STS, 15 de Marzo de 1995
| Ponente | JOSE MARIA RUIZ JARABO FERRAN |
| ECLI | ES:TS:1995:9869 |
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.229.-Sentencia de 15 de marzo de 1995
PONENTE: Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Tributos. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Comprobación de valores. Límites.
NORMAS APLICADAS: Art. 52 de la Ley General Tributaria .
DOCTRINA: Reitera el 1.234/1995.
En la villa de Madrid, a quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto ante esta Sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el recurso de apelación núm.
8.451/1991, interpuesto por el Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 26 de abril de 1991 , en materia de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Antecedentes de hecho
En virtud de escritura pública de fecha 12 de marzo de 1987, obrante en documento público núm. 225, suscrito en Alcalá del Río (Sevilla), se hace constar que doña Raquel vende a don Pedro Francisco el pleno dominio de la finca descrita "Suerte al sitio Cuarto del Arroyo", en el término de Alcalá del Río de 4 hectáreas, 27 áreas y 5 centiáreas, y "Suerte al sitio de Gamonal y conocida por DIRECCION001 ", en el mismo término. También dicha compraventa comprende el pleno dominio de la finca nueva formada por segregación que comprende la suerte de tierra en Alcalá del Río al sitio Cuarto del Arroyo y conocida por DIRECCION000 , constando en dicho documento que el precio de la venta es de 3.004.463 ptas. que la parte vendedora declara haber recibido.
Dichos inmuebles tienen asignado un valor a efectos del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, en 3.004.463 ptas., desglosadas del siguiente modo: 1. Cuarto del Arroyo, 533.813 ptas. 2. El Garrotal,
2.202.125 ptas., en lo que respecta a la compraventa; Suerte de tierra al sitio de Cuarto del Arroyo por importe de 277.525 ptas., en lo que respecta a la segregación y compraventa.
El adquirente formuló autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales consignando la base liquidable de 267.525 ptas., en lo que respecta a la segregación, en razón del cual ingresó la cuota tributaria correspondiente de 1.338 ptas.
Por la Oficina Liquidadora del Impuesto se gira liquidación complementaria mediante comprobación administrativa de valores en la que se hace constar que el valor apreciado es de 8.296.600 ptas., desglosadas del siguiente modo: 1. Cuarto del Arroyo. 1.708.200 ptas. 2. El Garrotal, 5.875.000 ptas., en lo que respecta a la compraventa; Suerte de tierra al sitio de Cuarto del Arroyo por importe de 713.400 ptas.. en lo que respecta a segregación y compraventa.
Contra dicha liquidación el sujeto pasivo promueve reclamación económico-administrativasante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Sevilla que por Acuerdo de 12 de mayo de 1989 dicta resolución en la que se declara: "Estimar la reclamación interpuesta y, en su consecuencia, anular el expediente de comprobación de valores, debiéndose determinar como valor real del bien transmitido, el establecido a efectos del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, a no ser que el valor declarado sea superior, en cuyo caso prevalecerá éste sobre aquél."
Contra tal resolución del Tribunal Económico-Administrativo se interpone recurso jurisdiccional ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, que, en Sentencia de fecha 26 de abril de 1991 , contiene la siguiente parte dispositiva: "Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra la resolución ya referenciada en el encabezamiento de esta sentencia. Sin costas."
Contra la referida sentencia se interpone el presente recurso de apelación donde las partes se instruyeron de todo lo actuado y presentaron sus correspondientes escritos de alegaciones, quedando conclusos los autos para deliberación y fallo de la Sala, acto que tuvo lugar el día 14 del corriente mes de marzo, fecha en la que tuvo lugar dicha actuación procesal.
Siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán.
Fundamentos de Derecho
Habida cuenta de que a lo largo de estas actuaciones se han producido notorias confusiones y errores acerca del régimen legal y la doctrina aplicable al caso debatido conviene comenzar esclareciéndolos.
En primer lugar, la Sentencia de esta Sala de 10 de marzo de 1986 (dictada en un recurso extraordinario de apelación en interés de Ley y, por tanto, con el efecto de fijar la doctrina legal -art. 100, apartado 4.°, de la Ley Jurisdiccional, en redacción anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril -) dejó establecido que la Ley y el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales determinan con absoluta claridad que la fijación del valor real de un bien transmitido, a efectos de la determinación de la base, se llevará a efecto aplicando las reglas establecidas al efecto en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, aclarándose que las referencias que se hacen a este impuesto se entenderán hechas al Impuesto sobre el Patrimonio, hasta tanto aquella figura impositiva entre en vigor, de lo que se infiere, que cuando se haya efectuado la fijación del valor real por el obligado al pago del Impuesto, aplicando correctamente las reglas establecidas para ello en la antes aludida Ley, resulta evidente que la Administración debe aceptar tal fijación de valor real y por ello, cuando se establece la posibilidad de comprobación del valor real por la Administración, lo hace solamente en el caso de que dicho valor real no se hubiere obtenido aplicando las reglas contenidas, por lo que a la transmisión de bienes se refiere, en el art. 10, y en su consecuencia si se hubiere fijado el valor real de acuerdo con las referidas normas, no puede ya la Administración acudir a otro medio de comprobación de los establecidos en el art. 52 de la Ley General Tributaria. Una primera aclaración consiste en que la interdicción de la comprobación de valores se predica cuando el valor real fijado al bien transmitido se hubiere llevado a efecto aplicando las reglas establecidas al efecto para el Impuesto Extraordinario del Patrimonio, lo que no siempre ni obligatoriamente es coincidente con el valor catastral; y de otra parte, el hecho de que el adquirente no sea sujeto pasivo del Impuesto sobre el Patrimonio no empece a que lo fuera el transmitente o a que, en todo caso, aquel valor pudiera fijarse con arreglo a las mencionadas normas.
Consecuencia y desarrollo de la anterior doctrina es la que contiene la Sentencia de 21 de junio de 1988 y otras muchas posteriores, donde se establece que cuando el sujeto pasivo se separa de aquellas reglas de valoración del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y asigna un valor distinto (superior o inferior) a la transmisión, aquella interdicción de la facultad de comprobar por la Administración desaparece, siendo lícito hacerlo siempre que se cumplan las restantes normas legales.
Naturalmente, este régimen subsistió hasta que la disposición adicional secunda de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de 18 de diciembre de 1987 modificó el art. 10.1 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 30 de diciembre de 1980.
La primera consecuencia que ha de extraerse de todo lo anterior es que el sujeto pasivo no fijó el valor de los bienes transmitidos (3.004.463 ptas.) con sujeción a las reglas para determinar su valor en el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, ni siquiera atendiendo a su valor catastral, de donde laAdministración podía practicarla comprobación de valores correspondientes.
Ahora bien, también es reiterada y constante la doctrina de esta Sala (de la que es exponente su Sentencia de 24 de febrero de 1994 y las que en ella se citan) que las valoraciones practicadas por la Administración (además de ser emitidas por funcionario idóneo para ello), deben ser fundadas, lo que equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta para determinar el valor a que se refieren, pues en otro caso se produce una situación de indefensión para el sujeto pasivo que carece de medios para combatirlas (Sentencias de 2 de marzo, 3 y 26 de mayo de 1989; 2 y 20 de enero de 1990; 18 de marzo de 1991, etc.), siendo éste y no otro el mandato que contiene el art. 121.2 de la Ley General Tributaria cuando establece que "el aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motive".
Desde el momento que la valoración efectuada por la Oficina Liquidadora del Impuesto (a que anteriormente se ha hecho referencia), no consta que exprese tales criterios, elementos o datos tenidos en consideración para llegar a la cifra de 8.296.600 ptas de valor comprobado, frente a los 3.004.463 ptas declarados por el adquirente, es evidente que tal comprobación de valores no se ajusta a Derecho y debe ser anulada.
Con arreglo a lo que disponen los arts. 131 y concordantes de la Ley reguladora de este orden jurisdiccional, no ha lugar a hacer declaración en cuanto al pago de las costas en ninguna de las instancias.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución.
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Estimar el recurso de apelación promovido contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en fecha 26 de abril de 1991, que se revoca en lo que al apelante concierne. 2.° Declarar el derecho de la Administración a la comprobación administrativa de valores respecto de los bienes a que la apelación se refiere, anulando en este punto la resolución dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Sevilla, de fecha 12 de mayo de 1989. 3.º Anular la comprobación administrativa de valores practicada por la Oficina Liquidadora en cuanto a los bienes adquiridos por don Pedro Francisco en escritura de compraventa otorgada por doña Raquel , a favor del citado, para que en su caso, se practique otra ajustada a Derecho. 4.° No hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas en ninguna de las instancias.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José María Ruiz Jarabo Ferrán. Emilio Pujalte Clariana. Jaime Rouanet Moscardó. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán, estando constituida la Sala en audiencia pública, de lo que, como Secretario de la misma, certifico.
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SAP Santa Cruz de Tenerife 512/2002, 4 de Noviembre de 2002
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