igual que con la fianza, el art. 53.1 de la Ley y 160 del Reglamento General exige la culpabilidad; y a su vez, el art. 65. en relación con el art. 92 del Reglamento de 1953, solo dan derecho a resarcir los daños e indemnizar los perjuicios, si en el «cumplimiento de las obligaciones», se ha incurrido en dolo, negligencia, morosidad, o se contravinieron de cualquier otro modo; y según se expresó, ni la quiebra es culpable, ni el expediente resolutorio se hizo por causa de incumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, y a excepción solo en parte de la resolución recurrida, lo que se denominan daños y perjuicios es una liquidación, que debe partir de la «una solo y definitiva recepción», prevista en el art. 178 del Reglamento General, para las obras no acabadas, ordenando el art. 79. párrafo número del mismo Reglamento, que se procede a la inmediata liquidación tras la iniciación del expediente pero la medición general de las obras, fijando las que sean de recibo y los saldos a que se refiere el párrafo segundo, ha de hacerse del modo especificado en el art. 172 "con asistencia del contratista o de un representante suyo", al hacer operativo este artículo la misma concentración en una «solo y definitiva recepción» el mencionado art. 178, párrafo segundo, y la posibilidad de impugnar la valoración prevista en el párrafo tercero del art. 179, que se convertiría en un derecho sin posibilidad efectiva de ejercicio, si previamente no se hubiera participado en la medición y comprobación efectuada por el director de las obras. Sin embargo, en este caso no se dio ocasión de participar, ni al director de "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", ni al depositario, pues únicamente se les dio audiencia por diez días para hacer alegaciones sobre la declaración de quiebra, y notificados ambos el 30 de mayo, cuando ya había pasado el plazo, se emitió informe por "Impolusa, Ingeniería de la Polución. S. A.", el 19 de junio, especificando ¡a necesidad de hacer reparaciones, revocar, y en menor medida, algunas obras; y ante ia falta de control de las operaciones mencionadas... y carencia de cualquier otra prueba que avale el informe, cuya carga correspondía a la parte recurrida, procede estimar la petición adora en este punto. 9:° De accerdo con el art. 131.; en la Ley Jurisdiccional, no debe hacerse expresa imposición de costas por no apreciarse temeridad o mala fe.»

Contra dicha Sentencia el Ayuntamiento de Bakio interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, y en su virtud se elevaron los autos y expediente administrativo a este Alto Tribunal, con emplazamiento de las partes, habiéndose sustanciado la alzada por sus trámites legales.

Acordado señalar día para el fallo en la presente apelación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 4 de julio de 1991, en cuya fecha tuvo lugar.

En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales y ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Mariano de Oro Pulido y López.

Fundamentos de Derecho

Se aceptan, en esencia, los contenidos de la Sentencia apelada, y

La representación procesal del Ayuntamiento de Bakio, única parte apelante, insiste en la causa de inadmisibilidad, ya aducida en Primera Instancia, de extemporaneidad del recurso de reposición, por entender que fue presentado fuera del plazo de un mes establecido en el art. 52.2 de la Ley Jurisdiccional. Alega en tal sentido que el acuerdo de 11 de julio de 1985, origen de las presentes actuaciones, fue notificado al depositario de la quiebra don Alexander el día 23 de julio del mismo año. En las actuaciones, sin embargo, solo consta -folio 236- que dicho día se remitió certificación del acuerdo al mencionado depositario, pero no figura que se le comunicara, siendo la única notificación acreditada la verificada al síndico de la quiebra don Gonzalo el 4 de octubre, por lo que al deducirse el recurso de reposición el mismo día del mes siguiente, resulta inviable la invocada causa de inadmisibilidad. Otro tanto puede decirse en relación con la excepción del litisconsorcio pasivo necesario, también alegada por el Ayuntamiento apelante y debidamente rechazada por la Sentencia apelada, de acuerdo con la doctrina de esta Sala de 10 de octubre de 1988; siendo suficiente en este momento señalar que el hecho de que las obras de saneamiento objeto del contrato entre el Ayuntamiento de Bakio y la empresa «Tucsa, Empresa Constructora, S. L.», estuvieran incluidas en el Plan Foral de Obras y Servicios 1981-1982 de la Excma. Diputación Foral de Vizcaya, así como que la entidad mercantil «Impolusa, Industria de la Polución, S. A.», fuera la encargada de la dirección de las obras, carecen de relevancia para alterar la relación existente entre aquéllas, únicas partes que suscribieron el contrato del que dimanan las presentes actuaciones, en las que resultan extrañas las relaciones entre el Ayuntamiento de Bakio y la Diputación Foral de Vizcaya, quefinancia las obras, así como entre aquél y la empresa a la que se le encomendó la dirección de las mismas.

En cuanto al fondo del asunto deviene esencial determinar si la resolución del contrato celebrado entre «Tucsa, Empresa Constructora, S. L.», y el Ayuntamiento de Bakio fue motivada única y exclusivamente por causa de la declaración de quiebra de la empresa adjudicataria o si, por el contrario, el contrato se resolvió también por culpa del contratista, dado que las consecuencias de una y otra causa son distintas. La Sentencia de Instancia entiende que la resolución del contrato fue debida únicamente a la quiebra del contratista, mientras que el Ayuntamiento apelante considera que a dicha conclusión se llega a través de la interpretación exageradamente formalista de la Alcaldía de fecha 27 de mayo de 1985 por el que se concede a don Alexander , en su calidad de depositario de la quiebra de la empresa adjudicataria, audiencia para que alegue lo que a su Derecho convenga sobre la resolución del contrato, sólo hace referencia a la declaración de quiebra como causa de dicha resolución, estima, sin embargo, que la misma se instaba por la doble causa de la paralización de las obras imputable a «Tucsa, Empresa Constructora, S.

L.», y la declaración de quiebra de esta sociedad, y que la no inclusión de aquella causa fue debida a un «omisión involuntaria», citando en tal sentido al folio 179 del expediente en el que consta una comunicación de la entidad «Impolusa, Industrias de la Polución, S. A.», directora de las obras, en la que se informa al Ayuntamiento de que «a Partir del día 1 de abril de 1985 las obras de saneamiento que está realizando "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", se encuentran paradas, por crisis interna de dicha empresa». Si bien es cierto tal escrito, también lo es que en el mismo expediente existen otros en sentido contrario, así al folio 119 consta un informe del Departamento de Ordenación Territorial y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral de Vizcaya, de fecha 3 de abril de 1985, en el que textualmente se dice que «visitadas las obras se ha comprobado que las mismas están siendo ejecutadas», pero tanto del referido Decreto de 27 de mayo de 1985, por el que se concede audiencia al interesado, como, y sobre todo, de la propia resolución recurrida -«declarar la resolución del contrato de ejecución de las obras adjudicadas a la mercantil "Tucsa, Empresa Constructora, S. L.", al habérsele declarado en estado de quiebra por resolución del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Bilbao y al amparo del art. 52 de la Ley y 157 y 165 del Reglamento de Contratos del Estado »- se infiere inequívocamente que la única causa resolutoria tenida en cuenta fue la quiebra del contratista, por lo que, lógicamente, resultan insostenibles las consecuencias indemnizatorias que el Ayuntamiento pretende ahora obtener de una causa resolutoria -incumplimiento por el contratista- que ni siquiera fue tenida en cuenta en su momento por la propia Administración Municipal; como también resulta inviable la extemporánea alegación que pretende amparar la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios en los arts. 95 y 97 en relación con los 4.4 y 6.2 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, cuando es lo cierto que tal situación ni fue contemplada en la resolución recurrida ni existe, por tanto, dato alguno en el expediente que pueda amparar tal pretensión.

Las anteriores consideraciones, unidas a las contenidas en la Sentencia apelada, no desvirtuadas en el recurso de apelación, conducen a la confirmación del fallo impugnado; sin que en aplicación de los criterios establecidos en el art. 131 de la Ley Jurisdiccional existan méritos para una expresa imposición de costas.

Vistos los artículos que se citan y los demás de general aplicación,

Que con desestimación del recurso de apelación deducido por el Procurador don Samuel Martínez de Lecea Ruiz, en nombre y representación del Ayuntamiento de Bakio, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao de 4 de abril de 1989, dictada en los Autos -múm. 141 de 1986 - de los que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la indicada Sentencia, sin hacer especial declaración en cuanto a costas.

ASI, por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Francisco Javier Delgado Barrio.-Juan García Ramos Iturralde.-Mariano de Oro Pulido y López.-Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado don Mariano de Oro Pulido y López, Ponente que ha sido en la tramitación de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el día de hoy, de lo que como Secretaria de la misma certifico.-María Dolores Mosqueira Riera.-Rubricado.