STS, 10 de Marzo de 1993
| Ponente | JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN |
| ECLI | ES:TS:1993:15882 |
| Fecha de Resolución | 10 de Marzo de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
Núm. 787.-Sentencia de 10 de marzo de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don José Antonio Martín Pallín.
PROCEDIMIENTO: Recurso de casación por infracción de ley.
MATERIA: Prescripción. Naturaleza; requisitos,- cómputo.
NORMAS APLICADAS: Arts. 2.», 637 y 849 LECr; arts. 112,113,114 y 116 C.P .
DOCTRINA: Sin que obste a la interrupción la existencia de órdenes, mandatos o publicación de
requisitos, ya que se trata de diligencias inocuas, y únicamente cuando los actos procesales están
revestidos de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción.
En la villa de Madrid, a diez de marzo de mil novecientos noventa y tres.
En el recurso de casación por infracción de ley, que ante nos pende, interpuesto por el acusador particular don Juan Alberto , contra el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, por delito de falsificación, estafa y apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al final se expresan, se han constituido para la votación y fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. don José Antonio Martín Pallín, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Pujol Ruiz.
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Instrucción núm. 11 instruyó sumario con el núm. 61/1982, por iniciativa de Juan Alberto y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, que con fecha 8 de mayo de 1991, dictó auto que contiene los siguientes hechos: "1.° En el presente sumario núm. 61/1982 del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Madrid, se acordó el procesamiento de Oscar y otro, como presunto autor de los delitos de falsificación, estafa y apropiación indebida. 2.° La citación del procesado para practicar la indagatoria intentada el 31 de julio de 1982, resultó negativa por ser desconocido en el domicilio.
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Por Auto del Juzgado de 25 de abril de 1983, se declaró la rebeldía del procesado, resolución confirmada por esta Sala el 19 de febrero de 1988. 4.° Por providencia de 12 de abril del presente año, se dio traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación particular a los efectos de la posible prescripción, interesando la misma dicho Ministerio Público y oponiéndose a ella la acusación particular.»
La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "Fallamos: Se declara extinguida por prescripción de los delitos la responsabilidad penal que pudiera derivar de los hechos perseguidos en esta causa, del procesado Oscar , dejándose sin efecto su procesamiento y cuantas medidas se hubieren adoptado contra el mismo, declarándose de oficio la mitad de las costas procesales.
Contra esta resolución cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días, a partir de la notificación del auto.»Tercero: Notificado el auto a las partes, se preparó recurso de casación contra el Auto núm. 147, de fecha 8 de mayo de 1991, por el acusador particular Juan Alberto , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
La representación del procesado basa su recurso en los siguientes motivos de casación: 1.° Se articula al amparo del núm. 1.° del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (infracción de ley), pues, dados los hechos declarados, con poca expresividad, probados, se han infringido preceptos penales sustantivos que debieran haber sido tenidos en cuenta en la aplicación de la Ley penal. Concretamente los arts. 112, 113,114 y 116 del Código Penal . 2.° Se articula o desarrolla al amparo del núm. 2.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (infracción de ley), dado que en la apreciación de las pruebas la Sala incide en error patente, derivado de documento auténtico, que al no estar desvirtuado por otras pruebas demuestra la evidente equivocación de la Audiencia en el auto que se recurre.
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
Hecho el señalamiento para el fallo prevenido, se celebró la votación el día 26 de febrero de 1993.
Fundamentos de Derecho
La representación de la acusación particular interpone recurso de casación por infracción de ley contra el Auto dictado el día 8 de mayo de 1991 por la Audiencia Provincial de Madrid , en el que se declara extinguida, por prescripción de los delitos, la responsabilidad penal que pudiera derivarse contra Oscar .
El primer motivo se articula al amparo del núm. 1.° del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de los arts. 112, 113, 114 y 116 del Código Penal .
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Entiende la parte recurrente que se han infringido los preceptos citados, pues en el auto recurrido no constan ni la pena aplicable a los delitos enjuiciados, ni la fecha de inicio del cómputo de la prescripción, ni la existencia o no de hechos que la interrumpan, por lo que no cabe aplicar la prescripción.
El auto que se impugna proporciona una serie de datos que desdicen lo afirmado por la recurrente. Recoge que el procesado fue citado para practicar la indagatoria el día 31 de julio de 1982 y que resultó negativa por ser desconocido en el domicilio. Añade que por Auto del Juzgado de Instrucción núm. 11, de 25 de abril de 1983 se le declaró en rebeldía, resolución confirmada por la Sala por Auto de 19 de febrero de 1988. Revisando este último auto se puede comprobar que fue dictado para confirmar el auto de conclusión del sumario y acordar la apertura del juicio oral, debiéndose disponer así respecto de uno de los procesados, mientras que para el afectado por el recurso se confirma el Auto de rebeldía de 25 de abril de 1983.
El Ministerio Fiscal calificó la causa para el procesado presente atribuyéndole la coautoría con el declarado rebelde y estimó que los hechos que se le imputaban eran constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil, solicitando la pena de un año de prisión menor y, habiendo tenido lugar los hechos en los años 1974 y 1975, solicita el sobreseimiento libre del núm. 3.° del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por aplicación de los derechos de indulto de noviembre de 1975 y marzo de 1977.
La acusación particular relata los hechos de forma semejante al Ministerio Fiscal, pero califica los mismos como constitutivos de los delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida, y solicita la pena de doce años de prisión mayor.
Después de diversas vicisitudes y de varias suspensiones del juicio oral en el acta de la sesión celebrada el 9 de abril de 1991, por la Presidencia se requiere al Letrado de la acusación particular para que concrete la pena que solicita por cada delito de los que imputa al procesado, y ante este requerimiento manifiesta que solicita la pena de cuatro años de prisión menor por cada uno de los delitos calificados, lo que hace un total de doce años, y la defensa manifiesta que se conforma con la pena y pide que se acuerde el sobreseimiento libre por aplicación de los decretos de indulto de 1975 y 1977 .
La Sala, por Auto de 10 de abril de 1991, y teniendo en cuenta que la acusación particular imputa hechos posteriores a la fecha del primer decreto de indulto y que no conllevarían el indulto total, desestimala petición de sobreseimiento libre sin perjuicio de que se celebre el juicio oral para adoptar las decisiones oportunas.
Finalmente, la Sala, por Auto, ya mencionado, de 8 de mayo de 1991, declara extinguida por prescripción la responsabilidad penal del procesado Oscar y, en Auto de 31 de julio de 1991, acuerda el sobreseimiento libre respecto de Oscar por dos delitos de estafa y apropiación indebida, dejando subsistente únicamente el de falsedad.
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La opinión mayoritaria de la doctrina y la Jurisprudencia estima que la prescripción tiene una naturaleza sustantiva y que se trata de una institución que pertenece al derecho material penal y concretamente a la noción del delito, lo que viene avalado por su regulación en el ámbito del Código Penal y no en de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , ya que el efecto verdaderamente producido es la prescripción del delito y no de la acción penal.
Si bien la prescripción debe ser formalmente alegada a través de un artículo de previo pronunciamiento, en el procedimiento ordinario y en la audiencia preliminar en el procedimiento abreviado, por tratarse de una cuestión de orden público, puede ser apreciada de oficio o incluso alegada informalmente o intemporalmente en cualquier estado del procedimiento por alguna de las partes interesadas en concluir la situación de pendencia, siendo irrelevante que las causas motivadoras de la paralización del procedimiento se deban a inacción de las partes o a la negligencia de los Tribunales.
Como señala la doctrina, la prescripción extintiva en el orden penal no puede constituir únicamente una excepción cuyo ejercicio está sometido a la voluntad de la parte, sino que debe estimarse de oficio como cuestión de fondo cuando nadie la alegue, porque el mismo interés público exige que no se castigue a quien las leyes penales eximen de responsabilidad por el lapso de tiempo señalado para la prescripción del delito. Se refuerza esta argumentación por la lectura del art. 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impone a todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal la obligación de consignar y apreciar las circunstancias tanto adversas como favorables al reo.
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La extensión del período prescriptorio debe medirse en relación con la pena solicitada por las respectivas acusaciones y en función de dicha petición examinar las frases en las que no se ha producido actividad procesal. Como ya se ha indicado, la acusación particular, a requerimiento de la Sala, precisó su acusación delimitándose a tres delitos castigados cada uno de ellos con la pena de prisión menor, por lo que el plazo de prescripción señalado por el art. 113 del Código Penal es el de cinco años.
El tiempo de la prescripción comienza a correr, entre otros supuestos, a partir de la paralización del procedimiento que se produce, sin duda, en los casos que se ha acordado declarar la rebeldía del acusado. La doctrina entiende que se debe considerar paralizado el procedimiento desde el momento en que se ha acordado la requisitoria cuya vigencia se prolonga indefinidamente.
En todo caso, transcurrido el plazo de la requisitoria sin haber comparecido o sin haber sido presentado el acusado, se le declara rebelde con el consiguiente archivo de las actuaciones y la paralización del procedimiento respecto de su persona.
En todos estos casos ha de entenderse paralizado el procedimiento sin que obste a la interrupción la existencia de órdenes, mandatos o publicación de requisitorias, ya que se trata de diligencias inocuas, y únicamente cuando los actos procesales están revestidos de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción.
En el caso presente está acreditado que el Auto declarando la rebeldía del procesado se produjo el 25 de abril de 1983, siendo confirmado, y por tanto dando por válidos todos los efectos producidos, por la Audiencia el 19 de febrero de 1988, lo que acredita que la situación de rebeldía arranca del momento en que fue declarada por el Juzgado Instructor.
Resulta, por tanto, evidente que cuando la Audiencia acuerda la prescripción del delito el 8 de mayo de 1991 habían transcurrido con exceso los cinco años señalados en el art. 113 del Código Penal , por lo que procede la desestimación del motivo.
El segundo motivo se formaliza por error de hecho al amparo del núm. 2.º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En realidad este punto de debate ha quedado resuelto al desarrollar el apartado 1.° del anteriormotivo, ya que el fundamento fáctico del auto recurrido no se ve afectado por las citas documentales que se contienen en el presente motivo, permaneciendo incólumes los datos cronológicos que sirven de referencia a la decisión adoptada por la Audiencia.
Lo verdaderamente relevante a efectos de ia rebeldía es constatar las fechas en que de manera efectiva y real, y no ficticia, se paralizan las actuaciones.
El módulo punitivo que sirve para computar el plazo es el que se viene determinando por el contenido del auto de procesamiento, en principio, y posteriormente por el escrito de calificación provisional. En ningún momento de lo actuado aparece una calificación que permita deducir con fundamento legal que la pena que pudiera corresponder a cada uno de los delitos que se imputan sean superiores a los seis arlos de prisión, por lo que no puede alegarse artificialmente, y a los solos fines de enervar la prescripción, que la pena pudiera ser superior, ya que no existe base real, lógica y racional para ello.
Por todo lo expuesto, el motivo debe ser desestimado.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la representación de la acusación particular encarnada por Juan Alberto , contra el Auto dictado el día 8 de mayo de 1991 por la Audiencia Provincial de Madrid , en la causa seguida contra Oscar por los delitos de falsedad, estafa y apropiación indebida. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas causadas. Comuniqúese la presente resolución a la mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa en su día remitida.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Antonio Martín Pallín.-Carlos Granados Pérez.- Fernando Díaz Palos.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don José Antonio Martín Pallín, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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