STS, 11 de Abril de 1995
| Ponente | GUSTAVO LESCURE MARTIN |
| ECLI | ES:TS:1995:10430 |
| Fecha de Resolución | 11 de Abril de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.712.-Sentencia de 11 de abril de 1995
PONENTE: Excmo. Sr. don Gustavo Lescure Martín.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Universidades. Elecciones a claustro. Periodicidad.
NORMAS APLICADAS: Real Decreto 1.280/1985 de 11 de junio. Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares .
DOCTRINA: Declararse en el caso de autos en favor de una rígida aplicación del plazo de dos años
a partir de la celebración de las últimas elecciones, desconectándolo de su causa, supone una
abierta lesión del derecho fundamental de los claustrales elegidos a permanecer en sus cargos
hasta agotar sus mandatos.
En la villa de Madrid, a once de abril de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los Magistrados anotados al final, el recurso de apelación que, con el núm. 6.668 de 1990, ante la misma pende de resolución, interpuesto conforme a la Ley 62/1978, de 26 de diciembre , por don Luis Alberto , representado y defendido por el Letrado don Fernando Marín Riaño, contra la Sentencia dictada con fecha 10 de mayo de 1990 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso núm. 1.619/1989 , sobre elecciones a claustro de Universidad; siendo parte apelada la Universidad de Alcalá de Henares, representada por el Procurador don José Ignacio de Noriega Arquer y defendida por el Letrado don JR. Codina Vallverdú, y oído el Ministerio Fiscal.
Antecedentes de hecho
La sentencia apelada contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal: "Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo de protección de los derechos fundamentales de la persona interpuesto por la representación procesal de don José Luis Alberto , contra la Resolución de la Mesa del Claustro/Junta Electoral de la Universidad de Alcalá de Henares, de 13 de noviembre de 1989, que acordó celebrar elecciones generales al claustro de dicha universidad en el primer trimestre del curso 1990-1991 y no en el primer trimestre del curso 1989-1990, por ser dicha resolución, en los extremos examinados, conforme con el art. 23.1 de la Constitución . Y todo ello con expresa imposición de costas procesales a dicha parte actora".
Notificada la anterior sentencia, por la representación de don Luis Alberto , se interpuso recurso de apelación mediante escrito razonado ante la Sala sentenciadora, que lo admitió en un sólo efecto, remitiéndose las actuaciones y expediente administrativo a este Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, compareciendo ante esta Sala 1ª parte apelante y la representación de la Universidad de Alcalá de Henares, en concepto de parte apelada, que en su escrito de personación formulólas alegaciones que consideró procedente para terminar suplicando a la Sala dicte sentencia por la que confirmando en todos sus términos la apelada, desestime el recurso contencioso-administrativo deducido por don Luis Alberto . Compareció asimismo el Ministerio Fiscal mediante escrito en el que emitió informe en el sentido de interesar la desestimación de la apelación.
Por providencia de 5 de mayo de 1992 se acordó oír a las partes sobre la posible extemporaneidad de la apelación, formulándose por las mismas las alegaciones que obran en autos.
Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día 5 de abril de 1995, en cuya fecha tuvo lugar su celebración.
Siendo Ponente el Excmo. Sr don Gustavo Lescure Martín, Magistrado de esta Sala.
Fundamentos de Derecho
La sentencia apelada ha desestimado el recurso contencioso-administrativo deducido por el cauce procesal de la Ley 62/1978 contra la Resolución de la Mesa del Claustro/Junta Electoral de la Universidad de Alcalá de Henares, de 13 de noviembre de 1989, que acordó no convocar en el primer trimestre del curso académico 1989-1990 las elecciones generales al claustro de dicha universidad, difiriendo dichas elecciones al primer trimestre del siguiente curso, por entender el fallo recurrido que la resolución combatida no incurría en la alegada vulneración del art. 23.1 de la Constitución , toda vez que no impedía la celebración de las elecciones, siendo una cuestión de legalidad ordinaria la relativa a dilucidar si la periodicidad de dos años a que se refieren los Estatutos de la Universidad y el Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la misma, debe computarse a partir de la anterior elección, como sostiene el recurrente, o bien desde la constitución del anterior claustro, según entiende la universidad.
Frente a este fallo, se alza el apelante negando que la determinación de la periodicidad de las elecciones sea una cuestión de legalidad ordinaria, y reiterando las razones expuestas en la primera instancia en abono de la tesis que mantiene, según la cual el cómputo de los dos años a que aluden las mencionadas normas, debe iniciarse a partir de la celebración de las elecciones anteriores y no de la fecha de constitución del claustro surgido de las mismas.
Antes de entrar en el examen de la presente apelación debe despejarse la cuestión relativa a su posible extemporaneidad al haber tenido entrada el escrito de interposición en el Tribunal a quo una vez transcurrido el plazo legalmente establecido, extemporaneidad que sin embargo no cabe apreciar por cuanto que consta en los autos que dicho escrito fue presentado en tiempo en el Juzgado de Guardia de esta capital, sede del Tribunal sentenciador.
El art. 23.1 de la Constitución , cuya vulneración se invoca, reconoce a 1.712 los ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Por consiguiente, la periodicidad de las elecciones constituye un elemento integrante del derecho que dicho precepto consagra, periodicidad que en el caso que nos ocupa aparece establecida en los Estatutos de la Universidad y en el Reglamento de Régimen Interno del Claustro Universitario, siendo el supuesto desconocimiento de tal periodicidad la causa de la lesión constitucional que se denuncia, por lo que, frente al razonamiento de la sentencia apelada, es obligado examinar si la resolución impugnada ha respetado o no la periodicidad establecida para la celebración de las elecciones a que se refiere el presente proceso.
Los Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares, aprobados por Real Decreto 1.280/1985, de 5 de junio, establecen en su art. 73 que "los claustrales elegidos en representación de los respectivos sectores lo serán por dos años». Por su parte, el Reglamento de Régimen Interno del Claustro Universitario de dicha universidad, aprobado por el propio claustro en sesión de 16 de julio de 1986, dispone en su art. 8.° "Las elecciones de los miembros del claustro se realizaran cada dos años, durante el primer trimestre del curso correspondiente...".
Ambos preceptos se encuentran, pues, perfectamente coordinados: Los estatutos, de rango superior, fijan en dos años la duración del mandato de los claustrales elegidos, y, en consecuencia, el reglamento del claustro establece que las elecciones se celebrarán cada dos años.
El problema surge cuando, como sucede en el presente caso, la constitución del claustro anterior no siguió de modo inmediato a la celebración de las elecciones, por causas cuyo enjuiciamiento trasciende del objeto de este proceso. Pues bien, en tal supuesto excepcional, no debe olvidarse que el plazo de dos años tiene su origen en la duración que los Estatutos de la Universidad fijan al mandato de los claustraleselegidos, cuyo derecho se halla amparado en el núm. 2 del propio art. 23 de la Constitución , siendo, por tanto, la finalización de ese mandato la causa determinante de la convocatoria de elecciones, cuya periodicidad aparece establecida en función de la duración del mismo. De ahí que decantarse en el caso de autos en favor de una rígida aplicación del plazo de dos años a partir de la celebración de las últimas elecciones, desconectándolo de su causa, supone una abierta lesión del derecho fundamental de los claustrales elegidos a permanecer en sus cargos hasta agotar sus mandatos, mientras que de iniciarse el cómputo de dicho plazo a partir de la fecha de constitución del claustro en la que los elegidos inician su mandato, el derecho de los electores no puede decirse que resulte vulnerado, sino que su ejercicio se atempera a la extinción del mandato de quienes, por ello, deben ser sustituidos, lo que constituye una finalidad amparada constitucionalmente.
Por lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación, debiendo imponerse las costas al apelante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.3 de la Ley 62/1978 .
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de don Luis Alberto , contra la Sentencia de 10 de mayo de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso núm.
1.619/1989 , seguido por el cauce procesal de la Ley 62/1978 , con imposición de las costas al apelante.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Enrique Cáncer Lalanne. Gustavo Lescure Martín. Luis Antonio Burón Barba. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Gustavo Lescure Martín, Magistrado Ponente de esta Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, certifico. La Secretaria. Rubricado.
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