STS 1388/2002, 16 de Julio de 2002

En el inicial motivo, por el cauce que proporciona el art. 5.4 L.O.P.J., alega infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia y vulneración del derecho a usar de los medios de prueba pertinentes (tutela judicial efectiva), contenidos en el art. 24-1º y 2 de la C.E.

En el desarrollo del motivo centra su argumentación en la decisión judicial denegatoria de la prueba, reservando la genérica violación del derecho de presunción de inocencia para el motivo siguiente.

1. La razón de la protesta es el rechazo de la petición de una diligencia de careo entre ambos acusados, a realizar en el juicio oral.

   Mas, siendo así, no se entiende denegada tal prueba, porque en sí misma considerada no puede merecer tal calificativo. El careo no es más que una declaración o testimonio, en este caso de los inculpados, los cuales han sido ya debida y contradictoriamente interrogados en juicio y antes de él, en el sumario, y de cuyas respuestas el Tribunal ya ha podido sacar las pertinentes conclusiones. Como más de una vez ha tenido oportunidad de manifestar esta Sala, el careo, más que una diligencia de prueba propiamente dicha, es un instrumento de verificación y contraste de la fiabilidad de otras pruebas (normalmente testimonios), por lo que su denegación se viene considerando como una facultad discrecional del Juez o Tribunal a quien se le solicita que, como tal, no puede ser sometida al control casacional. Tal razón sería suficiente para desestimar el motivo.

2. Pero, a mayor abundamiento, no es ocioso recordar, como reiteradamente ha afirmado esta Sala de casación, que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes no constituye un derecho absoluto o incondiconado a que se practiquen todas y cada una de las pruebas que la parte interese, desapoderando a los jueces de la facultad de valorar la pertinencia y necesidad de las que oportunamente se soliciten.

   En el caso de autos, el Tribunal pudo detectar con la sola observación de las distintas declaraciones realizadas por ambos procesados, así como por el careo a que se les sometió en fase de investigación preparatoria, que Germán sentía temor del coprocesado, lo que aseguraba pocas garantías en la práctica de la diligencia, que se revelaba como inútil e ineficaz. Cualquiera que hubiera sido el resultado, incluso negando su participación en los hechos y la de Juan Francisco , no hubiera tenido la menor eficacia suasoria frente al órgano jurisdiccional decisor, dado el derecho que asiste a todo acusado de faltar a la verdad, y sobre todo por las declaraciones previas recogidas en el sumario y atraídas al plenario, en la que el tal Germán hizo manifestaciones veraces, en cuanto contrastadas y corroboradas por otras probanzas y datos incriminatorios indiciarios.

   El motivo no puede merecer acogida.

Al amparo del art. 849-1º L.E.Cr. se denuncia, en el correlativo ordinal, el derecho a la presunción de inocencia contemplada en el art. 24-2 de la C.E. El recurrente parece no ceñirse en sus argumentos impugnativos a los límites que el motivo le autoriza. Por ello, entendemos conviene recordar la doctrina de esta Sala, reiteradísima y uniforme, sobre este derecho presuntivo.

Es oportuno decir que la prueba indiciaria, apta para desvirtuar tal derecho, no opera y surte efectos en defecto de la prueba directa, sino que conjuntamente el Tribunal sentenciador puede servirse de una y otra para lograr su convicción.

1. Nos dice la Sentencia de esta Sala Segunda del T.Supremo nº 1689 de fecha 27/09/2001 "que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, reconocido, amén de en nuestra Constitución (art. 24-2), en los más caracterizados tratados Internacionales, suscritos por España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Convenio Europeo de 4 de noviembre de 1950 (art. 6) y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (art. 14-2º) y objeto de una detallada elaboración por la doctrina del Tribunal Constitucional (SS. 138/1992, 303/1993, 182/1994, 86/1995, 34 y 147 de 1996, etc.) y de esta Sala, (entre otras, SS. 27-11-1999, 17-febrero, 15- abril-2000, 22-4-2000, 9-5-2000, 5-junio-2000, 7, 17 y 19-7-2000, 5 y 27-9-2000), significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, acreditativa de los hechos motivadores de la acusación y de la intervención en los mismos del inculpado.

   En casación, al alegarse la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la Sala deberá ponderar:

   1. las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona.

   2. si las pruebas fueron practicadas en juicio con sujeción a los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción.

   3. de haber sido practicadas en el sumario, si fueron introducidas en el debate del plenario por la vía de los arts. 714 y 730 de la L.E.Cr.

   4. si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales.

   5. si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no contravienen las leyes de la lógica, de la experiencia o de las ciencias.

   En definitiva, el Tribunal de casación, en su función de control, queda limitado a dos aspectos:

   1) verificar el juicio sobre la prueba.

   2) verificar la racionalidad de los juicios de inferencia, o estructura racional de los argumentos que justifiquen las conclusiones apreciativas o valorativas que el factum refleja; habida cuenta del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad (art. 9-3º).

   En todo caso, superados estos dos controles, deben quedar extramuros del control casacional la valoración de la prueba, lo que sólo compete al Tribunal de instancia en virtud de la inmediación de que dispuso, conforme al art. 741 L.E.Cr.

   Tampoco debe alcanzar a los aspectos de naturaleza subjetiva precisos para configurar la infracción delictiva".

2. Esta misma Sala en Sentencia nº 544 de 29-03-2001 sobre prueba de indicios ha dicho: "que la prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar tal participación en el hecho punible, siempre que reuna unos determinados requisitos, que esta Sala, recogiendo principios interpretativos del Tribunal Constitucional, ha repetido hasta la saciedad (entre las últimas sentencias dictadas, mencionemos a título de ejemplo, las de 13-12-99; 26-5-2000; 22-6- 2000; 16-6-2000; 8-9-2000, etc. Tales exigencias se pueden concretar en las siguientes:

   1) De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios que se estimen plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la dedución o inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicitación, que aún cuando pueda ser sucinta o escueta se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.

   2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios en sí mismos, como a la deducción o inferencia.

   Respecto a los indicios es necesario:

   1. que estén plenamente acreditados.

   2. de naturaleza inequívocamente acusatoria.

   3. que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa.

   4. que sean concomitantes el hecho que se trate de probar.

   5. que estén interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuerzen entre sí.

      En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:

   1. que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia.

   2. que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".

3. Vista la doctrina enunciada es obvio que el recurrente no puede pasar revista una a una reexaminando, y especialmente valorando, las pruebas de que se sirvió el Tribunal para formar convicción.

   Basta con acreditar que existieron, se obtuvieron y practicaron en juicio por cauces procesales y constitucionales lícitos y regulares; se consideraron suficientes para justicar la decisión recaída, y se valoraron según pautas de lógica y experiencia.

   En el caso de autos podemos distinguir entre los hechos acaecidos el 18 de enero de 1997 (señalados con el nº 3 de hechos probados), de los ocurridos en dos ocasiones más en los meses inmeditamente anteriores (noviembre y diciembre).

4. En el último de los acaecimientos delictivos se contó, entre otras pruebas y como primordial, con el testimonio de la agredida. Nos referimos a la declaración directa de la ofendida Amelia , cuya deposición fue escrupulosamente analizada por el Tribunal sentenciador. La declaración de la víctima constituye, según tiene dicho esta Sala, prueba eficaz para destruir el derecho presuntivo, lo que no empece que debamos adoptar las cautelas y precauciones precisas garantizadoras de la sinceridad de dicho testimonio.

   Respecto a la influencia de cualquier componente derivado de las relaciones personales agresor-víctima, ningún dato o circunstancia consta, que pudiera empañar o poner en entredicho la veracidad de lo depuesto por aquélla, pues ni siquiera se conocían, y tampoco fue preciso practicar reconocimiento alguno, toda vez que el procesado actuó embozado, cubriendo su rostro.

   Su declaración a lo largo del proceso fue uniforme, constante y sin contradicciones en lo esencial. Únicamente dudó, en el plenario, al inquirir sobre la certeza del órgano corporal que por la vagina le introdujeron los procesados. En la confianza de que fue el órgano viril, no descartó, en un gesto de sinceridad, que pudiera ser un dedo cubierto por un guante, dado el similar efecto, a falta de visión directa de su utilización, sin excluir la situación de intensa tensión y nerviosismo vivida, capaz de producir inseguridad en las apreciaciones.

   Finalmente, existieron corroboraciones a tal declaración. Entre ellas:

   1. Las testificales de los vecinos del inmueble que acudieron a los gritos de la agredida y dieron fe del estado en que la encontraron, desnuda de cintura para abajo y en estado de gran agitación.

   2. La asistencia hospitalaria dispensada a la ofendida y los dictámenes del Médico forense.

   3. El hallazgo, en las proximidades, de las prendas usadas por los procesados y que la testigo dijo que portaban en el momento de la ejecución de los hechos.

5. Otras pruebas de fundamental relevancia y que integran otras tantas corroboraciones, fueron:

   1. La confesión del coimputado Germán .

   2. La declaración del inicial acompañante y que posteriormente decidió no intervenir en los actos ilicítos, Jon .

   3. La propia manifestación del recurrente ante la Guardia Civil que lo detuvo, lamentándose de su actuación y su forma de llevarla a cabo, que determinó su descubrimiento y detención.

6. Los hechos acaecidos el 24 de noviembre y el 28 de diciembre, también pudieron acreditarse a través de la siguiente prueba directa:

   1. Declaración de las ofendidas.

   2. Confesión del coimputado Germán , a pesar de las modificaciones y retractaciones, inclinándose el Tribunal, de entre las diveras declaraciones contrastadas por las más espontáneas realizadas ante la Policía e Instructor del sumario al poco de suceder los hechos.

   3. Declaración de los policías que recibieron declaración a Germán , que aseguraron la libertad y espontaneidad de las mismas.

   Existieron indicios comunes a todas las conductas delictivas -hasta cuatro menciona el Tribunal- harto sugerentes de ser los mismos autores los que ejecutaron todas ellas. A esa prueba ordinaria se une la de contraindicios, escrupulosamente examinada por el Tribunal provincial justificando la falsedad de muchas de las coartadas aducidas por el recurrente y la poca fiabilidad de otras tantas.

   Con todo ello es llano concluir que no nos hallamos ante ningún vacío probatorio, sino que el Tribunal dispuso de un cúmulo de probanzas que justifican sobradamente la decisión adoptada, plenamente razonable y acorde a los dictados de la experiencia y el buen criterio.

   El motivo no debe merecer acogida.

En el tercer motivo, por el cauce del art. 849-1º, se protesta por la incorrección de la valoración probatoria.

1. Se habla de infracción del art. 741 L.E.Cr., cuando el nº 1º del artículo 849, que canaliza el motivo, exige la violación de un precepto penal sustantivo u otra norma del mismo carácter, lo que no viene al caso, dada la naturaleza netamente procesal del precepto invocado.

   Pero no sólo esto, sino que es el precepto que se dice infringido, junto al 117-3 de la Constitución, que por cierto no contiene ningún derecho susceptible de vulnerar, los que atribuyen la función valorativa o ponderativa de la prueba a los Tribunales de forma exclusiva y excluyente; de ahí, que todo el replanteamiento de la prueba y la interpretación hecha por el recurrente es inoperante y cae fuera del motivo. Ni los recurrentes, ni este Tribunal de casación, pueden sustituir las apreciaciones personales y directas de los miembros del Tribunal a la hora de calificar la fuerza probatoria o capacidad de convicción de cada una de las pruebas practicadas.

2. Parte el recurrente de la necesidad de valorar los contraindicios, porque según el enunciado del motivo, no ha existido prueba directa bastante para fundar la sentencia.

   Insiste que su condena se sostiene en prueba indiciaria y no directa, lo que no es cierto a la vista de lo argumentado en el precedente motivo.

   El presente, debe correr la misma suerte desestimatoria que el anterior.

Alega el impugnante en el correlativo ordinal, error en la apreciación de la prueba, viabilizado por el art. 849-2 L.E.Cr.

1. La falta de fundamento del motivo se colige de su propia formulación. En la protesta se dice que "la sentencia no procede a efectuar una valoración conjunta de la prueba, vulnerando el art. 741 L.E.Cr. y 117-3 C.E., al no entrar a valorar las pruebas testificales, periciales y las declaraciones de los acusados y las víctimas que declaran en el juicio, sino sólo apreciándolas de una manera parcial".

   No es a ese error al que se refiere el art. 849-2º L.E.Cr.

   El error de hecho supone el apartamiento o desconocimiento de hechos, datos o circunstancias que se imponen por lo plasmado en un documento literosuficiente, no contradicho por otras pruebas.

2. En primer lugar, los documentos citados no lo son a efectos casacionales. Estos últimos estan integrados por aquellas representaciones gráficas del pensamiento -obtenidas por medio de la escritura o por cualquier otro medio que el desarrollo tecnológico haga posible- que llegan al proceso desde fuera de él y están preconstituídas con finalidad probatoria, de suerte que el Tribunal de casación se encuentre frente a ellos, para su análisis y valoración, en las mismas condiciones de inmediación que el de la instancia.

   El recurrente hace referencia a declaraciones, ya de procesados, ya de testigos, ya de peritos, que únicamente el Tribunal de instancia puede valorar y apreciar.

   Para su prosperabilidad la doctrina de esta Sala ha venido exigiendo los siguientes requisitos: "A) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase -como las pruebas personales por más que estén documentadas; B) que evidencie el error de algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; C) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba; y D) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo (Sentencias de 24 de enero de 1991; 22 de septiembre de 1992; 13 de mayo y 21 de noviembre de 1996; 11 de noviembre de 1997; 27 de abril y 19 de junio de 1998, entre otras)".

3. Contrastando la doctrina expuesta con los argumentos del motivo, nos permiten concluir la sinrazón de la queja

   Por otra parte, el Tribunal no está obligado a analizar una por una todas las pruebas practicadas, sino que desarrolladas ante él todas ellas, y en el marco de un racional y justo análisis intelectivo global, puede acogerse a las que han contribuído a obtener un determinado convencimiento acerca de la comisión del delito y de la participación en él de los acusados, justificando el tenor de la sentencia, mediante la simple referencia a las que acrediten que la decisión no fue arbitraria, sino acorde a las leyes de la lógica y la experiencia (motivación de la sentencia: art. 120-3 C.E.), al objeto de una tutela judicial efectiva que salvaguarde el derecho a la presunción de inocencia, permitiendo a los afectados conocer las pruebas y razones jurídicas que han determinado su condena o absolución.

   El motivo no puede prosperar.

Al amparo del art. 849-1º L.E.Cr., se alega infracción de ley y jurisprudencia (sic), por la aplicación de la agravación de uso de armas, sin haberse acreditado la presencia de ésta.

1. El cauce escogido impone el más absoluto respeto a la descripción del factum, en su contenido, orden y significación.

   En él se especifica de forma clara que en el hecho ocurrido el 24 de noviembre de 1996 (ap. 1) del relato histórico) " Juan Francisco extrajo un cuchillo y exhibido de forma amenazante ante la chica, la conminaron a que les entregara todo el dinero....".

   Quizás la protesta debió reconducirse por la vía de presunción de inocencia. Sin embargo, el Tribunal en este aspecto contó con la declaración de la ofendida, que explicó el cuchillo que portaba el agresor, testimonio que mereció plena credibilidad al órgano jurisdiccional de instancia, sin que quepa sustituir tal convicción, por otra distinta que pueda propugnar el recurrente.

2. En el otro hecho en que fue estimada la utilización de arma, fue en el ocurrido el día 18 de enero de 1997 (ap.3 del factum), cuya existencia fue reconocida por Germán , Jon y por la ofendida. Todos ellos confirman que Juan Francisco portaba una navaja.

   Así lo refleja la resultancia probatoria, en la que se lee lo siguiente: "Entonces Juan Francisco extrajo una navaja que portaba encima, le dijo a la chica «como no te calles te rajo» y se la dio a Germán , que la utilizó para conminar a la chica a fin de que no se resistiese.....".

   La cualificación, ni que decir tiene, posee un carácter objetivo, alcanzando la aplicación del subtipo tanto a quienes la utilizan, como a los que participan en el hecho a sabiendas y con conocimiento de que uno de los copartíciples la va a utilizar y efectivamente la utiliza.

   El motivo no puede prosperar y con él el recurso.

   Recurso de Germán .

Por la vía del art. 849-1º L.E.Cr. se invoca en el primero y segundo motivo la aplicación indebida del art. 242-1º y la inaplicación del art. 242-3 del C.Penal.

1. El recurrente, no obstante el asiento procesal de los motivos que aduce, se sale de su cauce y realiza valoraciones, sin respetar los estrictos términos del "probatum", ahora intangible.

   Es cierta la posibilidad de aplicar al número primero del art. 242, a pesar de usar armas peligrosas (cualificación del nº 2 de dicho artículo) la modalidad privilegiada contemplada en el número tercero del mismo artículo (robo atenuado), si bien es cierto que la propia utilización de armas o instrumentos peligrosos, convertirá en excepcional tal posibilidad, dado que su empleo preordenado al acto apropiativo dota de cierta dosis de gravedad a la violencia e intimidación empleadas.

2. Es bastante ilustrativa la doctrina que establece esta Sala, interpretando el art. 242-3, con ocasión del acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 27-2-98, en el que se admitía la compatibilidad del nº 3, con el 1º, aunque se aplicase en su modalidad agravada prevista en el nº 2 de dicho artículo.

   Nos dice la Sentencia de esta sala nº 545/2001 de fecha 3 de Abril:

   "Como resulta patente la propia norma nos conduce al hecho en su objetividad (no en la culpabilidad) y en sí mismo considerado a través de los siguientes términos:

   1. "Menor entidad de la violencia o intimidación", criterio principal, sin duda alguna, como se deduce de la expresión "además" que encabeza la referencia al otro criterio, y que por otro lado, tiene una mayor concreción y hace referencia, de los dos bienes jurídicos protegidos en esta clase de robos (personas y patrimonio), al más relevante de ellos: la libertad e integridad de la persona.

   2. "Además las restantes circunstancias del hecho", elemento de menor importancia que el primero, como ya se ha dicho, pero imprescindible para la aplicación del precepto, de modo que la sola consideración de la entidad de la violencia o intimidación no permite aplicar la rebaja en grado aquí previsto. Hay que examinar las otras circunstancias del hecho, indeterminadas en la propia norma y, por tanto, de muy variada condición:

   1. El lugar donde se roba: no es lo mismo hacerlo en la calle a un transecuente que en un establecimiento comercial, y tampoco puede equipararse el robo en una pequeña tienda al que se comete contra una entidad bancaria.

   2. Con relación al sujeto activo, habrá de considerar si se trata de una persona o si hubo un grupo de coautores, así como, en su caso, la forma de actuación de ese grupo y si se hallaba más o menos organizado.

   3. Asimismo podrá considerarse el número de las personas atracadas y su condición en orden a su situación económica o a las mayores o menores posibilidades de defenderse.

   4. La experiencia nos dice que de todas estas "restantes circunstancias del hecho", la que con mayor frecuencia se nos presenta para decidir si se aplica o no esta norma jurídica, es el valor de lo sustraído, de modo que ha de excluirse esta aplicación cuando tal valor alcanza cierta cuantia que, desde luego, no cabe determinar en una cifra concreta, pues habrá de variar según esas otras circunstancias antes indicadas o cualesquiera otras que pudieran conferir al hecho mayor o menor antijuricidad.

   Quizás, sin pretender un encorsetamiento del arbitrio del Tribunal, pueda atenderse, como criterio de gravedad, a la cifra de 50.000 pts. que el legislador señala como línea divisoria, en ciertos delitos contra el patrimonio. Así, las cantidades próximas a esa cifra o superiores a ella, no deberían reputarse amparadas por la norma privilegiada.

   Todos estos criterios habrán de tenerse en cuenta conjuntamente, a fin de poder valorar de modo global la gravedad objetiva de lo ocurrido, para determinar en definitiva si la pena básica a imponer (la del 242.1º o la del 242.2) es proporcionada a esa gravedad o si ha de considerarse más adecuada la rebaja en un grado que prevé el 242.3.

   No olvidemos que la razon de ser del precepto es la de dar al Juzgador unas mejores posibilidades de adaptación de la pena al caso concreto, evitando el que sea forzoso imponer una determinada sanción cuando la menor gravedad del hecho aconseje otra de menor entidad".

3. En el caso que nos ocupa no cabe tal degradación del robo. Si acudimos al primer elemento normativo, que vincula al juzgador: "la menor entidad de la violencia e intimidación ejercida" resulta que se han empleado un cuchillo en un supuesto y una navaja en el otro, pero además aplicados al cuerpo de la víctima, siendo serio el tono amenazante empleado por los agresores, ya que si el efecto paralizante o inhibidor de la amenaza se hubiera frustrado, como ocurrió al final del tercero y último de los episodios delictivos, los acusados podían haber sido descubiertos.

   Acudiendo a las "restantes cicunstancias del hecho", tropezamos con la forma, lugar y tiempo en que se realiza el robo. Se lleva a cabo de noche, en lugar no concurrido, sin iluminación o iluminación escasa y con dos partícipes, lo que refuerza su acción reduciendo, si no eliminando, las posibilidades de defensa de la víctima. Así pues, el contexto y circunstancias concomitantes del hecho criminal, así como la brusquedad y humillación, a que fueron sometidas las víctimas, no permite entender que nos hallamos ante una violencia o intimidación de menor intensidad. En la hipótesis contemplada no se produce una disminución de la carga desvalorativa del contenido de injusto del delito.

   El Tribunal de origen hizo correcto uso del arbitrio normado que el artículo 242-3º C.P. le confiere ("podrá imponerse la pena .....").

   El motivo no puede prosperar.

Rodeado de escaso rigor procesal, se formaliza el tercero y último de los motivos de este recurrente, por la vía del art. 849-2º L.E.Cr. invocándose error de hecho en la apreciación de la prueba.

Se designan como referencia documental el atestato policial (fol. 1 a 6), la declaración de la víctima Amelia (folio 7), la del acusado Germán , así como una serie de referencias (hasta 19) del mismo tenor, constituídas por actuaciones procesales, para terminar alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

1. Recordando la doctrina de esta Sala del "error facti" no merecen la calificación de documento los que se mencionan a efectos casacionales, ni se indica que parte del factum debe suprimirse, modificarse o integrarse.

   Todo ello hace que este aspecto del motivo deba decaer.

2. Respecto al derecho a la presunción de inocencia, lo dicho tanto a doctrina aplicable como a la inexistencia de vacío probatorio para el otro recurrente, es extensible a éste, con la diferencia de que en las primeras declaraciones policiales y sumariales el impugnante reconoció su propia participación en los hechos, cuyas demás circunstancias y detalles completan las ofendidas.

   Lo que no puede hacer el recurrente es analizar y valorar ciertas pruebas incriminatorias, dado que tal función es facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de inmediación, circunstancia que determina que el motivo no deba prosperar y consecuentemente el recurso.

3. Lo dicho no impide que, manteniendo la Audiencia Provincial la competencia para la ejecución de las responsabilidades civiles, a las que no afecta la reforma penal, como ley más favorable, dado su carácter civil, deberá remitir testimonio de lo necesario al Fiscal y al Juez de Menores competente para que procedan a la revisión y ejecución de las condenas penales, de conformidad a la ley Orgánica nº 5 de 12 de enero de 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, modificada por Ley Orgánica nº 7 de 22 de diciembre de ese mismo año.

   Las costas de ambos recursos deberán imponerse a los recurrentes, conforme a lo dispuesto en el art. 901 L.E.Criminal.

   III.