STS, 7 de Julio de 1994
| Ponente | JAIME SANTOS BRIZ |
| ECLI | ES:TS:1994:18002 |
| Fecha de Resolución | 7 de Julio de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 670.- Sentencia de 7 de julio de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Reclamación de cantidad. Abuso de derecho. Contratos: Extensión a terceros. Su
interpretación. Autonomía de la voluntad.
NORMAS APLICADAS: Art. 1.717 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, arts. 7, 1.257,1.258, 1.281,1.282, 1.569 del Código Civil .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1983, 27 de marzo de 1984, 22 de noviembre de 1982, 26 de septiembre de 1985 y 28 de febrero de 1986.
DOCTRINA: En este punto ha de seguirse la reiterada jurisprudencia que reconoce que la interpretación de los contratos es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer a menos que se demuestre que sea ilógica o absurda, sin que pueda pretenderse sustituir con el criterio del recurrente la interpretación realizada por la Sala a quo. Tampoco puede pretenderse invocar el art. 1.258, ni el 7.º del Código Civil para imponer a los recurridos las consecuencias de un contrato en el que no participaron, aunque tuvieran noticia de él, omitiendo que el contrato básico es el de arrendamiento de un inmueble al que está vinculada la recurrente al traer del mismo su derecho reclamado, pero pretendiendo ejercitarlo después de extinguido el contrato por resolución y hallándose tal extinción totalmente consumada.
En la villa de Madrid, a siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Vitoria, como consecuencia de autos de juicio de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vitoria, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por doña Clara , representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús Jaén Jiménez y asistida del Letrado don. José Frías Cañada, en el que son recurridos don Isidro y don Luis María , representados por el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa y asistidos del Letrado don Jesús Alonso Bengoa.
Antecedentes de hecho
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Vitoria fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía a instancias de doña Clara contra don Isidro y don Luis María , sobre reclamación de cantidad.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa declaración de los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos: Condenar a los demandados don Isidro y don Luis María al pago de la cantidad de 5.000.000 de pesetas, en concepto del derecho de traspaso que asiste a lademandante; condenar a los demandados al pago de los intereses legales por la mora en que han incurrido; alternativamente condenar a los demandados a que entreguen al actor la posesión de la lonja en cuestión con el correspondiente otorgamiento del contrato de arrendamiento; condenar a los expresados demandados a que abonen a la demandante doña Clara el importe de todos los daños y perjuicios causados, dejando para el período de ejecución de sentencia el establecimiento de las bases para la liquidación y si quantum; imponer al demandado el pago de todas las costas de este procedimiento.
Admitida a trámite la demanda, fue contestada por los demandados, que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la demandante.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 9 de enero de 1991, cuyo fallo es el siguiente: "Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por la Procuradora señora Aniel Quiroga, en nombre de doña Clara , contra don Luis María y don Isidro , reconociendo el derecho de la actora de designar al nuevo arrendatario del local, sito en la calle DIRECCION000 , número NUM000 , bajo, de esta ciudad, propiedad de los demandados, así como a percibir el precio que con el nuevo inquilino se estipule, dejando a salvo los derechos de tanteo y participación en el mismo de los propietarios del local y sin expresa imposición de costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Vitoria dictó sentencia con fecha 3 de abril de 1991 , cuyo fallo es el siguiente: "Estimar el recurso de apelación dirigido por don Isidro y don Luis María frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de esta ciudad en los autos civiles 60/90 en fecha 9 de enero de 1991 , absolviendo a los mismos de las pretensiones deducidas pro la parte actora-apelada. Revocando la misma, con imposición a la última de las costas de la primera instancia y todo ello sin hacer expresa declaración de las del recurso".
La Procuradora doña María Jesús Jaén Jiménez, en nombre de doña Clara , formalizó recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: Al amparo del art. 1.692, núm. 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate.
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción se señaló para la vista el día 23 de junio del actual, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz.
Fundamentos de Derecho
El recurso de casación que en estas actuaciones interpuso doña Clara dimana de juicio de menor cuantía iniciado por la misma contra don Isidro y don Luis María , reclamándoles la suma de
5.000.000 de pesetas en concepto de derecho de traspaso de un local propiedad de los demandados, del cual se considera arrendataria dicha recurrente. La demanda fue estimada en parte por el Juez de Primera Instancia, que reconoció a la demandante el derecho de designar nuevo arrendamiento del local cuestionado, así como a percibir el precio que en el nuevo inquilino se estipule dejando a salvo los derechos de tanteo y participación en el mismo de los propietarios del local, ahora recurridos. La Sala a quo, previo recurso de apelación, desestimó totalmente la demanda y absolvió a los demandados de las pretensiones deducidas por la actora, revocando la sentencia apelada. El recurso se basó en un solo motivo, al amparo del artículo 1.692, número 5.°, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que esta Sala de casación ha de partir de los hechos que consideró probados la sentencia ahora recurrida. Tales hechos son esencialmente los siguientes: a) La demandante actual recurrente, doña Clara , adquirió por traspaso del anterior arrendatario el local propiedad de los recurridos, entregando al mencionado arrendatario la cantidad de 400.000 pesetas, b) Por contrato privado de fecha 15 de abril de 1986 la recurrente concertó con los recurridos el alquiler del local (lonja) propiedad de los segundos, c) En fecha 1 de mayo de 1988 la arrendataria, actual recurrente, traspaso el local a la entidad denominada "Distribuciones Videográficas Densel, Sociedad Anónima", traspaso verificado con el consentimiento de los propietarios arrendadores, no percibiendo cantidad alguna por el traspaso. En la misma fecha se otorga un documento privado en virtud del cual la adquirente en traspaso "Distribuciones Videográficas Densel, Sociedad Anónima", renuncia al derecho de traspaso que les fue reconocido y se lo reconocen a favor de la ahora recurrente, con el consentimiento y aprobación de los arrendadores, que no fueron parte contractual, d) Hallándose en posesión del local como arrendataria la entidad expresada, ésta fue demandada por los arrendadores de desahucio por falta de pago de la renta, recayendo Sentencia con fecha 20 de marzo de 1990, que fue ejecutada con desalojo de la demandada con fecha 30 de mayo siguiente, a instancia de los arrendadores,e) No obstante todo ello, la ahora recurrida demanda a éstos, como ya se indicó, en reclamación de
5.000.000 de pesetas en concepto de derecho de traspaso pactado a su favor con la arrendataria cesionaria "Distribuciones Videográficas Densel, Sociedad Anónima", o, alternativamente, pide que se le de posesión del inmueble en concepto de arrendataria; demanda que lleva fecha de 13 de septiembre de 1990, turnada al Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Vitoria.
El único motivo del recurso considera infringidos los art. 1.258 y 7.° del Código Civil , por entender que el contrato entre cedente y cesionaria confiere a la recurrente los derechos que pide y que la actuación de los arrendadores implica un abuso de derecho. Además considera infringidos los artículos 1.281, párrafo 1, y el 1.282 del mismo Código , ambos infringidos, en su criterio, por inaplicación. Estima el recurso que se causó indefensión a doña Clara en cuanto el juicio de desahucio por falta de pago se siguió a espaldas y sin ninguna intervención ni conocimiento de ella, actuación contraria, dice, a la buena fe. Estima, además, que como la arrendataria cesionaria renunció al derecho de traspaso, este derecho lo tiene la recurrente, como derecho autónomo sobre el que carecen de potestades los arrendadores e insiste en que el principio de autonomía de la voluntad y la interpretación del negocio favorece a la recurrente, al considerar obligados a los arrendadores por el pacto entre la recurrente y su cesionaria. Pero a pesar de los alegatos del recurso el motivo no puede ser estimado, y ello porque, en primer lugar, no puede pretender que el contrato entre la actora y la entidad cesionaria vincule a los que no intervinieron en dicho contrato como los arrendadores, totalmente ajenos a él aunque dieran su conformidad a la renuncia aludida. Otro criterio vulneraría el art. 1.257, párrafo 1, del Código Civil , que restringe los efectos de los contratos a "solo" las partes que los otorgan y sus herederos. En segundo lugar, el recurso olvida o posterga la disciplina jurídica del arrendamiento de cosas, el cual se extingue por las causas que señala el art. 1.569 del mismo Cuerpo legal , entre las que figura en segundo lugar "la falta de pago en el precio convenido", efecto de otra relación jurídica, es decir, de la arrendaticia, en la que no participaba ya la ahora recurrente, pero a la que no puede dejar de afectar la extinción del contrato anterior al ejercicio de su acción. En tercer lugar, en modo alguno puede obligarse a los arrendadores a que decayendo la contraprestación del arrendatario, y, quedando incumplida, no sea resuelto el contrato, efecto resolutivo común a todos los contratos bilaterales, sancionado de modo general en el art. 1.124 del propio Código , con el importante aditamento, que no puede ser impedido por pactos ajenos a los arrendadores, de que la resolución del contrato lleva aquí consigo la recuperación por el arrendador de la posesión del inmueble arrendado. Todo otro criterio vulneraria, por consiguiente, principios fundamentales de la contratación privada, a los que esta Sala ha de prestar acatamiento. Ante estas consideraciones son ineficaces las alegaciones que se hacen por la recurrente. Así, contradiciendo el texto de los art. 1.281, párrafo 1, y 1.282, viene a sostener, por un lado, que hay que estar al sentido literal de las palabras; pero, por otro, pretende atender a la intención de los contratantes; sin tener en cuenta que si se sigue esta última no puede seguirse el texto literal y viceversa, como ha reconocido esta Sala (sentencias, entre otras, de 17 de marzo de 1983 y 27 de marzo de 1984). En definitiva, en este punto ha de seguirse la reiterada jurisprudencia que reconoce que la interpretación de los contratos es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer, a menos que se demuestre que sea ilógica o absurda (sentencias, entre otra muchas, de 22 de noviembre de 1982, 26 de septiembre de 1985 y 28 de febrero de 1986), sin que pueda pretenderse sustituir con el criterio del recurrente la interpretación realizada por la Sala a quo. Tampoco puede pretenderse invocar el artículo 1.258 ni el 7.° del Código Civil para imponer a los recurridos las consecuencias de un contrato en el que no participaron, aunque tuvieran noticias de él, omitiendo que el contrato básico es el de arrendamiento de un inmueble al que está vinculada la recurrente al traer del mismo su reclamado derecho, pero pretendiendo ejercitarlo después de extinguido el contrato por resolución y hallándose tal extinción totalmente consumada. De seguir lo solicitado por el recurso se infringirían los arts. 1.256 y 1.278 del Código Civil , no menos que los invocados por el recurso, al quedar entonces el contrato locaticio al arbitrio de uno de los contratantes, para resucitar sus efectos una vez extinguido. Por todo ello, ni se infringió el principio de autonomía de la voluntad por quien no intervino en el contrato de cesión arrendaticia, ni hubo abuso alguno al resolver sus efectos conforme a la ley, ni por último puede acusar indefensión alguna la recurrente, sin perjuicio de sus hipotéticos derechos contra la entidad arrendaticia a quien subrogó en su lugar. El recurso ha de ser en definitiva desestimado.
La desestimación del recurso da lugar a la imposición de costas a la recurrente ( art. 1.715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), sin que proceda pronunciamiento sobre depósito por no haber sido necesario constituirlo, dada la disconformidad entre sí de ambas sentencias de instancia.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Clara contra la Sentencia de fecha 3 de abril de 1991, que dictó la Audiencia Provincial de "Vitoria, condenando a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso; y líbrese la certificación correspondiente a la mencionada Audiencia, con devolución del rollo de apelación y autos remitidos.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Jesús Marina Martínez Pardo.-Teófilo Ortega Torres.-Jaime Santos Briz.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico.
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