STS, 25 de Enero de 1995
| Ponente | JORGE RODRIGUEZ ZAPATA PEREZ |
| ECLI | ES:TS:1995:8806 |
| Fecha de Resolución | 25 de Enero de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 310.-Sentencia de 25 de enero de 1995
PONENTE: Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez Zapata Pérez.
PROCEDIMIENTO: Ordinario. Apelación.
MATERIA: Servicio militar. Prórroga de primera clase. Asistencia familiar.
NORMAS APLICADAS: Real Decreto 611/1986 .
DOCTRINA: Está acreditado que los ingresos del solicitante eran imprescindibles para el
mantenimiento de su madre.
En la villa de Madrid, a veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración del Estado, habiendo comparecido en calidad de parte apelada don Miguel ; promovido contra la Sentencia dictada el 8 de noviembre de 1990 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
, en recurso sobre prórroga de primera clase para el servicio militar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, Magistrado de esta Sala.
Antecedentes de hecho
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia se ha seguido el recurso núm. 838/1989, promovido por la representación de don Miguel y en el que ha sido parte demandada la Administración del Estado (Capitanía General de la Región Militar de Levante), con representación y defensa del Abogado del Estado, sobre declaración de útil para el servicio militar.
Dicho Tribunal dictó Sentencia con fecha 8 de noviembre de 1990, con la siguiente parte dispositiva: «Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminis-trativo interpuesto por don Miguel contra la resolución de la Capitanía General de Valencia, de 4 de julio de 1989, anulamos dicho acuerdo por no ser conforme a Derecho, declarando el derecho del recurrente a que le sea concedida una prórroga de primera clase, pasando así a formar parte del grupo de excluidos temporalmente del contingente anual; sin costa.»
Contra la referida sentencia la parte demandada interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, se elevaron los autos y expediente administrativo ante este Tribunal, con emplazamiento de las partes, que se verificó dentro de término.
La parte apelada compareció ante la Sección Sexta de esta Sala mediante el Letrado don Bernardino Ros Serveró, quien solicitó la designación de Letrado y Procurador de oficio y manifestó que la apelación no había sido debidamente admitida porque, a su entender, la sentencia apelada era en todo conforme a Derecho, procediendo su confirmación. Por providencia de 25 de febrero de 1991 se acordó quese libraran los correspondientes oficios al Colegio de Abogados y al de Procuradores. No estimándose necesaria la celebración de vista, presentó el Abogado del Estado su escrito de alegaciones. Por diligencia de Ordenación de 31 de mayo de 1991 se declaró concluso el recurso, aunque no se habían formulado alegaciones por la parte apelada. Por diligencia de Ordenación de 4 de mayo de 1993 se acordó remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de la Sala Tercera, en cumplimiento de la regla quinta del Acuerdo de 29 de diciembre de 1992, sobre reparto de asuntos en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Por providencia de la referida Sección Cuarta de 7 de noviembre de 1994, se designó nuevo Magistrado Ponente y se acordó señalar para la votación y fallo del recurso el día 24 de enero de 1995, en cuya fecha ha tenido lugar.
Fundamentos de Derecho
La sentencia recurrida ha estimado que el mozo don Miguel cumplía las condiciones exigidas reglamentariamente para la concesión de prórroga de primera clase de incorporación a filas ( arts. 73, a) y 74 del Reglamento aprobado por Real Decreto 611/1986, de 21 de marzo ), al entender probado que con su salario de aprendiz -de 27.030 ptas mensuales- contribuía en un 54 por 100 al mantenimiento de un familiar (su madre divorciada), ascendiendo sus ingresos totales a 378.420 ptas., y siendo los ingresos que percibiría la madre -que sólo esporádicamente trabajaba como camarera de hotel-, en caso de incorporación a filas del hijo, muy inferiores a 622.400 ptas., equivalentes a las 400 unidades de salario mínimo interprofesional establecidas en el caso como límite para tal prórroga.
En la flexibilidad que caracteriza a este orden de jurisdicción es posible -por obvias razones de economía y por una tutela judicial efectiva sin dilaciones innecesarias ( art. 24.2 de la CE )- entrar en el examen de la apelación formulada por el Abogado del Estado, ya que la misma nos debe llevar a la confirmación de la sentencia de la Sala de Murcia, que ha sido favorable a las pretensiones formuladas por el hoy apelado en primera instancia.
Las presunciones ( art. 1.215 del Código Civil ) que nos propone el Sr. Abogado del Estado como medio de prueba, no pueden ser acogidas. La existencia de ingresos familiares adicionales a los declarados no se infiere del pago de 20.000 ptas mensuales de renta, ya que tal indicio no está suficientemente acreditado, en cuanto el recurrente ha probado que la vivienda en que habita con su madre se ocupa en precario como consecuencia de una cesión gratuita. Podemos dar por acreditado el hecho base de que la madre del mozo -doña Laura - es aparentemente joven (consta acreditado que ha nacido en diciembre del año 1943) y parece gozar de buena salud que le permitiría realizar todo tipo de trabajos -como el de camarera- pero de ello no puede deducirse sin más, conforme a las reglas del criterio humano que nos indica el art. 1.253 del Código Civil , que existan otros ingresos familiares ocultos, al ser notorio que el mercado de trabajo en España dista mucho de una situación de pleno empleo, como en el caso lo demuestra que la madre del mozo tenga diploma de auxiliar de clínica con matrícula de honor (documento 4 del ramo de prueba del demandante) pero aporte certificaciones de trabajo como ayudante de camarera (documentos 5, 6 y 7 del mismo ramo de prueba) en un trabajo precario de período de verano. Existe (folio 33 del expediente) una certificación negativa de la Seguridad Social respecto de doña Laura que sí entendemos significativa -en una valoración conjunta de las alegaciones y pruebas existentes en el casopara corroborar la veracidad de las declaraciones del mozo y para, en definitiva, confirmar el criterio de la sentencia apelada, sin que existan circunstancias que justifiquen una expresa imposición de costas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 131.1 déla LJCA .
Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Administración del Estado, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia apelada, dictada el 8 de noviembre de 1990 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Julián García Estartús. Mariano Baena del Alcázar.Jorge Rodríguez Zapata Pérez. Rubricados.
Publicación: La sentencia anterior fue leída y publicada, en audiencia pública, por el Excmo. Sr don Jorge Rodríguez Zapata Pérez, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que, como Secretario, certifico. Antonio Auseré Pérez. Rubricado.
Centro de Documentación Judicial
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SAP Pontevedra, 29 de Mayo de 2002
...preceptiva en todo caso, como precisaron, entre otras, las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 12 de marzo de 1991 y 25 de enero de 1995- devengados desde la fecha de la sentencia de primera instancia, al haber sido ya dicha suma objeto de condena en la resolución de primera ......