STS, 2 de Julio de 1992
| Ponente | EMILIO PUJALTE CLARIANA |
| ECLI | ES:TS:1992:15180 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Julio de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 2.354.-Sentencia de 2 de julio de 1992
PONENTE: Excmo. Sr don Emilio Pujalte Clariana.
PROCEDIMIENTO: Ordinario.
MATERIA: Impugnación Real Decreto 1175/1990 del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de septiembre de 1990, sobre Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas .
NORMAS APLICADAS: Art. 86.2." de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; disposición final cuarta de la Ley 5/ 1990, de 29 de junio, sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1985 y 30 de diciembre de 1986 .
DOCTRINA: Las Leyes delegadas sólo son fiscalizables por el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo para comprobar su adecuación o no a la delegación concedida o si se dictaron dentro
del plazo señalado al efecto.
En la villa de Madrid, a dos de julio de mil novecientos noventa y dos.
Visto ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso núm. 1.957 /1990, interpuesto por la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrase y Autoestaciones de Madrid, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco de Guinea y Gauna, bajo dirección letrada, contra el Real Decreto 1175/1990 del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de septiembre de 1990 , sobre Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Antecedentes de hecho
Mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 1990, la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrase y Lavado y Autoestaciones de Madrid, promovió recurso de esta clase contra el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre (publicado en el "Boletín Oficial del Estado», de 29 de septiembre a 2 de octubre de 1990), por el que se aprobaron las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas; y, publicado el correspondiente anuncio así como remitido el expediente administrativo, se' puso de manifiesto a la actora para que formalizara la demanda, cosa que hizo, tras diversas suspensiones del plazo para ello, con objeto de que se completara el expediente remitido, en escrito presentado el 3 de junio de 1991
La Asociación recurrente funda su pretensión en los siguientes motivos: 1." Vulneración del principio de reserva de Ley, imputable al Real Decreto Legislativo impugnado. 2.° Extralimitación de la norma que se recurre respecto de las normas legales que la autorizaban, y 3.° Efectos de dicha norma contrarios a los principios de igualdad y progresividad impositiva, establecidos por la Constitución. Y termina suplicando sentencia por "la que se anule, por no ser ajustado a Derecho, el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28de septiembre , por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, en su integridad, o subsidiariamente en lo concerniente a los epígrafes 691.2.° Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos y el 571.1.° Explotación de aparcamientos; todo ello con expresa condena en costas al Estado».
Conferido traslado de dicha demanda al Sr. Abogado del Estado, éste la contestó en escrito de 10 de julio de 1991, donde, tras razonar extensamente su oposición a aquélla, concluyó suplicando sentencia desestimatoria del recurso.
Otorgado el trámite de conclusiones sucintas a la actora mediante diligencia de ordenación, de 3 de septiembre de 1991 (notificada al siguiente día 13), transcurrió el plazo de quince días sin que lo hiciera; presentando, en 8 de noviembre siguiente, escrito al amparo del art. 506.1.° y 2.° de la Ley de Enjuicimiento Civil al que acompaña fotocopia de una publicación que recoge determinadas normas del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992.
Por su parte, el Sr. Abogado del Estado evacuó el trámite de conclusiones sucintas en escrito de 29 de noviembre de 1991, donde reitera sus anteriores motivos de oposición y señala el mero carácter de "proyecto» del contenido del documento aportado por la recurrente.
Mediante diligencia de ordenación, de 19 de diciembre de 1991, se declararon conclusas las actuaciones, quedando pendientes de señalamiento para votación y fallo, cosa que tuvo lugar en el día de ayer y a las 10,30 de su mañana.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Emilio Pujalte Clariana.
Fundamentos de Derecho
Ante todo, para el correcto enjuiciamiento de este recurso ha de partirse de que lo en él impugnado es un Real Decreto Legislativo y, en su virtud, fijar el alcance que debe darse a esta revisión jurisdiccional.
Esta Sala, en su Sentencia de 30 de diciembre de 1986 (desarrollando otra anterior, de 12 de febrero de 1985), ha concretado los límites de la impugnación jurisdiccional de los Reales Decretos- leyes y los Reales Decretos Legislativos, estableciendo que no pueden confundirse éstos con aquéllos, ni puede admitirse que los primeros sean una manifestación de la delegación legislativa, porque en los Decretos Legislativos, las Cortes -que tienen la potestad de legislar- intervienen antes que el Gobierno y delegan en éste, que no tiene esta potestad y que la adquiere en virtud de tal delegación. En cambio, el Decreto-ley procede del Gobierno, quien interviene antes, mientras que las Cortes lo hacen seguidamente, convalidando o no su actuación. Desde el punto de vista de su fiscalización, las leyes delegadas sólo son fiscalizables por el orden jurisdiccional contencioso- admirustrativo para comprobar su adecuación o no a la delegación concedida o si se dictaron dentro del plazo señalado al efecto; mientras que los Decretos-leyes sólo pueden ser fiscalizados por las Cortes para comprobar si concurren o no las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad y, una vez convalidados, sólo cabe contra ellos recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, nunca ante el Orden jurisdiccional contencioso-administrativo, por que tanto el Decreto-ley como el Real Decreto Legislativo, revisten los caracteres de Ley formal y están incluidos 2.354 en el art. 1." de la Ley Jurisdiccional.
De esta forma, el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre , por el que se aprobaron las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, sólo puede ser revisado en esta vía jurisdiccional: a) En cuanto a si se promulgó dentro del plazo señalado por las Cortes al Gobierno para hacerlo y b) Respecto a si se adecúa o no a la delegación concedida.
Ha de rechazarse, por tanto, la tesis de la recurrente en cuanto a la reserva de Ley exigible a una norma de estas características tributarias, por cuanto, a tenor del art. 82 de la Constitución , es válida esta modalidad de legislación delegada (excepto en cuanto a las leyes orgánicas) siempre que se cumpla lo dispuesto en sus apartados 2, 3 y 4, cuyo reflejo se encuentra en el art. 86.1.° de la Ley de Haciendas Locales .
En el primer aspecto, es muy cierto que la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales , dispuso en su art. 86.2." que "el plazo para el ejercicio de la delegación legislativa concedida al Gobierno... será de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley», que, con arreglo a su disposición final segunda, se produjo al día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado» (la cual tuvo lugar el 30 de diciembre de 1988), por lo que tal plazo de un año terminaba el 30de diciembre de 1989, en tanto que el ejercicio de dicha delegación legislativa no tuvo lugar hasta el 28 de septiembre de 1990.
Sin embargo, la disposición final cuarta de la Ley 5/1990, de 29 de junio , sobre medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria, dispuso que "se autoriza al Gobierno a dictar, antes de 1 de octubre de 1990, el Real Decreto Legislativo por el que se han de aprobar las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, conforme a lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales . Las tarifas del impuesto a que se refiere el apartado 1 no comprenderán las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, cuyas tarifas e instrucción deberán ser aprobadas por el Gobierno mediante Real Decreto Legislativo en los términos establecidos en el mencionado art. 86 de la Ley 39/1988, antes del 1 de octubre de 1991 ».
De esta forma, aquel plazo de un año que concluía el 30 de diciembre de 1989, según la Ley de Haciendas Locales , quedó establecido en 1 de octubre de 1990, por la Ley 5/1990, de 29 de junio ; y, habiéndose dictado el Real Decreto Legislativo en 28 de septiembre de 1990 , es manifiesto que lo fue dentro de plazo; sin que esta Sala pueda entrar a enjuiciar el plazo concedido por la Ley 5/1990, que, por su propia naturaleza, escapa a todo control jurisdiccional. A mayor abundamiento, la Ley 5/1990 cumple la doble función de señalar un plazo para el ejercicio de la delegación legislativa y determinar las bases sobre las que debe ejercitarse, toda vez que lo hace por remisión a las contenidas en el art. 86 de la Ley de Haciendas Locales , lo cual no incide en ningún supuesto de infracción del ordenamiento jurídico.
Como más arriba se expresa, el segundo aspecto revisable en esta vía se refiere a la comprobación de si la norma se adecúa a la delegación legislativa otorgada.
Esta se contiene, como quedó dicho, en las bases primera a quinta del art. 86.1.° de la Ley de Haciendas Locales, de 28 de diciembre de 1988 , de las que la actora hace especial hincapié en la cuarta en cuanto dispone que: "Las cuotas resultantes de la aplicación de las Tarifas no podrán exceder del 15 por 100 del beneficio medio presunto de la actividad gravada, y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera anterior, la superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas.» El reproche se proyecta en una doble vertiente: de un lado, que las cuotas resultantes de los epígrafes 691.2.° y 751.1.° exceden del 15 por 100 del beneficio medio presunto de las actividades a que aquéllos se refieren; y, de otro, que los estudios e informes al respecto, incorporados al expediente, son escuetos, no existen en otros casos, son erróneos y, en general, no son fiables.
Como dice el Consejo de Estado en su preceptivo informe (y subraya el Sr. Abogado del Estado), "es obvio que la determinación del beneficio medio de cada actividad resulta de difícil fijación, no sólo por su mismo concepto y por la gran cantidad de actividades a evaluar (prácticamente todas, con la excepción, por el momento, de las que integran los sectores agropecuario y pesquero), sino también por la multiplicidad de datos a manejar y el inevitable desfase temporal de varios de éstos. Semejante tarea sólo podía realizarse mediante estudios pormenorizados de la propia Administración y el diálogo con cada uno de los sectores afectados». Y, en efecto, a la Comisión Técnica de la Administración se unió la Comisión bipartita de ésta y representaciones de la vida local para, finalmente, incluirse la participación y audiencia de los sectores interesados, a través del Consejo General de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y los Colegios Profesionales afectados. Es por estos cauces -y no de manera gratuita y arbitraria- cómo llegaron a establecerse los parámetros económicos de la norma promulgada, lo que excluye cualquier reproche de inconsistencia o superficialidad. Naturalmente, la dificultad intrínseca de la fijación del beneficio medio de cada actividad y su distanciamiento del caso concreto (precisamente, por ser "beneficio medio presunto») hace que puedan concebirse ejemplos donde aparezca la cuota resultante de la tarifa superior al 15 por 100 de aquéllos, como hace la recurrente, o inferior a él como expone el Sr. Abogado del Estado al contestar la demanda.
Finalmente, opone la Asociación recurrente la arbitraria contradicción que, a su juicio, se produce entre la Regla 14.1.Fb).5." y la Regla 14.1.FJ) de la Instrucción ("Boletín Oficial del Estado» núm. 236, de 2 de octubre de 1990).
La Regla 14, en el párrafo primero, establece los módulos indiciarios de la actividad que se consideran elementos tributarios; señalando, en el apartado F, lo que se entiende por locales, que el subapartado b) estima en la totalidad de su superficie, excepto cuando se trate de aparcamientos cubiertos que se reducen al 55 por 100 de la misma (caso 5.°).
Sin embargo, en el subapartado j) de la misma Regla 14, párrafo primero, apartado F, se establece que: "El elemento tributario de locales no se aplicará en la determinación de aquellas cuotas para cuyo cálculo las Tarifas del Impuesto hayan tenido en cuenta expresamente, como elemento tributario, lasuperficie de los locales, computada en metros cuadrados, en los que se ejercen las actividades correspondientes.»
No existe, pues, contradicción. En el primer caso, se considera a los locales elemento tributario que opera como módulo indiciario de la actividad, bien por su superficie total generalmente o bien por el 55 por 100 de ella cuando se trate de aparcamientos cubiertos. En el segundo, tratándose de supuestos en que las Tarifas estén calculadas, precisamente, en función de la superficie de los locales, no entran éstos en juego como módulos indiciarios de la actividad que se consideren elementos tributarios, pues ya han sido tenidos en consideración para la fijación de la Tarifa. Se trata, por tanto, de casos distintos donde la superficie de los locales opera de manera diferente, bien como componente de la base o bien como integrante para la determinación del tipo tarifario.
Con arreglo a lo que disponen los arts. 131 y concordantes de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, no ha lugar a hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución,
Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido por la Asociación de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de Engrase y Lavado y Autoestaciones de Madrid contra el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre , por el que se aprobaron las Tarifas y 2.355 la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas; sin hacer especial declaración en cuanto al pago de las costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José María Ruiz Jarabo Ferrán.-Emilio Pujalte Clariana.-Jaime Rouanet Moscardó.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr don Emilio Pujalte Clariana, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.
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STSJ Galicia 2899/2011, 2 de Junio de 2011
...lo que determina que las sentencias de órganos judiciales distintos del Tribunal Supremo no forman jurisprudencia ( sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1992 [RJ 1992\5571 ], 1 de julio de 1994 [RJ 1994\6326 ] y 28 de mayo de 1999 [RJ 1999\5001]), y las que en ella se citan), y ......