STS 868/1999, 2 de Junio de 1999

Su correlativo numeral en el Recurso se basa en el art. 850-5º de la L.E.Cr. para, en relación con los arts. 834 y ss. y 746-5º de dicha Ley, denunciar quebrantamiento de forma por la no suspensión del juicio oral a pesar de la incomparecencia de varios acusados y cuya previa declaración de rebeldía no se había producido.

Entiende quién recurre que no existía causa fundada para juzgar a los incomparecidos con independencia de los presentes siendo la ausencia de aquéllos de vital importancia para la resolución de la causa, por lo que "su no declaración y la falta de suspensión de la vista oral ha sido perjudicial para los condenados".

En apoyo de tales alegaciones se afirma en el Recurso "la absoluta totalidad de la vista oral se desarrolló en torno a un juicio paralelo al que se seguía contra los comparecientes acusados, obviándose las acusaciones contra los comparecientes y anacrónicamente, todos los testimonios y acusaciones fueron dirigidos en exclusividad a los acusados ausentes y no declarados rebeldes".

Las afirmaciones acerca de la transcendencia y de las declaraciones que habían de prestar los ausentes en relación con los acusados presentes y sobre la inexistencia de las posibilidades de enjuiciamiento independiente queda reducida a meras hipótesis dialécticas sin apoyatura fáctica que les otorguen solvencia ni sustento argumental relevante pues no se ofrece en el desarrollo del Motivo razón estructural alguna que evidencien aquéllas y permita tachar de improcedente la decisión del Tribunal de no suspender la continuación del juicio para los acusados comparecidos, por lo que la valoración recurrente acerca del desarrollo de la vista oral aparece así como una mera apreciación de parte en el seno de su estrategia defensiva. Si a ello se añade que no consta en el Acta correspondiente la preceptiva protesta deviene en infructuoso todo el esfuerzo expositivo recurrente y el Motivo aboca definitivamente al rechazo que ahora se declara.

El segundo apartado recurrente toma la vía del art. 851-1º inciso segundo de la L.E.Cr. para denunciar manifiesta contradicción entre los hechos declarados probados.

El motivo observa el vicio denunciado reseñando el pasaje del "factum" que se refiere a que María Inmaculadaera obligada por los condenados a ejercer la prostitución en el Club "DIRECCION001" y aquél en el que se señala la falta de prueba suficiente para sentar que durante el tiempo que María Inmaculadapermaneció en los Clubes "DIRECCION001" y "DIRECCION000" estuviera imposibilitada de salir al exterior o marcharse de allí., a cuyo efecto toma como referencia otro fragmento narrativo relativo a persona distinta. Con tal estructura expositiva, el autor del Recurso entiende que si la víctima podía abandonar el Club "DIRECCION001" no es posible afirmar que los condenados la retuvieran como prostituta, lo que hace inviable la calificación jurídica de los hechos de acuerdo con el art. 188-1º del C. Penal.

El cauce procesal elegido necesariamente exige concretar contradicciones entre extremos del "factum" enfrentados en oposición o antítesis manifiesta, tan inconciliables e incompatibles que vienen a destruirse entre sí, de tal modo que la afirmación de uno implique la negación del otro y a la inversa, haciéndose imposible toda subsanación, lo que genera un verdadero vacío en la descripción formal de los hechos al no poder recurrirse a otras expresiones o conceptos deslizados en el relato capaces de ejercer, en un proceso expansivo, semejante función de cobertura. Señalándose jurisprudencialmente como requisitos o condicionamientos precisos para la estimación de la contradicción fáctica:

1. que sea manifiesta y absoluta en el más amplio sentido gramatical de tales conceptos, lo que quiere significar jurídicamente que no sólo sea ostensible sino también insubsanable, insoslayable y, sobre todo, incompatible con la integridad del relato histórico, con recíproca exclusión entre las distintas manifestaciones;

2. que como interna emane directa e inmediatamente de los propios términos en que aparezca la relación fáctica, confrontando los distintos vocablos, incisos, expresiones o pasajes insertos en la misma;

3. que sea completa, afectando la incompatibilidad a los hechos y sus circunstancias, y, por ende, a la calificación jurídica, los grados de participación o ejecución y a cuantas circunstancias determinen la responsabilidad penal o civil;

4. que sea causal, o lo que es lo mismo, determinante de una advertible incongruencia, dada la relación directa entre el vicio procesal y el fallo final de la sentencia;

5. que las frases o expresiones contradictorias, por afectar a circunstancias esenciales de la cuestión controvertida y de la misma resolución, sean imprescindibles a la resultancia probatoria, de tal forma que su supresión propiciare la inexpresión, la incomprensión o la falta de claridad de aquélla; siendo inocua la contradictio cuando su objeto aparezca intranscendente en el caso examinado, no influyendo en la determinación de la infracción criminal ni en la responsabilidad en juego de los sujetos encausados.

Aplicando tales directrices jurisprudenciales es evidente que el motivo debe ser rechazado ya que la pretendida contradicción no puede establecerse entre fragmentos del relato referidos a personas distintas y, menos aún cuando uno ofrece la versión ofrecida por una víctima -la fallecida Camila- y otro describe una situación de insuficiencia probatoria objetivamente apreciada por el Tribunal "a quo".

En el presente supuesto, los recurrentes mezclan ambos pasajes en un intento de justificar su denuncia. Más detectada tal artimaña expositiva no cabe apreciar contradicción casacionalmente apreciable en los pasajes que se refieren a María Inmaculada, pues en el marco del art. 188 del C. Penal cabe por supuesto la conducta coactiva a través de un abuso de superioridad o del estado de necesidad de la víctima, sin necesidad de privar a ésta de su libertad ambulatoria (de ahí la absolución por el Delito de Detención Ilegal del que también eran acusados los recurrentes), por lo que si, en este caso, el ataque a la libertad sexual se produjo cuando, a través de la conducta coactiva se trataba de evitar que, aún teniendo ocasión, la víctima pudiera determinarse a abandonar la prostitución, no es censurable la descripción que ofrece la combatida.

En su consecuencia, se ratifica el anunciado rechazo del Motivo.

El Motivo cuarto se acoge al párrafo 2º del art. 849 de la L.E.Cr para denunciar error en la apreciación de la prueba. Su análisis, por razones de sistemática casacional, debe preceder al del Motivo tercero, pues del éxito o fracaso de aquél puede depender de éste.

Al efecto conviene recordar la doctrina jurisprudencial emitida en torno al vicio "in iudicando" cuestionado. Se viene afirmando por esta Sala de manera pacífica y constante que el error sólo puede prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba, siempre y cuando ese supuesto error no resulte contradicho por otros medios probatorios de, al menos, análoga consistencia, credibilidad y fiabilidad, puesto que no existiendo en el proceso penal pruebas excluyentes, todas son aptas para propiciar la íntima convicción del artículo 741 de la L.E.Cr. Por ello es preciso que el error se pruebe a través de prueba documental que, originada fuera de la causa, se haya posteriormente unido a la misma, y de cuyo contenido se desprenda paladinamente que en efecto quien juzgó, erró en la apreciación de la prueba y si bien el concepto de documento es amplio y, según el artículo 26 del Código Penal de 1.995, es aplicable a todo soporte material que incorpore o exprese datos, hechos o narraciones con eficacia de prueba o cualquiera otra relevancia jurídica, no pueden alcanzar valor de documento a efectos casacionales los resultados de prueba de otra clase que, producidos en la misma causa, se recogen en forma documentada en la misma. Reiteradamente así se ha afirmado en la jurisprudencia, que no tienen valor de documentos a los fines de acreditar error del juzgador, las manifestaciones de testigos o de los propios acusados, y tampoco el acta del juicio oral.

En su consecuencia, si las referencias documentales que presentan los recurrentes son las declaraciones de la denunciante, resulta inviable admitir la existencia del error denunciado por más que se justifique éste en la impugnación del contenido de tales manifestaciones, ya que tal esquema valorativo carece de efectos en este trance casacional, además de no corresponderse con el cauce que ofrece el párrafo segundo del meritado art. 849 de la L.E.Cr.

El Motivo, pues, se desestima.

El Motivo tercero se funda en el párrafo 1º del art. 849 de la Ley Procesal citada para denunciar infracción, por apreciación indebida, del art. 188-1º del C. Penal.

Dando por sentados los presupuestos calificadores que los recurrentes fijan en el apartado segundo de su Recurso, este que ahora se analiza se presenta como obligado colofón de aquél, aún cuando ofrezca su panorámica sustantiva para negar la presencia de los ingredientes de naturaleza objetiva del tipo cuestionado.

Como sustento de tal tesis no solo se acomoda el contenido del relato fáctico a la exigencia de una situación de coacción amenazante a fin de poder afirmar que María Inmaculadagozaba de libertad plena para dejar la prostitución, sino que se refuerza tal aserto con una exposición de las declaraciones de aquélla.

Tal proceder excede en todo caso de las posibilidades impugnativas que abre la vía casacional elegida, pues, además de fijar la censura de una forma poco ortodoxa no sobre hechos asépticos sino sobre conclusiones valorativas, establece un plus referencial inapropiado que, en caso alguno, puede ser tomado en consideración en esta fase del procesado máxime cuando en uso de su libre convicción, la Sala "a quo" da crédito a las manifestaciones de la víctima María Inmaculada, no sólo respecto a su dedicación a la prostitución sino a que ésta era contra su voluntad. Especialmente, la declaración ante el Juzgado de La Carolina, como testigo sometida a especial protección, pese a las precauciones de los explotadores, aportando un contrato de cocinera (f. 5113 de la instrucción), sin el menor valor por no estar firmado ni registrado en la oficina de empleo de Bailen.

RECURSO DE Maribel

El primer Motivo se formula al amparo del art. 850-2º de la L.E.Cr. para denunciar quebrantamiento de forma en relación con el art. 664 de dicha Ley Procesal "por falta de citación y/o notificación al fiador de la acusada recurrente".

El alegato trata de dotar la transcendencia impugnativa a la omisión de la notificación al fiador del Auto en el que se acuerda la citación de las partes al juicio oral, asimilando a aquél a éstas.

Dicha irregularidad procesal no tiene el alcance que le otorga quién recurre, pues, además de que no puede equipararse la citación de comparecencia a juicio en calidad de parte con la notificación al fiador de la correspondiente resolución que plasma tal acuerdo -los términos legales son claros al efecto, pues hablan de citación diferenciadamente de notificación- ya que esta es una mera comunicación acerca de la marcha de la "litis" mientras que la primera es un acto procesal relevante con el que se trata de asegurar la correcta composición de las partes en el Plenario, garantizando a cada una de aquéllas todas sus probabilidades de defensa e intervención en dicha fase estelar del proceso, la enumeración que establece el párrafo segundo del art. 850 -referencia obligada del art. 664, ambos de la L.E.Cr.- tiene carácter cerrado y exclusivo, sin que pueda extenderse a quienes -como los fiadores- no aparecen en ella relacionados por comprender únicamente a aquéllos que, con derecho a ser citados, tienen reconocida en concepto de parte, la genuina titularidad del Derecho a la Tutela Judicial efectiva en su más amplio sentido.

De ahí que si la ausencia de notificación al fiador de la apertura del acto del juicio oral no produce alteración alguna en la posición de la recurrente ni le provoca indefensión, huelga hablar de quebrantamiento de forma en el sentido casacional de la expresión, por lo que, el Motivo así planteado con tal censura se desestima.

A través del nº 5 del art. 850 de la L.E.Cr. se denuncia en el segundo Motivo un nuevo quebranto formal que se justifica porque se celebró el Plenario en ausencia de cuatro acusados no rebeldes, alegando que la inmensa mayoría de las manifestaciones vertidas en el Juicio Oral giraron alrededor de los cuatro acusados no comparecidos y que la totalidad del Plenario se desarrolló en torno a un "juicio paralelo" contra ésos y no contra los acusados comparecientes.

Dada la sustancial identidad de este Motivo -tanto en su formulación como en su desarrollo- con el primero del Recurso formalizado en nombre y representación de los otros condenados y cuyo tratamiento casacional se refleja en el primer fundamento jurídico de esta resolución nos remitimos a los argumentos allí expuestos para, evitando innecesarias reiteraciones, justificar el rechazo de este apartado recurrente aunque, acaso, no sea ocioso añadir que es el propio autor del Recurso quién en su largo expositivo reconoce lo infundado de su planteamiento e, implícitamente, el correcto proceder jurisdiccional cuando afirma literalmente "a resultas de todo ello, es clara y así se desprende, la existencia de causas más que fundadas para juzgar con independencia a los acusados no comparecidos".

El tercer Motivo se funda en el art. 851-1º -inciso segundo- de la L.E.Cr. para denunciar contradicción en los hechos probados de la sentencia.

Con la reseña de varios pasajes del antecedente de hecho primero que comprende el "factum", en los que respectivamente se refleja el contenido de la denuncia de Camilaen lo relativo a los obstáculos que impedían su libertad en el Club DIRECCION001, se hace constar que "no se ha probado suficientemente que María Inmaculadadurante el tiempo que permaneció en los Clubes "DIRECCION001" y "DIRECCION000" estuviera imposibilitada de salir al exterior o de marcharse de allí por su propia voluntad", y que "tampoco ha quedado debidamente probado que los acusados, -todos ellos camareros del Club "DIRECCION001" y "DIRECCION000"-, hayan participado en modo alguno en la realización de ninguno de los hechos relatados en los tres apartados que anteceden", el autor del Recurso confirma su intento de demostrar la existencia del quebranto formal denunciado. Más tal esfuerzo resulta baldío, ya que a la luz de los parámetros definidores marcados por la práxis jurisprudencial, no se detecta contradicción entre el contenido de la denuncia citada y el resultado negativo de la prueba referida a la restricción de la Libertad deambulatoria de otra de las víctimas. Dichas obligadas referencias personales constituyen una premisa diferenciada que excluye la antítesis e irreconciabilidad de los relatos que las subsiguen. De ahí que no puedan ser confundidas en una única propuesta impugnativa para conformar las exigencias de insubsanabilidad y esencialidad indisociables y necesariamente concurrentes en la apreciación del vicio "in iudicando" que ahora se analiza, máxime -si como ocurre en el presente supuesto- tal resultancia fáctica no ha determinado la conclusión final de la calificación jurídica, pues del Delito de Detención Ilegal han sido absueltos los acusados. En su consecuencia el Motivo se desestima.

Es el cuarto Motivo -encauzado a través del inciso tercero del nº 1 del art. 851 de la L.E.Cr.- el que sirve para denunciar un nuevo quebrantamiento de forma. En este caso por la utilización en el relato de hechos probados de conceptos predeterminantes del fallo.

Las expresiones "en el local referido ejercía la prostitución obligada por la acusada Maribelque le profería amenazas y la vigilaba", "allí ejerció la prostitución contra su voluntad compelida por la acusada Maribel" que se emplean en la sentencia para describir situaciones referidas respectivamente a Valentinay a María Inmaculadasirven al recurrente para justificar su censura de predeterminación.

De nuevo el alegato del Recurso debe rechazarse. El vicio denunciado tiene prácticamente limitada su operatividad a esquemas de reproducción literal de la terminología jurídica utilizada por el legislador en la definición del tipo, pues de no ser así, quedarían efectivamente eliminadas por aproximación gran parte de las posibilidades descriptivas de carácter alternativo que ofrece el idioma. Como dice el Ministerio Fiscal en su informe la jurisprudencia, para evitar que las sentencias burlasen la prohibición de sintagmas típicos merced a otros sinónimos, ha ido desarrollando el inciso del art. 851-1º referido a los conceptos de carácter jurídico. Por tales se vienen entendiendo únicamente aquéllos significantes dogmáticos, ajenos al lenguaje popular y solo comprensibles para el tecnicismo jurídico.

De ahí que en las oraciones que el Motivo reputa predeterminativas, los vocablos "prostitución", "obligada", "proferir", "amenazar", "vigilar", "voluntad" y "compeler" son vulgares y no del foro, con independencia de la expresión que "ejercer la prostitución" se halla en el tipo del art. 188-1º, ya que según afirma la STS de 14-7-93, el vicio predeterminativo del vocablo "prostitución" se aprecia siempre que -contando con el "factum" y los fundamentos cointegradores- de suprimirse aquel significante, quede vacio de contenido antijurídico el relato histórico.

Por tanto, si en el fundamento jurídico segundo de la recurrida, las exigencias jurisprudenciales de "mantener relaciones sexuales mediante precio" se dan en las declaraciones de la víctima Valentinaque la sentencia adopta y en el fundamento jurídico tercero, y referido a la víctima María Inmaculada, se refleja que ésta declaró el sistema de "cobro de servicios o contactos sexuales", evidenciado en los documentos probatorios que la resolución también estima, es obvio que desaparece la pretendida predeterminación y el Motivo debe inadmitirse a tenor del art. 885-1º de la L.E.Cr.

Es el Motivo quinto -amparado en el art. 851-3º de la L.E.Cr.- el utilizado para denunciar otro quebrantamiento de forma, en este caso por entender que la sentencia recurrida no resuelve todos los puntos que la defensa y la acusación sometieron al Tribunal sentenciador y que fueron objeto de debate en la vista oral.

El recurrente aduce que dos declaraciones la de Valentina, referida a Inocencioy la efectuada por María Inmaculadaen el juzgado instructor, no obstante ser impugnada en el acto del juicio oral, no merecen consideración ni pronunciamiento alguno en la recurrida.

El camino procesal elegido para formular tal planteamiento casacional debe ser rechazado, no solo porque a quién se refiere el primero de los testimonios citados no le afectó el plenario celebrado, sino porque en ambos casos nos encontraríamos ante un tema relativo a la valoración de la prueba del que se dedujeron determinadas alegaciones y no a cuestiones jurídicas sustentadas como concretas pretensiones y sabido es que, en tales supuestos, la jurisprudencia de esta Sala viene rechazando la presencia del vicio que se denuncia por que como dice el TC. en la sentencia 195/1995, de 19 de diciembre, «La incongruencia omisiva es un vicio procesal consistente en omitir respuesta judicial a las pretensiones de la parte adecuadamente planteadas, lo que constituiría una vulneración del derecho fundamental a la Tutela Judicial efectiva (SS.TC. 14/1984, 177/1985, 142/1987, 69/1992, 88/1992 y 169/1994, entre otras).>> De acuerdo con la doctrina de esta Sala (por todas, las Sentencias de 21-1 y 11-12-97), la apreciación del vicio mencionado exige:

1) que se refiera a cuestiones jurídicas suscitadas por las partes en sus escritos de conclusiones;

2) que caso de existir tal planteamiento, no se haya dado por el Tribunal sentenciador una respuesta adecuada al tema que se ofrece ante él, respuesta que puede ser expresa o implícita, ya que la no estimación de lo alegado supone su desestimación implícita;

3) que aún existiendo el vicio, si la omisión puede ser subsanada en casación por existir un motivo de fondo que postula la aplicación de la cuestión omitida, el recurso por quebrantamiento de forma ha de ser desestimado, teniendo en cuenta el derecho a un proceso que, como derecho fundamental, proclama el art. 24 C.E.; y

4) el defecto procesal no existe, y sí una desestimación implícita, cuando la decisión que adopte el Tribunal de instancia, sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte (SS. 3 y 15-6 y 25-10-88).

Por tanto, si tal vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita (por todas SS.TC. 4/1994 y 169/1994), aunque no se haya pronunciado sobre todas las alegaciones concretas o no se haya dado una respuesta pormenorizada, siempre que se resuelvan las pretensiones formuladas (SS.TC. 14/1985, 29/1987 y 169/1994, entre otras), habrá de convenirse que en el supuesto sometido ahora a nuestra consideración es imposible apreciar la citada incongruencia pues, como muy recientemente señala la S.TC. 58/1996, de 15 de abril, la jurisprudencia constitucional ha acentuado la importancia de distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas (SS.TC. 95/1990, 128/1992, 169/1994, 91/1995, 143/1995 y 58/1996). Respecto a las primeras, no sería necesario para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Más rigurosa es la exigencia de congruencia respecto a las pretensiones, siendo necesario para poder apreciar una respuesta tácita -y no una mera omisión- que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita.

En aplicación de tal doctrina este motivo inicial y único por quebrantamiento de forma ha de ser decidìdamente desestimado.

El Motivo décimo toa el cauce del art. 849-2º de la L.E.Cr. para denunciar error de hecho en la apreciación de la prueba.

El autor del Recurso afirma que "en las diligencias existe el documento auténtico notarial y fehaciente, obrante al folio 299 de las diligencias, suscrito por Valentina, nítidamente exculpatorio respecto de la persona que supuestamente la trajo de Portugal Inocencioy nítidamente exculpatoria por extensión de la acusada Maribel, en base a que manifiesta que son totalmente falsas e infundadas las acusaciones formuladas por ella en las diligencias". Sobre tal soporte, el recurrente alega que "siendo un documento claramente exculpatorio de Maribel, se faltó al "principio de legalidad" por parte del Ministerio Fiscal al obviar su lectura intencionadamente en el acto de la Vista Oral, solicitando en exclusividad las declaraciones que presumiblemente incriminaban a Maribel, síntoma más que elocuente de la veracidad y fiabilidad de dicho documento por ser claramente exculpatorio, hasta extremos que esta defensa tuvo que solicitar exclusivamente la lectura de determinado documento y determinado folio en el acto de la vista oral, explicándose porqué se hacía, aunque ello no conste en el Acta, pero sí su lectura, incluso siendo el único documento y folio de las diligencias no impugnado por esta parte, habiendo sido impugnados la totalidad de los folios de las diligencias por absolutamente irregulares".

Pues bien, por más énfasis que se otorgue a dicho alegato no pueden suplirse las esenciales carencias que a efectos revisorios presenta la mencionada declaración y ello no sólo porque su lectura evidencia que el contenido exculpatorio que se le atribuye no se extiende a la acusada ahora recurrente sino que alcanza únicamente al llamado Inocencio, sino porque estamos en presencia de un testimonio personal documentado que carece de naturaleza documental en términos casacionales según una reiterada praxis jurisprudencial de la que cabe reseñar, entre otras, las sentencias citadas por el Ministerio Público de 7- 6, 4-9-91, 12-2-92 y 1-2-96, en las que se razona la inviabilidad de la pretensión a base de destacar que sería un contrasentido negar carácter documental del 8492º a la declaración ante un juez instructor, investigador activo y que está asistido por el fedatario judicial, y concedérselo a una manifestación ante notario, no obstante ser mero receptor pasivo de la información.

Por todo ello, el Motivo se desestima.

El sexto apartado del Recurso, se formula al amparo del nº 1 del art. 849 de la L.E.Cr. en relación con el art. 5-4º de la L.O.P.J. para denunciar vulneración del Principio de Presunción de Inocencia consagrado en el art. 24-2º de la C.E.

El autor del recurso desarrolla su censura a base de hacer un recorrido interesado, fragmentario y lógicamente ajustado a la exculpación de su cliente de la prueba. Así critica que se valoren las declaraciones de Valentina(no compareciente) porque "nunca termina de saberse que son" y porque se obvió por el Fiscal de instancia el ya citado documento del folio 299, contradictorio con las anteriores declaraciones, aludiendo también a que las declaraciones de Valentinase prestaron sin letrado, eludiendo decir que no era imputada, y porque no se valoró el documento notarial en que Valentinase desdijo de sus acusaciones contra Inocencio, olvidando que una comparecencia notarial, al margen de actuaciones judiciales instructoras en curso, es inválida sino se ratifica ante Juez o Tribunal. Se obvio, asimismo, toda referencia a la valoración que la Sala "a quo" efectúa de las manifestaciones aportadas por el Policía nº NUM005y, por último, en cuanto al carácter exculpatorio que, a criterio del recurrente, presentan los testimonios prestados por María Inmaculada, la lectura de dichas declaraciones impiden compartir dicha conclusión tal como destaca la propia resolución combatida al valorar aquéllas y, en especial, la prestada ante el Instructor de La Carolina.

Como se ve, la referida estructura recurrente no encaja en las posibilidades revisoras que abre la invocación del Principio de Presunción de Inocencia, pues transforma su aptitud impugnativa en una paralela operación valorativa que desnaturaliza la genuina y exclusiva función jurisdiccional y traspasa su titularidad a través de un interesado proceder que resulta inadmisible en Derecho.

En el presente supuesto, el comportamiento jurisdiccional de instancia no puede ser tachado de vulnerante del Derecho a la Presunción de Inocencia. Los fundamentos jurídicos primero y tercero de la recurrida son cumplida expresión de un proceso evaluador individualizado en relación con las personas inculpadas y las conductas delictivas de las que eran acusadas que se salda con conclusiones incriminatorias de razonable y razonada consistencia según se puede constatar con la lectura de aquéllos. En ellos se desmenuza el patrimonio probatorio existente en la causa y, comparativamente, se analizan las diversas declaraciones y documentos a la luz de la prueba indiciaria o del testimonio único de la víctima, despachando, con justificación motivada, la opción de la Sala en torno a la credibilidad que le ofrecen aquéllas en las diversas fases del procedimiento y en los extremos relativos a los contraindicios testimoniales que presentan. Está, pues, suficientemente soportada en prueba válida la destrucción del Principio de Presunción de Inocencia y explicitadas con rigor las inferencias inculpatorias obtenidas. De ahí, el rechazo del Motivo.

El séptimo Motivo -por igual cauce que el precedente- sirva a su promotor para denunciar vulneración del Derecho a la Tutela Judicial efectiva y del Principio que proscribe la indefensión.

Desde su perspectiva, entiende el autor del Recurso que únicamente se han tomado en consideración los aspectos probatorios de signo incriminador, rechazándose las de contenido exculpatorio.

Prácticamente el Motivo -bajo mera invocación constitucional- reitera alegaciones valorativas ya expuestas, de ahí que, sin necesidad de recordar el alcance y contenido del Derecho a la Tutela Judicial efectiva, tengamos que dar por cumplido tal cometido jurisdiccional en tanto que en el presente caso la garantía constitucional que comporta ha sido satisfecha sobradamente a través de una resolución de fondo que, razonada y razonablemente ha decidido sobre las pretensiones deducidas en el proceso. Sino se detectan signos de arbitrariedad, propuestas deductivas ilógicas, ni denegaciones injustificadas de prueba, queda cancelada la viabilidad de censuras basadas en discrepancias valorativas como las que de nuevo se alegan y a las que ya hemos hecho referencia por ser constante argumento en el Recurso. En su consecuencia, ratificamos el anunciado rechazo del Motivo.

A través del art. 849-1º de la L.E.Cr. el octavo Motivo que se formula denuncia infracción, por aplicación indebida, de los arts. 188-1º y 194 del C. Penal.

A partir de la reproducción literal del texto normativo, el autor del Recurso insiste en la insuficiencia acreditativa de la producción de la conducta típica con alegatos de tenor valorativo probatorio ya reiterados que vienen a reconocer implícitamente la dependencia e este Motivo del éxito de sus antecedentes.

Descartada pues la aceptación de los anteriores y permaneciendo inalterado el relato fáctico de la combatida -única referencia posible, dada la vía casacional elegida- quedan anuladas todas las capacidades impugnativas de este apartado recurrente, al prevalecer el esquema de los elementos del tipo que, en correlación con tal soporte fáctico, se formula en el fundamento jurídico segundo de la resolución del Tribunal Provincial y que, en aras a evitar reiteraciones innecesarias, se asume por vía reproductiva.

El noveno Motivo también se formula a través del nº 1 del art. 849 de la citada Ley procesal para denunciar infracción, por aplicación indebida, del art. 163-1º del C. Penal.

Unicamente rectificando el precepto que se considera infringido y los comentarios críticos o sugerentes relativos a la prueba y como colofón instrumental de la estrategia defensiva que empapa todo el recurso, se constituye esta nueva censura de vulneración sustantiva que, por ello, adolece del mismo defecto que la anterior, en tanto que elude reseñar el contenido fáctico inmodificado que, en relación con el Delito cuestionado, dice textualmente:

"El día 15 de abril de 1991 el Agente de Policía Nacional nº NUM005, sobre las 22 horas entró en el Club "DIRECCION000", ya fererido anteriormente. Seguidamente se le acercó Valentina, de nacionalidad portuguesa, que le pidió ayuda para irse de ese local. Asimismo, le relató cómo había llegado hasta allí procedente de Lisboa, a instancia de una persona que no se juzga. En el local referido ejercía la prostitución obligada por Maribel, que le profería amenazas y la vigilaba. Además la referida acusada y otra persona que no se juzga la trasladaban de madrugada a un piso de Linares situado en la calle DIRECCION004, donde vivía la persona que la trajo a España.

Ante estos hechos la Policía se identificó y le dijo que se tranquilizara porque iban a solucionar su problema. En esos momentos la dueña del local, la acusada Maribel, dirigiéndose a Valentinale dijo que era una idiota y con las tonterías que le contaba a los clientes la iba a meter en un buen lio. El Policía les dijo que esperaran porque tenían que aclarase los hechos e iba a buscar a la Guardia Civil, seguidamente se marchó. Maribelhizo caso omiso a los requerimientos del agente y trasladó a Valentinaen su vehículo Nissan Patrol hasta la calle DIRECCION004de Linares. Allí fueron interceptados por varios vehículos policiales y como quiera que Valentinaestaba llorando y en un gran estado de excitación, se fue corriendo hasta donde estaban los agentes. Ese mismo día Valentinafue asistida en el Servicio de Urgencias del Hospital de Linares, de las diversas contusiones que tenía en el brazo y antebrazo izquierdo, brazo derecho, ojo izquierdo, ambos muslos y espalda" (sic).

En este mismo caso, también la Sala "a quo" en otro inciso del ya citado fundamento jurídico segundo da cumplida explicitación de la presencia de los elementos estructurales del Delito de Detención Ilegal en términos homologables por lo que hemos de consolidar la desestimación del Motivo.III.