STS, 5 de Febrero de 1996

Ante el Juzgado de Primera instancia número cuatro de

Gerona, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía promovidos a instancia de la entidad DIRECCION000 . contra la entidad Grupo Inmobiliaria Gerona S.A. sobre reclamación de cantidad. Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: Se condenara solidariamentea Grupo Inmobiliario Gerona S.A. y a Don Eduardo : 1.- A pagar a la actora la suma de 10.000.000 de pesetas. 2.- A pagar a la actora el interés legal desde el día 10-04-90, fecha del otorgamiento de las escrituras de venta, hasta el día en que se haga el pago. 3.- A pagar todas las costas del presente procedimiento por imperativo legal a menos que se allanen a la presente demanda antes de contestarla. Admitida a trámite la demanda, los demandadas contestaron alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimaron oportunos, y terminaron suplicando al juzgado se dictara sentencia desestimatoria de la demanda y con absolución de la misma a los demandados con expresa condena en costas a los actores.

Por el juzgado se dictó sentencia con fecha 27 de junio de 1991 cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando la falta de legitimación pasiva alegada por el procurador Sr. Martí Regás Bech de

Careda, en representación de Don Eduardo , debo de absolver y absuelvo a éste de la demanda con imposición de costas al actor y que estimando la demanda interpuesta por el procurador Don Juaquín Sendra Blanxart, en representación de DIRECCION000 ., contra Grup Inmobiliari Gironi S.A., debo de condenar y condeno al demandado a abonar al actor la suma de diez millones de pesetas (ptas.-10.000.000.-) más el interés legal devengado desde el 23 de mayo de 1990, con imposición a éste demandado de las costas".

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Gerona, dictó sentencia con fecha 9 de abril de

1992, cuyo fallo es como sigue: "Que estimando el recurso e apelación interpuesto por el procurador Don Martí Regas Bech de Careda en nombre y representación de Grup Inmobiliaria Gironi S.A., contra la sentencia de

27-6-91, dictada por el Juzgado de 1ª Instª Instr. nº 4 de Girona, en los autos de Menor cuantía nº 483/90, de los que este Rollo dimana, revocamos la misma y en consecuencia, desestimando la demanda rectora de este pleito,absolvemos de la misma a la recurrente con expresa condena en costas de primera instancia a la entidad aquí recurrida y sin mención sobre las causas en esta alzada".

El procurador Don Francisco Velasco Muñoz Cuellar en representación de DIRECCION000 . formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado conforme a la Ley 10/92 de 30 de abril, fundado en la infracción de los artículos 1.255, 1.256 y 1.258 en relación con los artículos 1.089 y 1.091, todos ellos del Código civil.

Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 en su nueva redacción por Ley 10/92 de 30 de abril, fundado en infracción de las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación del Principio General de Derecho de que nadie puede ir contra sus propios actos, sentado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo entre otras en las sentencias de 16 de septiembre de 1987, 25 de septiembre de 1987 y 28 de abril de 1986, en relación con el artículo 1.231 del Código civil sobre confesión

extrajudicial.

Al amparo del nº 4 del artículo 1.692 redactado conforme a la Ley 10/92, de 30 de abril, fundado en la infracción del artículo 1.253 regulador de la prueba de presunciones.

Al amparo del nº 4 del artículo 1.962 redactado conforme a la Ley 10/92 de 30 de abril, fundado en la infracción del artículo 1.281 del Código civil.

Al amparo del nº 4 del artículo 1.692, redactado conforme a la Ley 10/92 de 30 de abril fundado en la infracción del artículo 1.283 del Código civil.

Amparado en el nº 4 del artículo 1.692 fundado en la infracción de la propia doctrina jurisprudencial citada, así como de la sentada, entre otras por las sentencias de 6 de octubre de 1990, 11 de junio de 1952, 23 de octubre de 1959, 3 de marzo de 1967 y 27 de diciembrede 1962, entre otras.

Admitido el recurso de casación formulado y evacuando el traslado conferido, el procurador Don Argimiro Vázquez Guillén en representación de la entidad recurrida Grupo Inmobiliario Gerona S.A. presentó escrito con oposición al mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 22 de enero de 1996, en que ha tenido lugar.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON JOSE ALMAGRO NOSETE Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.

La sentencia de segunda instancia, objeto del recurso,

tiene por acreditado: A) Que con fecha 12 de junio de 1989, el legal representante de la entidad apelante, y consejero-delegado de la misma Eduardo dirigió a la entidad apelada DIRECCION000 . una carta, en

la que, se comprometía a pagar, a dicha entidad, la cantidad de diez millones de pesetas en concepto de honorarios por sus gestiones y sus asesoramientos en la operación de compra, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, del inmueble propiedad de la recurrente sito en calle TRAVESIA000 nº NUM000 de Gerona, compromiso de pago que se supeditaba a que la escritura pública de compra de dicho inmueble por parte de la Seguridad Social se realizase antes del día 30 de septiembre de 1989,

siendo en todo caso, el comprador la mentada Tesorería General (documento a

folio 8), aceptado por ambas partes en sus escritos de demanda y

contestación respectivamente. B) Las gestiones a las que se comprometía la

entidad apelada eran, según reconoce expresamente en su escrito de demanda (apartado fáctico cuarto letra F a folios 22 y vuelto) de: preparación documentación (literal y gráfica-planos), presentación, gestiones administrativas y extraadministrativas; seguimiento de unas y otras, así como el asesoramiento general de la operación. C) Todo ello traía causa de la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad por la que se anunciaba la adquisición de nuevos locales y un solar para la instalaciónen los mismos de administraciones de la Seguridad Social, publicada en el

B.O.E. de 26 de mayo de 1989, (folio 7). Para facilitar las gestiones que DIRECCION000 . había de realizar, la recurrente facilitó al Secretario del Consejo de Administración de aquella, Juan Miguel , la copia de la documentación presentada a la Tesorería General de la Seguridad Social (posiciones sexta y séptima del Sr. Juan Miguel a folio 420 y documento con el "recibí" firmado por aquel a folio 49). E) A finales de Julio la recurrente recibió una comunicación, por la que, la Seguridad Social, requería la presentación de la documentación exigida en el pliego de condiciones (documento oficial a folio 58) y según dicho pliego abonaban la identificación del ofertante, títulos de propiedad del local ofrecido, certificaciones de titularidad dominical registral, con expresión de cargas y gravámenes, certificado municipal de usos, y Estatutos de la Comunidad de propietarios donde esté ubicado el local ofertado (folio 55). F) Todo ello fue solicitado personalmente por el Sr. Eduardo , representante de la entidad recurrente, quien obtuvo la Certificación Municipal acreditativa de usos permitidos y certificación registral (folio 59 a 68). G) Con fecha 6 de octubre de 1989, la Tesorería General de la Seguridad Social notificó a la recurrente el acuerdo adoptado el día 4 anterior por el que se adjudicaba la adquisición del local (documento a folio 74 y Resolución de el Director General de la Tesorería a folio 342), remitiendo la recurrente los antecedentes necesarios a la Notaría de Don José Manuel Rodríguez Escudero de Madrid para la preparación de las escrituras (documentos a folios 75 y

76), entre los que, figuraban escritura de segregación de la porción de finca a enajenar, donde participó como asesor de la recurrente el Letrado de Gerona Sr. Luis Pablo , quién además había intervenido en relación con las servidumbres que afectaban a dicho local (Minuta de honorarios a folio 122, ratificada en prueba testifical a folio 220). H) Preparada la escritura la Tesorería de la Seguridad Social remitió a la recurrente por fax el borrador de la minuta, en fecha 4 de diciembre de 1989 (folio 78), formalizándose las escrituras el 15 de enero de 1990 (folio 150). I) Conposterioridad la recurrente satisfizo y envió a Madrid el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y el pago municipal de plus-valía, así como justificantes de hallarse la recurrente al día en sus obligaciones derivadas de impuestos (folios 161 a 164). J) La Tesorería General de la Seguridad Social en fecha 26 de marzo de 1991, certifica que: "En la adquisición de un local para administración de la Seguridad Social en la TRAVESIA000 , NUM000 y calle Rutlla, 106 de Gerona, se ha mantenido relación exclusivamente (sic) por escrito con la empresa "Grup Inmobiliari Gironí, S.A." (folio 375).

Acusa, en primer término, el recurso por el cauce del artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la infracción de los artículos 1.255, 1.256 y 1.258 en relación con los artículos 1.089 y 1.091, todos del Código civil. Mas la argumentación de la causa casacional, apoyada con difusas referencias a preceptos de orden genérico, se centra prácticamente en la interpretación del documento que analiza la sentencia recurrida en su fundamento jurídico tercero: El documento, aceptado por ambas partes, de fecha 12 de junio de 1989, debe calificarse, como lo hizo el juez "a quo" de corretaje o comisión, no regulado expresamente en leyes civiles, si bien con sustantividad propia, innominado "facio ut des", a quien alcanza la regulación de las obligaciones y contratos del Código civil y de manera subsidiaria la regulación del contrato de mandato de los artículos 1.709 a 1.739 del Código civil (sentencia de 6 de octubre de

1990), como con acierto se recoge en la sentencia impugnada, la cual, aplica la figura del llamado en la jurisprudencia "corredor civil" que actúa sólo por una parte con la cual únicamente tiene relaciones contractuales y en la que el corredor puede obligarse a indicar la ocasión para contratar con el dueño de la obra a emprender, sin ningún otro tipo de compromiso o bien, sus obligaciones pueden ir más allá, si el contrato o comisión pactado se halla sometido a la condición suspensiva de la celebración del contrato pretendido y además aquel contrato tenga lugar "como consecuencia" de la actuación del corredor, supeditándose además aque las retribuciones del corredor sólo se devenguen en el caso de que el negocio final se realice por su intervención fijando un plazo marcado para aquel negocio (Sentencia de 26 de marzo de 1991). La obligatoriedad de ambas modalidades de corretaje, vincula a las partes en el contrato "cualquiera sea la forma en que se haya celebrado" (artículo 1.278 del Código civil), como deriva de la libertad de contratación del artículo

1.255 del mismo cuerpo legal y confirma el artículo 1.091 del propio

Código; recayendo la sentencia de primera instancia, en el error de

entender que, el corretaje o mediación de la recurrida DIRECCION000 , pertenecía a la primera de las modalidades citadas, al pretender su eficacia del extremo

de que, la venta llegue "a feliz término", en expresión del documento-base del contrato, con lo que se obvian dos circunstancias condicionantes del

contrato, a saber: a) que la retribución sólo se devengaría, si el contrato se celebraba por la actuación y como consecuencia de la misma por parte de DIRECCION000 o si de sus gestiones de mediación se aprovechara la recurrente, pues ningún otro alcance puede darse a la expresión literal: "en concepto de honorarios por sus gestiones y sus asesoramientos en dicha operación, una vez se haya realizado la escritura pública de compraventa" (Sic) y b) exigencia de un "plazo marcado expresamente" en la fecha de 30 de septiembre de 1989 (documento tres de la demanda a folio 8). El contrato de mediación en el caso discutido no venía constituido por una obligación de

medios, como entiende la sentencia del órgano "a quo" (1ª Instancia), sino que aquella obligación era de resultado o de fin determinado a alcanzar (la consumación del contrato) entre la recurrente y la Seguridad Social; y ello en consideración a que, el corretaje de autos era preliminar o preparatorio

de otro, de duración limitada al plazo máximo señalado por los

contratantes, y en el que la retribución no se adeudaba si el ulterior

convenio, como aquí ocurrió, se logra sin la intervención del corredor (Sentencias de 3 de junio de 1950, 18 de octubre de 1956, 16 de abril de

1952, 28 de noviembre de 1956, 2 de mayo de 1963 y 26 de marzo de 1991 entre otras muchas). En discrepancia con esta interpretación la parterecurrente añade al motivo una cuestión de valoración de prueba en relación con la certificación expedida por la Seguridad Social al folio 375. Pero de este planteamiento lo que se infiere es que el motivo no puede prosperar pues ni la interpretación ni calificación del contrato, ni la disconformidad con la valoración probatoria pueden encontrar apoyo en las instancias jurídicas alegadas.

Inadecuado resulta asimismo el motivo segundo al estimar que la sentencia impugnada infringe el principio general de Derecho de que nadie puede ir contra sus propios actos. Pero mas que determinar la infracción de un principio con apoyo en sus hechos probados, lo que intenta es construir a su arbitrio basándose en una supuesta confesión extrajudicial y en un documento que ya ha sido objeto de valoración en el conjunto de la prueba, un soporte fáctico en contradicción en los hechos probados, para demostrar, que a su juicio, las gestiones en pro de la venta con la Tesorería General de la Seguridad Social fueron llevados a efecto por la entidad recurrente. En consecuencia perece el motivo.

El motivo tercero, que discurre por el cauce de los anteriores (artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), denuncia la infracción del artículo 1.253, regulador de la prueba de presunciones. Considera la parte recurrente que de la expresión "en relación con las gestiones que están ustedes llevando a cabo con la Tesorería de la Seguridad Social" no puede deducirse que su principal no practicara gestiones tendentes a la venta del inmueble. Mas conviene para evitar que se extraigan de su contexto las afirmaciones probatorias que se reitere el razonamiento de la Sala de instancia: En el caso presente, el plazo concluye por todo término el 30 de septiembre de 1989 sin que los recurridos hubieran documentado su venta ni llegado a un acuerdo con la Seguridad Social, puesto que los documentos aportados con la demanda rectora de este procedimiento de números 4 a 8 (folios 9 al 13) son los relativos a la presentación de la solicitud de participación en la contratación directa y los tiene en su poder por entrega de copias de susoriginales por la recurrente, como se desprende del "recibí" obrante en el documento original número cuatro de la contestación a la demanda (folio 49) y reconocimiento en las posiciones sexta y séptima del representante de la recurrida (folio 420). En vista de ello, la entidad recurrente buscó el asesoramiento del letrado Sr. Luis Pablo y continuó con las gestiones de venta, sin intervención alguna de los recurridos, con lo que llegó a un acuerdo y se consumó la venta, con independencia de las gestiones de los demandantes-apelados y ello sin que, conste haberse pactado ningún tipo de retribución que no fuera la correspondiente al éxito final de la venta, siendo revelador de lo dicho la certificación de la Seguridad Social reconociendo haber mantenido relaciones "exclusivamente" con la recurrente (certificado al folio 375 citado). No se prueba por los actores-recurridos que la entidad vendedora le hiciese expresa prórroga de el plazo que se les concedió para proceder a la venta, no pudiendo deducirse de la expresión: "En relación con las gestiones que están ustedes llevando a cabo con la Tesorería General de la Seguridad Social", con que se inicia el contrato de mediación, que expresamente se reconozca por la recurrente la práctica de gestiones tendentes a la venta del inmueble propiedad de aquella, cuando el escrito participando en la contratación, se presentó el día 15 de junio de 1989 esto es, tres días después de firmar el contrato (folio 9) y cuando en la propia demanda se reconoce que " DIRECCION000 realizaría todos los trámites: preparación documentación, planos, presentación gestiones administrativas y extraadministrativas, seguimiento de ambas y asesoramiento general de la operación (folios 22 y vuelto donde obra la demanda), siendo lo cierto que no acredita la realización de ninguno de ellos, ni desvirtúa la abundante y contundente prueba documental de la demandada-recurrida (artículo 1.214 del Código civil y doctrina de los actos propios). Por último, si la entidad recurrente procedió a gestionar por sí misma la venta del local de su

propiedad, una vez transcurrido el plazo máximo de actuación pactado con los recurridos, ello era lícito, pues nada se pactó relativo a obligación previa de aquella de rescisión o resolución previa del corretaje, comoantecedente necesario para proceder a la venta por sí misma. Por todo lo cual procede estimar el recurso y rechazar con ello la demanda. De la exposición precedente se desprende que la Sala de instancia no hace uso de la prueba de presunciones por lo que de acuerdo con reiterada doctrina del Tribunal Supremo si el fallo se fundamenta en lo que resulta de las pruebas directas obrantes en los autos no resulta infringido dicho precepto (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 1995, entre otras

muchas), sin que, desdeluego, constituyan presunciones en sentido propio y técnico las llamadas "máximas de experiencia, deducciones o inferencias lógicas basadas en la experiencia jurídica y vital, también calificadas como juicios hipotéticos obtenidos de hechos o circunstancias concluyentes determinantes de conclusiones razonables en un orden normal de convivencia, que, precisamente, por ser razonables no cabe impugnar (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1992, entre otras). En definitiva, el motivo fenece.

Los motivos cuarto, quinto y sexto, conducidos bajo el

artículo 1.692-4 se examinan conjuntamente ya que se refieren a la interpretación del contrato (motivo cuarto, artículo 1.281 del Código

civil; motivo quinto, artículo 1.283 del Código civil y motivo sexto, jurisprudencia sobre interpretación y calificación). La parte recurrente en esencia trata de mantener frente a la tesis de la sentencia recurrida que la frase que determinaba el plazo para la realización de la venta no era fundamental en la economía del contrato. Mas en los antecedentes ya transcritos consta la importancia del plazo y su valor en el conjunto de la operación, por lo que no puede considerarse que la interpretación literal sea desmesurada, ni vaya mas allá de sus propios términos ni entendidos, ni comprendidos en ella cosas distintas o casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieran contratar. Las sentencias citadas en su "ratio decidendi" no desvirtúan sino antes bien apoyan la decisión de la Sala sentenciadora que se muestra lógica y razonable en la interpretación y calificación del contrato, cuestiones cuya fijación corresponde comofacultad privativa a los Tribunales de instancia cuyo criterio debe prevalecer en casación, aún en caso de duda, a no ser que el resultado fuera notoriamente ilógico (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1991 y 29 de julio de 1995). Por tanto, los motivos sucumben.

La desestimación de todos los motivos, trae consigo la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de las costas causadas al recurrente por imperativo legal (artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución:

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español