STS, 20 de Junio de 1994
| Ponente | ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| ECLI | ES:TS:1994:22397 |
| Fecha de Resolución | 20 de Junio de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 605.-Sentencia de 20 de junio de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.
PROCEDIMIENTO: Declarativo ordinario de menor cuantía.
MATERIA: Reclamación de impuesto de Plus Valía. Error en la apreciación de la prueba: documentos públicos y oficiales.
NORMAS APLICADAS: Arts. 106 y 107 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de la Haciendas Locales. Arts. 1.210, 1.212, 1.255 del Código Civil .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 10 de octubre de 1988; 12 de febrero de 1991 10 de octubre de 1992; 18 de abril de
1990; 12 de febrero de 1992 7 de diciembre de 1993.
DOCTRINA: Los documentos públicos y oficiales no están asistidos de prevalencia probatoria y no son suficientes por sí solos
para enervar una valoración probatoria conjunta, vinculando al órgano judicial sólo respecto del hecho de su otorgamiento y fecha,
de manera que el resto de su contenido puede ser sometido a apreciación judicial en relación a las otras pruebas obrantes en el
proceso.
El impuesto de Plus Valía se justifica por la ganancia real o contable que pone de manifiesto la transmisión de la propiedad de
los terrenos de naturaleza urbana de uno a otro patrimonio y que en la actual legislación aplicable se configura, para las
cesiones onerosas, como de cargo directo del vendedor. El devengo de la imposición por el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana surge de cada transmisión que se presenta operativa y eficaz por cualquier título, con consistencia jurídica
suficiente para amparar dicho acto de venta lucrativa, no pudiendo alcanzar las consecuencias fiscales y lo pactado respecto a
su abono a quienes no intervinieron en los contratos correspondientes.
En la villa de Madrid, a veinte de junio de mil novecientos noventa y cuatro.Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de La Rioja, de fecha 5 de junio de 1991, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre reclamación del Impuesto de Plus Valía, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Logroño, cuyo recurso fue interpuesto por don Carlos Alberto representado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Infante Sánchez, asistido del Letrado don Ricardo Diez del Corral Lozano. No comparecieron al recurso la demandada doña Irene , ni las entidades "Sociedad Civil Edificio Gran Vía, 39", "Sociedad Civil Edificio Múgica. 12". ambas de Logroño, y "Servicios Integrados de Urbanismo".
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Logroño, tramito al núm. 471/1988 , proceso de menor cuantía que fue promovido por la demanda presentada por don Carlos Alberto en la que tras exponer antecedentes de hecho y fundamentaciones de Derecho, suplico: "Se dicte sentencia por la que estimando la demanda se condene solidariamente a los demandados al pago de la suma de 20.250.866 pesetas, importe de lo coronado por el Ayuntamiento en concepto de Plus Valía más los intereses legales y costas que se originen a las que deberán ser condenados los demandados".
La demandada doña Irene se persono en el pleito y contestó para oponerse a la demanda contra ella promovida con las razones fácticas y jurídicas que tuvo por conveniente y termino suplicando al Juzgado: Dictar en su día sentencia por la que se desestime la demanda, absolviendo de la misma a doña Irene , con imposición de costas al demandante".
Fueron declarados rebeldes los demandados "Sociedad Civil Edificio Gran Vía. 39" y "Sociedad Civil Edificio Múgica. 12" de Logroño y la entidad "Servicios Integrados de Urbanismo. S. A." (URIARK).
El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de Logroño núm. 3 dictó Sentencia el día 9 de noviembre de 1990 . con el siguiente fallo literal: "Que desestimando íntegramente como desestimo la demanda formulada por la representación procesal de don Carlos Alberto doña Trinidad contra los demandados doña Irene , la "Sociedad Civil Edificio Gran Vía, núm. 39", la "Sociedad Civil Edificio Múgica núm. 12" y contra "Servicios Integrados de Urbanismo. S. A." (URIARK) debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos formulados por el actor, condenando a este último al pago de las costas causadas en el presente juicio. Cuarto: El actor del pleito planteo contra dicha resolución decisoria, recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial de Logroño (rollo núm. 90 1991). en el que recayó sentencia que fue pronunciada con fecha 5 de junio de 1991 . la que contiene la parte dispositiva que dice. Fallamos: "La Sala Acuerda: Que se debe desestimar la demanda por lo argumentado y se debe confirmar la Sentencia de lecha 9 de noviembre de 1990. del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 . en todos sus puntos, con imposición de costas al recurrente".
El Procurador don Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación del actor don Carlos Alberto formalizó ante esta Sala recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación, el que integro con los siguientes motivos:
Uno y dos. Por la vía del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error en la apreciación de la prueba.
Tres. Conforme al núm. 5 del artículo procesal citado 1.692 . para alegar situación de litispendencia.
Debidamente convocadas las partes personadas en el recurso, la Vista oral y pública del mismo tuvo lugar el pasado día 2 de junio de 1994. con asistencia e intervención del Letrado de la parte recurrente, anteriormente expresado, único asistente a este acto.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.
Fundamentos de Derecho
La controversia procesal queda perfectamente concretada, en cuanto a que el actor del pleito y recurrente casacional don Carlos Alberto , postuló de la demandada doña Irene y fas entidades interpeladas y declaradas rebeldes procesales, el reintegro en forma solidaria de la cantidad de 20.250.866 pesetas, e intereses, correspondientes al impuesto de Plus Valía, que dice haber satisfecho al Ayuntamiento de Logroño.Se aporta el primer motivo por la vía del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , para denunciar error en la apreciación de la prueba, con base a dos documentos. El primero lo constituye el resguardo provisional de fecha 13 de septiembre de 1988 de pago de la cantidad correspondiente a la Plus Valía que se reclama y el segundo es una certificación del Jefe de Sección de Recaudación del Ayuntamiento de Logroño, acreditativo de que en el expediente ejecutivo, se dictó providencia de embargo de los saldos del recurrente en el "Banco de Bilbao" y, con cargo a los mismos, se ingresó en las arcas municipales la cantidad integrante del referido impuesto municipal debitado, así como también se justifica que no se siguió el apremio contra dona Irene por la transmisión a las entidades, Sociedades Civiles Gran Vía, y Edificio Múgica de Logroño", lo que tuvo lugar a medio de escritura pública de fecha 17 de abril de 1986 de época posterior a la que se practicó a favor del recurrente, ya que este, a medio de documentos privados e 27 de abril y 19 de julio del año 1979. integrados, conforme se pactó, en una única relación contractual, adquirió conjuntamente con otra persona, que permanece ajena al pleito, la totalidad de la finca-solar, con edificación que se describe, sita en la ciudad de Logroño y con una extensión local de
1.835.73 metros cuadrados, y propiedad de la referida Irene , a la que le asiste la condición de parte vendedora.
El error que se denuncia se concreta a que la sentencia recurrida, al aceptar los fundamentos jurídicos de la pronunciada en la instancia, vino a admitir y corroborar que había concurrido en la pretensión de recobro económico que postula el recurrente, concreción de la cantidad exigida ejecutivamente por el Ayuntamiento de Logroño, cuando la misma aparece concretamente determinada y desembolsada.
Los referidos documentos, admitiendo su literosuficiencia por ser de naturaleza oficial-municipal y no haber sido desconocidos ni impugnados de contrario, lo que ponen de manifiesto es el electivo desembolso y pago del impuesto con cargo al saldo bancario del recurrente, pero también hacen valer que se trata de un abono provisional y no del motivo y esto es transcendente para poder repercutirlo frente a tercero como se pretende. De las demás actuaciones probatorias y que se omiten, ha quedado suficientemente acreditado que don Carlos Alberto interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicho orden jurisdiccional de la (entonces) Audiencia Territorial de Burgos (núm. 570/1988 ) contra el acuerdo municipal que decretó su reclamación, solicitando su exoneración de pago del referido impuesto, estando pendiente el proceso de resolución definitiva.
Lo expresado conduce a la conclusión de que se está ante una doble reclamación: por una parte, la contencioso-administrativa pendiente y contra acto administrativo que se ataca como incorrecto, y por otra, la actual, de naturaleza civil, en la que a la cantidad correspondiente a la Plus Valía discutida, se la despoja de su carácter de pago provisional para darle condición de definitivo e integrante del precio correspondiente al inmueble enajenado, lo que no sucede y el motivo ha de ser desestimado, pues el señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de los contratantes (art. 1.449 del Código Civil ). Los documento públicos y oficiales no están asistidos de prevalencia probatoria y no son suficientes por sí solos para enervar una valoración probatoria conjunta, vinculando al órgano judicial sólo respecto del hecho de su otorgamiento y fecha, de manera que el resto de su contenido puede ser sometido a apreciación judicial en relación a las otras pruebas obrantes en el proceso (Sentencias de 10 de octubre de 1988. 12 de febrero de 1991 y 10 de octubre de 1992 , entre otras).
Con igual residencia procesal que el anterior, en el segundo motivo se aduce error en la interpretación de la prueba del Tribunal de apelación.
Tanto en el presente motivo, como en el precedente, ya analizado, lo que lleva a cabo casacionalmente el que recurre es desviación, tácticamente premeditada, de la esencia sustantiva de la cuestión controvertida, ya que ésta se presenta inevitablemente relacionada con la obligación que asumió en los contratos privados de 27 de abril y 19 de julio de 1979 de satisfacer por su exclusiva cuenta (cláusula octava) el referido impuesto de Plus Valía y sin sujeción a condicionamiento alguno, toda vez que lo estipulado en la cláusula séptima se refiere únicamente a que, la escritura pública se otorgará cuando se haya completado el pago de parte del precio que ha de ser efectuado en metálico", lo que no se cumplió y dio lugar a proceso judicial de reclamación que hubo de promover la vendedora de referencia contra el recurrente.
No se trata, por consecuencia, de discutir a quien corresponder pagar el impuesto, ya que el mismo se justifica por la ganancia real o contable que pone de manifiesto la transmisión de la propiedad de los terrenos de naturaleza urbana de uno a otro patrimonio y que en la actual legislación aplicable se configura, para las cesiones onerosas, como de cargo directo del vendedor (arts. 106 y 107 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , reguladora de las Haciendas Locales).Tampoco se trata de un pago por otro y situación de subrogación (arts. 1.212 y 1.210 del Código Civil ), sino de cumplimiento de una obligación asumida contractualmente, lícita y eficaz, conforme al precepto 1.255 del Código Civil , en razón a lo expresamente pactado (Sentencia de 18 de abril de 1990 ). y que el que recurre no cumplió y pretende, faltando a la literalidad del contrato y lealtad obligacional que sea de cuenta de la vendedora del inmueble, la que no la había asumido en forma alguna.
No se señala concreto error ni documento que lo contenga y que haya sido objeto de indebida e incorrecta apreciación por el Tribunal de la instancia, lo que configura el propio ámbito del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , en el que se apoya el motivo. Se rebasa el precepto para efectuar una revisión probatoria propia e interesada, sentando conclusiones lácticas contrarias a la de la sentencia atacada y con acomodación a los propios intereses, en una labor interpretativa de las relaciones entre los litigantes, que no le corresponde por integrar la propia función de juzgar.
En esta línea se sostiene que la sentencia de apelación debió de haberse pronunciado en el sentido de decretar como obligados al pago del impuesto que se discute, las tres entidades que adquirieron posteriormente -pasados siete años-, el inmueble, a medio de escritura de 27 de abril de 1986. El argumento carece de toda consistencia; se quiere involucrar y mezclar dos transmisiones a título de compraventa distintas y diferenciadas. Cada una de ellas generará el impuesto correspondiente y la segunda no absorbe el correspondiente a la primera, que tuvo lugar a medio de los documentos privados que se dejan reseñados, pues el devengo de la imposición por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, surge de cada transmisión que se presenta operativa y ética por cualquier titulo, con consistencia jurídica suficiente para amparar dicho acto de venta lucrativa, no pudiendo alcanzar las consecuencias fiscales y lo pactado respecto a su abone) a quienes no intervinieron en los contratos correspondientes, es decir los privados de 27 de abril y 19 de julio de 1979.
El motivo se desestima.
Al amparo del ordinal 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se ataca la concurrencia de situación de litispendencia entre el presente litigio civil y el que pende ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa lo que va queda expuesto, pero se hace olvido de que la sentencia recurrida no fundo el fallo desestimatorio que decretó en la concurrencia de la referida excepción, como argumento decisivo y definitivo de tal conclusión decisoria, sino que también atendió a otras razones, como son las derivadas de los contratos que obligaban al recurrente al pago de la Plus Valía que asumió y solamente la referencia que se hace al pleito contencioso-administrativo lo es al objeto de la fijación del importe de aquél, y que dice la sentencia "extremo que ha de ser determinado por la intervención del tercero, pues el Ayuntamiento hasta que se concrete por la intervención definitiva y de tal tercero cual sea la cantidad, no puede reclamar como precio el actor en reembolso". El argumento resulta no muy afortunado y en lodo caso intranscendente, pues con independencia de cuál sea la cantidad que integre el impuesto, su pago corresponde en todo caso al recurrente, conforme a lo que se obligó y de esta manera la situación de litispendencia no resulta decisiva y definitoria en relación a lo que se debate en este pleito civil, que como coincidente con lo que declaran las Sentencias de 12 de febrero de 1992 y 7 de diciembre de 1993 , se refiere a la posibilidad de quien lo abonó (o a quien se le carga), como pago hecho por otro, pueda repercutirlo sobre quien ha de recaer, que, como quedó suficientemente explicado, no es la vendedora, sino el que recurre en razón a los contratos de compraventa que mediaron y en los que asumió expresamente tal deuda de pago municipal.
E l motivo claudica, pues, a mayores razones, ha de tenerse en cuenta que el recurso de casación se da contra el tallo de la sentencia, resultando intranscendente que la Sala de instancia haga consideraciones doctrinales y razonamientos jurídicos, en cierto sentido discutibles pero sobre lodo no oportunos ni necesarios, que no predeterminan el tallo, ya que este no declara darse situación procesal de litispendencia sino que simplemente desestimó en el fondo la demanda que planteó el recurrente.
El rechazo del recurso determina que las costas correspondientes al mismo sean de cuenta del litigante referido que lo formuló, en razón del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , con la consiguiente pérdida del depósito constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar y se desestima el recurso de casación que formalizó don Carlos Alberto contra la Sentencia pronunciada en fecha 5 de junio de 1991 porla Audiencia Provincial de La Rioja en las actuaciones procedimentales de referencia, con imposición al mismo de las costas de este recurso y pérdida del depósito constituido, al que se le dará el destino legal correspondiente. Líbrese la certificación correspondiente para su remisión a expresada Audiencia, con devolución de los autos y rollo que en su día remitió.
ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Alfonso Villagómez Rodil.- Francisco Morales Morales.-Pedro González Poveda
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil. Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy: de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Bazaco Barca.-Rubricado
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