STS, 22 de Junio de 1993
| Ponente | MARIANO MARTIN GRANIZO FERNANDEZ |
| ECLI | ES:TS:1993:17772 |
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 631.-Sentencia de 22 de junio de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Mariano Martín Granizo Fernández
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Reclamación de cantidad. Costas.
NORMAS APLICADAS: Arts. 523, 710 y 1.692 de la ley de Enjuiciamiento Civil . Arts. 24 y 120 de la Constitución. Arts. 1.257 y 1.281 del Código Civil .
DOCTRINA: Que la razón de ser o teleología del sistema objetivo en la imposición de las costas seguido por nuestra Ley Procesal desde la reforma introducida por la Ley 34/1984, de 6 de agosto en su art. 523 . se encuentra en la aplicación a estos casos del principio de la condena fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto de la otra (esto es, del principio victus victoris, sistema cuyo fundamento se encuentra a la vez que persigue una doble finalidad, por un lado, que el proceso no sirva para conllevar (o que no implique) un perjuicio patrimonial para la parte cuyos derechos hayan sido reconocidos: por otro, el interés del propio legislador -y del juzgador e incluso del Estado- de que el hecho de acudir a la vía procesal quienes se estimen perjudicados y no obstante haber conseguido el reconocimiento de sus derechos, pueda verse perjudicado con la carga de las costas, aun cuando sólo fuera en parte.
En la villa de Madrid, a veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados al final indicados, los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Elche, sobre reclamación de cantidad, cuyos recursos fueron interpuestos por don Pedro Antonio , representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio de Piala Villalón y asistido en el acto de la vista por el Letrado don José Luis Martínez Latour y por don Sergio , representado por el Procurador clon Carlos Ibañez Cardiniere y asistido en el acto de la vista por la Letrada doña Mana del Carmen García Guillen.
Antecedentes de hecho
El Procurador de los Tribunales Sr. Fernández Campos, en nombre y representación de don Sergio , formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Elche demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, sobre reclamación de cantidad, contra don Pedro Antonio y doña Dolores estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando sentencia por la que se condene a don Pedro Antonio y a doña Dolores por la fianza solidaria prestada en favor de su esposo, a pagar al actor la cantidad de 21.227.368 ptas., mas los intereses convenidos, o en caso legal, de dicha suma desde la fecha del requerimiento de pago formulado, y al pago de las cosías causadas en este proceso.
Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció en los autos en su representación el Procurador Sr. Antón Antón, que contestó a la demanda, oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, para terminar suplicando sentencia en la cualpor acoger todas, alguna o algunas de las excepciones planteadas y medios de oposición se declarase la nulidad, inexistencia, invalidez y falta de fuerza vinculante del contrato o, en su caso, se declare la nulidad del documento núm. 2 de la adora por anulabilidad (vicios en el consentimiento), absolviendo en ambos casos de todos los pedimentos de la parte actora a la parte demandada, don Pedro Antonio y doña Dolores a esta última en concepto de fiadora solidaria; o se aclare que los demandados no son en deber cantidad alguna de los casos en que se desestime la demanda, que se impongan las costas a la parte actora.
Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art.691 de la ley de Enjuiciamiento Civil , esta se celebró el día señalado, con asistencia de las partes sin avenencia.
Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se convocó a las partes a comparecencia poniéndoles mientras tanto de manifiesto en secretaria para que hicieran un resumen de las mismas, lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar Sentencia.
El Sr. Juez de Primera Instancia núm. 4 de Elche dictó Sentencia con fecha 15 de septiembre de 1988 . cuyo fallo es como sigue: "Que estimando la demanda interpuesta por don Sergio , representado por el Procurador Sr. Fernández Campos, contra don Pedro Antonio y dona Dolores representados por el Procurador Sr. Antón Antón, debo condenar y condeno a don Pedro Antonio y a dona Dolores (por la fianza solidaria prestada en favor de su esposo) a pagar al actor la cantidad de 21.227.368 ptas., más los intereses legales de dicha suma desde la fecha del requerimiento de pago formulado. Imponiendo a los demandados el pago de las costas."
Interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia por la representación de don Pedro Antonio y doña Dolores y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia con fecha 26 de septiembre de 1988 . con la siguiente parte dispositiva: "Estimando el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 15 de septiembre de 1099. dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 4 de Elche en autos de menor cuantía seguidos con el núm. 327/1987. y revocando totalmente la misma, apreciamos la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, absolviendo en la instancia a los demandados don Pedro Antonio y doña Dolores sin hacer expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias."
Los Procuradores Sres. de la Plata Villalón e Ibáñez de la Cardiniere, en nombre y representación de don Pedro Antonio y don Sergio respectivamente, contra la Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia, con apoyo en los siguientes motivos: Por la representación de don Pedro Antonio : Motivo 1: Se basa en el ordinal 4.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Motivo 2: Se funda en el ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas jurídicas aplicables al objeto del debate. Motivo 3: Fundado también en el ordinal 5.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate.
Por la representación de don Sergio : Motivo 1: Motivo quinto del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y ello por infracción de los arts. 523 y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Motivo 2 : Al amparo del motivo 5.º del art. 1.692 por infracción de los arts. 372.3. párrafo 1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 24.1 y 120.3 de la Constitución Española y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 7 de junio de 1993.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Mariano Martín Granizo Fernández .
Fundamentos de Derecho
De los dos recursos interpuestos en esta Litis, es de examinar en principio el primeramente presentado, o sea el formulado a nombre y representación de don Sergio , integrado por tres motivos que se construyen: Con base en el ordinal 4.º del art. 1.692. de la Ley Rituaria Civil, el primero, y en el 5 .º del mismo precepto los otros dos ; en el primero se denuncia el error en la apreciación de la prueba que resulta de documentos obrantes en autos representado por el unido a la demanda con el núm. 2, que es un convenio otorgado por ambas partes litigantes el 29 de octubre de 1986, en el cual el demandado don Pedro Antonio es afianzado solidariamente por su esposa, también demandada, centrando fundamentalmente la existencia del denunciado error en la cláusula 4 .º de referido convenio.La motivación no es de recibo, por cuanto, como se pondrá de relieve en los siguientes fundamentos, prescinde del resto de las probanzas predicadas en la Litis a instancia de ambas partes, que han sido precisamente las tenidas en cuenta por el Tribunal de apelación para dictar la sentencia combatida. Olvida por tanto el recurrente que no se puede cenital el error denunciado en no ya un documento, sino en una parte determinada del mismo, cuando ello se contradice o no es apoyado adecuadamente por el resto de las pruebas, cual ha sido precisamente la tarea realizada por la Sala a quo en esta Sala.
En el motivo segundo, y con apoyo casacional en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Ritos , las normas que se entienden infringidas son los arts. 1.257 y 1.281 del Código Civil relativo a los efectos de los contratos y a su interpretación, girando el mismo en tomo a la argumentación dada por el Tribunal de instancia respecto del contrato de 29 de octubre de 1986.
Para la adecuada solución de la cuestión aquí planteada es preciso tener en cuenta los siguientes supuestos señalados por la sentencia impugnada y no susceptibles de alteración en este momento procesal: dichos supuestos son los siguientes: a) El convenio o contrato a que se hace alusión en el motivo en el cual actor y demandado convienen confiar a un economista- contable la realización de un estudio de esa naturaleza para la promoción y realización del edificio Sipreret b) Como señala la sentencia recurrida en su segundo considerando, la complejidad del tema discutido radica no en "su propia problemática sino en lo que atañe al núcleo de relaciones y de normas jurídicas que se someten a consideración y cuyo punto inicial es el documento de 29 de octubre de 1986... más tal convención daría origen y cierre al lema suscitado una vez interpretada su naturaleza, si no fuera por la circunstancia de que el inmueble en cuestión ha sido promocionado no por una de las personas físicas que suscriben mencionando acuerdo, sino por la sociedad "Promociones y Jardines, S. A.", de la que forman parte los litigantes junto a otras varias personas...", c) No consta acreditado que el recurrente estuviese legitimado para realizar operaciones de este tipo a nombre de "Promociones y Jardines. S. A.".
Tomando como punto de partida lo que se ha dejado expuesto en el anterior fundamento y como señala la sentencia impugnada, el supuesto sometido a debate ente el Tribunal de apelación y actualmente ante esta Sala, ofrece la existencia "... de la liquidación de una actividad, la promoción y venta de un edificio, que no es propio de los litigantes sino de una sociedad anónima de la que son accionistas además ocho personas físicas según es de ver de la escritura constitutiva de la mercantil "Promociones y Jardines, S. A.", otorgada el 18 de noviembre de 1981 (folios 16 y siguientes de sentencias de los autos), que en buena lógica tendrán interés en la rendición de los resultados del inmueble construido. Igualmente el reparto del beneficio, al parecer obtenido, y cuyo pago se reclama, se verifica de espaldas a las previsiones estatutarias el efecto establecido en el art. 37 , y esta excepcional decisión al margen de todo acuerdo de la Junta General de accionistas no puede predicarse como extraña y ajena a ellos..." (Fundamento cuarto de la sentencia recurrida).
Y no es argumento estimable a estos electos el que, cual se indica en la tercera motivación, lo tratado en referido convenio (o contrato) en nada puede afectar a la sociedad indicada ni a otros accionistas, entre otras consideraciones, porque tal indicación no deja de ser una opinión particular de quien esta directamente interesado en combatir la sentencia que resuelve contra su criterio, que por cierto resuelve adecuadamente, ya que no puede tampoco olvidarse que en la ya aludida cláusula "cuarta " de referido acuerdo o convenio, el aquí reclinente y en su día actor se atribuye la cualidad de administrador y aun cuando se pretenda que lo es del edificio Sipreret, ha de tenerse en cuenta que el solar sobre el que se construye, propiedad en principio de "Vinalopo. S. A.", paso a "Promociones y Jardines, S. A.", que era la encargada de promover y construir el edificio Sipreret, razón por la cual, si el documento lo una como "Administrador", necesariamente tendría que serlo de la sociedad indicada, lo que corrobora la tesis del Litisconsorcio pasivo necesario declarado por el Tribunal a quo y conduce a su vez a la desestimación de la motivación, no porque los preceptos que se citan como infringidos (arts. 1.257 y 1.281 del Código Civil ) no puedan haberlo sido, sino porque ello carece de eficacia y trascendencia al estimarse de oficio la falta de Liticonsorcio pasivo necesario y no poder consiguientemente entrarse a contemplar el fondo del asunto. Evidente resulta pues la desestimación de esta motivación, y como consecuencia de lo expuesto, el perecimiento de la tercera, va que en ella y bajo el mismo amparo casacional que la terminada de estudiar lo que se combate es la estimación que la sentencia de apelación hace de la excepción de litisconsorcio necesario.
Se entra ahora en el estudio del segundo de los recursos interpuestos, o sea el que lo ha sido a nombre de don Pedro Antonio y doña Dolores integrado por dos motivaciones, ambas fundadas en el ordinal 5. del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , al entender que la sentencia combatida infringe los arts. 523 y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (el primero ) y los arts. 372.3.º-I de referida Ley y los 24.1 y 120.3 de la Constitución Española, el segundo y ambos, en orden a la imposición que la sentenciaimpugnada hace en materia de costas, por entender que en la actualidad impera en dicha materia el principio del vencimiento, salvo que puedan concurrir "Circunstancias excepcionales", las cuales, en su caso, deben ser adecuadamente razonadas, lo que no se ha realizado en este caso.
Ambas motivaciones sucumben, por las siguientes consideraciones: 1.º Incierto es que el Tribunal de apelación no haya explicitado debidamente la no imposición de las costas, cual acredita que en el Fundamento quinto (último de su sentencia) nos dice: "De conformidad con los arts. 523 y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la Sala, vistas las peculiaridades existentes en el litigio y la apreciación de oficio de la excepción acogida, hace uso de la facultad que tales preceptos prevén para no efectuar imposición de las costas en ninguna de las instancias." 2 .º Aun cuando en la actualidad y como consecuencia de la reforma que en la Ley de Enjuiciamiento Civil introdujo la 34/1984. de 6 de agosto , el sistema subjetivo o de la temeridad en la imposición de las costas fue sustituido por el objetivo o del vencimiento, en art. 523 párrafo primero se contiene una salvedad que faculta al órgano judicial para que. "razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición". 3.º Dichas circunstancias quedan en este caso suficientemente expuestas en el transcrito quinto fundamento de la sentencia impugnada.
Pero es que en apoyo de este claro criterio, a los oportunos efectos de contribuir a la exegética de referido prefecto y más concretamente del ámbito del llamado sistema objetivo, es de señalar lo siguiente: a) Que la razón de ser o teleología del sistema objetivo en la imposición de las costas seguido por nuestra Ley Procesal desde la reforma introducida por la 34/1984. de 6 de agosto en su art. 523 . se encuentra en la aplicación a estos casos del principio de la condena fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto a la otra (esto es del principio victus victoris, sistema cuyo Fundamento se encuentra a la vez que persigue una doble finalidad por un lado que el proceso no sirva para conllevar (o que no implique) un perjuicio patrimonial para la parte cuyos derechos hayan sido reconocidos: por otro el interés del propio legislador - y del Juzgador e incluso del Estado de que el hecho de acudir a la vía procesal quienes se estimen perjudicados y no obstante haber conseguido el reconocimiento de sus derechos, pueda verse perjudicado con la carga de las costas, aun cuando solo lucra en parte.
Pues bien, en el presente supuesto, el fallo de la sentencia impugnada sin entrar en el fondo del asunto y por la estimación de oficio de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, revoca totalmente la del Juzgado que había estimado la demanda y absuelve a su vez en la instancia a los demandados, sin hacer expresa imposición de las cosías causadas en ambas instancias.
Nada pues se ha resuelto sobre el fondo de la cuestión que se mantiene vivo: tampoco es de apreciar un autentico "vencimiento" en cuanto que como puede comprobarse de lo expuesto, la realidad es que el problema de fondo discutido subsiste tal y como se encontraba antes del proceso, razón por la cual a lo sumo podría decirse que el vencimiento o el victus afecta a ambas partes, dado que ninguno de sus pedimentos ha sido aceptado al ser el fallo dictado la procesal consecuencia de la estimación ex officte de la indicada excepción, lo que podría a su vez ser considerado como victoria para una y otra.
La desestimación de los dos recursos interpuestos produce las consecuencias determinadas en la regla 4.º del art. 1.715 de la ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación en cada uno de ellos.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a ninguno de los dos recursos de casación interpuestos por don Pedro Antonio y doña Dolores y don Sergio contra la Sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 26 de septiembre de 1990 . Condenamos a dichas partes recurrentes al pago de las costas ocasionadas en sus respectivos recursos.
Comuníquese esta resolución a la citada Audiencia, con devolución a la misma de los autos que en su día remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertara en la COIHCCION LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.-José Almagro Nosete.-Mariano Martín Granizo Fernández .- Rubricados.
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