STS, 21 de Noviembre de 1996
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:1996:6543 |
| Número de Recurso | 90/1992 |
| Fecha de Resolución | 21 de Noviembre de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa y seis.
En el recurso de casación nº 90/92, interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de Visa International Service Association, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 327 dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 236/91, con fecha 30 de Abril de 1992, sobre marca; y habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, y también como parte recurrida Transportes y Servicios Rápidos, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo nº 236/91 antes referido, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de Visa International Service Association, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de Mayo de 1992 al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 23 de Junio de 1992 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 22 de Octubre de 1992 en la cual se hizo constar que habiéndose personado como parte recurrida la Administración General del Estado y Transportes y Servicios Rápidos, S.A., se les entrega copia de la demanda para que en el plazo de 30 días formulen escrito de oposición, lo que realizaron con fecha 10 y 27 de Noviembre de 1992.
Por providencia de la Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de Noviembre de 1996, en que tuvo lugar.
En el presente recurso de casación el recurrente no articula de forma expresa ningún motivo de casación, mas del contenido de su escrito preparando el recurso se deduce que invoca un único motivo de impugnación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción del Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial (RealDecreto Ley 26 de Julio de 1929) y diversas sentencias de esta Sala.
El motivo de casación alegado que por estar procesalmente mal redactado, debió ser rechazado en el trámite previo de inadmisibilidad, no puede prosperar y de antemano anunciamos la desestimación del recurso de casación, dado que la sentencia recurrida interpreta correctamente el Art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso, puesto que existe una variadísima jurisprudencia sobre el tema, y no se puede hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, y en el presente caso, el problema se centra en determinar si pueden convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el Art. 124, números 1, 11 y concordantes del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929. Alega el recurrente, que entre las marcas enfrentadas nº 1.162.838, diseño de perímetro rectangular de tres franjas paralelas entre sí la superior e inferior de color azul y rojo de doble anchura que la central de color blanco, para productos de la clase 16, papel, cartón, productos de imprenta y papelería, etc., y las marcas oponentes nº 607.932, diseño de perímetro rectangular de tres franjas paralelas entre sí, las tres de idéntica anchura de colores azul, blanco y ocre para productos de la clase 16, impresos, formularios, publicaciones, tarjetas de crédito e identidad, etc..., y las nº 884.101 y 885.309, Tarjetas Visa de color azul, blanco y ocre dorado, existe gran similitud gráfica, que incurre en la prohibición del Art. 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial. La alegación del recurrente no puede ser aceptada por la Sala, pues no se trata de productos de la misma clase, son perfectamente diferenciables, y el riesgo de confusión en el mercado entre ellos se desvanece en cuanto que los diseños enfrentados, aunque guardan alguna semejanza entre ellos al tener común 3 bandas paralelas, no obstante presentan notables diferencias de anchura de bandas y colores que eliminan el riesgo de confusión de forma absoluta, pues aparecen gráficamente formas totalmente distintas, siendo por otro lado no reivindicables en exclusiva, las figuras geométricas, y los colores, por su carácter común.
Este Tribunal Supremo, y ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la Ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente. Por otro lado, y en relación a la importancia de la naturaleza de las cosas o servicios que se tratan de distinguir o amparar con los distintivos que componen las marcas, las decisiones jurisprudenciales no han sido absolutamente uniformes, pues en ocasiones, y dado que del artículo 1º del Estatuto se desprende que las marcas y los demás signos que constituyen la propiedad industrial sirven para distinguir de los similares los resultados del trabajo, se ha dado importancia decisiva a la diferenciación de los productos o servicios a distinguir o amparar y en otras ocasiones tal elemento taxonómico o lógico se ha considerado como simple factor complementario del criterio estructural. Y es que en realidad y como hemos afirmado también reiteradamente en múltiples sentencias, ningún criterio tiene un carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto. Todo lo cual conlleva que en esta materia tan casuística de marcas y concretamente a la existencia o no de semejanza entre distintivos capaz de crear confusión en el mercado el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad, pues es difícil que en dos casos distintos concurran las mismas e idénticas circunstancias, que sería el único supuesto del que habría de partir para tratar de acreditar que la decisión del Tribunal a quo ha de reputarse arbitraria o manifiestamente contraria al buen sentido, que como hemos dicho no se produce en el presente caso.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario, no puede el Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas nº 1.162.838, y las oponentes nº 607.932, 889.101 y 885.309, Tarjetas Visa, no incurren en la semejanza gráfica a que se refiere el Art.124-1 del Estatuto, con lo cual no existe el riesgo de confusión entre sus productos, conclusión totalmente correcta ya que no todo parecido entre marcas es suficiente para determinar su incompatibilidad sino solamente aquéllas que puedan ser determinantes de una posible confusión entre ambas marcas, con lo cual no cabe duda que la conclusión a que llega la sentencia de instancia es jurídicamente correcta o al menos constituye una interpretación lógica racional delArt. 124.1 del Estatuto, por lo cual no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos declarados de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente y con ello la desestimación del recurso de casación en cuanto la sentencia recurrida ha interpretado correctamente el Art. 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que el recurrente estima infringido.
Al rechazar el único motivo de impugnación es procedente declarar no haber lugar al presente recurso de casación, lo que conlleva la condena al actor en las costas del mismo, tal como exige el artículo 102-3 de la Ley jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 90/92, interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de Visa International Service Association, contra la sentencia nº 327 de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 30 de Abril de 1992 recaída en el recurso nº 236/91, y condenamos a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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