STS 678/1998, 23 de Abril de 1999

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se denuncia que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al no apreciar una eximente incompleta por embriaguez

Se designan como documentos en los que se fundamenta el error que se invoca las propias declaraciones del recurrente, el informe médico forense que obra al folio 51 y el informe psicológico que obra a los folios 56 a 58 de la causa. .

El motivo no puede prosperar.

La doctrina de esta Sala condiciona el error en la apreciación de la prueba que se invoca al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) equivocación evidente del juzgador al establecer dentro del relato fáctico algo que no ha ocurrido; 2º) que el error se desprenda de un escrito con virtualidad documental a efectos casacionales que obre en los autos y haya sido aducido por el recurrente; 3º) que tal equivocación documentalmente demostrada no aparezca desvirtuada por otra u otras pruebas.

Las declaraciones del recurrente, como reiteradamente tiene declarado esta Sala, carecen de naturaleza documental, a efectos casacionales, en cuanto se trata de pruebas personales que no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones, cuya valoración corresponde en exclusiva al juzgador de instancia.

Los informes emitidos por el médico forense y el psicólogo en modo alguno evidencian el error que se alega. Queda perfectamente claro que los informes, como se expresa en los mismos, están condicionados a una situación que refiere el propio acusado. Si fuera cierta la ingesta que el acusado menciona se hubiera producido una alteración de su capacidad de culpabilidad, sin embargo los informes en modo alguno acreditan que dicha ingesta alcohólica se hubiera producido. Al contrario, como se razona por el Tribunal sentenciador, en el tercero de sus fundamentos jurídicos, no existe dato objetivo que lo acredite, y se niega dicha situación por la víctima de los hechos y por el Guarda Jurado que estuvo hablando con el acusado.

Por todo lo expuesto, no concurre ninguno de los requisitos a que antes se hacía mención para que pueda prosperar el error en la apreciación de la prueba que se invoca. III.

FALLO

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE CASACION por infracción de precepto constitucional e infracción de Ley interpuesto por Jorge, contra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 3 de julio de 1997, en causa seguida por delito contra la libertad sexual. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta sentencia a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal AUTO Nº de Recurso: 1642/1997 Fecha Auto: 03/12/98 Ponente Excmo. Sr. D.: Carlos Granados Pérez Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández Escrito por: JLA * Aclaración Recurso Nº: 1642/1997 Ponente Excmo. Sr. D. : Carlos Granados Pérez Secretaría de Sala: Sr. Rico Fernández TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal AUTO Excmos. Sres.: D. Carlos Granados Pérez D. Joaquín Martín Canivell D. Eduardo Móner Muñoz ______________________ En la Villa de Madrid, a tres de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho. I. HECHOS PRIMERO.- En el recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales, infracción de Ley y quebrantamiento de forma interpuesto por Jorge, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, los componentes de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, en su sentencia 1406/1998, de 16 de noviembre, han fallado desestimando el recurso de casación formalizado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 3 de julio de 1997. SEGUNDO.- Que por el Procurador Sr. de Zulueta Cebrián, en nombre y representación de Jorge, en escrito de fecha 30 de noviembre de 1998, se solicita aclaración de sentencia por haberse omitido, en la dictada por esta Sala, la sustanciación del tercer motivo planteado en su recurso de casación, y ello al amparo del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS UNICO.- La reforma llevada a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en fecha 4 de diciembre de 1997, ha modificado la redacción del artículo 240 de dicha Ley Orgánica, incorporando en los nuevos apartados tercero y cuarto un incidente de nulidad de actuaciones cuando se hayan producido defectos de forma que hubieran causado indefensión o incongruencia en el fallo y en aquellos casos en los que la sentencia o resolución no sean susceptibles de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida. No ha sido modificado, por el contrario, el artículo 267 de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial en cuyo apartado primero se establece que los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan. Efectivamente, como se recoge en el escrito presentado, en el recurso de casación interpuesto en nombre de Jorgese formalizó un tercer motivo, que por error de transcripción se ha omitido en la sentencia dictada por esta Sala resolviendo el mencionado recurso. Dicho tercer motivo se formalizó al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal invocándose quebrantamiento de forma por haberse denegado diligencias de prueba y nulidad de actuaciones en base al artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal error de transcripción y consiguiente omisión, se ha cometido claramente, y fluye sin dificultad alguna de lo anteriormente expuesto, y habida cuenta de que para resolver tal error de transcripción nada se aportaría a la defensa del recurrente ni a esta Sala con el trámite del incidente de nulidad de actuaciones, que entrañaría una mayor dilación, es por lo que se inclina esta Sala por resolver el error de transcripción expresado y la omisión producida a través del cauce de la aclaración de sentencia que autoriza el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como se interesa por el propio recurrente. Advertida la omisión que ha sido puesta de manifiesto por el Procurador Sr. de Zulueta Cebrián procede dar respuesta al mencionado motivo y completar la fundamentación jurídica de la sentencia de esta Sala en los siguientes términos: TERCERO.- En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por denegación de prueba en diversas fases del procedimiento, incluida la vista del juicio oral. En concreto, las fases a las que se alude son: a) en el Juzgado una vez dictado Auto acordando la conclusión del Sumario; b) ante la Audiencia pidiendo la revocación del Auto de conclusión del Sumario; y c) ante la misma Audiencia, en el escrito de conclusiones de la defensa. En modo alguno puede sostenerse indefensión cuando el Tribunal de instancia, con correcto criterio, en Auto de fecha 17 de abril de 1997 acuerda confirmar la conclusión del Sumario ya que las diligencias de pruebas interesadas no son precisas para decidir sobre la apertura del juicio oral y que todas ellas, de admitirse en su momento, podían ser practicadas en el plenario, como así se hizo. Por las mismas razones, una vez concluido el Sumario no procedía practicar unas diligencias de prueba que, por lo que se acaba de exponer, podían ser interesadas en el escrito de conclusiones provisionales de la defensa. El recurrente ha hecho uso, pues, de la facultad de solicitar todas las diligencias de prueba que su defensa ha estimado adecuada a sus intereses. Y es asimismo correcta la decisión del Tribunal de instancia de admitir todas las diligencias de prueba solicitadas por la defensa en su escrito de conclusiones provisionales a excepción de un informe ampliatorio sobre la pericial señalada en el apartado cuarto y así como denegar la pericial señalada en el apartado séptimo del escrito de defensa. El Tribunal de instancia razona que no se dice en que consiste esa ampliación y, en todo caso, sí acuerda que dichos peritos sean citados al acto del juicio para que informen sobre los dictámenes ya emitidos o en su caso hagan las ampliaciones o aclaraciones que estimen pertinentes, por lo que puede considerarse estimada la prueba y respecto a la que sí fue rechazada en el Auto citado, concretamente la recogida en el apartado séptimo del escrito de defensa, ésta consistía en que el Instituto Nacional de Toxicología analizara las muestras vaginales de la presunta víctima con expreso pronunciamiento de si las mismas pueden constituir una secreción habitual en una relación consentida. Este dictamen pericial, cuya petición no fue reiterada en el acto del juicio, no obstante, si fue objeto de pronunciamiento por los peritos que acudieron al acto de la vista a los que se les preguntó sobre este extremo, como puede comprobarse en el acta extendida al efecto, en la que se puede leer que los peritos manifestaron, entre otras cosas, que en una relación normal hay una lubrificación por las glándulas que segregan en esas zonas y que facilitan la penetración. La secreción blanquecina corresponde a una segregación de semen ya que había espermatozoides en ese líquido. Si ha habido eyaculación o no es una apreciación subjetiva que no puede pronunciarse categóricamente al respecto. Así pues, además de que hubo pronunciamiento pericial, lo que no puede pretender el recurrente es que tal dictamen sobre las muestras vaginales de la víctima se extienda a suministrar respuesta a si la relación sexual fue consentida o forzada. Ello, como dijeron los peritos, no puede ser contestado, y debe quedar acreditado por otros medios de prueba como así sucedió ya que oportunamente se interrogó sobre ese extremo tanto a la víctima como su agresor en el acto del juicio oral y en la instrucción de la causa. Tiene declarado el Tribunal Constitucional y esta Sala, en reiteradas sentencias, que para que pueda prosperar el recurso de casación por denegación de diligencia de prueba no basta con que se haya privado a la parte que la propone de prueba planteada en tiempo y forma, sino que es necesario que la negativa afecte a una prueba esencial para el interés de la parte hasta tal punto que su falta le ocasione indefensión. Así el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 218/97, de 4 de diciembre, expresa que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa de los propios intereses es una manifestación esencial del derecho genérico de defensa en el ámbito judicial. Integra el contenido de un derecho fundamental específico del art. 24,2 CE, cuya infracción al respecto, obviamente, no es consecuencia de cualquier denegación judicial de peticiones de actividad probatoria, sino que requiere un efecto material de indefensión: requiere que la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la resolución del conflicto, "decisiva en términos de defensa" (STC 1/1996). Y en la Sentencia de ese mismo Tribunal Constitucional 196/1988, de 24 de octubre, se afirma que es cierto que el derecho a valerse de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE), no implica en modo alguno que quien ejercita la acción penal pueda exigir del órgano judicial la práctica de todas las pruebas por él propuestas, ya que el mismo precepto constitucional exige la condición de la pertinencia, que ha de ser apreciada por los propios Tribunales ordinarios. Por las razones antes señaladas y acorde con la doctrina jurisprudencial que se acaba de dejar expuesta, no se ha producido denegación alguna de prueba que por su pertinencia hubiese impedido a la parte que la propuso su derecho de alegar y probar y, en consecuencia, en modo alguno se le ha causado indefensión. El motivo no puede prosperar.". III. PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA: Que debía aclarar y aclaraba la omisión en que se ha incurrido en la sentencia 1406/98, de 16 de noviembre de 1998 y que procede añadir como fundamento jurídico tercero lo que se expresa en el fundamento de derecho de este Auto de aclaración. Así lo acordamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Carlos Granados Pérez , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

En el recurso de casación por Infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación de Gustavoy Carlos Francisco, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Sexta, que les condenó por delito de robo con violencia, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. JOAQUÍN GIMÉNEZ GARCÍA, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por la Procuradora Sra. López Macias.I. ANTECEDENTES

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, incoó Procedimiento Abreviado nº 926/97, contra Gustavoy Carlos Francisco, por delito de robo con violencia, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, que con fecha 2 de Diciembre de 1997 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

"Se declara probado que sobre las 17 horas del día 22 de Febrero de 1.997, los acusados Carlos Francisco, mayor de edad, ejecutoriamente condenado en sentencia firme de fecha 27 de Diciembre de 1.994 por el Juzgado de lo Penal de Madrid nº 11 a la pena de 6 meses y 1 día de prisión menor por un delito de robo y, Gustavo, mayor de edad y sin antecedentes penales, puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, abordaron en la Calle Ramón Pérez de Ayala a María Cristinay Lorenzocuando se bajaban de su vehículo y esgrimiendo un destornillador cada uno, el acusado Carlos Franciscose abalanzo sobre María Cristinaa la que cogio por detrás al tiempo que le exigía el dinero y ante su oposición y la de Lorenzole clavo el destornillador en el costado derecho, causandole unas lesiones que tardaron en curar 3 días requiriendo para sanar una sola asistencia facultativa y, estando un día incapacitada para desempeñar su actividad habitual, dandose a la fuga ante dicha oposición sin que lograran satisfacer su proposito". (sic)

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"FALLAMOS:

1. Que debemos condenar y condenamos a los acusados Carlos FranciscoY Gustavo, como responsables en concepto de autor del delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN CON USO DE MEDIO PELIGROSO, en grado de tentativa, conconcurrencia de la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal agravante de reincidencia en el primer acusado, a la pena, de TRES AÑOS DE PRISIÓN para el primero y DOS AÑOS DE PRISION para el segundo, con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, comiso de los medios peligrosos intervenidos, pago de las costas causadas por este delito por mitad.- B) Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Carlos Francisco, como responsable en concepto de autor de una falta de LESIONES, en grado de consumación a la pena de TRES FINES DE SEMANA DE ARRESTO, debiendo indemnizar a María Cristinaen la cantidad de 10.000 pesetas por las lesiones sufridas.- Concluyase y reclamese conforme a derecho la pieza de responsabilidad civil.- Y para el cumplimiento de las penas impuestas, se abonan a los condenados todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa". (sic)

Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación de Gustavoy Carlos Francisco, que se tuvo por anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de los recurrentes, formalizó el recurso, alegando el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN:

UNICO: Al amparo del número 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción del artículo 20 apartados 1 y 2 del vigente Código Penal y del artículo 21 apartado 1º del mismo texto legal.

Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, lo impugnó; la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

Hecho el señalamiento para Fallo, se celebró la votación prevenida el día 27 de Enero de 1999.

Que debemos condenar y condenamos al acusado Jose Pablocomo autor responsable del delito ya definido de Malversación de Caudales Públicos sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de dos meses de arresto mayor e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y un día con la accesoria de suspensión de cargo público y derecho de sufragio por el tiempo de la condena; y pago de costas incluidas las de la Acusación Particular.

Asimismo, se dará traslado de los antecedentes necesarios al Tribunal de Cuentas, para que determine el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales y efectos públicos, siéndole de abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Reclámese del Juzgado Instructor la Pieza de Responsabilidad Civil.