STS, 10 de Julio de 1995
| Ponente | ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| ECLI | ES:TS:1995:11745 |
| Fecha de Resolución | 10 de Julio de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 702.- Sentencia de 10 de julio de 1995
PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.
PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo ordinario de menor cuantía.
MATERIA: Contrato de préstamo. Simulación relativa. Garantía del pago del precio adeudado.
NORMAS APLICADAS: Art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; arts. 1.232, 1.255, 1.205, 1.822.1.°, 1.847.1.°, 1.156.1 .º del Código Civil.
DOCTRINA: Alcance del principio general de derecho iura novil curia. Más que de una fianza encubierta se trató en el caso debatido de una asunción de deuda consentida por el deudor.
El afianzamiento de deudas puede llevarse a cabo por cualquiera de las tornas que admite el Código Civil, y así proceden tanto las garantías personales como las reales, teniendo naturaleza adicional, al traer su causa de otro contrato precedente e inicial, que se proyecta sobre el afianzamiento concertado, pero que no impide que se desarrolle con autonomía cuando así las partes lo convienen, y hace difuminar la nota de accesoriedad que supone necesaria subordinación al contrato principal, en cuanto a su exigibilidad independiente de éste, no sucediendo respecto a su extinción, ya que sí se paga la deuda afianzada, transfiere sus efectos al contrato inicial.
En la villa de Madrid, a diez de julio de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Ciudad Real -Sección Segunda-, en fecha 29 de enero de 1992 , como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre afianzamiento de pago del precio correspondiente a compraventa mediante otro contrato, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Almadén, cuyo recurso fue interpuesto por doña María Angeles y doña Melisa , representadas por el Procurador de los Tribunales don Francisco García Crespo, sin que compareciera al acto de la vista oral. En el recurso no se personó la demandante doña Isabel .
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Primera Instancia de Almadén tramitó el juicio declarativo de menor cuantía núm. 125/1990 , que promovió la demanda planteada por doña Isabel , en la que, tras exponer antecedentes y sus fundamentos de Derecho, suplicó al Juzgado: «Dictar sentencia en la que como consecuencia de las relaciones contractuales habidas en su día entre actora y demandadas se condene a las segundas a que abonen a mi representada cada una de ellas la cantidad de 2.416.606 ptas., más los intereses legales, extendiéndose la condena al pago de las costas que se causen en este procedimiento».
Las demandadas doña Melisa y doña María Angeles , se personaron en el pleito y contestaron a la demanda, a la que se opusieron, alegando razones lácticas y jurídicas, suplicando al Juzgado: «Se dicte sentencia en su día por lo que estimando la excepción planteada, o los motivos de fondo aducidos, se desestime la demanda planteada, todo ello con expresa imposición de costas a la actora».
Unidas las pruebas practicadas, el Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de Almadén, dictó Sentencia el 7 de marzo de 1991 , cuyo fallo literalmente declara: «Que apreciando la excepción de incompetencia de jurisdicción, debo de desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Meliano Rodrigo Calvo, en nombre y representación de doña Isabel contra doña Melisa y doña María Angeles , absolviendo de estas de la misma, con expresa condena en costas a la parte actora».
La referida sentencia fue recurrida en apelación por la actora del pleito ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que tramitó el rollo de alzada núm. 20/1991, en el que recayó sentencia que fue pronunciada por su Sección Segunda en fecha 29 de enero de 1992 y con la siguiente parte dispositiva. Fallamos: «Que estimando el recurso interpuesto por doña Isabel , contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Almadén, enjuicio de menor cuantía 125/1990 , y revocando dicha sentencia, con desestimación de la excepción de incompetencia territorial y de la pretensión de nulidad de actuaciones opuestas por las demandadas, estimamos íntegramente la demanda deducida por doña Isabel , contra doña Melisa y doña María Angeles , y en su virtud, condenamos a las demandadas a que abonen, cada una, a la actora, la suma de 2.416.606 ptas., más los intereses legales desde la presentación de la demanda hasta la notificación de esta sentencia, y los intereses previstos por el art. 921.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , desde esta última fecha hasta el completo pago del principal, imponiendo a las demandadas el pago de las costas de primera instancia, sin hacer pronunciamiento expreso de las de esta alzada.»
El Procurador de los Tribunales don Francisco García Crespo, causídico de doña María Angeles y de doña Melisa , formalizó ante esta Sala recurso de casación contra la sentencia de apelación, que integró con los siguientes motivos:
Uno Por la vía del núm. 3.º del art. 1.692 de la LEC , incongruencia de la sentencia con violación del precepto 359 de dicha Ley .
Dos: Por el cauce del núm. 5.º del precepto procesal 1.692 , infracción del art. 1.232 del Código Civil .
Tres: Con el mismo amparo procesal, infracción de los arts. 1.822.1.°, 1.847 y 1.156.1.º del Código Civil .
Sexto Debidamente convocadas las partes, la vista pública y oral del recurso tuvo lugar el pasado día 29 de junio de 1995, no habiendo asistido a este acto ninguno de los litigantes.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.
Fundamentos de Derecho
Las recurrentes, que en el pleito ostentaron condición de parta demandadas, atacan la sentencia de apelación tachándola de incongruente, por infracción del art. 359 de la Ley Procesal Civil y en esta posición argumental sostienen que dicha resolución efectuó alteración de la causa de pedir y sustitución de las cuestiones y temas del debate procesal.
Esto no sucede. La actora doña Isabel basó la acción que ejerció de reintegro de la cantidad debitada y a cargo de las demandadas, en el contrato privado suscrito en fecha 14 de octubre de 1985, titulado de préstamo, por la cuantía de 8.000.000 de pesetas, sin intereses, de la que sólo se abonaron 750.000 pesetas. Dichas recurrentes apoyaron su oposición en que no había tenido lugar dicho préstamo, pues no hubo entrega efectiva de cantidad alguna por parte de la prestamista a las prestatarias y, en consecuencia, se trataba de un negocio disimulado y sin validez alguna, lo que la sentencia recurrida admite en parte, al sentar como hechos probados -con categoría de incólumes en la casación-, que efectivamente había precedido la compraventa de un solar a la demandante por la entidad «Proyectos y Construcciones Samo,
S. A.», que se instrumentó en escritura pública de 11 de octubre de 1985 -requisito que se presentaba obligatorio ya que se trataba de construir en el solar viviendas de protección oficial -y como no hubo entrega efectiva deprecio y para cubrir su pago, se accedió a la fórmula de garantizar el mismo, mediante el otorgamiento del documento privado referido de 14 de octubre de 1985, que precisa tanto la cantidad como las personas que por el mismo quedaban sujetas a su abono en los plazos que se convinieron, sin hacer referencia a la sociedad compradora de la finca.
Descartada por la Sala sentenciadora la condición de préstamo del discutido contrato privado que relaciona a las litigantes, el ejercicio de su legítima función juzgadora lo imponía la necesidad de calificar el negocio, lo que alcanzó al declarar que se trataba de un contrato válido de garantía del pago del precioadeudado y no de un negocio fiduciario. Dicha garantía la asumieron las recurridas, dada su condición de socios de la entidad que adquirió el solar juntamente tercera persona no llamada al pleito, por haber satisfecho ya su tercera parte correspondiente: Se está ante un supuesto de simulación relativa. El negocio encubierto vincula a las partes que libre y conscientemente lo convinieron (art. 1.255 del CC ), y esto determina la obligación de pagar el precio debitado, que las que recurren asumieron como carga y deber, al no concurrir causa alguna que le prive de licitud y eficacia.
Los razonamientos del Tribunal de apelación que determinaron el fallo estimatorio de las pretensiones de la demandante, no suponen alteración ni sustitución del debate procesal y, en consecuencia, a la sentencia no le afecta vicio de incongruencia, toda vez que es reiterada doctrina jurisprudencial que declarase produce mutación de la litis cuando se transforma el problema litigioso en otro totalmente distinto con alteración efectiva y sustancial de la causa pelendi, lo que no ha sucedido en esta cuestión, pues manteniendo la sentencia en recurso adecuación y estricto respeto a los hechos probados en el pleito, los juzgadores de la instancia no rebasaron el principio iura novit curia, que autoriza a aplicar las normas jurídicas que estimen procedente, modificar los fundamentos jurídicos de las pretensiones y calificar las relaciones contractuales que median entre los que litigan, ya que las denominaciones que las partes den a las acciones que ejercitan y los negocios en que están interesados, no vinculan a los Tribunales, siempre que la resolución que recaiga este en el ámbito de las pretensiones de la demanda y no supere lo que efectivamente conformó la contienda judicial (Sentencias de 19 de octubre 10 y 30 de diciembre de 1993, 15 de marzo 3 y 16 de junio de 1994 y del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1994 , entre otras muy numerosas).
Las recurrentes en forma alguna pueden argumentar indefensión, en razón a que se les privó de la posibilidad de defensa consistente en alegar los beneficios de excusión y orden que establece el art. 1.830 del Código Civil para el contrato de fianza. No se actúa con lealtad procesal, ya que en la contestación a la demanda (fundamento jurídico cuarto), aportó, para rebatirá la demandante, infracción del referido precepto civil 1.830 y por tanto tuvo la posibilidad de proponer las pruebas que tuviera por conveniencia en tal cuestión, pues desde un principio ya se aportó como hecho contradictorio c incluso estuvo a su alcance plantear reconvención.
El motivo se desestima.
El motivo dos denuncia infracción del art. 1.232 del Código Civil por el cauce del núm. 5 .º del precepto procesal 1.692 , al alegarse que, toda vez que la confesión hace prueba contra el que la presta, la evacuada por la actora creadora del pleito, al contestar a la posición segunda, resultó afirmativa, al admitir que la sociedad compradora del solar le abonó el precio de los 8.000.000. Se contradice con la interpretación de la Sala de la instancia, que declara que pese a que dicho precio se tuvo por recibido en la escritura de enajenación, sin embargo no se confesó pagado ni menos entregado y con base precisamente a la referida posición segunda, que se presenta en esta casación con la respuesta «que no es cierto», si bien tachado a máquina y no enmendado el adverbio de negación «no», por lo que se alcanza un resultado cierto y efectivo de falta de abono de la referida cifra, y así lo corrobora el resto de la prueba confesional (posiciones tercera) y demás probanzas e incluso del escrito de contestación que aportaron las recurrentes que para nada alegan un hecho de tanta trascendencia que determinaría la extinción de la obligación pues, al contrario, sólo se admite el pago de 750.000 pesetas a cuenta del total adeudado.
El motivo se desestima.
El último motivo aduce infracción de los arts. 1.822.1.°, 1.847.1.º y 1.156.1 .°, todos ellos del Código Civil, al proyectar la impugnación casacional en el sentido de partir de la concurrencia de situación jurídica de fianza encubierta en el contrato de préstamo, que fue la situación contemplada por el Tribunal de la instancia, lo que no comparte esta Sala y produce la censura casacional en este punto, al tratarse más bien de una relación de asunción de deuda con el necesario consentimiento del acreedor y, en todo caso, de afianzamiento de un contrato anterior, que realizan terceros, con independencia de que tengan también alguno de ellos intereses en dicho contrato precedente.
De esta manera el afianzamiento alcanza estado jurídico de negocio garantizador del efectivo pago correspondiente del precio establecido en aquel contrato principal, con suficiente autonomía propia contractual (art. 1.255 del CC ), asistiéndole dotación válida y plenamente eficaz en su dinámica de contrato disimulado.
El afianzamiento de deudas puede llevarse a cabo por cualquiera de las formas que admite el Código Civil y así proceden tanto las garantías personales como las reales, teniendo naturaleza adicional, al traersu causa de otro contrato precedente e inicial, que se proyecta sobre el afianzamiento concertado, pero que no impide que se desarrolle con autonomía cuando así las partes lo convienen, y hace difuminar la nota de accesoriedad que supone necesaria subordinación al contrato principal, en cuanto a su exigibilidad independiente de éste, no sucediendo respecto a su extinción, ya que si se paga la deuda afianzada, transfiere sus efectos al contrato inicial.
En consecuencia, no hay impedimento alguno para poder tener como lícitos y de eficacia plena entre los que los suscriben las garantías construidas con independencia negocial, como es el caso de autos, por lo que la recurrida, al conservar vigente las seguridades cuantificadas de su crédito y determinadas las personas del mismo, le asisten las acciones correspondientes para postular su reintegro, sin que sea obstáculo alguno la circunstancia de que las deudoras recurrentes hubieran cedido con posterioridad sus acciones en la sociedad, pues no transmitieron u los compradores de las mismas la deuda que voluntariamente hablan concertado y asumido, cumpliendo las previsiones del art. 1.205 del Código Civil .
No resulta serio sostener, como es la base impugnatoria del motivo que se estudia y con apoyo en el motivo anterior rechazado, que la deuda está actualmente extinguida (art. 1.847 del CC ) así se argumenta literalmente que la actora recibió en algún momento antes de la demanda la cantidad de 8.000.000». Es decir, sin alegarlo en contestación, y sin ninguna prueba, se viene ahora a sostener extinguida la obligación por su pago y dejando en la incógnita en que momento se produjo el abono. 1.ª claudicación del motivo es la respuesta que corresponde n tan peregrino y osado alegato.
La desestimación del recurso determina la imposición a la parte que lo formalizó de sus costas correspondientes, conforme al art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo Español.
Que debemos desestimar, declarando improcedente, el recurso de casación que plantearon doña María Angeles y doña Melisa contra la sentencia pronunciada en las actuaciones procedimentales de referencia por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en techa 29 de enero de 1992 . Se imponen las costas de esta casación a dichas litigantes y se decreta la pérdida del depósito constituido al que se le dará el destino correspondiente, Expídase la correspondiente certificación a dicha Audiencia, devolviéndose autos y rollo que en su día remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos-Pedro González Poveda. Alfonso Villagómez Rodil.-Francisco Morales Mondes, Rubricados.
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Exento. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil. Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy de lo que como Secretario de la misma certifico.
-
STSJ Comunidad Valenciana 4013/2007, 14 de Diciembre de 2007
...solo porque se basan en informe de la Inspección de Trabajo que es ineficaz a fines revisorios (véase por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1995 ),sino también porque el hecho que se pretende adicionar en absoluto se deduce de forma inequívoca sin necesidad de interp......
-
SAP Madrid 39/2017, 1 de Febrero de 2017
...a dicha pretensión al ser su contenido legal y normalmente aceptado en el tráfico mercantil, conforme a la doctrina de las SSTS de 10 de julio de 1995 y 23 de febrero de 2000, citadas en la SAP, Civil sección 4ª de 20 de diciembre de 2013 (ROJ: SAP GR 1543/2013-ECLI:ES:APGR:2013:1543), nº 4......
-
SAP Almería 932/2023, 3 de Octubre de 2023
...de las partes y por tanto, en principio carente de eficacia probatoria, no puede olvidarse que el Tribunal Supremo de forma reiterada ( SSTS 10-VII-1995 o 18-1994, por todas) ha venido sosteniendo que el art. 1225 Cno impide otorgar la debida relevancia a un documento privado, aunque no ha......
-
SAP Almería 256/2013, 30 de Septiembre de 2013
...de las partes y por tanto, en principio carente de eficacia probatoria, no puede olvidarse que el Tribunal Supremo de forma reiterada ( SSTS 10-VII-1995 o 18-XI-1994, por todas) que la mera impugnación no impide otorgar la debida relevancia a un documento privado, aunque no ha sido adverado......
-
El contrato de asunción de deuda
...dan por válido este planteamiento todas las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia (SSTS 20-V-97, 21-III-96, 9-XI-95, 10-VII-95, 20-11-95, 23-XII-92, 30-III-92 y 18-III-92). En cuanto a la doctrina, Adame Martínez, Asunción de deuda en derecho civil, Granada, 1996, pp. 3 y......
-
Las cartas de patrocinio
...Cc. La diferencia entre la fianza y la CP reside en que la primera, cualquiera que sea su forma, garantiza el pago de la deuda (STS de 10 de julio de 1995), cosa que no sucede en la segunda, que, todo lo más, contiene una obligación de medios (STS de 30 de junio de 2005) Por ello parece cla......