STS 388/1992, 14 de Abril de 1992
| Ponente | D. TEOFILO ORTEGA TORRES |
| Número de Recurso | 2652/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 388/1992 |
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Abril de mil novecientos noventa y dos.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª), como consecuencia de autos de separación de común acuerdo, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Medina del Campo, sobre separación matrimonial de mutuo acuerdo, cuyo recurso fue interpuesto por el Ministerio Fiscal.
Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Medina del Campo fueron vistos los autos de separación de común acuerdo núm. 49/1990, seguidos a instancia de Don Héctor y Doña Amanda
, representados por el Procurador Don Tomás Pérez Arias y defendidos por el Letrado Don Miguel Angel Carretero Conde, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
Por el Procurador Sr. Pérez Arias se presentó escrito de demanda, alegando: "1.- Que sus representados contrajeron matrimonio canónico en Olmedo el día 8 de julio de 1978. II.-Que de dicho matrimonio nació con fecha 27 de diciembre de 1980 una hija llamada Sonia , que vivía en la actualidad. 3.-Que por una serie de circunstancias que provocaban la imposibilidad de la convivencia, habían decidido obtener la separación de su matrimonio, a cuyo fín habían formalizado, en documento de la misma fecha de la demanda, la oportuna propuesta de convenio regulador de sus efectos y que adjuntaba a la demanda. Alegaba los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba suplicando que en su día se dictara Sentencia por la que se declarara la separación del matrimonio formado por sus representados con todas las consecuencias legales, y aprobando la propuesta del convenio regulador presentada con todo lo demás que fuera procedente". Ratificadas las partes por separado en el contenido de la demanda y convenio regulador adjuntado a la misma, se dio el pertinente traslado al Ministerio Fiscal.
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 7 de Mayo de 1990, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador don Tomás Pérez Arias en nombre y representación de don Héctor y doña Amanda , debo decretar y decreto la separación judicial del matrimonio de los señores litigantes, celebrado en Olmedo el día 8 de julio de 1978, e inscrito al tomo 17, folio 161, de ese Registro Civil. Asímismo debo aprobar y apruebo íntegramente el convenio regulador suscrito por ellos en Olmedo el 10 de febrero de 1990, firme que sea esta Sentencia, comuníquese oficio a los Registros Civiles de Olmedo y Valladolid".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por el Ministerio Fiscal, y sustanciada la alzada con arreglo a derecho, la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) dictó sentencia con fecha 19 de Abril de 1991, cuyo fallo es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de 1ª Instancia de Medina del Campo, Dos, de fecha 7 de mayo de 1990, debemos confirmar y confirmamos aludida resolución, en todos sus pronunciamientos".
Por el Ministerio Fiscal, se ha interpuesto contra la anterior sentencia recurso de casación en interés de la Ley, al amparo de los siguientes motivos:
Motivo primero: "Al amparo del nº 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del párrafo 1º del artículo 95 del Código Civil".
Motivo segundo: "Al amparo del nº 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1435 nº 3 del Código Civil".
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, se señaló para la vista el día 2 de Abril de 1992, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. TEÓFILO ORTEGA TORRES
Se ha interpuesto este recurso por el Ministerio Fiscal, en interés de la Ley, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, en 19 de Abril de 1991, confirmando en apelación la dictada, con fecha 7 de Mayo de 1990, por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Medina del Campo, en un proceso de separación matrimonial de común acuerdo.
El primer motivo del recurso se formula por infracción del art.
95-1º del Código civil y, el segundo, del art. 1435-3º del mimo Texto legal, en ambos casos con referencia a que se aprobó un convenio regulador de la separación en el que, al tratar de la liquidación del régimen económico matrimonial (art. 90-D del C.c.), acordaban los cónyuges que, en el futuro, dicho régimen sería el de "absoluta separación de bienes", y estima el Ministerio Fiscal, aunque sin afirmarlo radicalmente ("Probablemente existen razones bastantes para entender que la solución dada en el pleito se ajusta a la realidad y a la regulación de esta materia en el Código civil. Pero su autoridad sólo tiene expresión en el caso concreto, a diferencia de la que esta Sala haya de dictar, que constituirá jurisprudencia"), que ello es contrario a los preceptos antes citados porque el art. 95-1º, al regular uno de los efectos comunes a la nulidad del matrimonio, separación y divorcio, dispone que "la sentencia firme producirá, respecto a los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial", sin prevenir el establecimiento de un régimen ulterior, y el art. 1435 ("Existirá entre los cónyuges separación de bienes: 3º Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen de participación, salvo que por voluntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto") no puede considerarse vigente a los efectos del art. 95-1º, de redacción más moderna, con el que sería incompatible.
El art. 95-1º, que revela una técnica en verdad defectuosa, precisa ser interpretado partiendo de que, como es obvio, no son equiparables las consecuencias, en el aspecto que nos ocupa, de la nulidad del matrimonio o el divorcio y la separación, pues en esta última subsiste el matrimonio y ello hace necesario un régimen económico, siendo adecuado el de separación de bienes, solución concorde con el art. 1435-3º que puede fundamentarse en que: a) Este es el criterio del Código civil en supuestos de disolución de la sociedad conyugal por otras causas (así, art.
1374); b) Cuando el art. 1443 del mismo Código dispone que "la separación de bienes decretada no se alterará por la reconciliación de los cónyuges en caso de separación personal", presupone la existencia de aquélla; c) Aunque, en puridad, la "disolución del régimen económico matrimonial" prevista en el art. 95-1 no se identifica con la necesariedad de que se establezca el régimen económico matrimonial de separación de bienes, pudiendo quizá bastar la adopción de las medidas legalmente previstas en los arts. 90 y siguientes, nada se opone a entender aquel precepto en el razonable sentido de que, en aplicación del art. 1435-3º, al extinguirse la sociedad de gananciales anterior, se someta el matrimonio al régimen de separación de bienes, cuanto más si, como sucede en el presente caso, así se acordó en el convenio regulador de la separación matrimonial; y d) Por último, y aunque éste no sea el caso, tampoco se ve inconveniente en referir el art. 95-1 sólo a los regímenes económico-matrimoniales comunitarios, pues en el supuesto de previa separación de bienes carece, en rigor, de finalidad.
Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso sin que, atendida su naturaleza, sea pertinente pronunciamiento alguno sobre costas o depósito.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto, en interés de la Ley, por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1ª) con fecha 19 de Abril de 1991; sin pronunciamiento alguno sobre costas o depósito. Líbrese al Delegado en Valladolid del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León testimonio de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Teófilo Ortega Torres, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
