STS, 5 de Mayo de 1994
| Ponente | ENRIQUE RUIZ VADILLO |
| ECLI | ES:TS:1994:9463 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
Núm. 1.418.-Sentencia de 5 de mayo de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo.
PROCEDIMIENTO: Infracción de ley y de precepto constitucional.
MATERIA: Reincidencia.
NORMAS APLICADAS: Arts. 9.3.º y 25.1.° de la Constitución Española. Art. 5.4.° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Arts. 6.º bis a) 1.°, 10.15, 60.2.º y 61.2.º y 4.» del Código Penal. Art. 849.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
DOCTRINA: Finalmente, no está de más recordar que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Ley Fundamental, tiene declarado que la reincidencia se puede aplicar sin violación del principio de culpabilidad por el hecho y, por tanto, que su existencia legal es conforme con la Constitución , doctrina ésta mantenida insistentemente por esa Sala.
En la villa de Madrid, a cinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
En el recurso de casación por infracción de ley que ante nos pende, interpuesto por el acusado Miguel contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia que le condenó por delito contra la salud pública, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al final se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Outeiriño Lago.
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Lorca incoó procedimiento abreviado con el núm. 51/1989 contra Miguel , y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Murcia que, con fecha 3 de abril de 1992, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados: «El día 9 de julio de 1985 el acusado Octavio , nacido el 19 de diciembre de 1962 y sin antecedentes penales a la sazón disfrutando de una estancia esporádica en casa de unos tíos residentes en Puerto Lumbreras, aprovechó una breve y ocasional ausencia de sus familiares para apoderarse de una pulsera, dos sortijas, dos medallas y una cruz que se hallaban en un joyero abierto en el domicilio de sus parientes en el paraje de El Esparragal, en la localidad de Puerto Lumbreras, que pertenecía a aquéllos y cuya valoración conjunta alcanzó las 120.500 ptas. Acuciado por la necesidad de procurarse drogas, por las que mostraba marcada adicción, se trasladó con las alhajas a Lorca, donde llegó a entrevistarse con el también acusado Miguel , conocido también con el sobrenombre o apodo de " Gamba ", nacido el 4 de marzo de 1956 y condenado por Sentencia de 11 de febrero de 1982, a cinco meses de arresto por delito de estafa; por Sentencia de 10 de noviembre de 1982, a 20.000 y 80.000 ptas. de multa y dos años de privación del permiso de conducción por delito contra la seguridad del tráfico, y por Sentencia de 1 de septiembre de 1983, a 30.000 ptas. de multa por delito de daños, quien admitió las joyas que se le ofrecían, y cuyo origen no consta que conociera, como medio de retribuirle 12 papelinas o envoltorios de heroína que a Octavio le entregó por aquéllas.
Celebrada esta transacción, Miguel vendió la pulsera al tercer acusado Tomás , nacido el 12 de enerode 1948 y sin antecedentes penales, que pagó por ellas 30.000 ptas. y cuya anómala procedencia tampoco consta conociera.
Las joyas fueron recuperadas de los sucesivos adquirentes y devueltas a sus legítimos propietarios.
El acusado Octavio precisó al ser detenido la administración de fármacos para calmar su ansiedad carencial.»
La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: «Fallamos: Que debemos condenar y condenamos a Octavio , como autor responsable de un delito de hurto precedentemente definido, agravado por el abuso de confianza y atenuado por la drogadicción, y a Miguel , como autor responsable de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, también definido con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia, a la pena de 100.000 ptas. de multa, a Paulino , sustituidos por diez días de arresto sustitutorio en caso de insolvencia; y a la pena de tres años de prisión menor y 100.000 ptas. de multa, sustituidas por veinte días de arresto en caso de insolvencia a Miguel , y en ambos casos a las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales. Declaramos la insolvencia de dichos acusados aprobando el auto que a este fin dictó el Juzgado instructor. Para el cumplimiento de la pena personal que se impone en esta resolución, le abonamos la totalidad del tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa; absolvemos a Tomás del delito de receptación de que venía acusado, declarando de oficio la tercera parte de las costas, y firme que sea esta sentencia, comuniqúese la causa al Registro Central de Penados.»
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley por el acusado Miguel , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
El recurso interpuesto por la representación del acusado Miguel , se basa en los siguientes motivos de casación: 1.° Por infracción de ley del art. 849.1.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entender esta parte que la sentencia recurrida infringe los arts. 6.° bis a), párrafo 1.°, 10.15, 60, párrafo 2.°, 61.2.° y 61.4.°, este último por omisión, todos ellos del Código Penal. 1 .° bis: Por infracción de precepto constitucional del art. 5.4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por entender esta parte que la sentencia recurrida infrige los arts. 9.3.° y 25.1.° de la Constitución.
Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo, cuando por turno correspondiera.
Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 4 de mayo de 1994.
Fundamentos de Derecho
Al amparo del art. 849.1.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia infracción de los art. 6.° bis a), párrafo 1.°, 10.15, 60, párrafo 2.°, 61.2.° y 61.4.°, este último por omisión, todos del Código Penal .
El recurso gira alrededor de la reincidencia. El argumento principal es que ni la sentencia ni la certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes consignan todas las circunstancias que serían necesarias para apreciar dicha circunstancia de agravación. A eso se añade, según el recurrente, que la sentencia precedente no fue notificada al interesado, con lo que no pudo conocerla, y que quien debe certificar tal hecho es el Secretario judicial, conforme con los arts. 281.1.º y 473.1.° de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
En el segundo motivo, con apoyo procesal en el art. 5.4.° de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se denuncia infracción de los arts. 9.3.º y 25.1.° de la Constitución . En este apartado se razona sobre el principio de legalidad y la interdicción del bis in idem ( arts. 9.3.° y 25.1.° de la Constitución ), sobre la no descriminalización social y jurídica por razón de los antecedentes ( art. 73.2.° de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria ) y la exigencia de proporcionalidad entre el hecho y la sanción, que resultará violentada si a dos coautores se les impone por el mismo hecho distintas penas.
Antes de hacer las correspondientes consideraciones jurídicas en respuesta a los problemas que el recurrente plantea, ha de quedar fijada la situación efectiva de los antecedentes del recurrente.Los hechos ocurren el 9 de julio de 1985 y las condenas que habían sido impuestas eran éstas: 11 de febrero de 1982, delito de estafa, con pena de cinco meses de arresto; 10 de noviembre de 1982, multa y privación de permiso de conducir por delito contra la seguridad del tráfico, y 1 de septiembre de 1983, delito de daños, a pena de multa.
La primera pudo quedar cancelada el 10 de febrero de 1984, la segunda el 9 de noviembre del mismo año y la tercera, que es por daños, el 31 de agosto de 1985, pero, como esta última, que es la que podría quedar cancelada después de los hechos por los que ahora se acusa, corresponde a un delito, como acaba de decirse, de daños, es obvio que no se dan los requisitos imprescindibles para apreciar la reincidencia, que debe ser eliminada de la sentencia de instancia.
En todo caso, es obvio que el beneficio de la duda, en relación con las fechas o con las demás exigencias, debe ser resuelto a favor del acusado (Sentencias de 10 y 30 de marzo de 1987 y 25 de noviembre de 1988) y, aunque la pena resultante, suprimida la reincidencia, pudiera «teóricamente» mantenerse por virtud del arbitrio judicial, es obligado, salvo que con un poderoso razonamiento se pudiera argumentar, lo que aquí no acaece, que
el Tribunal a quo, aun aplicando la citada agravante, había impuesto una pena inferior a la que, desde la perspectiva de la racionalidad y de la proporcionalidad, que son ingredientes de la justicia, correspondía corregir la pena impuesta en los términos que enseguida se dirán.
Finalmente, no está de más recordar que el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Ley Fundamental, tiene declarado que la reincidencia se puede aplicar sin violación del principio de culpabilidad por el hecho y, por tanto, que su existencia legal es conforme con la Constitución (Sentencia 150/1991, de 4 de julio), doctrina ésta mantenida insistentemente por esa Sala (Sentencias de 15 de octubre y 26 de diciembre de 1990, 12 de junio de 1991 y 21 de febrero de 1992).
Procede, pues, estimar el recurso y dictar otra sentencia ajustada a Derecho.
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el acusado Miguel , contra Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, de fecha 3 de abril de 1992 , en causa seguida contra el mismo por delito contra la salud pública, que casamos y anulamos con declaración de las costas de oficio.
Y remítase certificación de esta sentencia y de la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos procesales oportunos, con devolución de la causa que en su día se remitió.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Enrique Ruiz Vadillo.-Ramón Montero Fernández Cid.-Justo Carrero Ramos.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
SEGUNDA SENTENCIA
En la villa de Madrid, a cinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Lorca con el núm. 51/1989 y seguida ante la Audiencia Provincial de Murcia por delito contra la salud pública, contra el acusado Miguel , y en cuya causa se dictó Sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 3 de abril de 1992, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los excelentísimos señores expresados al final y bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo, hace constar lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Único: Se aceptan y reproducen íntegramente los fundamentos fácticos de la sentencia dictada por laAudiencia Provincial de Murcia.
Fundamentos de Derecho
Único: Se incorporan los de la precedente sentencia en cuanto afecta a la circunstancia de agravación de la reincidencia, respecto al acusado y condenado Miguel .
Es por ello por lo que procede imponerle la pena de un año de prisión menor y 100.000 ptas. de multa, con arresto sustitutorio de veinte días en caso de impago por insolvencia, con suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.
Todos los demás extremos no afectados por la anterior declaración se mantienen, aunque, no habría necesidad de decirlo, los pronunciamientos de los demás condenados no recurrentes.
Vistos los preceptos legales de aplicación al caso.
Que debemos condenar y condenamos al acusado Miguel , a la pena de un año de prisión menor y 100.000 ptas. de multa, con arresto sustitutorio de veinte días en caso de impago por insolvencia, con suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.
Todos los demás extremos no afectados por la anterior declaración se mantienen.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Enrique Ruiz Vadillo.-Ramón Montero Fernández Cid.-Justo Carrero Ramos.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. don Enrique Ruiz Vadillo, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
-
SAP Valencia 781/2008, 12 de Diciembre de 2008
...del Tribunal Supremo de 9 de mayo y 27 de junio de 1984, 5 de junio de 1985, 30 de septiembre de 1988, 22 de octubre de 1993 y 5 de mayo de 1994 ), habiendo declarado el Alto Tribunal en un supuesto, como el de autos, de retraso en la entrega de un inmueble, que "la falta de entrega de un i......
-
SAP Baleares 64/2003, 31 de Enero de 2003
...del Tribunal Supremo de 9 de mayo y 27 de junio de 1984, 5 de junio de 1985, 30 de septiembre de 1988, 22 de octubre de 1993 y 5 de mayo de 1994), habiendo declarado el Alto Tribunal en un supuesto, como el de autos, de retraso en la entrega de un inmueble, que "la falta de entrega de un in......
-
SAP Valencia 487/2006, 20 de Julio de 2006
...del Tribunal Supremo de 9 de mayo y 27 de junio de 1984 5 de junio de 1985, 30 de septiembre de 1988, 22 de octubre de 1993 y 5 de mayo de 1994 ), habiendo declarado el Alto Tribunal en un supuesto, como el de autos, de retraso en la entrega de un inmueble, que "la falta de entrega de un in......