STS, 17 de Octubre de 1996
| Ponente | EMILIO PUJALTE CLARIANA |
| ECLI | ES:TS:1996:5606 |
| Número de Recurso | 676/1996 |
| Fecha de Resolución | 17 de Octubre de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Octubre de mil novecientos noventa y seis.
Visto ante esta Sección de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 676/94, interpuesto por "Astilleros y Talleres Celaya, S.A.", representado por el Procurador de los Tribunales Don José Manuel de Dorremochea Aramburu, bajo dirección del Letrado Don Eduardo Pérez-Fontán Alvarez, contra la sentencia dictada, en 27 de septiembre de 1993, por la Sección Sexta de la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional, en el recurso núm. 06/0001408/1992, sobre Desgravación Fiscal a la Exportación.
Por "Astilleros y Talleres Celaya, S.A." se interpuso recurso de esta clase y, formalizada la demanda en la que alegó los hechos e invocó los fundamentos de derecho que estimó del caso, pidió sentencia en los siguientes términos: "Que teniendo por presentado este escrito y los documentos adjuntos con sus copias, y por hechas las manifestaciones que contiene, se sirva admitirlo, tener por deducida la demanda del Recurso Contencioso-Administrativo presentado contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central en la que se desestimaba la reclamación efectuada por el recurrente ASTILLEROS Y TALLERES CELAYA, S.A., contra la Resolución de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de fecha 30 de octubre de 1989, expediente Nº 17-372-85, por el concepto de Desgravación Fiscal a la construcción del buque, ascendiendo lo reclamado a un total de 12.903.431,- Ptas. y previos los trámites que la Ley establece, dicte en su día Sentencia en la que se deje sin efecto el Acta Previa Nº 142.327 que nos fue levantada por la Delegación de Hacienda de Vizcaya -Inspección de Aduanas-".
Conferido traslado de aquella a la Abogacía del Estado, evacuó el trámite de contestación pidiendo que "... dicte sentencia por la que se desestime el presente recurso".
En fecha 27 de septiembre de 1993 la Sala de instancia dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de ASTILLEROS Y TALLERES CELAYA, S.A. contra el Acuerdo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central el 12 de mayo de 1992, descrito en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, el cual confirmamos por ser conforme a derecho. Sin efectuar expresa condena al pago de las costas".
Contra dicha sentencia se preparó recurso de casación al amparo del Art. 96 de la Ley reguladora de este orden jurisdiccional, en la redacción que le dio la Ley 10/1992 de 30 de abril, e interpuesto éste compareció como parte recurrida la Abogacía del Estado, que se opuso al mismo pidiendo la confirmación de la sentencia dictada en la instancia; tras de lo cual quedaron los autos pendientes de deliberación y fallo por la Sala, acto que tuvo lugar en el día de ayer, y
Con carácter previo debe ser examinada la posible inadmisibilidad del presente recurso de casación, que postula el Abogado del Estado.
Si bien es verdad que en esta clase de recursos (dirigidos a impugnar sentencias definitivas) no deben pasarse por alto - como viene haciendo esta Sala- las exigencias formales, no lo es menos que ello no puede convertirse en un valladar que impida el acceso al enjuiciamiento casacional cuando los requisitos aparezcan cumplidos, aunque fuere de forma implícita. En el presente caso, es cierto que la recurrente no redacta en su escrito de interposición un explícito "motivo" de casación, al amparo del Art. 95-1-4º de la Ley Jurisdiccional, con cita del precepto que considera infringido; pero no es menos verdad que manifiesta que "Los Motivos de la Casación están fundados en el Apartado 4º del Artículo 95 del Artículo 95 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (según la nueva regulación establecida en el Artículo 7.9 de la Ley 10/92)", y, seguidamente, transcribe el precepto (Art. 10-1-5 del Decreto 389/1977, de 18 de febrero) en torno al cual ensambla su impugnación de la sentencia recurrida.
No procede, por tanto, apreciar la inadmisibilidad del recurso de casación que postula la Abogacía del Estado.
Entrando, pues, a conocer del fondo de la casación que postula "Astilleros y Talleres Celaya, S.A." es evidente que esta Empresa no dio estricto cumplimiento a lo que dispone el Art. 10-1-5 del Decreto 389/1977, de 18 de febrero, en cuanto no justificó, dentro del plazo concedido y su prórroga, el reembolso de las divisas correspondientes a la exportación realizada; mas también es verdad que, de una parte, aunque tardiamente tal reembolso se efectuó y así ha quedado justificado y, de otra, el retardo en producirse obedeció a causas ajenas a la Empresa exportadora (operando, incluso, en contra de sus propios intereses financieros) y debido a complejidades burocráticas surgidas en el país de destino de los bienes exportados.
No se trata, por tanto, de que la Empresa no justificara el reembolso en tiempo hábil, sino de que éste se produjo
una vez transcurrido el plazo para acreditarlo, lo que aconteció por causa de un tercero (que no era ni el exportador español ni el importador saudí) como es la Administración del Reino de Arabia Saudita. Una vez que el reembolso de divisas tuvo lugar, la justificación quedó acreditada; como acreditados también están todos y cada uno de los requisitos para que proceda la Desgravación Fiscal a la Exportación en el caso de autos.
De ahí que haya lugar a estimar el presente recurso de casación, anulando la sentencia impugnada.
Con arreglo a lo que dispone el Art. 102-2 de la Ley reguladora de este orden jurisdiccional, no procede hacer declaración en cuanto al pago de costas en la instancia, debiendo en este recurso casa parte satisfacer las suyas.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo, nos confiere la Constitución,
-
). Haber lugar al recurso de casación promovido contra la sentencia dictada, en 27 de septiembre de 1993, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admi-nistrativo de la Audiencia Nacional, que se casa y anula; 2º). Estimar el recurso contencioso-administrativo promovido por "Astilleros y Talleres Celaya, S.A." contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central en 12 de mayo de 1992 y actos administrativos de que trae causa, que se anulan por no ser ajustados a Derecho, y 3º). No hacer pronunciamiento en cuanto al pago de las costas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que, en su caso, se publicará en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Colección de Jurisprudencia de este Tribunal que edita el Consejo General del Poder Judicial, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. Don Emilio Pujalte Clariana, estando constituida la Sala en audiencia pública, lo que, como Secretario de la misma, certifico. Madrid, a 17 de octubre de 1996.
-
SAP Barcelona 348/2019, 29 de Julio de 2019
...1158 es que el que paga no tenga la condición de contratante en la relación obligacional de la que deriva el pago, por todas en la STS de 17 de octubre de 1996 que invoca el De hecho, el actor apelado no invocó dicho art. 1158 CC, y su relación de hechos englobados en su causa de pedir es c......
-
SAP Barcelona 174/2019, 28 de Marzo de 2019
...es del préstamo hipotecario suscrito por actora y demandado conjuntamente, por lo que el Sr. Jesús Manuel no sería tercero, citando la STS de 17.10.1996, por todas, aunque en ambos casos el fundamento es idéntico, evitar el enriquecimiento injusto, y luego desestima por falta de legitimació......
-
SAP Baleares 610/2002, 7 de Noviembre de 2002
...el artículo 1158 del Código Civil son: a) que quien realiza el pago no tenga la condición de obligado al pago (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1996); b) que se acredite el pago verificado por otro y la cuantía del mismo (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre d......
-
SAP Barcelona 527/2016, 17 de Noviembre de 2016
...es que aquél que paga no tenga la condición de contratante en la relación obligacional de la que deriva el pago (por todas, STS de 17 de octubre de 1996 ). En el caso enjuiciado, el pago que se reclama lo es del préstamo hipotecario suscrito por actor y demandada, conjuntamente, por lo que ......
-
Nulidad de pleno derecho de tarifas portuarias giradas
...ámbito propiamente contenciosoadministrativo para las disposiciones generales, pudiendo citarse en tal sentido las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1996; 7 de febrero de 1998; 2 de octubre de 1999; 26 de junio y 15 de noviembre de 2000. Con posterioridad a las sentencias ......