STS, 10 de Noviembre de 1994
| Ponente | MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS |
| ECLI | ES:TS:1994:14088 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 10 de Noviembre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 4.097.-Sentencia de 10 de noviembre de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don Marcelino Murillo Martín de los Santos.
PROCEDIMIENTO: Recurso núm. 301/1993.
MATERIA: Reglamentos: Integración de los Médicos del Registro Civil en el Cuerpo de Médicos Forenses .
NORMAS APLICADAS: Art. 23.2.º de la Constitución Española y Ley 7/1992 .
DOCTRINA: Que la disposición adicional del Real Decreto 181/1993 autorice al Ministerio de
Justicia a suprimir los puestos de trabajo de Médicos del Registro Civil o a transformarlos en
puestos de trabajo de Médico Forense no adscrito exclusivamente al Registro Civil, responde a la
potestad administrativa de auto-organización de los servicios, que en modo alguno implica un
ataque a la inamovilidad del funcionario.
En la villa de Madrid, a diez de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo constituida en Sección por los Excmos. Sres. al final anotados, el recurso contencioso-administrativo que en única instancia pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por don Sebastián , representado por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ortiz-Cañavete y Puig-Mauri, asistido del Abogado don José Luis Beotas López, contra el Real Decreto 181/1993, de 9 de febrero , sobre integración de los Médicos del Registro Civil, en el Cuerpo de Médicos Forenses. Habiendo sido parte demandada el Sr. Abogado del Estado, en nombre y representación de la Administración General del Estado y la cuantía del recurso indeterminada.
Antecedentes de hecho
Por don Sebastián se interpuso ante este Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 181/1993, de 9 de febrero , sobre Integración de Médicos del Registro Civil en el Cuerpo de Médicos Forenses, que fue admitido por la Sala, motivando la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se puso de manifiesto al actor por veinte días para que formalizara la demanda, lo que verificó con el oportuno escrito en el que exponía como hechos cuantos estimaba oportunos en orden al recurso planteado y citaba los fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, para terminar suplicando a la Sala que dictara sentencia en su día por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, se declare no ser conforme a Derecho el citado Decreto, anulándolo totalmente.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que después de alegar cuanto estimó procedente al caso debatido, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia desestimando el presente recurso contencioso-administrativo.
Concedido a las partes el plazo de quince días para que presentasen escritos de conclusiones, lo verificaron presentando escritos ambas partes en los mismos términos contenidos en los suplicos de la demanda y contestación.
Conclusas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo del presente recurso la audiencia del día 2 de noviembre de 1994, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. don Marcelino Murillo Martín de los Santos.
Fundamentos de Derecho
La representación procesal de don Sebastián interpone, en única instancia, ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 181/1993, de 9 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero), sobre integración de los Médicos del Registro Civil (y de los procedentes de la extinguida Escala de Médicos de la Obra de Protección de Menores, pertenecientes a la Escala de Médicos de Organismos Autónomos del Ministerio de Justicia) en el Cuerpo de Médicos Forenses; Decreto el impugnado que se dictó en desarrollo de la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre , la cual fijó la edad de jubilación de Jueces y Magistrados e integró diverso personal médico en el Cuerpo de Médicos Forenses, teniendo dicha Ley carácter Orgánico, salvo en sus arts. 1.º y 3.º y disposiciones transitorias primera, preceptos éstos que tienen carácter de Ley ordinaria, según la disposición final segunda, de aquella Ley.
Hay que tener presente, antes de entrar en el examen del recurso, que aunque en el suplico de la demanda se pide se declare no ser conforme a Derecho el Decreto impugnado, «anulándolo totalmente», en dicha demanda sólo se impugnan determinados preceptos del mismo, por lo que al examen de esas concretas impugnaciones limitaremos nuestro estudio.
Empieza el recurrente por impugnar el art. 2.º del Real Decreto, al entender que dicho artículo vulnera, el art. 14 y el art. 23.2.° de la Constitución Española , dada la forma en que se ordena la integración de los Médicos del Registro Civil en el Cuerpo de Médicos Forenses, cuyos funcionarios se incorporan «a continuación de quienes tengan la condición de Médico Forense», lo que a juicio del recurrente es un tratamiento discriminatorio para los Médicos del Cuerpo de Médicos del Registro Civil, vulnerador de aquellos preceptos constitucionales.
Sin embargo, no repara el recurrente en que dicho art. 2° nada establece sobre la forma de integración de los Médicos del Registro Civil al escalafón de Médicos Forenses. Dicho artículo, en su apartado 1.°, se limita a aludir el art. 1.º de la Ley Orgánica 7/1992 y a fijar como fecha de integración efectiva, el 1 de octubre de 1993. Es la Ley 7/1992 la que en su art. 1.°, apartado 2.°, dispuso que «los funcionarios a que se refiere el apartado anterior, se integrarán, por el orden citado (esto es, primero Médicos del Registro Civil y después Médicos de la extinguida Escala de la Obra de Protección de Menores) en el escalafón único del Cuerpo de Médicos Forenses, en la misma situación administrativa que tuvieron en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y a continuación de quienes tengan la condición de Médico Forense, de conformidad con el orden de escalafón que ocupasen en su Cuerpo o Escala de origen».
No cabe, por tanto, residenciar en esta sede jurisdiccional la impugnación de una norma -la que establece la forma en que ha de llevarse a cabo la integración- que no tiene carácter reglamentario, sino, antes al contrario, rango de Ley, y en la que se sigue, por otro lado, el mismo criterio seguido por otras leyes, como la relativa a la integración en la Carrera Fiscal, de los antiguos Fiscales de Distrito, o la de integración de los antiguos Jueces Municipales y Comarcales en la Carrera Judicial. Y ninguna duda de constitucionalidad tiene esta Sala, respecto a la Ley 7/1992 , para plantear cuestión de inconstitucionalidad, pretensión ésta que ni tan siquiera postula la parte recurrente.
En el apartado siguiente de la demanda jurisdiccional, el recurrente combate los arts. 3.° y
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y disposición adicional primera del Real Decreto, sosteniendo, en síntesis, que hay dos grupos de funcionarios -los procedentes del Cuerpo de Médicos del Registro Civil que reúnan las condiciones de tiempo de ejercicio previo como Médico Forense, previsto en el art. 1.° y 6.° de la Ley 7/1992 (esto es, los que hubieren desempeñado ininterrumpidamente, al menos durante un año, puesto de Médico Forense interno o sustituto), y los de la misma procedencia que superen el curso de formación organizado por el Centro de Estudios Judiciales- que reciben un trato ventajoso respecto a los Médicos de la misma procedencia que se adscriben exclusivamente al Registro Civil, puesto que, a juicio del recurrente, de un lado, esos dos grupos (según el art. 5.°), antes de la fecha fijada en el Real Decreto como de integración efectiva (1 de octubre de 1993), si superan el curso previsto o, caso de los interinos o sustitutos, solicitan suintegración, quedan integrados efectivamente en el Cuerpo de Médicos Forenses al superar el curso o al formular la solicitud, aplicándoseles desde dicha fecha el régimen jurídico propio del Cuerpo de Médicos Forenses, sin las especialidades de los que se encuentran adscritos exclusivamente al Registro Civil (art.
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), y, de otro lado, siempre a juicio del recurrente, esos dos grupos tienen «derecho a permanecer en la localidad correspondiente al puesto de trabajo en que estuvieren desempeñando sus funciones de Médicos del Registro Civil (art. 3.º), mientras los que se adscriben exclusivamente al Registro Civil, puede ver sus plazas suprimidas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Real Decreto concluyendo el recurrente que este tratamiento es discriminatorio para los médicos exclusivamente adscritos al Registro Civil».
No puede alcanzar éxito dicho planteamiento. Esos dos grupos a que se refiere el recurrente ya están previstos en el art. 1.º.6.º de la Ley 7/1992 y el tratamiento distinto que se da a éstos, respecto a los Médicos exclusivamente adscritos al Registro Civil, obedece a la existencia de motivos objetivos y razonables que justifican el tratamiento diferenciado, pues ni estos últimos (los exclusivamente adscritos al Registro Civil) tienen experiencia alguna como médicos forenses, a diferencia de los interinos o sustitutos, ni tampoco han adquirido los conocimientos técnicos y prácticos a través de los cursos de formación, que han alcanzado quienes superaron esos cursos en el Centro de Estudios Judiciales, y, como, por otro lado, a ningún funcionario del Cuerpo de Médicos del Registro Civil se le veda la posibilidad de acceder a tales cursos, no es posible hablar de un trato discriminatorio de favor a aquellos dos grupos, respecto a quienes quedan adscritos exclusivamente a los puestos de trabajo del Registro Civil bien por no haber solicitado participar o bien por no haber superado los referidos cursos.
Por otro lado, el trato dado en el art. 3.º del Real Decreto a aquellos dos grupos, en cuanto a permanecer en la misma localidad, es idéntico al de la disposición adicional primera del Real Decreto a los funcionarios adscritos exclusivamente al Registro Civil, pues mientras aquel art. 3.º dispone que «tendrán derecho a permanecer en la localidad correspondiente al puesto de trabajo en que estuviesen desempeñando sus funciones de Médicos del Registro Civil» la disposición adicional primera dispone que «los funcionarios precedentes del curso de Médicos del Registro Civil, ocuparán la plaza correspondiente al puesto de trabajo adscrito al Registro Civil que vinieran desempeñando al tiempo de la integración efectiva». Como se ve el tratamiento es idéntico. Ahora bien, el que esa disposición adicional autorice al Ministerio de Justicia a suprimir esos puestos de trabajo, exclusivamente al Registro Civil, responde a la potestad administrativa de auto-organización de los servicios, que en modo alguno implica, frente a lo que defiende el recurrente, un ataque a la inamovilidad del funcionario, en su puesto de trabajo.
Por último, combate el recurrente el art. 6.° del Real Decreto porque, a su criterio, al establecer dicho precepto, en el apartado 2.°, en que el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto (esto es, hasta el 24 de mayo de 1993) los funcionarios que incurran en incompatibilidad, por desempeño de más de un puesto de trabajo del sector público habrían de optar por uno de ellos, y que, a falta de opción se estará a las previsiones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , de Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración Pública, tal precepto, siempre a criterio del recurrente, vulnera el principio de igualdad, pues a los Médicos procedentes del Registro Civil se les obliga a hacer la opción antes de que se produzca el hecho determinante de la incompatibilidad, esto es, antes de la fecha de integración efectiva en el Cuerpo de Médicos Forenses -la de 1 de octubre de 1993, según el art. 2.° del Real Decreto-, mientras que el resto de los funcionarios vienen obligados a hacer la opción desde el momento en que se produce el desempeño de dos puestos de trabajo del sector público que resulten incompatibles.
Tal crítica no puede merecer favorable acogida. Olvida el recurrente que los Médicos del Registro Civil estaban incluidos en la Ley de Incompatibilidades 53/1984, de 26 de diciembre , si bien en la disposición transitoria 7.a de esta última se dispuso que «hasta tanto se revise el régimen jurídico de los Médicos del Registro Civil el ejercicio de su actividad como tales podrá compatibilizarse, previa autorización, con otro puesto de trabajo de sector público siempre que no se impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes...». Pues bien, este régimen transitorio quedó expresamente derogado por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 7/1992, de 26 de noviembre , que entró en vigor a partir del día siguiente a su publicación («Boletín Oficial del Estado», 21 de noviembre de 1992). Por tanto, efectuada esa derogación, por la indicada Ley, no puede sostenerse lo que defiende el recurrente de que el Real Decreto infringe el principio de igualdad, cuando lo único que hace el Real Decreto es dar efectividad a aquella derogación legal, ya que desde que entró en vigor la Ley 7/J.992, los Médicos del Registro Civil que desempeñen también otro puesto de trabajo del sector público, en las condiciones que señala la Ley 53/1984 , quedaron sujetos plenamente a las previsiones de esta última.
En consecuencia, procede desestimar el recurso, sin hacer pronunciamiento especial de condena en costas.Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución ,
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurado don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, en representación de don Sebastián contra el Real Decreto 181/1993, de 9 de febrero , sobre integración de los Médicos del Registro Civil y de los procedentes de la extinguida Escala de Médicos de la Obra de Protección de Menores, pertenecientes a la Escala de Médicos de Organismos Autónomos del Ministerio de Justicia, en el Cuerpo de Médicos Forenses, sin hacer pronunciamiento especial de condena en materia de costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-César González Mallo.-Enrique Cáncer Lalanne.-Marcelino Murillo Martín de los Santos.-Gustavo Lescure Martín.-Melitino García Carrero.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario de la misma, certifico.-Rubricado.
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