STS, 1 de Febrero de 1995
| Ponente | ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| ECLI | ES:TS:1995:10119 |
| Fecha de Resolución | 1 de Febrero de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 45.-Sentencia de 1 de febrero de 1995
PONENTE: Excmo. Sr don Alfonso Villagómez Rodil.
PROCEDIMIENTO: Juicio declarativo de menor cuantía.
MATERIA: Reclamación de cantidad anticipada mediante descuento de letra. Error de hecho
acreditado. Presunciones. Contrato de descuento financiero.
NORMAS APLICADAS: Arts. 1.214,1.249, 1.253,1.254 al art. 1.258 en relación con el 1.278 del Código Civil todos; arts. 862 y 707 Ley Enjuiciamiento Civil .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 22 de noviembre de 1992, 25 de marzo y 24 de septiembre de 1993,9 de febrero de 1994.
DOCTRINA: La reiterada doctrina de la Sala de que el art. 1.214. del Código Civil , por su carácter general, no puede servir de apoyo al recurso de casación, no es predicable de forma absoluta y automática. La norma al adaptarse al caso concreto, permite matizar aquella doctrina, en el sentido de que puede ser invocada cuando en ausencia de prueba de hechos concretos, el juzgador de instancia, prescinde de la regla general que gobierna el onus probandi. En el caso presente ante la documentación presentada, la demandada negó haber recibido el anticipo de la cantidad cuya percepción aparecía en las letras descontadas sin aportar probanza alguna y sí solo su mera confesión, adoptando en ella una clara y sistemática postura obstruccionista en vez de aportar algún elemento de acreditamiento o de intentar en apelación la práctica de prueba que autoriza el art. 862 en relación con el art. 707 LEC , preceptos que venían al caso. Así las cosas se vino a exigir al Banco demandante que, entre otros, aportó con las cambiales, el documento de descuento e ingreso en cuenta y sus movimientos, la acreditación de la autenticidad de las firmas estampadas en la documentación que, con intervención de agente de cambio había presentado, teniendo por bastante la simple negativa contraria, lo que supone caer en la denunciada infracción del art. 1.214 del Código Civil . No cabe negar que la cantidad descontada asistida de la fe pública mercantil que otorga adveración a su libramiento y acepto por la intervención de Agente de Cambio y Bolsa, intervención fedataria que acreditó el movimiento y disposiciones de la cuenta corriente de los aceptantes, corrobora el negocio de descuento llevado a cabo, estableciéndose una presunción de legalidad, conforme con la normativa del art. 1.249 y art. 1.253 del Código Civil . El contrato de descuento financiero es un negocio sui generís, cuya peculiaridad viene determinada porque se da estado de provisionalidad que alcanza a ser definitivo, extinguiendo el contrato, cuando la cambial que lo integra, ocasiona efectivo pago por el obligado en la misma. En los supuestos de fracaso en el cobro, el negocio opera en el sentido de que el Banco descontante, que ingresó la letra y adquirió el crédito que aquella expresa para gestionar su abono del obligado cambiario (cesión pro solvendo), puede recuperar el importe total de lo anticipado, mediante el ejercicio de la acción declarativa ordinaria.
En la villa de Madrid, a uno de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Decimotercera), en fecha 17 de junio de 1991 , como consecuencia de los autos de juiciodeclarativo de menor cuantía, sobre contrato bancario de descuento financiero de letra que resulta impagada, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de los de Madrid, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "Banco Pastor S. A.», representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Rodríguez Puyol, asistida del Letrado don José Manuel García Crespo, en el que es parte recurrida doña Nuria , a la que representó el Procurador don José Luis Barneto Arnaiz y defendió el Letrado don Juan Manuel Gómez García.
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Primera Instancia 17 de los de Madrid, tramitó con el núm. 413/1986, juicio declarativo de menor cuantía que promovió la demanda presentada por el "Banco Pastor, S. A.», en la que, tras exponer antecedentes de hecho y fundamentaciones jurídicas, vino a suplicar al Juzgado. "Dictar sentencia por la que se condene a referida demandada al pago de la cantidad de 4.500.000 de ptas., más los intereses de demora de dicha suma, costas y gastos de juicio».
La demandada doña Nuria no contestó a la demanda, por lo que a medio de providencia de 11 de octubre de 1989, se dio por precluido el trámite de contestación.
El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de los de Madrid, dictó Sentencia el 28 de noviembre de 1989 , la que contiene fallo que literalmente dice: "Que desestimando la demanda interpuesta por el "Banco Pastor, S. A.", contra doña Nuria , debo absolver y absuelvo a la citada demandada de las pretensiones contra ella deducidas; con expresa imposición a la parte demandante de las costas causadas».
El "Banco Pastor, S. A.» promovió recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Madrid (rollo núm. 226/1990), en cuya alzada compareció en forma la demandada doña Nuria , a la que se la tuvo por parte y personada, sin que efectuase otro pedimento. Con fecha 17 de junio de 1991 recayó sentencia, que pronunció la Sección Decimotercera, con la siguiente parte dispositiva: Fallamos: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad "Banco Pastor. S. A." contra la sentencia dictada en estas actuaciones por el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de los de Madrid en fecha 28 de noviembre de 1989 . debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes la citada resolución: con expresa imposición al precitado apelante de las costas causadas en esta alzada».
La Procuradora de los Tribunales doña María Rodríguez Puyol, que sustituyó a su compañero don Ramón , causídico del "Banco Pastor, S. A.», formalizó ante esta Sala recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación, el que integró con los siguientes motivos:
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Infracción por aplicación indebida del art. 1.214 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial que refiere, al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la LEC .
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Por la vía del núm. 4 del precepto procesal 1.692, error en la apreciación de la prueba.
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Error de derecho en la apreciación de la prueba, con violación de los arts. 1.216 y 1.218 del Código Civil , 596.2.° y 597.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 93 del Código de Comercio .
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Infracción por violación de los arts. 1.249 y 1.253 del Código Civil .
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Infracción por violación de los arts. 1.254, 1.255, 1.258 y 1.278 del Código Civil .
Debidamente convocadas las partes personadas en el recurso, la vista pública y oral del mismo tuvo lugar el pasado día 16 de enero de 1995, con asistencia e intervención de las correspondientes partes letradas, que por su debido orden intervinieron en defensa de sus respectivas pretensiones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Alfonso Villagómez Rodil.
Fundamentos de Derecho
El "Banco Pastor, S. A.», como parte recurrente y creadora de la relación procesal, denuncia en el primer motivo, al amparo del núm. 5 del precepto 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicación indebida del art. 1.214 del Código Civil y doctrina jurisprudencial que refiere, sosteniendo al efecto que la sentencia que combate resultó desestimatoria de las pretensiones que formuló dicha entidad bancada, consistentes en la reclamación de reintegro a cargo de la recurrida, doña Nuria , de la cantidad principal de4.500.000 ptas., más intereses de demora y para apoyar tal decisión judicial el Tribunal de apelación declaró que el Banco no había llevado a cabo prueba cumplida respecto a la realidad de los hechos constitutivos de la acción interpuesta, de lo que no le exoneraba la situación de que la demandada de referencia no se hubiera personado en el pleito y hubiera sido declarada rebelde procesal.
La reiterada doctrina de esta Sala se ha pronunciado en el sentido de que el art. 1.214 del Código Civil , por su carácter general, no puede servir de apoyo al recurso de casación, pero esto no es de forma absoluta y automática, pues la norma admite la necesaria flexibilidad para permitir su adaptación a cada caso concreto, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad y facilidades para probar que tenga cada parte ( Sentencias de 9 de febrero de 1994, que cita las anteriores de 28 de enero, 21 de febrero, 8 de marzo, 13 de mayo, 16 de julio, 29 de septiembre y 15 de octubre del año 1991 ); por lo que se ha matizado el precepto en el sentido de que puede ser invocado cuando ante la ausencia de pruebas de unos hechos concretos, la Sala de la instancia prescinde de la regla del onus probundi, al determinar la parte que haya de responder de las consecuencias de esa falta de prueba; inexistencia probatoria que en este caso no se da, conforme se razonará más adelante y también cuando se impone al litigante, que no está obligado, la carga de probar.
En el caso de autos la negación de los hechos no proviene de la rebeldía que provocó la recurrida con su incomparecencia procesal, sino concretamente de la prueba confesional que evacuó en el trámite de la alzada y resultó negativa, pues desconoció toda relación con el Banco, la realidad y veracidad acreditada de los documentos acompañados con la demanda, lo que en forma alguna la relevaba de la necesaria actividad de prueba corroboradora. No basta negar, ha de acreditarse debidamente lo que se niega, y las consecuencias perjudiciales de la falta de pruebas han de recaer sobre la parte a la que le corresponde su carga y que es de su exclusiva incumbencia; ya que, si bien los hechos constitutivos ha de probarlos quien los alega, ello no se extiende ni obliga a la probanza de los impeditivos, los que, dada su naturaleza negativa, cabe que sean acreditados por hechos positivos contrarios, tal cual sucede en la presente controversia.
La Sala a quo no efectuó correcta aplicación del referido art. 1.214, ( Sentencia de 14 de junio de 1993 ) y por tanto el motivo procede, ya que se hace censura y se impone al Banco recurrente la prueba de los hechos impedientes y de lo negado en confesión por la recurrida, y así se vino a exigir la realización de prueba pericial sobre la autenticidad de las firmas de la demanda que obran en los documentos aportados, a la vez que a ésta se la releva de toda probanza, para sólo atender a la prueba confesional que prestó, en la que nada admitió, adoptando una clara postura de obstrucción y de pretendido desconocimiento pleno del negocio bancario que la relacionaba con el "Banco Pastor, S. A.», por lo que de esta manera se hace recaer sobre esta parte litigante, las consecuencias de la falta de prueba de la contraria, la que, en todo caso, debió de acreditar que no recibió el abono anticipado de los 4.500.000 ptas que se le reclaman por consecuencia de la letra de cambio que por dicha cantidad entregó al Banco para su descuento, a cuyo efecto bien pudo peticionar en el trámite de apelación la práctica de las pruebas convenientes, conforme le autoriza el art. 862 núm. 5 en relación al 707 de la Ley Procesal Civil , sin embargo no lo cumplió, no obstante la amplitud del precepto que permite toda clase de medios probatorios pertinentes.
Se aduce en el 2.º motivo, al amparo del núm. 4 del precepto procesal 1.692, error en la apreciación de la prueba, señalándose al efecto los documentos que se aportaron con la demanda, es decir:
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La letra de cambio librada por la recurrida doña Nuria en fecha 28 de abril de 1977, con vencimiento el 27 de julio de 1977, por importe de 4.500.000 de ptas., aceptada como librados por su yerno don Pablo y su hija doña Sandra , la que figura intervenida por Agente de Cambio y Bolsa, en la fecha de su expedición; b) El documento bancario de 3 de mayo de 1977, por el cual dicha libradora concertó con el "Banco Pastor» negocio de descuento bancario, instrumentalizado sobre dicha cambial y autorizando a la entidad para que su importe, descontados los intereses y gastos (4.369.956 ptas como cantidad líquida) se ingresara en la cuenta núm. 100036 correspondiente a los aceptantes de referencia; c) Extracto de la mencionada cuenta corriente expedida por el banco en fecha 18 de febrero de 1986, e intervenido por Agente de Cambio y Bolsa, acreditativo del ingreso del importe de la cantidad descontada, así como del saldo deudor a cargo de los aceptantes, en la cantidad de 117. 812, 66 ptas a la fecha del cierre, 22 de julio de 1977 y d) Protesto notarial de la cambial de referencia levantado el 28 de julio de 1977.
Los referidos documentos los acepta la Sala sentenciadora, pero los consideró prueba insuficiente para decretar la estimación de la acción ejercitada por el "Banco Pastor», sin que se venga a señalar concreto error en la apreciación de los mismos, pues el contenido fáctico si fue tenido en cuenta tal como se aportó, pero sin darles consistencia probatoria decidida en favor del recurrente, lo que hace derivar la cuestión a la situación de valoración de las probanzas obrantes, al no tratarse de propio error apreciativo de prueba, que no es encajable en el núm. 4 del citado precepto procesal 1692 y hace claudicar el motivo.
El enjuiciamiento casacional, partiendo de lo que se deja explicitado, ha de proyectarse sobre la base fáctica constituida únicamente por los documentos reseñados que el Banco recurrente aportó con su demanda y en cumplimiento del art. 504 de la Ley Procesal Civil ; documentos que el Tribunal de apelación acepta pero no valora debidamente, pues prácticamente se desatendió de los mismos para declarar no haberse acreditado la realidad de los hechos constitutivos de la acción interpuesta.
Esta Sala no puede aceptar las conclusiones y decisiones de la sentencia recurrída, ya que no se da efectiva ausencia probatoria, lo que únicamente cabe achacar a la recurrida, que sólo se limitó a no admitir los hechos en la prueba de confesión que prestó, pero no con precisas y rotundas manifestaciones como estimó el Tribunal de la instancia, sino en forma imprecisa, ambigúa y ciertamente evasiva, ya que en la posición primera, si bien no reconoce la firma que aparece en la cambial, admite su parecido con la auténtica, limitándose en el resto de la prueba a adoptar postura de ajenidad a la operación bancaria de descuento, al manifestar su desconocimiento de la misma.
No se puede ignorar la cambial de referencia, al estar asistida de la fe pública mercantil que otorga adveración a su libramiento y acepto por la intervención de Agente de Cambio y Bolsa, así como que también aparece dicha intervención fedataria en el documento bancario que acredita el movimiento de la cuenta corriente de los aceptantes, lo que corrobora el negocio llevado a cabo de descuento, estableciéndose de esta manera una presunción de legitimidad, con autenticidad oficial y eficacia respecto a los referidos documentos, a los que alcanza consideración de públicos ( arts. 93 y 88 del Código de Comercio en relación al 1.216 y 1.218 del Código Civil y 597 de la Ley Procesal Civil ), alegados como infringidos por error de derecho en el motivo 3.°
Se trata, en consecuencia, de la concurrencia de estado presuntivo, apoyado en hechos debidamente acreditados, que no han sido destruidos por prueba en contrario ( arts. 1.249 y 1.253 del Código Civil , que se aportan en el motivo 4.°), con lo que la fuerza probatoria de dicha documental se impone y no procede ser desconocida y menos marginada por los juzgadores, como ocurre en este caso.
Tal situación se mantiene permanencial y dotada de los efectos obligacionales derivados del contrato de descuento bancario efectivamente concertado, por lo cual, al producirse el impago de la letra, como efectivamente sucedió, el Banco que recurre recobró todos sus derechos para ser reintegrado de la cantidad que, en la consideración de crédito no vencido, ciertamente anticipó a la recurrida, la que contó con la libre disponibilidad de la misma, y con independencia de que la destinara a provecho propio, toda vez que ordenó fuera ingresada en la cuenta que en el Banco mantenían abierta su yerno e hija, los que sí dispusieron de la misma, hasta el punto de desembocar en el saldo negativo que arroja el extracto de su cuenta que obra en el pleito.
El contrato de descuento financiero opera con autonomía, al tratarse de un negocio sui generis, conforme reiterada doctrina jurisprudencial y su peculiaridad viene determinada porque se da estado de provisionalidad que alcanza a ser definitivo, extinguiendo el contrato, cuando la cambial que lo integra ocasiona efectivo pago por el obligado en la misma. En los supuestos de fracaso en el cobro, el negocio opera en el sentido de que el Banco descontante, que ingresó la letra y adquirió el crédito que aquella expresa para gestionar su abono del obligado cambiado (cesión pro solvendo), puede recuperar el importe total de dinero anticipado, para lo que procede la acción declarativa ordinaria, que es la que se ejercita en el pleito, ya que no utilizó la vía de regreso, que suponía endoso de la letra, ni la cambiaría ejecutiva frente a los libradores-aceptantes ( Sentencias de 22 de noviembre de 1992, 25 de marzo y 24 de septiembre de 1993 ), con lo que se determina que, al permanecer vigente la deuda que contrajo la recurrida /
como cliente descontataria, la misma resulta incumplidora del contrato de descuento relacionante, que resultó debidamente perfeccionado, es decir la obligación contractual de restitución que le correspondía, pues se trata de un negocio con los efectos establecidos en los arts. 1.254, 1.255, 1.258, en relación al 1.278, todos ellos del Código Civil , cuya infracción por violación se denuncia en el motivo 5.° y resulta procedente, conduciendo la decisión casacional a la acogida del recurso, para proceder a la estimación íntegra de la demanda que planteó el "Banco Pastor, S. A.», al corresponder a esta Sala 1ª resolución del pleito, dentro de los términos en los que aparece planteado el debate ( art. 1.715.3.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Al ser procedente el recurso, en materia de costas ha de atenerse respecto a las de primera instancia a lo dispuesto en el art. 523 de la Ley Procesal Civil y con referencia a las de esta casación a su precepto 1.715.4.°, que decreta que cada litigante pague las suyas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Declaramos que procede haber lugar, y lo estimamos, al recurso que formalizó el "Banco Pastor, S. A.», contra la Sentencia de fecha 17 de junio de 1991, que pronunció la Audiencia Provincial de Madrid en las actuaciones procedimentales de referencia, la que casamos y anulamos, con revocación de la que dictó el 28 de noviembre de 1989 el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de los de Madrid y decretamos la procedencia de la demanda que planteó la referida entidad "Banco Pastor, S. A.», por todo lo cual pronunciamos y declaramos: Que la demandada doña Nuria es deudora a dicha parte actora de la cantidad principal de cuatro millones quinientas mil pesetas, (4.500.000 ptas.), por lo que la condenamos a que proceda a su pago más los intereses de demora desde la presente resolución, asó como al abono de las costas de primera instancia y sin declaración expresa respecto a las devengadas en el recurso de apelación y en este de casación.
Comuníquese esta resolución, mediante la correspondiente certificación a expresada Audiencia y devuélvanse autos y rollo remitidos en su día.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso Villagómez Rodil.- Eduardo Fernández Cid de Temes.-José Almagro Nosete.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo Sr don Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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