STS, 14 de Mayo de 1992
| Ponente | JORGE RODRIGUEZ ZAPATA PEREZ |
| ECLI | ES:TS:1992:20283 |
| Fecha de Resolución | 14 de Mayo de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.630.-Sentencia de 14 de mayo de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez Zapata Pérez.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: "Desviación de poder". Inexistencia cognitio de la apelación limitada a dicho extremo.
NORMAS APLICADAS: Arts. 106.1 en relación con el 103.1 de la Constitución Española. Art. 83.3 de la Ley Jurisdiccional .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre y 12 de diciembre de 1989 y 18 de enero y 17
de octubre de 1991.
DOCTRINA: Fundado el recurso de apelación en la existencia de "desviación de poder" (pues por razón de cuantía la Sentencia
era inapelable), la Sentencia decisoria del recurso de apelación debe limitarse a enjuiciar si concurre o no el meritado vicio en los
actos impugnados, sin extenderse al examen del resto de las cuestiones debatidas en la instancia, porque lo contrario implicaría
que, con la sola invocación de ese vicio, quedarán ampliados los límites legales de la apelación.
En el presente caso, no existe el menor indicio de prueba, sobre la concurrencia del referido vicio, el cual, para su apreciación, según reiterada jurisprudencia, requiere que quien lo invoque, alegue y pruebe cumplidamente los supuestos en que se funde, sin
que pueda fundarse en meras presunciones, ni en suspicacias y especiosas interpretaciones del acto de autoridad y de la oculta intención que lo determine.
En la villa de Madrid, a catorce de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Visto el recurso de apelación interpuesto por don Manuel Ortiz de Urbina. Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de las entidades "Hotel Rodal, S.A.", e "Intur, S.A.", bajo la dirección de Letrado, único comparecido en esta instancia; promovido contra la Sentencia dictada el 17 de noviembre de 1989 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en recurso sobre multas por reparto de propaganda.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez Zapata Pérez. Magistrado de esta Sala.Antecedentes de hecho
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares se ha seguido el recurso núm. 465 de 1988. promovido por la representación de las Entidades "Hotel Rodal. S.A.", e "Intur, S.A.", y en el que ha sido parte demandada el Ayuntamiento de Palma de Mallorca sobre multas por reparto de propaganda.
Dicho Tribunal dictó Sentencia con lecha 17 de noviembre de 1989 , con la siguiente parte dispositiva: "Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las representaciones de las Entidades "Hotel Rodal, S.A." e "Intur, S.A. ', en autos núm. 465 de 1988, debemos declarar y declaramos que los actos administrativos impugnados se adecúan a Derecho y, en su consecuencia, los confirmamos, sin hacer expresa imposición de costas procesales."
Contra la referida Sentencia la parle demandante interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, se elevaron los autos y expediente administrativo ante este Tribunal, con emplazamiento de las partes, que se verificó dentro de término; compareciendo sólo la apelante en la presente instancia y, no estimándose necesaria la celebración de vista, presentaron las partes sus respectivos escritos de alegaciones. Conclusa la discusión escrita se acordó señalar para la votación y fallo el día 13 de mayo de 1992. en cuya fecha ha tenido lugar.
Fundamentos de Derecho
La Sentencia apelada ha desestimado el recurso interpuesto por las ahora apelantes, multadas en reiteradas ocasiones por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca por repartir en distintas fechas diversa propaganda de mano de salas de fiesta que figura en el expediente administrativo- a pesar de que se les había denegado expresamente la licencia municipal para hacerlo. La denegación de licencia se impugnó en otro proceso, por lo que la cuestión se ha limitado en el presente a la procedencia de las multas impuestas. La cuantía del recurso quedó lijada en instancia en 390.000 pesetas y se ha admitido la apelación a cuya admisión se opuso en súplica el Ayuntamiento apelado- por haberse invocado la existencia del vicio de desviación de poder.
El escrito de la parte apelante intenta impropiamente que examinemos en su totalidad la pretendida ilegalidad de los actos administrativos que se debatió en instancia. Esta Sala ha afirmado en constante y unánime jurisprudencia (Sentencias de 25 de febrero y 15 de junio de 1982; 28 de febrero y 26 de mayo de 1983; 3 de noviembre de 1985; 2 de marzo y 4 de diciembre de 1987 23 de marzo y 28 de junio de 1988; 13 de noviembre y 12 de diciembre de 1989 y IX de enero y 17 de octubre de 1991 ) que, fundado el recurso en la existencia de desviación de poder, la Sentencia decisoria de la apelación debe limitarse a enjuiciar si los actos administrativos impugnados han incidido en tal infracción, sin extenderse a una revisión total de la Sentencia apelada, porque ello implicaría que la mera invocación de la desviación de poder ampliara los límites legales de la apelación permitiendo hacer un planteamiento total de las cuestiones debatidas y decididas en la primera instancia.
Ha de recordarse una vez más la doctrina reiterada de este Tribunal que proclama que "el vicio de la desviación de poder", consagrado a nivel constitucional en el art. 106.1, en relación con el 103.1 de la Constitución, viene definido en el art. 83.3 de la LJCA , como e! ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico, habiendo declarado nuestra jurisprudencia, en Sentencias que -por conocidas no es menester citar, que para poder apreciar la desviación de poder es preciso que quien la invoque alegue los supuestos en que se funde y los pruebe cumplidamente, no pudiendo fundarse en meras presunciones, ni en suspicacias y especiosas interpretaciones del acto de autoridad y de la oculta intención que lo determina. En el presente caso hay que concordar con el juzgador de instancia en la absoluta inexistencia de cualquier indicio de prueba que permita corroborar la afirmación de que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha denegado las licencias de reparto manual de propaganda publicitaria de salas de fiesta con afán meramente recaudatorio, apartándose, por tanto, de la finalidad que expresó: Evitar suciedad en las calles y molestias a los ciudadanos por publicidad que entendió engañosa. Es de destacar que todos los medios de prueba que la hoy apelante propuso en su escrito de 28 de septiembre de 1989 eran -y a juicio de esta Sala, lo hubieran sido en todo caso- insuficientes e inidóneos a los efectos de prueba del vicio que se pretende demostrar. También lo han sido las alegaciones formuladas, por lo que procede confirmar el rechazo de la existencia del vicio denunciado, que no pasa de ser una afirmación carente de consistencia.
Merece, por último, examen la alegación de que la Sentencia apelada no se ha pronunciado sobre la cuestión -invocada en la demanda- de que las infracciones administrativas de que se trataconstituyeran una falta llamada continuada. La pretendida incongruencia de la Sentencia de instancia podría, además de constituir supuesto de recurso de revisión [art. 102.1 g) de la LJCA ], tener trascendencia constitucional, por afectar al derecho a la tutela judicial efectiva (Sentencias del Tribunal Constitucional 14/1984, de 3 de febrero y 211/1988, de 10 de noviembre ). Tal trascendencia hace aconsejable que excepcionalmente entremos en su examen, para despejar cualquier duda sobre esta cuestión. Aunque la pretensión de existencia de falta continuada ha sido rechazada implícitamente por la Sala de instancia al desestimar el recurso, basta añadir que la denominada falta continuada no puede ser apreciada cuando ninguna unidad psicológica ni material existe entre las distintas infracciones, acumuladas en un proceso único por mera voluntad de las demandantes. Y es posible recordar -para corroborarlo las propias manifestaciones de la parte apelante en la vía administrativa, caso de ser cierto lo que en ella afirmó sobre la propaganda, que dijo era realizada espontáneamente por turistas que la encontraban en los casilleros de las recepciones de los hoteles, siendo la identidad de estos infractores desconocida en gran parte a las Entidades multadas -y favorecidas- por la propaganda. Pero, en todo caso, un mínimo respeto a la vinculación que la doctrina de los propios actos impone nos permite rechazar -ya en base a tales afirmaciones de infractores difusos esa pretensión formulada por las mismas Entidades, en un momento posterior de la misma controversia, de que construyamos una "falta continuada", en cuanto resulta contradictoria con su postura anterior.
Basta lo expuesto para confirmar, en todos sus extremos, la Sentencia de instancia, aunque con expresa imposición de las costas de la apelación a la apelante, por apreciarse temeridad en el mantenimiento de un recurso carente en forma manifiesta de fundamento (art. 131 de la LJCA ).
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por don Manuel Ortiz de Urbina en representación de "Hotel Rodal. S.A.", e "Intur, S.A.", contra la Sentencia dictada el 17 de noviembre de 1989 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares , debemos confirmar y confirmamos la Sentencia apelada, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta apelación.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCION LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Julián García Estartús.-Jorge Rodríguez Zapata Pérez.-Eladio Escusol Barra. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública por el Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez Zapata Pérez. Magistrado Ponente en estos autos, lo que como Secretario certifico.-Antonio Auseré Pérez.-Rubricado.
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