STS 735/1995, 17 de Julio de 1995
| Ponente | D. EDUARDO FERNANDEZ-CID DE TEMES |
| Número de Recurso | 2650/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 735/1995 |
| Fecha de Resolución | 17 de Julio de 1995 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de mil novecientos noventa y cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia de Hellín; cuyo recurso fue interpuesto por D. Cornelio, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Teresa Alas Pumariño y asistidos del Letrado Francisco Javier Barcina Mogro; siendo parte recurrida Dª Paloma, representada por el procurador de los Tribunales D. Tomás Cuevas Villamañan y asistida del Letrado D. Antonio López Santos; y D. Federico, Dª Esthery D. Juan Carlosestos tres últimos no teniendo representación procesal al acto de la vista por haber causado baja en la profesión su procurador, siendo también recurridos D. Robertoy Dª María, no comparecidos ante este Tribunal Supremo.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia de Hellín fueron vistos los autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía núm. 25/89 a instancia de Dª Palomay sus hijos D Federico, Dª Esthery D. Juan Carloscontra D. Cornelio, D. Robertoy Dª Maríasobre reclamación de cantidad, estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando: "dictar sentencia en su día condenando conjunta y solidariamente a los demandados a que abonen a mi representada Dª Paloma, la suma de SEIS MILLONES DE PESETAS, como perjuicios ocasionados por la muerte de su esposo D. Jose Pedro, y a mis también representados D. Federico, Dª Esthery D. Juan Carlos, en la suma de otros SEIS MILLONES DE PESETAS, (dos millones de pesetas a cada uno), como daños y perjuicios sufridos por la muerte de su padre, así como el interés legal de las referidas sumas desde la fecha de interpelación judicial hasta la total solvencia por los demandados, condenándoles asimismo al pago de las costas que se causen en este procedimiento".
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- Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció en los autos D. Corneliocontestando a la demanda y oponiéndose a la misma, estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando: "...dictar sentencia por la que se desestime la demanda formulada contra mi principal absolviéndole de toda responsabilidad y con expresa imposición de las costas a los demandantes.
Así mismo se persono el también demandada Dª Maríacontestando a la demanda en base a los hechos y fundamentos de pertinente aplicación para terminar suplicando: "...dictar sentencia, en la que se declare que mi mandante actuó en los hechos que motivan esta litis con la debida diligencia, no apreciando en los mismos culpa o negligencia no habiendo lugar a la condena de la misma en los términos solicitados en la demanda, con cuanto más procedería en derecho, y con expresa condena en costas a los actores en la parte correspondiente a mi mandante".
En último lugar compareció en los autos el demandado D. Robertocontestando y oponiéndose a la misma, alegando lo hechos y fundamentos de derecho que tuvo a bien, para terminar suplicando:
"...dictar sentencia desestimando la demanda, por no ser la causa de daños la actuación de mi representado, con lo demás proceda".
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- Recibido el pleito a prueba se practicaron las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes y figuran en los autos.
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- Tramitado el procedimiento, el Juez del Juzgado de Primera Instancia de Hellín dictó sentencia de fecha 21 de Junio de 1.990, cuyo fallo dice literalmente: "FALLO Que estimando parcialmente la demanda interpuesto ta por el Procurador D. José María Barcina Magro, en nombre y representación de Dª Palomay de sus hijos D. Federico, Dª Esthery D. Juan Carlos, contra D. Cornelio, D. Robertoy Dª María, representados, respectivamente por los Procuradores F. Juan A. Paredes Castillo, D. Antonio Blázquez Fernández y D. Vicente Tomás Garaulet, debo condenar y condeno a los demandados a que conjunta y solidariamente abonen a Dª Palomala cantidad de CUATRO MILLONES DE PESETAS; y a cada uno de los hijos, D. Federico, Dª Esthery D. Juan Carlosla cantidad de UN MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS, más los intereses legales desde la reclamación judicial, y ello sin hacer declaración en materia de costas procesales.(sic)
Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y sustanciada la alzada la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia con fecha 22 de Abril de 1.991 cuyo fallo es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando los recurso de apelación interpuestos por las representación de los demandados-apelantes DON CornelioY DOÑA María, apelantes 1º y 2º respectivamente,debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Hellín en los autos a que la presente se contrae, de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa, con expresa imposición de las costas causadas en esta lazada a los recurrentes".
Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de D. Corneliocon apoyo en los siguientes motivos:
Al amparo del artículo 1692-5º de la Ley de enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia. Consideramos infringido lo dispuesto en el artículo 1902 del código Civil.
Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción por las partes personadas se señaló para la celebración de la vista el día 4 de Julio de 1.995 a las 10.30 horas de su mañana en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. EDUARDO FERNÁNDEZ-CID DE TEMES
Fallecido en accidente el 12 de mayo de 1987 D. Juan Carlos, su viuda, en su propio nombre y en el de sus hijos, concluso el proceso penal tramitado al efecto, interpuso demanda, por culpa extracontractual o Aquilana, contra D. Cornelio, D. Robertoy Dª María, quienes fueron condenados solidariamente a abonar a la parte actora la suma de 8.500.000 pesetas, sentencia que fue confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, ante el recurso de los dos primeros demandados.
Contra la sentencia del órgano jurisdiccional colegiado recurre en casación D. Cornelio.
El único motivo formulado discurre por el cauce procesal del número 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciando infracción del artículo 1902 del Código civil en el sentido de que "la intervención en los hechos de D. Corneliofué la de ejecutar cuantas órdenes e indicaciones le transmitía el Arquitecto que llevaba la dirección técnica de la demolición", por lo que la responsabilidad era exclusiva de D. Robertoy al descubrirse en el curso de procedimiento que no era tal Arquitecto, de la propietaria que le contrató para dirigir la demolición, por culpa "in eligendo".
El motivo tiene que decaer al quedar viva, incólume e inconcusa la base fáctica sentada por la Audiencia -que acepta los fundamentos de la sentencia del Juzgado-, al no ser atacada en forma, por el cauce adecuado de error en la apreciación de la prueba, con lo que el motivo viene a hacer supuesto de la cuestión, cosa prohibida en recurso extraordinario como el que nos ocupa. En efecto: Dª Maríacontrató los servicios de D. Roberto, quien a continuación de su nombre ponía "Arquitectura y Demolición", para que llevase la dirección técnica de la de la casa ruinosa y para el efectivo derribo a la empresa "Grúas Manzanedo" de Hellín. para la cual trabajaba el fallecido, pero el Juzgado afirma que "la dirección de las obras de derribo, si bien correspondían a Roberto, fué asumida en parte por Cornelio, empresario para el que trabajaba el fallecido, el cual en colaboración con aquél decidía, entre otros aspectos, sobre el lugar idóneo de colocación del camión grúa", siendo ésta, la colocación del camión a dos metros diez centímetros de la fachada, una de las causas eficientes del trágico suceso (informe del Inspector de Trabajo y Seguridad Social; actuaciones penales seguidas), extremo en el que se insiste con el fundamento tercero al decir..."Cornelio, como empresario, estuvo al pie de la obra, adoptando decisiones conjuntamente con Robertoy referida fundamentalmente al lugar de colocación del camión grúa, que, por lo dicho en el fundamento anterior, no era el lugar más idóneo y desde luego causa técnica principal que desencadenó el fatal desenlace".
Por su parte, la Audiencia resalta: que ..."la caída de un trozo de pared aledaña sobre la cabian del camión-grúa que el fallecido manejaba, originada por el gran estrépito y vibración que el derribo con la punta de un pilar de casi dos mil kilos fué, sin duda, la causa efeciente del evento dañoso" y que, en consecuencia, "obvia es la responsabilidad del empresario a cuyo servicio trabajaba el fallecido causante de los actores, porque dueño del camión-grúa que la demolición hacía y experto en trabajos de esa clase y naturaleza debió y pudo prever las posibles contingencias que pudieren originarse y tomas las medidas necesarias para la evitabilidad de un dañoso resultado, sin que la presencia en la obra de un técnico deje sin efecto su obligación de observar y tener la diligencia debida, la racional y humanamente exigible, con arreglo a las circunstancias del caso y conocimientos del agente, para evitar en lo posible que algún daño ocurriera, como con acierto se razona por el juzgador "a quo", poniendo los medios necesarios y a su alcance para su obligación de vigilancia y diligencia cumplir, con negativa incluso de obediencia al técnico en evitación de un posible riesgo", Si, pues, hay daño, culpa o negligencia y nexo causal, mal puede entenderse infringido el artículo 1902 sin alterar los hechos según la propia conveniencia del recurrente, que así actúa cuando pretende que son aplicables al caso las sentencias de 24 de Diciembre de 1.984 y 22 de Enero de 1.988, al igual que pudo buscar muchas otras que en apariencia le diesen la razón, recaídas, sobre todo, al interpretar el artículo 1591 del Código civil. Precisamente con palabras de la sentencia de 22 de enero de 1988, hay que concluir que "no se puede acusar la infracción de unos preceptos sustantivos coherentes con los hechos probados y específicamente invocados en la sentencia combatida".
Por imperativo legal (artículo 1715, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Civil) las costas han de imponerse al recurrente, con pérdida del depósito si estuviese constituido o requiriéndole para que lo constituya si no lo hubiere hecho.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por por la Procuradora Dª María Teresa Alas Pumariño, en nombre y representación de D. Cornelio, contra la sentencia dictada, en 22 de abril de 1991, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete; condenamos a dicho recurrente al pago de las costas, con pérdida del depósito; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que remitió.-
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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SAP Murcia 100/2005, 29 de Abril de 2005
...debet sentire incommodum" (v. SSTS de 29 de noviembre de 1982, 19 de junio de 1991, 28 de septiembre y 29 de octubre de 1994 y 17 de julio de 1995 , entre otras). Y en este caso, como muy bien refiere el Juzgador "a quo" en el quinto de los Fundamentos de Derecho de su sentencia, RESIDENCIA......