STS, 6 de Marzo de 1995
| Ponente | ELADIO ESCUSOL BARRA |
| ECLI | ES:TS:1995:9370 |
| Fecha de Resolución | 6 de Marzo de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 1.102.-Sentencia de 6 de marzo de 1995
PONENTE: Excmo. Sr don Eladio Escusol Barra.
PROCEDIMIENTO: Casación.
MATERIA: Educación. Títulos. Inscripción en el Registro Público. Auditores. Interpretación finalista
de la Ley. Prueba.
DOCTRINA: Reitera la 592/1995.
En la villa de Madrid, a seis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sección Tercera de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, el recurso de casación núm. 3.220/1994, interpuesto por don Jose María , representado por la Procuradora doña Isabel Fernández-Criado Bedoya, contra la Sentencia núm. 768 de fecha 8 de septiembre de 1993, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena), con sede en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso núm. 2.105/1991 .
Es parte recurrida la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado.
Antecedentes de hecho
Don Jose María , interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ministerio de Economía y Hacienda, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas de fecha 27 de julio de 1989 ("Boletín Oficial del Estado" de 8 de septiembre de 1989). Seguido el proceso por sus trámites fue desestimada la demanda por Sentencia de fecha 9 de septiembre de 1993, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
1.° Contra dicha sentencia, preparó recurso de casación la representación procesal de don Jose María .
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena), con sede en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante providencia de fecha 1 de marzo de 1994, tuvo por preparado, en tiempo y forma, el recurso de casación y ordenó emplazar a las partes.
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Habiendo dicho debidamente emplazadas las partes, el recurrente compareció, en tiempo y forma, ante esta Sala y formalizó, por escrito, su recurso de casación, solicitando que se case la sentencia recurrida y se declare el derecho del recurrente a que se reciba a prueba el procedimiento en la instancia, tras la declaración de nulidad de actuaciones y de reponer el procedimiento a su momento, o, subsidiariamente, que se declare el derecho del recurrente a ser inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y a la indemnización de daños y perjuicios.
1.º Por providencia de fecha 7 de julio de 1994, se acordó admitir a trámite el recurso decasación interpuesto, y se dispuso que se entregara copia del escrito de interposición al Abogado del Estado, para que, en el plazo de treinta días, formalizara su escrito de oposición.
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La representación procesal de la Administración General del Estado, formuló su escrito de oposición con fecha 26 de septiembre de 1994, y solicitó lo siguiente: La confirmación de la sentencia recurrida, con imposición de las costas al recurrente.
Se señaló el presente recurso de casación para deliberación, votación y fallo el día 24 de febrero de 1995, en que tuvieron lugar dichos actos procesales.
Visto, siendo Ponente el Excmo. Sr don Eladio Escusol Barra.
Fundamentos de Derecho
La sentencia recurrida establece lo siguiente:
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Que el recurrente en casación solicitó su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley 19/1988, el día 11 de octubre de 1988 . El recurrente acompañó junto con su título de Profesor Mercantil, otros documentos que, ajuicio de aquél, eran suficiente acreditación para la Administración accediera a sus peticiones.
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Abordando el problema de si el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la sentencia recurrida valoró la documentación aportada por el interesado y concluyó:
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Que en lo referente a la formación teórica, el recurrente no ha justificado el seguimiento de programas de enseñanza exigidos por la VIII Directiva, sin que quepa confundir los conocimientos teóricos exigidos, con los conocimientos que la titulación presentada ampare.
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Que por lo que respecta a la formación práctica, durante un período mínimo de un año, el recurrente no ha acreditado documentalmente la realización de trabajos de auditoría.
Por el motivo 1.° de casación, articulado al amparo del art. 95.1.4° de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la vulneración de la disposición transitoria primera de la Ley 19/1988 . Mediante este motivo
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, la representación procesal del recurrente explica que la articulación de este motivo lo es porque la sentencia recurrida mantiene los criterios valorativos de la Administración, por lo que, a su juicio, el Tribunal de instancia interpretó incorrectamente dicha disposición transitoria, al no respetar el sentido literal de las palabras de la misma.
Dos son las cuestiones que plantea este motivo 2.° de casación: La cuestión de interpretación de la disposición transitoria primera de la Ley 19/1988 , y la cuestión de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia. Estas dos cuestiones merecen las siguientes consideraciones:
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La interpretación de la Ley comporta la determinación del mandato o mandatos contenidos en la misma: Sólo con esa determinación se puede llegar a saber el sentido jurídico de la norma y su alcance. Quiere ello decir que el procedimiento interpretativo, partiendo del tenor literal de la norma a interpretar, va destinado a precisar cuál es el espíritu de la Ley. La representación procesal de los recurrentes, con cita del art. 3.°1 del Ce , consigna que en orden a la experiencia práctica como requisito para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el último inciso de la disposición transitoria primera , punto 2, de la Ley 19/1988 (que concreta así: "Los trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, referidos especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas y estados financieros análogos"), no necesita interpretación alguna; añade dicha representación que cualquier otro elemento delimitador, como auditoría externa independiente, etc. -dice- modifica el alcance de la norma y constituye una invasión del ámbito competencial de la Asamblea Legislativa. No pueden aceptarse tales argumentos, dado que toda norma, por clara que sea, debe ser interpretada, pese al aforismo in claris non fit interpretatio, al que, subjetivamente en este caso, se aferra la representación de los recurrentes.
La interpretación de la disposición transitoria primera de la Ley 19/1988 , ha de hacerse teniendo en cuenta los fines de esa norma, que es acorde con el Derecho Comunitario. Esta Sala ha tenido ocasión de interpretar finalísticamente dicha norma transitoria, así:
"En cuanto a la formación práctica, la disposición transitoria primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio , se refiere a "trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, referidos especialmente a cuentasanuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos". Aunque a simple vista pudiera parecer que cualquier trabajo en el ámbito financiero y contable de cuentas anuales, cuentas consolidadas u otros estados tinancieros análogos, habilita para la formación práctica requerida, es lo cierto que la habilitación sólo puede originarse en la actividad específica a que se refiere el art. 1.° de la Ley , es decir, la consistente en la revisión y verificación de documentos contables para la emisión de un informe, pues es ésta y no otra (por muy relacionada que esté con aquélla), la actividad a que se refiere tanto la Ley (art. 1.º), como la Directiva Comunitaria intronizada por ella [ art. 1.º, a) y b) y 5.° de la Directiva 84/253/CEE ]. Así se deduce también, 1.º de la propia naturaleza de la disposición transitoria primera (que, como todas las de su clase, ampara a quienes, aún faltándoles algún requisito de los nuevos establecidos por la norma, venía ejerciendo la actividad regulada por ésta y no otra actividad); 2.° del núm. 4 de la citada disposición transitoria, que faculta para realizar los trabajos de auditorías de cuentas, hasta tanto el ICAC resolviera las solicitudes, "a aquellas personas o entidades que los vinieran haciendo" (es decir, que vinieran auditando cuentas, y no realizando cualquier otra actividad contable o financiera en materia de cuentas); 3.º de la disposición adicional decimotercera de la posterior Ley 4/1990, de 29 de junio , que al regular el problema de los no titulados, les exigió una formación práctica en trabajos referidos al "control" de cuentas; al traer a colación esta Ley 4/1990 , no hacemos una aplicación retroactiva de la misma, sino que la tomamos sólo como exponente posterior que revela cuál era ya, de antes, la voluntad del legislador; y 4.º y finalmente, del posterior reglamento de 20 de diciembre de 1990 (1.636), que en su art. 25 define la formación práctica como "control" de cuentas, el Gobierno publicó esta norma con base en la autorización que le conedió la disposición final tercera de la Ley 19/1988, y al redactar el art. 25 , no hizo sino realizar una precisión absolutamente necesaria para que el desarrollo normativo fuera acorde con la propia finalidad de la Ley que, repetimos, era regular la auditoría de cuentas y no cualquier otra actividad en materia contable. Y además, no cualquier auditoría de cuentas, sino la externa e independiente, es decir, la realizada sobre entidades distintas de la propia, como lo pone de manifiesto la exigencia de independencia que consagra el art. 8.°1 de la Ley 19/1988 , y al propio preámbulo de la Directiva 84/253/CEE , en su considerando 3.°» ( Sentencias del TS 11 de noviembre de 1993, [apel. 3.809/1992] y 12 de noviembre de 1993 [apel.
6.700/1992 ]).
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En orden a la cuestión de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia, es tarea importante que compete a dicho Tribunal. En el ámbito del Derecho Administrativo, debe tenerse en cuenta el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa y que el objeto de la prueba son hechos de los que nacen determinados efectos que tienen incidencia en la resolución de lo planteado en el proceso. Debe tenerse en cuenta -y así ocurrió en el presente caso- que los hoy recurrentes aportaron en vía administrativa prueba documental respecto de su formación teórica y práctica y tal prueba la consideró suficiente acreditación para lo que pretendían: Su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
El Tribunal a quo, obtuvo su convicción para dictar sentencia una vez que valoró conjunta y ponderadamente toda la prueba practicada en el expediente. Por ello, la sentencia recurrida puntualizó que en relación a la forma, el recurrente no ha justificado el seguimiento de programas de enseñanza exigidos por la VIII Directiva, sin que quepa confundir los conocimientos teóricos exigidos con los conocimientos que la titulación prsentada ampare, y que, por lo que a la formación práctica se refiere, el recurrente no ha acreditado documentalmente la realización de trabajos de auditoría. La convicción del Tribunal a quo, tras la valoración de la prueba, no puede ser admitida en casación.
Por el motivo 2.º de casación, articulado al amparo del art. 95.1.4.º de la LJ, se denuncia la vulneración del art. 14 de la Constitución . A este motivo, el Abogado del Estado, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional, opone que no se ha aportado un término de comparación válido.
El principio de igualdad ante la Ley, otorga a los ciudadanos un derecho subjetivo consistente en tener un trato igual al dado a otros ciudadanos ante supuestos de hecho idénticos o ante situaciones jurídicas sustancialmente iguales: Y es que la Constitución prohibe toda discriminación o desigualdad de trato que, desde la perspectiva de la norma aplicada, carezca de justificación objetiva y razonable. Pero para juzgar este punto, es necesario un término de comparación válido, ofrecido por quien alega la diferencia de trato: Tal término de comparación no ha sido ofrecido por lo que procede la desestimación del motivo 2.°de casación articulado.
Por el 3.º y último motivo de casación, articulado al amparo del art. 95.1.3.º de la LJ , se denuncia la vulneración del art. 74.3 de la LJ y el art. 24 de la Constitución , alegando que al no haberse recibido en la instancia el proceso a prueba, se produjo indefensión a los recurrentes. Veamos:
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El Tribunal de instancia, por Auto de fecha 12 de junio de 1992, valoró la petición de recibimiento a prueba del proceso y razonadamente acordó no ser necesario el recibimiento a prueba, sin perjuicio, en su caso, de acordar, para mejor proveer, alguna prueba de considerarlo procedente. Tal resolución del Tribunala quo, fue notificada a la representación de los recurrentes, y fue recurrida en súplica, cuyo recurso fue desestimado por Auto de fecha 22 de julio de 1992; y la representación del actor hizo referencia en el escrito de conclusiones, a la posibilidad de la Sala de instancia de hacer uso de la facultad de acordar la práctica de pruebas para mejor proveer.
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El Tribunal a quo, no hizo uso de la facultad que le concede el art. 75.2 de la Ley Jurisdiccional , siendo de consignar que, como puntualizó la Sentencia del TS de 13 de marzo de 1990 (art. 1.961), dicho artículo no confiere a las partes derecho procesal alguno, ni condiciona la decisión del Tribunal en orden a estimar pertinente su proveído. En el presente caso, el no haber hecho el Tribunal de instancia uso de dicha facultad, es expresión de que el Tribunal disponía de todos los elementos indispensables para dictar sentencia.
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El art. 24.1 de la Constitución , reconoce el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos eintereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho reconocido en el art. 24.1 de la Constitución es el derecho de acceso al proceso, para someter a la jurisdicción cualquier cuestión objeto de litigio. El derecho a la jurisdicción es un derecho público subjetivo, tanto para ejercitar acciones y formular pretensiones, como para oponerse a ellas. El derecho público subjetivo a la jurisdicción no significa tener derecho a obtener una resolución favorable, sino el derecho a obtener una decisión fundada. Pues bien, deliberado el punto ahora cuestionado, la Sala no aprecia que por los autos referidos del Tribunal de instancia de fechas 12 de junio y 22 de julio de 1992, se haya producido indefensión al recurrente, teniendo en cuenta todo lo que se ha razonado en esta sentencia.
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Queda desestimado el 3.° y último motivo de casación.
Los anteriores razonamientos, conducen a la desestimación de todos los motivos articulados en el presente recurso de casación.
Dado que no procede estimar los motivos articulados en el presente recurso de casación, debemos imponer las costas de este recurso al recurrente, por imperio de lo dispuesto en el art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que, declarando que no ha lugar al recurso de casación, debemos desestimar y desestimamos todos los motivos de casación articulados por la representación procesal de don Jose María , contra la Sentencia núm. 768, de fecha 8 de septiembre de 1993, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena), con sede en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 2.105/1991 . Condenamos al recurrente don Jose María , al pago de las costas de este recurso de casación.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Carmelo Madrigal García. Eladio Escusol Barra. Pedro José Yagüe Gil. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Eladio Escusol Barra, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que, como Secretaria, certifico. Palencia Guerra. Rubricados
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SAP Burgos 372/2013, 10 de Septiembre de 2013
...dentro del plazo legal ( sentencias del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1.988, 8 de octubre de 1.993, 30 de noviembre de 1.994 y 6 de marzo de 1.995 ). Puesto que si la apelación adherida pudiera versar sobre cuestiones distintas de la principal primeramente formulada, el legislador hubie......
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SAP Almería 190/2004, 14 de Octubre de 2004
...esas otras cuestiones apelando a su vez la sentencia dentro del plazo legal ( sentencias del Tribunal Supremo de 7-3-88, 8-10-93, 30-11-94 y 6-3-95 ). Por lo demás y como se anticipo así se infería también del tenor literal del antiguo artículo 795.4 antes citado al establecer que presentad......