ATS, 22 de Marzo de 2000
| Ponente | NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN |
| ECLI | ES:TS:2000:9187A |
| Número de Recurso | 171/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintidós de Marzo de dos mil.
ÚNICO.- La parte actora solicitó la suspensión del acto objeto del presente recurso contenciosoadministrativo.
De esa petición se dio traslado a la representación del demandado CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL y al MINISTERIO FISCAL, con el resultado que consta en las actuaciones.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén de la Sala
El acto administrativo combatido en el actual proceso contencioso-administrativo, y para el que se piden las medidas cautelares que ahora han de decidirse, es una resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- que impuso dos sanciones disciplinarias a la recurrente, como consecuencia de la apreciación de determinadas conductas mientras era Magistrada titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marbella.
Una de esas sanciones fue la suspensión de un año, como autora de la falta muy grave del art. 417.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -LOPJ- La otra es la de separación de la Carrera Judicial, como autora de la falta, también muy grave, del art. 417.8 de la mencionada LOPJ .
Las medidas cautelares que se reclaman, con invocación de lo establecido en los artículos 129 y siguientes de la vigente Ley de esta Jurisdicción , son estas dos: la suspensión provisional de la ejecución de la sanción; y la reposición de la recurrente, también provisional, en el ejercicio de sus funciones judiciales.
Y las principales razones que se aducen en apoyo de la conveniencia de esas medidas, expuestas ahora resumidamente y que más adelante se analizarán con mayor detalle, vienen a ser éstas:
- 1) La reposición cautelar es necesaria para que el actual recurso jurisdiccional no pierda su finalidad.
Se viene a sostener para ello que es una necesidad imperiosa de la justicia ( art. 1 CE ), pues, siendo de tal magnitud el sufrimiento causado a la recurrente con su separación de la carrera, habida cuenta de la gran resonancia que ha tenido en los medios de comunicación social, para la reparación de ese daño no bastará con la nulidad de esa sanción que en el futuro pueda declararse.Y también se dice que, de ejecutarse la separación, la recurrente perdería la plaza obtenida en la Audiencia de Málaga.
- 2) La reposición es también necesaria para que no se vulnere la presunción de inocencia.
- 3) Con las medidas cautelares solicitadas no se produciría esa perturbación grave de los intereses generales que, según lo dispuesto en el art. 130.2 de la Ley jurisdiccional , puede justificar su denegación.
En el art. 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa -LJCA- de 1998 -, el criterio elegido para decidir la suspensión cautelar es que la ejecución pueda hacer perder su finalidad legítima al recurso. Esta exigencia viene a representar lo que tradicionalmente se ha denominado el requisito del "periculum in mora".
La apreciación o no de este requisito, según se desprende de lo establecido en el párrafo inicial de antes citado art. 130, habrá de efectuarse mediante una adecuada y casuística ponderación de los intereses en conflicto. Y lo decisivo será el resultado que en esa ponderación se obtenga, con el carácter indiciario y provisional que corresponde a esta fase cautelar, sobre cual de tales intereses se revela como más prioritario, por ser su sacrificio el que presente mayor gravedad o trascendencia.
Junto a lo anterior ha de tenerse en cuenta también lo que sigue. La medida de la suspensión cautelar debe ser decidida sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo que ha de constituir el objeto de valoración y decisión en el proceso principal, pues, de lo contrario, se prejuzgaría dicha cuestión, con el posible riesgo, a evitar en lo posible, de que por amparar el derecho a una efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el art. 24 CE , cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba. Y la razón de esto último es que el incidente de suspensión no es trámite idóneo que permita un adecuado debate y análisis de la controversia principal objeto del pleito.
En el contraste de los intereses que en el presente caso se hallan en conflicto, en principio presentan una mayor entidad los perseguidos y tutelados por el acto impugnado. Por tanto, no es de apreciar ese requisito del "periculum in mora" que opera como criterio decisor de la suspensión cautelar.
Y al respecto de lo anterior es de subrayar lo siguiente:
- 1) Esa ponderación de intereses que aquí resulta obligada, al tener que realizarse sin prejuzgar la cuestión de fondo, impone que la mayor o menor entidad de unos u otros intereses haya de ser decidida valorando, en términos abstractos o genéricos, la importancia y naturaleza de las distintas necesidades a que responden esos intereses enfrentados.
- 2) La exigencia de que el poder jurisdiccional no sea desarrollado por quien ha incurrido en conductas que, según la ley, deben determinar su salida disciplinaria de la carrera judicial, es más relevante, desde la inicial perspectiva en la que ahora hay que moverse, que las necesidades individuales que se satisfacen con la permanencia como miembro de la carrera judicial en servicio activo.
El recto ejercicio de la jurisdicción, en los términos legalmente establecidos, constituye un presupuesto básico para que adquiera virtualidad práctica el modelo constitucional de Estado de Derecho, y es, además, el mecanismo por el que se da satisfacción al derecho fundamental de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE ).
La importancia institucional y la amplia proyección pluripersonal que corresponde a las actuaciones del poder judicial son, pues, obvias. Y hacen que la evitación de la anomalía que significaría mantener como titular de ese poder público, durante un prolongado espacio de tiempo, a quien no cumple ya las exigencias legales previstas para ello, constituya un objetivo mucho más prioritario que las necesidades particulares que una persona puede ver satisfechas por ser miembro activo de la carrera judicial.
- 3) Lo que acaba de exponerse es también predicable respecto al concreto interés individual de la recurrente de conservar el destino de la Audiencia Provincial de Málaga.
- 4) Por otra parte, la inmediata ejecución de la resolución que se impugna no sería obstáculo para la eficacia de la hipotética sentencia favorable que pudiere obtener la recurrente. Ese pronunciamiento favorable le permitiría recuperar sus derechos como miembro de la carrera judicial, por lo que, desde la sola perspectiva de sus intereses, tampoco es de apreciar que esa ejecución pueda hacer perder su finalidad legítima al actual recurso jurisdiccional.
La presunción constitucional de inocencia, que igualmente se aduce, carece aquí de virtualidad bastante para hacer aconsejable la suspensión cautelar que se está reclamando.
Es de reiterar al respecto lo que esta Sala y Sección afirmó en su sentencia de 13 de febrero de 1998 :
"(...) como resulta de la Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1984, de 6 de junio , (...) la efectividad de las sanciones administrativas, incluidas las tributarias, no entra en colisión con la presunción de inocencia. La legitimidad de la potestad sancionadora y la sujeción a un proceso contradictorio, abierto al juego de la prueba, según las pertinentes reglas al respecto, excluye toda idea de confrontación del principio de presunción de inocencia con la inmediata ejecutividad de las sanciones administrativas".
Y tampoco es atendible la invocación que se hace del art. 361 de la LOPJ : la privación de funciones jurisdiccionales que para la recurrente ha decidido la resolución impugnada no lo es con el carácter cautelar de suspensión provisional, sino con el de sanción definitivamente impuesta en la vía administrativa.
Las razones antes expresadas impiden, pues, acceder a la suspensión cautelar que aquí postula la parte actora.
No haber lugar a la suspensión del acto administrativo impugnado en el actual recurso contenciosoadministrativo número 171/2000, interpuesto por Doña Flora frente a la resolución del Pleno del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL de 9 de febrero de 2.000, sin perjuicio de lo que en su día se decida en la sentencia que ponga fin a este proceso.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados.
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