STS 599/2015, 3 de Noviembre de 2015

Se articula al amparo del artículo 469. 1.2º LEC , por vulnerar los artículos 11.3 LOPJ y 218.1 LEC por incongruencia omisiva.

Segundo: Se articula al amparo del artículo 469.1. 2º LEC , por vulnerar los artículos 209. 2 y 3 º y 218.2 LEC , por falta de motivación.

Tercero: Se articula al amparo del artículo 469.1. 2º LEC por vulnerar el artículo 217.3 y 6 LEC , por infracción del principio de la carga de la prueba y facilidad probatoria.

Cuarto: Se articula al amparo del artículo 469.1. 4º LEC , por vulnerar el artículo 24 CE , al infringir el derecho de tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba pertinentes, con indefensión por haberse efectuado una interpretación irrazonable y arbitraria de la prueba.

Recurso de Casación:

Se articulan tres motivos que son los siguientes:

Se plantea la infracción de los artículos 1261. 3 º, 1274 , 1275 y 1276 del Código Civil , en relación con la doctrina jurisprudencial del pago del precio de una compraventa, que incumbe probar al comparador, teniendo en cuenta que se ha denunciado correctamente en el recurso extraordinario por infracción procesal, la vulneración del principio sobre la carga de la prueba, el motivo se admite teniendo presente que la Sala puede entrar a valorar la denuncia procesal. Sentencias que cita el recurrente, 18 de julio de 2002, recurso 369/1997 , 30 de noviembre de 2007 recurso 4212/2000 , 5 de mayo de 2008 recurso 262/2011 .

Segundo: Se denuncia la infracción de los mismos preceptos, relacionados con la doctrina del Tribunal Supremo que establece que por precio vil ha de entenderse aquél que no solo resulta desproporcionado sino que, además lo es en un grado importante o notorio respecto del valor real de la cosa, sentencia de 7 de noviembre de 2008 , en concreto de las pruebas periciales se evidencia que hay una diferencia media entre el valor consignado en la escritura de compraventa, - el precio de la compraventa fue de 6.000.000 pesetas (36.000 €)- y el real de 445.734,61 Euros. (74.163.999 pesetas). Y la Sentencia impugnada concluye que no se puede considerar acreditado que haya existido precio irrisorio que conlleve la nulidad de la compraventa interesada por los apelantes.

Tercero: Se denuncia que la conclusión a la que llega la Audiencia, cuando dice que la vendedora estableció el precio que consideró conveniente, pues no tenía limitación para disponer de sus bienes, argumento que se contradice con la sentencia de 5 de noviembre de 2012 , que recoge que la supuesta transmisión ficticia de los bienes puede perjudicar directamente el patrimonio del heredero legitimado, pues de no ser por la transmisión hubiera heredado tales bienes o su precio correcto, y con la doctrina de la sentencia de 24 de octubre de 1995 .

18. - La Sala dictó Auto de fecha 1 de abril de 2014, con la siguiente parte dispositiva:

    1º) ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, interpuesto por Don Epifanio , contra la Sentencia dictada, con fecha 8 de febrero de 2013, por la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 5ª), en el rollo de apelación nº 254/2008 , dimanante de los autos de juicio de mayor cuantía nº 194/1994 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Carballo. 2º) De conformidad y a los fines dispuestos en los arts. 474 y 485 LEC 2000 , entréguese copias del escrito de interposición del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal formalizado, con sus documentos adjuntos, a las partes recurridas personadas ante esta Sala para que formalicen su oposición por escrito en el plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.

19. - Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido a la parte, el procurador Don Luis Arredondo Sanz, en nombre y representación de Don Horacio y la procuradora Doña Silvia Barreiro Teijeiro en nombre y representación de "Promociones y Construcciones Rabuñal, S.L." formularon oposición a los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos de contrario.

20. - Al no haber sido solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el 20 de octubre de 2015 en que ha tenido lugar.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz , Magistrado de Sala

Son hechos relevantes de la instancia para la decisión del recurso los siguientes:

1. - Como culminación de un litigio seguido por la representación procesal de don Maximo , contra don Santos , al que se acumuló otro procedimiento seguido por las mismas partes, recayó sentencia de esta Sala el 5 de noviembre de 2012 , decidiendo un recurso de casación.

2. - En la demanda se había hecho "petición de nulidad de contrato de compraventa de la finada doña Magdalena y el demandado don Horacio otorgado el 13 septiembre 1991 ante el Notario de La Coruña don Pablo Valencia Ces sustituyendo a su compañero don Carlos Fraga Carreira (Protocolo número 1730)".

3. - En la citada sentencia se acordó que se devolviesen los autos a la Audiencia Provincial para que resuelva con libertad de criterio sobre tal petición, declarando expresamente la legitimación activa del hoy recurrente como perjudicado por la supuesta transmisión ficticia de los bienes, que afectaría directamente a su patrimonio, pues de no ser por la transmisión hubiera heredado tales bienes o su precio, como heredero de su hermana doña Magdalena .

4. - La Sala no pudo analizar la nulidad por simulación del referido contrato ya que sobre tal extremo no se había pronunciado la Audiencia Provincial en la sentencia recurrida.

5. - Consecuencia de lo expuesto es que la única cuestión a resolver por la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección número 5, tras la devolución de los autos por el Tribunal Supremo, era la petición de nulidad del contrato de compra-venta de fecha 13 de septiembre 1991.

6. - La petición de nulidad se reduce en su fundamentación, tras la sentencia ya citada del Tribunal Supremo, a que: (i) El precio era irrisorio; (ii) El precio de la escritura es confesado, o sea poco serio en cuanto a su certeza.

7. - El Tribunal de instancia, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, dictó sentencia el 8 febrero 2013 en la que, con libertad de criterio, desestimó el recurso de apelación en este extremo, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Carballo, desestimando, pues, la petición de nulidad a que se ha hecho mención.

8. - La motivación de su decisión descansa en dos argumentos: (i) La existencia de entrega de dinero como precio de la compraventa, que se refleja en la escritura pública de 13 septiembre 1991, no parece desvirtuada por ninguna otra prueba. Lo anterior lo enlaza con el contenido del escrito de demanda de don Maximo , del que trae causa, por sustitución como heredero, el recurrente, en cuyo folio 6 se viene a reconocer, aunque implícitamente, que hubo precio en la compraventa, al decir que. Doña Magdalena "... convivía en una casa de unos vecinos de Laracha y la cuidaban y asistían por lo que precisaba obtener recursos dinerarios a través de la venta de las fincas que le adjudica el Señor Horacio , por ser los únicos medios con los que contaba para sufragar los cuidados que le prestaba dicha familia, y otros gastos personales, y en especial, médicos..."; (ii)Tampoco se puede considerar que el precio sea irrisorio, pues la vendedora estableció el precio que considero conveniente, al no tener limitación para disponer de sus bienes, pues no tenía herederos forzosos a quienes pudiese perjudicar en sus derechos hereditarios, ni tampoco acreedores que pudiesen verse adjudicados por una venta a precio inferior al real.

9. - La representación procesal de don Epifanio , personado en sustitución del finado don Maximo interpuso contra la anterior sentencia recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, articulando cuatro motivos por el primero y tres por el segundo en los términos que más adelante se expondrán.

10. - Los mencionados recursos se admitieron por la Sala en Auto de 1 de abril de 2014 y, tras los oportunos traslados, se opusieron a ellos las partes recurridas.

Recurso Extraordinario por Infracción Procesal.

Motivo Primero. Enunciación y Planteamiento.

Se articula al amparo del artículo 469. 1. 2º LEC , por vulnerar los artículos 11.3 LOPJ y 218.1 LEC por incongruencia omisiva.

En el desarrollo argumental del motivo se recoge que la sentencia recurrida es incongruente porque no parte de ningún hecho probado para resolver sobre la existencia de la entrega del dinero de la compraventa, ni sobre la existencia de precio, ni si el precio fue irrisorio. Se añade que los argumentos que ofrece no se basan en los resultados de las pruebas practicadas.

Decisión de la Sala.

1. - Respecto de la congruencia debe señalarse, como expone la STS de 18 de mayo de 2012 , que constituye doctrina de esta Sala que el deber de congruencia, consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no están sustancialmente alterados en su configuración lógico-jurídica ( STS de 14 de abril de 2011 ). La labor de contraste o comparación no requiere que se realice de modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o rígida en la resolución establecida, sino que se faculta para que se decida sobre el mismo objeto, coincidiendo o denegándolo en todo o en parte ( STS de 4 de octubre de 1993 ). El artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que las sentencias han de ser congruentes con las demandas y demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito. Ello significa que el tribunal incurrirá en incongruencia si se aparta de alguno de los elementos que comprenden y delimitan ese objeto litigioso determinado por las "pretensiones", esa concreta acción afirmada en la demanda que se identifica por los sujetos, el "petitum" y la "causa petendi" ( STS 29 de enero 2015 ).

   Como recuerda la sentencia 773/2013, de 10 de diciembre , citada por la de 12 de diciembre de 2014 " Siempre que se respete la causa de pedir de las pretensiones de las partes, esto es, el acaecimiento histórico o relación de hechos que sirve para delimitarlas, el deber de congruencia es compatible con un análisis crítico de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de punto de vista jurídico expresado con el tradicional aforismo "iura novit curia" (el juez conoce el derecho) - con tal que ello no suponga una mutación del objeto del proceso que provoque indefensión ".

2. - Aplicando la anterior doctrina al presente supuesto el motivo debe desestimarse porque, con independencia de que el recurrente discrepe de las conclusiones del Tribunal de instancia, lo que no puede desconocerse es que éste ha ofrecido respuesta al litigio en los términos en que se ha planteado el debate, que no es otro que el de si el contrato de compra-venta fue simulado por falta de precio.

   La conclusión que alcanza el Tribunal es que medió precio y, por ende, el negocio no es nulo por simulación; con lo que no ha omitido ni eludido la decisión que se le postulaba.

Motivo Segundo. Enunciación y Planteamiento.

Se articula al amparo del artículo 469.1. 2º LEC , por vulnerar los artículos 209. 2 y 3 º y 218.2 LEC , por falta de motivación.

En el desarrollo argumental del motivo se expone que la sentencia recurrida carece de toda argumentación jurídica. No analiza ni un solo extremo de los planteados en la demanda como en el recurso de apelación sobre la nulidad de la compraventa otorgada mediante escritura pública de fecha 13 septiembre 1991 no recoge un solo argumento que nos permita conocer las razones y fundamentos de tal decisión, pues se limita a decir que la entrega de dinero reflejado en la escritura de compraventa no aparece desvirtuada por ninguna otra prueba.

Decisión de la Sala.

1. - La parte recurrente mezcla el defecto de motivación de la sentencia con lo que no es más que una discrepancia sobre la valoración de la prueba, como ya ponía de manifiesto la Sala en sentencia de 30 de abril de 2013, Rc. 2148/2010 .

2. - Que una motivación sea escueta o sucinta, como es el caso, no equivale a la ausencia de ella si es suficientemente clara y explícita. (STSS 5 de noviembre de 2009; 5 de noviembre de 1992; 20 de febrero 1993; 26 de julio de 2002; 18 de noviembre de 2003; 18 de junio de 2014; 16 de mayo de 2014).

3. - El Tribunal de instancia tiene en mente, en función del objeto de la litis, el artículo 1277 del Código Civil por el que, aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe ya que es lícita mientras el deudor no pruebe otra cosa.

   Naturalmente la presunción a que se refiere admite prueba en contrario por cualquiera de los medios que reconocen la legislación procesal.

   La sentencia de 26 de febrero de 1987 recordó la doctrina de la Sala Primera según la cual " si bien es cierto que el artículo 1277 del Código Civil establece una presunción legal a favor de la existencia y de la licitud de la causa de los negocios jurídicos y exonera a los favorecidos por ella de la carga de la prueba, no lo es menos que admite la posibilidad de que se acredite lo contrario, cosa que puede llevarse a efecto por cualquiera de los medios [...] e, incluso, por nuevas presunciones que lleven a la convicción del juzgador la falta de seriedad en el contrato y la ausencia en el mismo del tercero de los requisitos del artículo mil doscientos sesenta y uno del Código Civil ".

4. - A partir de la mencionada tesis se ha de entender la afirmación de la sentencia de que no se haya desvirtuado por otra prueba el precio reflejado en la escritura, poniendo ello en relación con una presunción, aunque no emplee el término, cuál es el reconocimiento que hizo en su demanda el causante del recurrente de la situación por la que atravesaba la vendedora que le aconsejaba vender a cambio de precio para sufragar los cuidados que le prestaba la familia con la que convivía y asistía, al no tener otros medios. La sentencia de instancia, además, en su motivación no se detiene a examinar y valorar la diferencia entre el precio confesado en escritura y el que se refleja en los informes periciales, sino que niega que sea irrisorio o vil, como presunción de su inexistencia, en atención a que la vendedora no se encontraba sujeta a limitaciones a la hora de fijar el precio, pues no tenía legitimarios ni acreedores a quienes poder perjudicar, dejando aparte que en el Código no se exige que el precio sea justo y, además, que no se puede afirmar que, por ser parientes los contratantes, todo negocio jurídico que se celebren entre ellos quede afectado por la sospecha de la simulación ( STS de 14 mayo 2010, Rc. 1253/2006 ).

5. - En atención a todo ello no puede acogerse la falta de motivación denunciada y el motivo no puede estimarse.

Motivo Tercero. Enunciación y Planteamiento.

Se articula al amparo del artículo 469.1. 2º LEC por vulnerar el artículo 217.3 y 6 LEC , por infracción del principio de la carga de la prueba y facilidad probatoria. En el desarrollo argumental del motivo se denuncia la vulneración de las reglas de la carga de la prueba, pues al no existir ni una sola prueba de la entrega real del dinero de la venta de Magdalena , es al codemandado Sr. Horacio a quien cabría probar la existencia de dicha entrega, más cuando las consecuencias y efectos de estos hechos son absolutamente necesarios para resolver la controversia: si hubo o no precio en el negocio jurídico.

Si el Sr. Horacio , como manifestó en confesión judicial, sacó parte de un crédito, parte prestado, parte de ventas, le resultaba muy sencillo acreditar los pagos y, sin embargo, no lo hizo.

Decisión de la Sala.

1. - Reiteradamente se viene pronunciando la jurisprudencia ( SSTS de 25 de marzo de 2013, Rc. 1810/2010 ; 30 de abril de 2013, Rc. 2148/2010 ) que el problema de la carga de la prueba solo surge en el caso de ausencia de elementos de juicio susceptibles de fundar la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes y a los que la norma vincula la consecuencia jurídica pretendida. Es en ese caso, por la prohibición del " non liquet ", cuando se hacen necesarias unas reglas que determinen cual es la parte sobre la que ha de recaer el perjuicio derivado de la falta o insuficiencia de prueba.

   Por esa razón, las mencionadas reglas exclusivamente se infringen cuando, por no haberse considerado probados hechos necesitados de demostración, se atribuyan las consecuencias del defecto a quién, según ellas, no le correspondía sufrir la imputación de la laguna o deficiencia probatoria - al respecto son de señalar las sentencias 376/2010, de 14 de junio , 88/2011, de 16 de febrero , 333/2011, de 9 de mayo , 518/2011, de 30 de junio , 479/2012, de 19 de julio , 494/2012, de 20 de julio , 526/2012, de 5 de septiembre , 525/2012, de 7 de septiembre , 561/2012, de 27 de septiembre , 557/2012, de 1 de octubre , 615/2012, de 23 de octubre , 616/2012, de 23 de octubre , 601/2012, de 24 de octubre , 662/2012, de 12 de noviembre , 684/2012, de 15 de noviembre , entre otras muchas -.

   Carece de sentido, en consecuencia, denunciar un deficiente reparto del " onus probandi " en casos en los cuales el Tribunal de instancia, tras la correspondiente valoración de los medios de prueba practicados, hubiera declarado que los hechos controvertidos de que se trate han quedado demostrados - con independencia de la parte que hubiera proporcionado el medio de prueba que produjo ese efecto -.

   Por la misma razón, no es procedente denunciar la vulneración de las reglas sobre la carga de la prueba para impugnar la valoración de los medios efectivamente practicados, dado que no contienen criterios o máximas sobre tal materia - sentencias 526/2012, de 5 de septiembre , 557/2012, de 1 de octubre , entre otras muchas -.

2. - De ahí que carezca de sentido denunciar el deficiente reparto del "onus probandi" en aquellos casos en que el Tribunal, tras valorar la prueba practicada, declara como probados los hechos controvertidos, con independencia de la parte que hubiera proporcionado el medio de prueba que produjo ese efecto ( STS 11 de diciembre de 2009 ).

3. - Por tal razón no es procedente denunciar la vulneración de la carga de la prueba para impugnar la valoración de los medios efectivamente practicados. Podrá ser correcta o no la valoración de la prueba que llevó al Tribunal a su convicción, pero la declaración de este de que no existió simulación no puede ser atacada con apoyo en la norma del artículo 217 de la LEC .

   El motivo no puede estimarse.

Motivo Cuarto. Enunciación y Planteamiento.

Se articula al amparo del artículo 469.1. 4º LEC , por vulnerar el artículo 24 CE , al infringir el derecho de tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba pertinentes, con indefensión por haberse efectuado una interpretación irrazonable y arbitraria de la prueba.

En el desarrollo argumental del motivo, insistiendo en lo recogido al articular los precedentes motivos, alega que la sentencia recurrida no recoge ni hace el más mínimo análisis de la prueba practicada, siendo cierto que existían elementos probatorios más que suficientes que demostraban la nulidad de la compraventa entre Magdalena y Horacio , otorgada el 13 de septiembre de 1991, tanto por la inexistencia de precio, como porque, incluso admitiendo la afirmación del precio confesado, tal precio sería irrisorio, vil.

Decisión de la Sala.

1. - Conviene recordar que la restrictiva doctrina desarrollada por esta Sala durante la vigencia de la LEC 1881 sobre el control en casación de la valoración arbitraria o ilógica de la prueba, mantiene su vigencia si bien dentro del ámbito que ahora es propio, del recurso extraordinario ( STS de 28 de noviembre de 2008 ), y en esta línea se ha venido admitiendo, con carácter excepcional la impugnación ( STS de 28 de de julio de 2006, 29 de septiembre de 2006 y 16 de marzo de 2007 , entre otras).

   Como recoge la sentencia 243/2013, de 18 de abril, el Tribunal Constitucional , en su labor de interpretación del artículo 24 de la Constitución Española , ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , en la que destacó que " concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración ". En la mencionada número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que estamos examinando y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, " inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia ".

   Por ello no todos los errores sobre valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, sino que como recoge la sentencia de nuestra Sala de 28 de junio 2012 es necesario que concurran como requisitos los siguientes:

   1. ) que se trate de un error fáctico, - material o de hecho -, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y 2º) que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales ".

2. - El Tribunal de instancia no incurre en ningún error de esta naturaleza ni expone argumentos ilógicos e irrazonables, con independencia de que no satisfagan a la parte recurrente o de que sea parco en su desarrollo.

   No niega expresamente que exista una notable diferencia entre el precio confesado en la escritura y el que pericialmente se determina. La "ratio decidendi" de su decisión descansa, por contra, en dos argumentos que tienen su encaje en la prueba de presunciones, interpretada en ambas direcciones:

   (i) Partiendo del precio confesado, presume su existencia de que el causante del recurrente admite en su demanda que la vendedora carecía de medios y que la venta le resultaba necesaria para sufragar los gastos de cuido y asistencia que le dispersaban las personas en cuya casa convivía con ellas.

   Inferir de tal dato la existencia de precio no se trata de un error patente ni de un razonamiento ilógico o arbitrario.

   Se ha dicho que las presunciones son operaciones intelectuales que consisten en tener como cierto un hecho, denominado hecho presunto, a partir de la fijación formal de otro hecho denominado hecho base, que debe haber sido probado. Como afirma la sentencia de 23 febrero 2010 , "[l]la elaboración de las presunciones judiciales forma parte del procedimiento de valoración de la prueba y del conjunto de operaciones de carácter epistemológico y jurídico-institucional que deben llevarse a cabo para fijar los hechos en los que debe fundarse la decisión [...]", de modo que, según la sentencia de 6 noviembre 2009 , las presunciones judiciales admitidas como medio de prueba en el art. 386 LEC deducen "a partir de un hecho admitido o probado, la certeza de otro hecho siempre que entre el primero y el segundo exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" y añade dicha sentencia que "solo cuando sentada la realidad del hecho-base, el tribunal se aparta de tales reglas para llegar a conclusiones ilógicas en su proceso deductivo, puede entenderse que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE ) [...]".

   (ii) Que el precio confesado sea inferior al de mercado no significa, a juicio del Tribunal, y por vía de presunciones, que sea inexistente, pues, como ya se ha dicho, el Código Civil no exige que el precio sea justo, y teniendo en cuenta que la vendedora no se encuentra sujeta a limitaciones por la existencia de legitimarios o acreedores a quienes pretendiese perjudicar, no puede inferirse de tal hecho la ausencia de precio. El hecho de que el contrato lo celebre con un pariente puede justificar la bondad en el precio pero no su inexistencia. El simple hecho del parentesco no anula los negocios entre parientes legalmente admitidos.

   Por todo lo expuesto el motivo se desestima.

   Recurso de Casación.

Se articulan tres motivos que son los siguientes:

En el primero plantea la infracción de los artículos 1261. 3 º, 1274 , 1275 y 1276 del Código Civil , en relación con la doctrina jurisprudencial del pago del precio de una compraventa, que incumbe probar al comparador, teniendo en cuenta que se ha denunciado correctamente en el recurso extraordinario por infracción procesal, la vulneración del principio sobre la carga de la prueba, el motivo se admite teniendo presente que la Sala puede entrar a valorar la denuncia procesal. Sentencias que cita el recurrente, 18 de julio de 2002, recurso 369/1997 , 30 de noviembre de 2007 recurso 4212/2000 , 5 de mayo de 2008 recurso 262/2011 .

En el segundo denuncia la infracción de los mismos preceptos, relacionados con la doctrina del Tribunal Supremo que establece que por precio vil ha de entenderse aquél que no solo resulta desproporcionado sino que, además lo es en un grado importante o notorio respecto del valor real de la cosa, sentencia de 7 de noviembre de 2008 , en concreto de las pruebas periciales se evidencia que hay una diferencia media entre el valor consignado en la escritura de compraventa, - el precio de la compraventa fue de 6.000.000 pesetas (36.000 €)- y el real de 445.734,61 Euros. (74.163.999 pesetas). Y la Sentencia impugnada concluye que no se puede considerar acreditado que haya existido precio irrisorio que conlleve la nulidad de la compraventa interesada por los apelantes.

En el tercero denuncia que la conclusión a la que llega la Audiencia, cuando dice que la vendedora estableció el precio que consideró conveniente, pues no tenía limitación para disponer de sus bienes, argumento que se contradice con la sentencia de 5 de noviembre de 2012 , que recoge que la supuesta transmisión ficticia de los bienes puede perjudicar directamente el patrimonio del heredero legitimado, pues de no ser por la transmisión hubiera heredado tales bienes o su precio correcto, y con la doctrina de la sentencia de 24 de octubre de 1995 .

La desestimación de los motivos formulados en el recurso extraordinario por infracción procesal, con la consiguiente validez de los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia, condiciona inevitablemente la desestimación de los motivos planteados en el recurso de casación, pues la función revisoria de éste se contrae al alcance y significado jurídico de los hechos que han quedado probados, juicio que, comporta necesariamente confirmar la validez de la compraventa por la existencia de precio y, por ende, por la inexistencia de negocio simulado.

Por tanto, los motivos del recurso de casación debe ser desestimados.

Procede, conforme a los artículos 394.1 y 398.1 de la LEC , imponer las costas de ambos recursos a la parte recurrente, con pérdidas para ella del depósito constituido para recurrir.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.