STS, 29 de Marzo de 1995
| Ponente | JOSE LUIS MARTIN HERRERO |
| ECLI | ES:TS:1995:10012 |
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.509.-Sentencia de 29 de marzo de 1995
PONENTE: Excmo. Sr. don José Luis Martín Herrero.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Tributos. Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales. Comprobación de valores.
NORMAS APLICADAS: Art. 52 de la Ley General Tributaria .
DOCTRINA: Reitera el 1.234/1995.
En la villa de Madrid, a veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto ante esta Sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el recurso de apelación núm.
9.361/1991, interpuesto por el Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, contra Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 14 de mayo de 1991 en materia de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Antecedentes de hecho
En virtud de escritura pública de fecha 9 de junio de 1986, obrante en documento público núm. 995/1986 suscrito en Sevilla, se hace constar que don Juan A. Robina Domínguez en nombre de doña Lina , doña Erica , doña Begoña , doña Silvia , doña Virginia , don Luis Angel y don Eugenio y de don Jose Enrique , don Eloy , don Jose Miguel , don Emilio y doña Victoria , vende a doña Valentina la finca nave industrial, letra B, hoy señalada con el núm. NUM000 en el Polígono Industrial El DIRECCION000 , parcela NUM001 de la ciudad de Sevilla, constando en dicho documento que el precio de la venta a doña Valentina
, representada por su esposo don Eduardo es de 6.000.000 de ptas. de los cuales la parte vendedora declara haber recibido 1.000.000 de ptas y el resto, o sea los 5.000.000 serán satisfechos, y un 1.000.000 cada uno de los días 9 de los meses de junio de los años 1987, 1988, 1989, 1990y 1991.
El adquirente formuló autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales consignando la base liquidable de 6.000.000 de ptas. en razón del cual ingresó la cuota tributaria correspondiente de 360.000 ptas.
Por la Oficina Liquidadora del Impuesto se gira liquidación complementaria mediante comprobación administrativa de valores en la que se hace constar que el valor apreciado es de 9.720.000 ptas.
Contra dicha liquidación el sujeto pasivo promueve reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Sevilla que por Acuerdo de 14 de abril de 1989 dicta resolución en la que se declara: «Estimar la reclamación interpuesta y, en su consecuencia, anular el expediente de comprobación de valores, debiéndose determinar como valor real del bien transmitido, el establecido a efectos del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, a no ser que el valor declarado sea superior, en cuyo caso prevalecerá éste sobre aquél.»
Contra tal resolución del Tribunal Económico-Administrativo se interpone recursojurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que, en Sentencia de fecha 14 de mayo de 1991 contiene la siguiente parte dispositiva: «Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra la resolución ya referenciada en el encabezamiento de esta sentencia. Sin costas.»
Contra la referida sentencia se interpone el presente recurso de apelación donde las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron sus correspondientes escritos de alegaciones, quedando conclusos los autos para deliberación y fallo de la Sala, acto que tuvo lugar el día 28 del corriente mes de marzo, fecha en la que tuvo lugar dicha actuación procesal.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José Luis Martín Herrero.
Fundamentos de Derecho
Habida cuenta de que a lo largo de estas actuaciones se han producido notorias confusiones y errores acerca del régimen legal y la doctrina aplicable al caso debatido conviene comenzar esclareciéndolos.
En primer lugar, la Sentencia de esta Sala de 10 de marzo de 1986 (dictada en un recurso extraordinario de apelación en interés de Ley y, por tanto, con el efecto de fijar la doctrina legal -art. 100 apartado 4.° de la Ley Jurisdiccional, en redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril - ) dejó establecido que la Ley y el Reglamento del Impuesto determinan con absoluta claridad que la fijación del valor real de un bien transmitido, a efectos de la determinación de la base, se llevará a efecto aplicando las reglas establecidas al efecto en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, aclarándose que las referencias que se hacen a este impuesto se entenderán hechas al Impuesto sobre el Patrimonio, hasta tanto aquella figura, impositiva entre en vigor, de lo que se infiere, que cuando se haya efectuado la fijación del valor real por el obligado al pago del Impuesto, aplicando correctamente las reglas establecidas para ello en la antes aludida Ley, resulta evidente que la Administración debe aceptar tal fijación de valor real y por ello cuando se establece la posibilidad de comprobación del valor real por la Administración, lo hace solamente en el caso de que dicho valor real no se hubiere obtenido aplicando las reglas contenidas, por lo que a la transmisión de bienes se refiere, en el art. 10, y en su consecuencia si se hubiere fijado el valor real de acuerdo con las referidas normas, no puede ya la Administración acudir a otro medio de comprobación de los establecidos en el art. 52 de la Ley General Tributaria .
Una primera aclaración consiste en que la interdicción de la comprobación de valores se predica cuando el valor real fijado al bien transmitido se hubiere llevado a efecto aplicando las reglas establecidas al efecto para el Impuesto Extraordinario del Patrimonio, lo que no siempre ni obligatoriamente es coincidente con el valor catastral; y de otra parte el hecho de que el adquirente no sea sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio no empece a que lo fuera el transmíteme o a que, en todo caso, aquel valor pudiera fijarse con arreglo a las mencionadas normas.
Consecuencia y desarrollo de la anterior doctrina es la que contiene la Sentencia de 21 de junio de 1988 y otras muchas posteriores donde se establece que cuando el sujeto pasivo se separa de aquéllas reglas de valoración del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y asigna un valor distinto, (superior o inferior) a la transmisión, aquélla interdicción de la facultad de comprobar por la Administración desaparece, siendo lícito hacerlo siempre que se cumplan las restantes normas legales.
Naturalmente, este régimen subsistió hasta que la disposición adicional segunda de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de 18 de diciembre de 1987, modificó el art. 10.1 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 30 de diciembre de 1980.
La primera consecuencia que ha de extraerse de todo lo anterior es que el sujeto pasivo no fijó el valor de los bienes transmitidos (en 6.000.000 de pesetas) con sujeción a las reglas para determinar su valor en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, ni siquiera atendiendo a su valor catastral de donde la Administración podía practicar la comprobación de valores correspondientes.
Ahora bien, también es reiterada y constante la doctrina de esta Sala (de la que es exponente su Sentencia de 24 de febrero de 1994 y las que en ella se citan) que las valoraciones practicadas por la Administración (además de ser emitidas por funcionario idóneo para ello) deben ser fundadas, lo que equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta paradeterminar el valor a que se refieren, pues en otro caso se produce una situación de indefensión para el sujeto pasivo que carece de medios para combatirlas (Sentencias de 2 de marzo, 3 y 26 de mayo de 1989; 2 y 20 de enero de 1990 y 18 de marzo de 1991, etc..) siendo éste y no otro el mandato que contiene el art. 121.2 de la Ley General Tributaria cuando establece que «el aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven».
Desde el momento que la valoración efectuada por la Oficina Liquidadora del Impuesto (a que anteriormente se ha hecho referencia) no consta que exprese tales criterios, elementos o datos tenidos en consideración para llegar a la cifra de 9.720.000 ptas. de valor comprobado, frente a los 6.000.000 de ptas. declarados por el adquirente es evidente que tal comprobación de valores no se ajusta a Derecho y debe ser anulada.
Con arreglo a lo que disponen los arts. 131 y concordantes de la Ley Reguladora de este orden jurisdiccional no ha lugar a hacer declaración en cuanto al pago de las costas en ninguna de las instancias.
Por lo expuesto, en nombre del Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución .
1.º Estimar el recuso de apelación promovido contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en fecha 14 de mayo de 1991 , que se revoca en lo que al apelante concierne. 2.º Declarar el derecho de la Administración a la comprobación administrativa de valores respecto de los bienes a que la apelación se refiere, anulando en este punto la resolución dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Sevilla de fecha 14 de abril de 1989. 3.° Anular la comprobación administrativa de valores practicada por la Oficina Liquidadora en cuanto a los bienes adquiridos por doña Valentina en escritura de compraventa otorgada por don Luis Angel a favor del citado, para que en su caso, se practique otra ajustada a Derecho.
4.° No hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas en ninguna de las instancias.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José María Ruiz Jarabo Ferrán. Emilio Pujalte Clariana. José Luis Martín Herrero. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don José Luis Martín Herrero, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.
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STSJ Comunidad de Madrid 536/2013, 10 de Julio de 2013
...25-2-1993 y 8-6-1998 ), lo que no implica, naturalmente, que en todo caso se conceda lo solicitado por quien demanda ( SSTS de 14-6-1994, 29-3-1995, 4-7-1995, 22-1-1996 y 21-9-1999, entre otras), pudiendo apreciarse que la sentencia, tras señalar que el demandante tenía un salario fijo anua......