STS, 5 de Abril de 2004

Ponente:José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
Número de Recurso:661/2000
Procedimiento:CONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución: 5 de Abril de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONVOCATORIA CONCURSO CONCESIÓN: REVOCACIÓN. LÍNEA REGULAR BARCELONA-MADRID. RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. ARTÍCULO 78 LJCA 13 JULIO 1998. DESISTIMIENTO. REQUISITOS. RECURSO DE CASACIÓN ART. 88.1 c) LJCA QUEBRANTAMIENTO FORMAS ESENCIALES DEL JUICIO. APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 88 LJCA DE 27 DICIEMBRE 1956.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de Abril de dos mil cuatro.

VISTO el recurso de casación núm. 661/2000, interpuesto por el Procurador D. Jorge Luis de Miguel López, en nombre y representación de TRANSPORTES DE VIAJEROS DE ARAGÓN, S.A., por el Procurador D. Rafael Gamarra Megías, en nombre y representación de GRUPO ENATCAR, S.A., ambos con asistencia de Letrado, y por el Abogado del Estado en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 11 de noviembre de 1999, en el recurso contencioso-administrativo núm. 2/97, interpuesto contra la resolución de 31 de octubre de 1996 del Ministerio de Fomento, que estimó los recursos ordinarios interpuestos contra la resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de 25 de enero de 1996, sobre convocatoria de concurso para la concesión administrativa de servicio público regular permanente de uso general de viajes, equipajes y encargos por carretera entre Madrid y Barcelona. Han sido partes recurridas la Empresa AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L., representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, la Empresa COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y la Empresa LA NOVELDENSE, S.A., ambas representadas por la Procuradora Dª Isabel Juliá Corujo, y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo núm. 2/97, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, por la que estimó los recursos acumulados (2/97 y 5/97) interpuestos por los Procuradores D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la Empresa AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L. y la Procuradora Dª Isabel Juliá Corujo, en nombre y representación de las Empresas COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y LA NOVELDENSE, S.A., contra la resolución del Ministerio de Fomento de 31 de octubre de 1996, que anuló la resolución de 25 de enero de 1996 de la Dirección General de Transporte Terrestre que convocaba concurso para la concesión administrativa del servicio público regular permanente de uso general de viajes, equipajes y encargos por carretera entre Madrid y Barcelona.

SEGUNDO

Contra la referida sentencia prepararon el Abogado del Estado y los Procuradores D. Jorge Luis de Miguel López y D. Rafael Gamarra Megias, en las representaciones que ostentan, recurso de casación que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tuvo por preparados mediante providencia de fecha 17 de diciembre de 1999 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la Empresa recurrente TRANSPORTE DE VIAJEROS DE ARAGÓN, S.A. compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 27 de enero de 2000, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente suplico: "Que teniendo por presentado este escrito, ser sirva admitirlo, y acuerde tener por personada a esta parte en tiempo y forma y por interpuesto recurso de casación contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, notificada a esta parte el 30 de noviembre de 1999, recaída en el recurso de referencia, admitiéndolo y dándole el curso que la Ley establece, dictando en su día sentencia por la que anulando y casando la de fecha 11/11/99, se estime este recurso de casación por: * existencia de las infracciones procesales del motivo del artículo 88.1 c) invocadas en el cuerpo de este escrito, mandando reponer las actuaciones al estado y momento en que se incurrió en la falta o faltas apreciadas por el Tribunal. * o subsidiariamente por existencia de las infracciones del motivo del artículo 88.1 d) invocadas en el cuerpo de este escrito, confirmando la Resolución del Ministerio de Fomento de 31 de octubre de 1996. Todo ello con imposición de costas a la parte adversa.".

CUARTO

También la Empresa recurrente GRUPO ENATCAR, S.A. compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 27 de enero de 2000, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente suplico: "Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, y acuerde tener por personada a esta parte como parte recurrente en tiempo y forma, y por interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada el día 11 de noviembre de 1999, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso de referencia, y previos los trámite legales, dicte en su día sentencia por la que, casando y anulando la recurrida, estime el presente recurso de casación por la existencia de las infracciones alegadas en el cuerpo de este escrito, mandando reponer las actuaciones al estado y momento en que se incurrió en las faltas apreciadas por el Tribunal, imponiendo las costas de conformidad con la Ley.".

QUINTO

Por último, la recurrente ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 5 de mayo de 2000, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente suplico: "que teniendo por presentado este escrito con sus copias se sirva admitirlo, tenga por mantenido el recurso de casación y por interpuesto y formalizado el mismo y, en su día, dicte sentencia por la que declarando haber lugar al mismo, case y revoque la recurrida, declarando en su lugar que procede la desestimación del recurso jurisdiccional y la confirmación del acto administrativo impugnado.".

SEXTO

La Sala, por providencia de 27 de Junio de 2001, admitió el recurso de casación.

SÉPTIMO

Por providencia de la Sala de fecha 10 de septiembre de 2001, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L., COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A., LA NOVELDENSE, S.A. y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

  1. - El Procurador Sr. Vázquez Guillén, en representación de la Empresa AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.A., presentó escrito el día 17 de octubre de 2001, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó: "dictar sentencia que estime el recurso de casación y 1) declare nulo el Auto de 30 de noviembre de 1999 de la Audiencia Nacional. 2) decida la retroacción de las actuaciones al momento procesal anterior a dicho Auto de 30 de noviembre 1999 para dictar otro respetuoso a la legalidad aplicable y a los derechos de mis mandantes, es decir que con estimación de mi recurso de súplica contra la providencia de 10 de noviembre 1999, admita el desistimiento de mi parte, y puesto que los otros demandantes (COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y LA NOVELDENSE, S.A.) también han desistido, proceda luego a declarar terminado el recurso contencioso-administrativo nº 2/97 (y acumulado nº 5/97), ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo a la oficina de procedencia. 3) revoque y declare nula o anulable la sentencia de 11 noviembre 1999, que ya no procede, por la razón que acabo de señalar.".

  2. - La Procuradora Sra. Juliá Corujo, en representación de las Empresas COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y LA NOVELDENSE, S.A., presentó escrito con fecha 17 de octubre de 2001, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó: "dictar sentencia que estime el recurso de casación y 1) declare nulo el Auto de 30 de noviembre de 1999 de la Audiencia Nacional. 2) decida la retroacción de las actuaciones al momento procesal anterior a dicho Auto de 30 de noviembre 1999 para dictar otro respetuoso a la legalidad aplicable y a los derechos de mis mandantes, es decir que con estimación de mi recurso de súplica contra la providencia de 10 de noviembre 1999, admita el desistimiento de mi parte, y puesto que el otro demandante (AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.A.) también ha desistido, proceda luego a declarar terminado el recurso contencioso-administrativo nº 5/97, acumulado al 2/97, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo a la oficina de procedencia. 3) revoque y declare nula o anulable la sentencia de 11 noviembre 1999, que ya no procede, por la razón que acabo de señalar.".

  3. - El Abogado del Estado presentó escrito el día 18 de octubre de 2001, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: "tenga por presentada y admitida oposición ante los recursos de casación interpuestos por GRUPO ENATCAR, S.A. y ARATESA en los autos 8/661/00, desarrollando el proceso hasta dictar sentencia que desestime íntegramente las pretensiones de los recurrentes, confirmando la inexistencia de obstáculo a la sentencia "a quo" por efecto de las solicitudes de desistimiento presentadas, tanto como, en definitiva, la improcedencia de la anulación de la convocatoria del concurso para la adjudicación de concesión de transporte por carretera Madrid-Barcelona, con imposición de costas preceptivas.".

OCTAVO

Por providencia de fecha 14 de enero de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 24 de marzo de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 11 de noviembre de 1999, que estimó los recursos contenciosos-administrativos acumulados interpuestos por AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L. COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y LA NOVELDENSE, S.A. contra la resolución del Ministerio de Fomento de 31 de octubre de 1996, que se anula por no ser conforme a derecho.

La resolución del Ministerio de Fomento de 31 de octubre de 1996 estimó los recursos ordinarios interpuestos por ENATCAR, S.A. y ARATESA, S.A. contra la resolución de la Dirección General del Transporte Terrestre de 25 de enero de 1996 por la que se convocaba concurso para la concesión administrativa del servicio público regular permanente de uso general de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre Madrid y Barcelona, procediendo a acordar su revocación.

SEGUNDO

La Entidad TRANSPORTES DE VIAJEROS DE ARAGÓN, S.A. funda el recurso de casación articulado en dos motivos, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio habiéndosele producido indefensión, formulado al amparo del artículo 88 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, conforme al artículo 88 d) de la Ley jurisdiccional, por interpretación errónea de los artículos 71 y 73 de la Ley de 30 de julio de 1987, sobre Ordenación de los Transportes Terrestres y de los artículos 80 y 92.3 de su Reglamento de desarrollo.

El primer motivo de casación articulado por la defensa letrada de la Compañía referida, al amparo del artículo 88 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, que le ha producido indefensión (debe decir 88.1 c)), censura que la Sala de instancia ha infringido la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa porque inadmite por Providencia dictada el 10 de noviembre de 1999 los desistimientos formalizados por las Entidades Mercantiles COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A., LA NOVELDENSE, S.A. en escrito de 3 de noviembre de 1999 y por AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L. en escrito de 10 de noviembre de 1999, por causas no previstas en la Ley jurisdiccional de 13 de julio de 1998 aplicable sin ordenar el archivo de las actuaciones tras haber oído a las partes por plazo común de cinco días, aplicando la derogada Ley de 27 de diciembre de 1956.

Se invoca además por la parte recurrente en este primer motivo de casación para sustentar este vicio formal el argumento de que la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la jurisprudencia de esta Sala al no permitir la subsanación de los defectos procesales siempre que sea posible con la finalidad de que el proceso alcance su objeto, que consiste en que los Tribunales se pronuncien sobre las pretensiones que ante ellos se hacen valer, sin dejar imprejuzgadas las cuestiones litigiosas por razones puramente formales, al no permitir la subsanación mediante la ratificación de los escritos de desistimiento presentados por COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y LA NOVELDENSE, S.A. de estimar la Sala de instancia que los poderes para desistir no eran bastante.

La Sala habría infringido por inaplicación lo dispuesto en los artículos 14 y 24 de la Constitución al admitir sin reservas, sin exigencia de poder especial y sin ratificación, el desistimiento hecho en el proceso por otras partes recurrentes AUTOBUSES DEL NORTE, S.A., VIACAR, S.A., AUTOCARES BLANCASOL, S.A., AUTOCARES CANEL, S.A., AUTOCARES OFICAR, S.A. y AUTOCARES ASNARATS, S.A.; y se habría conculcado el artículo 67 de la Ley jurisdiccional, el artículo 11.3 de la Ley orgánica del Poder Judicial y el artículo 24 de la Constitución por inaplicación, al haber procedido la Sala a dictar sentencia sin haber resuelto el recurso de súplica interpuesto contra la referida Providencia de 10 de noviembre de 1999.

La Compañía ENATCAR, S.A. articula el recurso de casación en cinco motivos formulados al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales.

El primer motivo de casación articulado por ENATCAR, S.A. en su escrito de interposición se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este último caso, se haya producido indefensión, exponiendo coincidentemente que la sentencia de la Sala de instancia infringe por inaplicación la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de la jurisdicción de 13 de julio de 1998, porque inaplica el artículo 74 de la referida Ley procesal en sus apartados 2º, 3º y 4º al limitarse a dictar la Providencia de 10 de noviembre de 1999 acordando no haber lugar a tener por desistidas a las Entidades comparecidas como actoras.

El Abogado del Estado funda el recurso de casación interpuesto en dos motivos sostenidos al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley jurisdiccional por haber incurrido la sentencia de instancia en incongruencia, y del artículo 88.1 d) de la Ley jurisdiccional censurando que la Sala de instancia ha infringido lo dispuesto en los artículo 64.2 y 65 del Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.

TERCERO

Debe estimarse la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado por las Compañías ARATESA, S.A. y ENATCAR, S.A., al que se adhieren en su escrito de oposición las Entidades Mercantiles AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.A. COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y LA NOVELDENSE, S.A., al desprenderse del examen de las actuaciones procesales que la Sala ha vulnerado las garantías procedimentales inscritas en el artículo 74 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa al proceder anticipadamente a dictar sentencia sin resolver conforme a la Ley procesal aplicable, en virtud de la Disposición Transitoria Segunda , apartado tercero de la citada Ley jurisdiccional, el incidente de desistimiento formulado por las partes recurrentes en el recurso contencioso- administrativo.

La providencia dictada por la Sala el 10 de noviembre de 1999 refiere que:

"Dada cuenta el anterior escrito presentado en el día de hoy, y ratificado por el Representante Legal de la parte actora AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L., y el escrito de la Procuradora Dña. Isabel Julia Corujo, de fecha 3 de noviembre presentado el mismo día, únanse a los autos de su razón.

Habiéndose ratificado el escrito de desistimiento pro la parte recurrente, AUTOCARES VISTA ALEGRE, S.L. una vez celebrada la votación y fallo del procedimiento, no ha lugar a tenerle por desistido y apartado de la prosecución del mismo, debiendo continuar por sus trámites legales.

Con respecto al escrito de desistimiento, presentado por la Procuradora Dña. Isabel Julia Corujo, no habiéndose aportado podes especial para el desistimiento, ni se han ratificado en el mismo los representantes legales de las entidades COLABORACIONES EMPRESARIALES, S.A. y LA NOVELDENSE, S.A., no ha lugar a tenerlo por desistido.".

Se advierte que dicho proveído, carente de motivación legal, se soporta implícitamente en la aplicación del artículo 88.3 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, según se revela en el Auto confirmatorio de la providencia de 30 de noviembre de 1999, desconociendo el diferente régimen jurídico sobre el instituto procesal del desistimiento que ofrecen la Ley jurisdiccional de 1956 y de 1998.

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley jurisdiccional de 13 de julio de 1998 que establece que "serán asimismo aplicables las reglas de la Sección 9ª del Capítulo I del Título IV (otros modos de terminación del procedimiento: artículos 74 a 77) a todos los recursos contencioso- administrativos en que no se hubiese dictado sentencia a la entrada en vigor de esta Ley", vincula a la Sala de instancia, de conformidad con al cláusula de sometimiento del poder judicial al impero de la Ley, establecida en el artículo 117 de la Constitución, a aplicar deferentemente la regulación procesal del desistimiento establecida en el artículo 74 de la referida Ley jurisdiccional de 1998, que entró en vigor con anterioridad a producirse el fallo, para respetar el deber de motivación que requiere que el órgano juzgador resuelva el recurso contencioso-administrativo conforme las fuentes del derecho procesal aplicables.

El artículo 74.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa establece que para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello, siendo suficiente la presentación de un poder general en que se contenga esta cláusula de autorización para desistir en juicio del representante de la parte, flexibilizando el rigorismo formal requerido en el derogado artículo 88.2 de la Ley jurisdiccional de 27 de diciembre de 1956, que exigía que el representante de la parte demandante dispusiera de poder especial autorizatorio del desistimiento, de modo que la Sala infringió aquel precepto legal cuando no acuerda el desistimiento en base a la exigencia de poder especial y que se produzca con anterioridad al señalamiento para votación y fallo, que constituyen causas no requeridas por la Ley procesal aplicable.

Debe recordarse que el desistimiento en el proceso contencioso-administrativo a la luz de la legislación procesal vigente constituye un modo de terminación del procedimiento que se significa por la renuncia personal del recurrente a proseguir la acción jurisdiccional contencioso- administrativa formulada de forma expresa, inequívoca, concluyente e incondicionada, sin necesidad de aceptación por la parte demandada, que solo debe ser oída, que puede producirse en cualquier momento del procedimiento con anterioridad a dictarse sentencia, y que supone un acto procesal legítimo de extinción de la relación jurídico procesal.

La Sala no puede interponer obstáculos enervantes del derecho de la parte recurrente a desistir de la prosecución del procedimiento contencioso-administrativo que no estén establecidos en la Ley procesal reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa aplicable siempre que el desistimiento se produzca en un momento anterior a la sentencia, que debe dictarse en el plazo de diez días desde que el pleito se declara concluso de conformidad con el artículo 67 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, con independencia del día de señalamiento para votación y fallo, y se formule con carácter expreso.

Debe declararse respecto del recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado que la Sala aprecia que no procede entrar a su examen al haber quedado sin contenido como consecuencia de la estimación de los recursos interpuestos por las dos Empresas referidas por motivos de preferente enjuiciamiento.

Procede, consecuentemente, estimando los primeros motivos de casación articulados por TRANSPORTES DE VIAJEROS DE ARAGÓN, S.A. y GRUPO ENATCAR, S.A., declarar haber lugar a los recursos de casación y casar la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia nacional de 11 de noviembre de 1999, anulando la Providencia de 10 de noviembre de 1999 en que se advierte la falta procedimental, y ordenando la retroacción de las actuaciones procedimentales al momento en que debió el Tribunal oír a las partes de conformidad con el artículo 74.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, según autoriza el artículo 95.2 c) de la referida Ley jurisdiccional.

CUARTO

De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa no se hace expresa imposición de las costas procesales originadas, ni de las causadas por el Abogado del Estado al concurrir causa de justificación de su no imposición.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Declarar haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los recurrentes TRANSPORTES DE VIAJEROS DE ARAGÓN, S.A. y GRUPO ENATCAR, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 11 de noviembre de 1999, ordenando la reposición de las actuaciones procedimentales al momento en que se hubiere incurrido en la falta procesal en los términos fundamentados.

Segundo

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado al haber perdido su objeto por haber quedado sin contenido.

Tercero

No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Fernando Cid Fontán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.