STS, 20 de Diciembre de 1995
| Ponente | MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:1995:6554 |
| Número de Recurso | 8912/1991 |
| Fecha de Resolución | 20 de Diciembre de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Visto el recurso de apelación interpuesto por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, representada por la Procuradora Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger, bajo la dirección de Letrado; siendo parte apelada D. Rodolfo , representado por el Procurador D. José Fernandez-Rubio Martinez, bajo la dirección de Letrado; y estando promovido contra la sentencia dictada el 18 de marzo de 1991 por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso sobre reparcelación económica.
Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se ha seguido el recurso nº 322/89, promovido por D. Rodolfo , y en el que ha sido parte demandada la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, sobre reparcelación económica.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 18 de marzo de 199l, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS: Que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de D. Rodolfo contra la resolución de 23 de enero de 1989 de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la propia Gerencia de 7 de diciembre de 1988, que también se impugna, por la que se requiere a la recurrente para que , con carácter previo a la concesión de licencia de edificación, ingrese la cantidad de 1.023.090.- pesetas, en concepto de saldo a cuenta de la liquidación provisional de la reparcelación económica a efectuar correspondiente a la finca sita en la calle DIRECCION000 NUM000 A.U.R. 2, de esta ciudad, debemos anular y anulamos las referidas resoluciones, por no ser conformes a derecho las mismas ni los preceptos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que les sirvieron de fundamento, debiendo ser restituida al recurrente la cantidad abonada por el citado concepto con sus intereses legales computados desde la fecha en que tuvo lugar el ingreso, con imposición de las costas procesales a la Administración demandada."
Contra dicha sentencia la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, se elevaron los autos y expediente administrativo a este Alto Tribunal, con emplazamiento de las partes, habiéndose sustanciado la alzada por sus trámites legales.
Acordado señalar día para el fallo en la presente apelación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 7 de diciembre de 1995, en cuya fecha tuvo lugar.
Se han impugnado en este proceso los acuerdos de la Gerencia Municipal de Urbanismodel Ayuntamiento de Madrid por los que se determinaba el saldo provisional de la cuenta de liquidación de la reparcelación económica correspondiente a la finca litigiosa. Y es claro que tal impugnación implica un recurso indirecto contra el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid perfectamente viable -artículo
39.2 de la Ley Jurisdiccional- por razón de la naturaleza normativa del planeamiento -Sentencias de 7 de febrero y 21 de diciembre de 1987, 22 de enero y 14 de marzo de 1988, 2 de enero y 24 de abril de 1989, etc-.
Los problemas planteados en estos autos han sido reiteradamente resueltos por esta Sala, de suerte que importará recordar el principio de unidad de doctrina que construido por el Tribunal Supremo sobre la base del artículo 102.1.b) de la Ley Jurisdiccional -así Sentencias de 29 de junio y 17 de julio de 1987, 10 de mayo, 9 y 14 de noviembre de 1988, 23 y 27 de junio de 1989, etc.- ha recibido una nueva formulación del Tribunal Constitucional con el fundamento que integra el artículo l4 de la Constitución, que aquí encuentra expresión como derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la Ley - Sentencias 1, l2 y 100 /1988, de 12 de enero, 3 de febrero y 7 de junio, 161/1989, de 16 de 0ctubre, etc.-.
Así las cosas bastará ahora con un breve resúmen de la doctrina sentada por esta Sala en la Sentencia de 21 de diciembre de 1987 dictada en recurso directo contra el Plan General de Ordenación Urbana de Mieres y, ya más concretamente en las Sentencias de 13, 2O y 3O de junio de 1989 y 14 de febrero, 23 de mayo, 12 de junio y 9 de octubre de 199O, pronunciadas precisamente en relación con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que es el que ahora y en la vía indirecta suscita los problemas litigiosos.
La reparcelación económica trazada por el Plan madrileño es desde luego un eficaz sistema para la gestión urbanística del suelo urbano, pero se separa en varios puntos del que prescribe la Ley del Suelo y sobre todo implica la vulneración de dos exigencias fundamentales de nuestro sistema urbanístico que no quedan cubiertas por la remisión al planeamiento -artículo 76 del Texto Refundido-.
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El planeamiento aspira no sólo a una transformación material de la ciudad por cuya virtud un "dibujo" se convierte en realidad sino también a que ello tenga lugar con un reparto equitativo de las cargas y beneficios que de su ordenación derivan, lo que es una exigencia del Texto Refundido de la Ley del Suelo -artículo 83.4- y sobre todo una imposición constitucional - artículo 14-.
Sobre esta base, ocurre que en la reparcelación económica del Plan de Madrid se produce una grave discriminación de propietarios: los que lo son de solares o equivalentes, ahora ya, al edificar, contribuyen económicamente a la adquisición de terrenos destinados a dotaciones, en tanto que los dueños de terrenos edificados, que pueden beneficiarse ya de las dotaciones costeadas por los primeros, no contribuyen ni pagan hasta la fecha indeterminada e incierta -y que puede tardar muchísimos años- de su demolición y posterior reconstrucción, sin que nada pueda garantizar que para entonces subsista el Plan.
Con ello además quiebra el principio de simultaneidad en el reparto de los beneficios y cargas del planeamiento que es consustancial a la ejecución sistematica por polígonos o unidades de actuación e inherente a la reparcelación.
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Las cesiones obligatorias y gratuitas de suelo urbano las fija taxativamente el artículo 83.3.1º del Texto Refundido - artículo 46.2 del Reglamento de Gestión- sin que por tantol sean exigibles otras cesiones para objetivos distintos de los expresados en dichos preceptos -Sentencia de 21 de diciembre de 1987-. Pero con las cesiones aquí contempladas se pretende obtener gratuitamente el suelo de las dotaciones públicas o equipamientos sin precisar si se trata de sistemas generales o si quedan al servicios del polígono o unidad de actuación.
Y en estos términos no cabe imponer el pgo de dinero a cuenta de una reparcelación que tiende a "obtener gratuitamente suelos respecto de los que no es exigible la cesión".
Habiéndolo entendido así la sentencia apelada procedente será la desestimación del recurso de apelación, sin que en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 131.1 de la Ley Jurisdiccional, se aprecie base para formular una expresa imposición de costas.
Vistos los artículos que se citan y los demás de general aplicación.
Que con desestimación del recurso de apelación deducido por la Procuradora Dª Cayetana deZulueta Luchsinger, en nombre y representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de marzo de 1991, dictada en los autos -número 322 de 1989- de los que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la indicada sentencia, sin hacer especial declaración en cuanto a costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo.Sr.D.Mariano de Oro-Pulido y López, Magistrado Ponente en estos autos de lo que como Secretario, certifico.
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SAP A Coruña 622/2012, 28 de Diciembre de 2012
...y término de la posesión y que no se puede exigir la fecha en que se inició el estado posesivo; sin embargo, el Tribunal supremo en sentencia de 20 de diciembre de 1995 dice que tratándose de prescripción extraordinaria se requiere precisar el "dies a quo" porque al hacer el cómputo del pla......
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STSJ Cataluña , 17 de Noviembre de 2000
...otras de la propia Sala. Y asimismo, aquella línea directriz de la jurisprudencia social: entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1995. Y son citables en el mismo sentido, Sentencias casacionales de 21 de diciembre de 1998 (recurso de casación unificadora 722/19......