STS, 11 de Mayo de 2006

Ponente:RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO
Número de Recurso:213/2002
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:11 de Mayo de 2006
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

IMPUESTO DE SOCIEDADES. USUFRUCTO TEMPORAL DE OBLIGACIONES BONIFICADAS. DERECHO A COBRO DE INTERESES.Es objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina la cuestión relativa a la procedencia o no, de las deducciones en la cuota del I.S., y solamente la referida al ejercicio de 1991, correspondientes a los rendimientos de obligaciones bonificadas, tras haber adquirido la recurrente el usufructo temporal de las mismas. No ha lugar por faltar la identidad de hechos, fundamentos y pretensiones que es necesaria para que proceda casar la sentencia impugnada. Improcedente deducción en la cuota del Impuesto de la bonificación del 95 % en el tipo de gravamen del antiguo Impuesto sobre las Rentas del Capital, al no ser aplicable al mero perceptor de los rendimientos y por no tener los titulares de las obligaciones derecho a la bonificación.No se hace lugar al recurso de casación.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

RAFAEL FERNANDEZ MONTALVOMANUEL VICENTE GARZON HERREROJUAN GONZALO MARTINEZ MICOEMILIO FRIAS PONCEMANUEL MARTIN TIMONJAIME ROUANET MOSCARDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Mayo de dos mil seis.

Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para unificación de doctrina núm. 213/02, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Carlos Hermida Santos, en nombre y representación de "UNICE, S.A." contra la sentencia, de fecha 5 de diciembre de 2000, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 325/97, en el que se impugnaba Acuerdo del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria del Gobierno de Navarra de 26 de marzo de 1997, ratificado por el Gobierno de Navarra en sesión de 19 de mayo de 1997, desestimatorio del recurso interpuesto contra la liquidación del Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) correspondiente a los ejercicios 1991 y 1992.

Ha sido parte recurrida la Comunidad Foral de Navarra, representada y asistida por el Asesor Jurídico-Letrado de la Comunidad Foral de Navarra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso administrativo núm. 325/97 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se dictó sentencia, con fecha 5 de diciembre de 2000 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que desestimando como desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por UNICE, S.A. representado por el Procurador Sr. Hermida y defendido por el Abogado Sr. Simón contra la resolución dictada por el GOBIERNO DE NAVARRA de fecha 6 de noviembre de 1995 por la que se acordó girar liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1991 y 1992, declaramos la mencionada resolución ajustada a Derecho, y todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas ".

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de UNICE, S.A. se interpuso, por escrito de 17 de enero de 2001, recurso de casación para la unificación de doctrina interesando sentencia estimatoria del recurso, que casara y anulara la impugnada y resolviera el debate planteado de conformidad con la doctrina mantenida en las sentencias de contraste, declarando la nulidad de la liquidación practicada por la Administración y la conformidad a Derecho de la declaración-liquidación presentada por la recurrente y condenara a la Administración a indemnizar a la recurrente por los daños causados y al pago de las costas procesales.

TERCERO

El Asesor Jurídico-Letrado de la Comunidad Foral de Navarra, por escrito presentado el 26 de abril de 2001, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso, elevándose las actuaciones ante este Tribunal.

CUARTO

Recibidas las actuaciones, por providencia de 12 de Abril de 2006, se señaló para votación y fallo el 9 de Mayo de 2006, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Presidente de Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia de instancia planteó y resolvió las siguientes cuestiones suscitadas en el debate procesal: a) la caducidad del expediente administrativo; y b) la procedencia o no, de las deducciones en la cuota del Impuesto de Sociedades relativa a los ejercicios 1991 y 1992, correspondientes a los rendimientos de obligaciones bonificadas, tras haber adquirido la recurrente el usufructo temporal de las mismas.

Y de las decisiones adoptadas por el Tribunal a quo respecto a las enunciadas cuestiones sólo es objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina la segunda, esto es, la relativa a la procedencia o no, de las deducciones en la cuota del I.S., y solamente la referida al ejercicio de 1991, correspondientes a los rendimientos de obligaciones bonificadas, tras haber adquirido la recurrente el usufructo temporal de las mismas.

La recurrente en casación para la unificación de doctrina señala como sentencias de contraste dos de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fechas 11 de mayo y 30 de octubre de 1998, recaídas en los recursos contencioso-administrativos números 6161/95 y 51/96, y alega los siguientes motivos impugnatorios:

Infracción por falta de aplicación o aplicación indebida del art. 1275 del Código Civil (en adelante C.C .), porque la Sala llega a la conclusión de que lo adquirido por la recurrente es un beneficio fiscal. La recurrente sostiene que su finalidad de obtener un beneficio fiscal es innegable, pero se trata de un beneficio previsto y otorgado por la Ley, y por tanto no puede ser una finalidad ilícita aunque sea la determinante de la voluntad negocial.

Infracción por aplicación indebida del art. 25 de la Ley General Tributaria de 1963 (LGT/1963 , en adelante), porque dicho precepto prohíbe a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo que enjuician la liquidación tributaria, plantearse como cuestión prejudicial la existencia de defectos en el contrato.

Infracción por inaplicación de la Disposición Transitoria 3ª.2 del acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 28 de diciembre de 1978 , que aprobó las Normas del IS.

SEGUNDO

Por su parte, el Asesor Jurídico-Letrado de la Comunidad Foral de Navarra, plantea la inadmisibilidad del recuso, por falta de concurrencia de la cuádruple identidad de personas, hechos, fundamentos y pretensiones, que exige el artículo 96.1 de la LJCA , y que, acudiendo a un mero criterio sistemático, procede analizar y resolver antes de, en su caso, entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada en el presente recurso de casación para unificación de doctrina.

Sostiene dicho Asesor que la empresa recurrente en estos autos es distinta de las recurrentes en los procedimientos que dieron lugar a las Sentencias aportadas como contraste por la recurrente, estando además en diferente situación, pues la primera reside en la Comunidad Foral de Navarra, siendo las otras dos empresas, guipuzcoanas, sujetas, por tanto, a un Ordenamiento Jurídico Tributario diferente. Por otra parte, la Administración recurrida en el presente procedimiento es el Gobierno de Navarra, mientras que en los otros dos supuestos, se trata de la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Asimismo alega la falta de identidad sustancial en los hechos, pues en las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se tuvo por cierta una real adquisición de los títulos, mientras que en la Sentencia ahora recurrida se declaró probado que no existió una verdadera transmisión, sino una simulación total y absoluta, faltando identidad en los hechos, y siendo dicha argumentación ratificada por el Tribunal Supremo en los Autos de 30 de octubre y 4 de diciembre de 2000 (recursos de queja 6374/1999 y 5288/1999 respectivamente).

En tercer lugar alega la falta de identidad de fundamentos entre la Sentencia recurrida y las aportadas como contradictorias, pues la Sentencia ahora recurrida basa su fundamentación jurídica en la normativa foral navarra en materia de Impuesto de Sociedades (Normas de 28 de diciembre de 1978 y Decreto Foral Legislativo 153/1986 de 13 de junio) y las Sentencias ofrecidas de contraste se fundamentan exclusivamente en la aplicación de normativa estatal.

TERCERO

El recurso de casación para la unificación de doctrina exige un doble fundamento: la existencia de una contradicción entre la sentencia impugnada y la sentencia o las sentencias alegadas en contraste; e infracción del ordenamiento jurídico por la sentencia impugnada. Así resulta del art. 97.1 LJCA al establecer que se interpondrá mediante escrito razonado que deberá contener relación precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradicción alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida.

Debe tenerse en cuenta, además, que entre uno y otro fundamento ha de existir una necesaria relación, entendiendo que la infracción legal imputada a la resolución impugnada ha de constituir el objeto de la contradicción denunciada. De ahí que la contradicción opere como requisito de admisibilidad del recurso y como elemento de su fundamentación.

Por consiguiente, la procedencia del recurso se condiciona, en primer lugar, a que respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos (art. 96.1 LJCA ), por lo que debe producirse la contradicción entre sentencias determinadas en las que concurra la llamada triple identidad: subjetiva porque las sentencias que se oponen como contrarias afectan a los mismos litigantes o a otros diferentes en idéntica situación; fáctica o relativa a los hechos fijados en la sentencia impugnada y la invocada como contraste; y jurídica referente a las pretensiones ejercitadas en uno y otro proceso, de manera que, dada su analogía, desde el punto de vista de la aplicación del ordenamiento jurídico, reclamen una solución de idéntico sentido.

En segundo lugar, es necesario que exista la infracción legal que se imputa a la sentencia recurrida y que tal infracción constituya el objeto de la contradicción entre sentencias. En virtud de ello, es preciso establecer cuál de los criterios opuestos que han mantenido los tribunales es el correcto, porque en función de esta decisión se habrá de estimar o desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, ya que no basta con apreciar la contradicción para llegar a dar lugar al recurso (STS 24 de octubre de 1996 ). Sólo cuando se concluya que el criterio acertado es el de la sentencia antecedente se dará lugar al recurso, no en cambio si la tesis correcta es la contenida en la sentencia que se impugna.

CUARTO

La Sentencia, ahora recurrida en casación para unificación de doctrina consideró probados los siguientes hechos: "con fechas comprendidas entre el 29 de octubre y el 22 de noviembre de 1991, y entre el 10 de abril y el 26 de junio de 1992, y mediante pólizas intervenidas por Sociedad de Valores y Bolsa, se formalizó la cesión temporal de usufructo de diversos cupones de obligaciones de las entidades Sevillana, Fenosa, Hidrola, Endesa e INI, por un valor nominal de 32.482.875 pesetas en 1991 y de 115.372.058 pesetas en 1992, a nombre de la empresa UNICE, S.A., hoy recurrente. Copias de tales pólizas constan en el expediente administrativo del presente recurso.

Dichas operaciones, sin embargo, y a pesar de los valores nominales citados se formalizaron con valores reales o efectivos de 38.995.067 pesetas (año 1991) y de 133.088.010 pesetas (año 1992), respectivamente, esto es, por sendos valores efectivos superiores a los respectivos valores nominales.

Por su parte, la empresa recurrente se dedujo (en concepto de "retenciones a cuenta") en sus declaraciones tributarias correspondientes a los ejercicios económicos de 1991 y de 1992 del Impuesto de Sociedades las cantidades de 7.795.890 pesetas en 1991, y de 27.698.294 pesetas en 1992, correspondientes a las obligaciones en cuestión.

La cuantía de 7.795.890 pesetas resulta de aplicar al importe de las operaciones referidas de ese año (32.482.875 pesetas) al tipo del 24%.

Del mismo modo, la cuantía de 27.698.294 pesetas resulta de aplicar al importe de las operaciones referidas de ese año (115.372.058 pesetas) al tipo del 24%.

Es decir, la entidad financiera percibe un valor de enajenación superior al valor nominal del usufructo cedido.

Por su parte, el sujeto pasivo (la empresa hoy recurrente) adquiere al practicarse la deducción un valor que le compensa con creces, entre lo que paga a la entidad financiera y lo que recibe al devengo del cupón" (sic).

El usufructo fue adquirido a Entidad financiera sobre diversos cupones de obligaciones de las entidades Sevillana, Fenosa, Hidrola, Endesa e INI.

Asimismo, y como consecuencia de dicha declaración de hechos probados, y entre otros Fundamentos Jurídicos, la Sala Sentenciadora efectúa la siguiente declaración en el Fundamento de Derecho V, apartado 3º: "en el presente caso y conforme a la conceptuación de causa en nuestro ordenamiento jurídico expuesta ut supra, si bien la causa explícita y/o aparente del contrato se plasmaba a simple vista en la cesión del usufructo temporal de las obligaciones bonificadas que determinaba en concreto, en el aspecto que nos ocupa, como contrapartida económica de la obligación (causa) el percibo de los frutos de los bienes usufructuados (importe-intereses del cupón) lo cierto es que existe una causa oculta no explícita (que no sólo realmente fundamenta el negocio jurídico -en su extremo motivo casualizado- sino que es la causa determinante, y diríase exclusiva, del negocio celebrado) cual es la cesión -aprovechamiento- adquisición por la parte actora de un beneficio fiscal que la contraparte del negocio no puede aprovechar por estarle vedado legalmente tal efecto. Tal causa debe reputarse ilícita, en base a la prueba existente como luego se matizará (lo que da lugar a la ineficacia del negocio jurídico ya que conforme al artículo 1275 y 1276 Civil) ya que es contraria a la Ley toda vez que los beneficios fiscales son indisponibles para las partes y por ello la causa concreta del negocio concluido ilícita (con base normativa en los artículos 36 LGT y 10.b LGT y 133 CE)" (sic).

QUINTO

Pues bien, en el caso que nos ocupa no puede sostenerse la existencia de la triple identidad a estos efectos requerida, por la sencilla razón de que la sentencia impugnada y aquellas otras citadas de contraste parten de hechos distintos.

En la Sentencia ahora recurrida dichos hechos son la existencia de una cesión del usufructo temporal de las obligaciones bonificadas con una causa oculta no explícita, que, en palabras de la Sala Sentenciadora, no sólo realmente fundamenta el negocio jurídico sino que es su causa determinante, y diríase exclusiva, que es la cesión-aprovechamiento-adquisición por la parte actora de un beneficio fiscal que la contraparte del negocio no puede aprovechar por estarle vedado legalmente tal efecto y que finalmente es calificada por dicha Sala como ilícita, y con base en la cual se solicita la bonificación del impuesto.

Sin embargo, en las Sentencias aportadas como contraste, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 11 de mayo y 30 de octubre de 1998 , se parte de la realidad de la operación mercantil de adquisición del usufructo de determinadas cédulas y en ningún momento se pone en duda la verdadera causa del negocio jurídico, ni se declara su ilicitud.

Así, aun cuando las cuestiones jurídicas planteadas por los demandantes en los tres recursos giran en torno a la aplicación de las exenciones o bonificaciones del régimen transitorio del I.S., establecidas a favor de los rendimientos producidos por las cédulas para inversiones o bonificaciones en el antiguo Impuesto sobre las Rentas de Capital, sin embargo, mientras que las sentencias de contraste se pronuncian sobre la procedencia o no de la deducción del Impuesto sobre la base la existencia de una operación mercantil en la que se produjo la adquisición del usufructo de determinadas cédulas, la sentencia que ahora se pretende recurrir entiende que la causa del negocio previo transmisorio es ilícita, lo que convierte a dicho negocio en ineficaz.

En conclusión, se trata de supuestos distintos, en los que no se dan las identidades necesarias. Así, la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida es que no procede la deducción porque el negocio de transmisión del usufructo de las cédulas devino ineficaz dada la ilicitud de su causa.

En las ofrecidas como contraste, en cambio, sí se pronuncian sobre tal procedencia sobre un supuesto de real transmisión en el que no se pone en duda la realidad y eficacia del negocio jurídico.

SEXTO

No obstante lo anterior, conviene poner de manifiesto que la cuestión de fondo ha sido resuelta por esta Sala en diversas Sentencias, las primeras son de fechas 20 de Febrero y 5 de Marzo de 2004, recursos de casación 8.139 y 11.210 de 1998, en las que tras analizar la normativa que regula el beneficio controvertido y reconocer que, dada la "ratio legis" de la bonificación, no sólo los financiadores de las inversiones reales en cuanto suscriptores iniciales de las obligaciones eran los que tenían derecho al beneficio, sino también los siguientes adquirentes de las obligaciones, pues ellos también participan en la financiación, a través del mercado secundario, niega la posibilidad de que las entidades de Seguros, Cajas de Ahorro, Bancos y demás entidades de crédito acuerden con terceros la constitución sucesiva de usufructos temporales de cupones de las obligaciones bonificadas si la operación es una argucia para conseguir la apariencia de que los usufructuarios son los que perciben los rendimientos, cuando en realidad el nudo propietario es el que sigue percibiendo los intereses de las obligaciones bonificadas, pero pagados a través de los intermediarios, finalizando con la declaración de que el art. 36 de la Ley General Tributaria resulta aplicable, porque aunque las partes titulen los contratos como constitutivos de usufructos temporales, no se trata de verdaderos y auténticos usufructos, dado el conjunto de sus prestaciones y contraprestaciones.

En otras sentencias posteriores de la Sala, (6 de Julio de 2004, cas. 7.140/99 y 21 de Junio de 2005, recursos de casación 7.597/00, 7.599/00 y 7.849 /00) se insiste en la improcedencia de la bonificación del 95 % porque la entidad transmisora del usufructo no tenía derecho a la bonificación.

Así en la sentencia de 6 de Julio de 2004 , estimando el recurso de casación interpuesto por la Diputación Foral de Guipúzcoa, se señaló "En virtud de lo dispuesto en el artículo 356 del Código Civil la naturaleza de frutos civiles de dichos beneficios se impone con la muy importante precisión contenida en el artículo 474 del Código Civil de que estos frutos se entienden percibidos día por día y que corresponden al usufructuario en proporción al tiempo de duración del usufructo. Es absolutamente trascendental también la regulación del artículo 475 que proclama: "Si el usufructo se constituye sobre el derecho a percibir una renta o una pensión periódica, bien consista en metálico, bien en frutos, o los intereses de obligaciones o títulos al portador, se considerará cada vencimiento como productos o frutos de aquél derecho. Si consistiere en el goce de los beneficios que diese una participación en una explotación industrial o mercantil cuyo reparto no tuviese vencimiento fijo, tendrán aquéllos la misma consideración. En uno y otro caso se repartirán como frutos civiles, y se aplicarán en la forma que previene el artículo anterior.". Es decir, día por día.

Aunque el beneficio fiscal aquí percibido no es uno de los mencionados en el texto es indudable la aplicabilidad del contenido del precepto citado al hecho enjuiciado.

De todo ello se infiere que estamos en presencia de frutos civiles cuya percepción tuvo lugar día por día.

La aplicación de esta doctrina a la cuestión litigiosa implica que los beneficios tributarios que las normas citadas regulan, y que están en el origen del litigio, son un fruto civil de los títulos representativos de los préstamos constituidos. Como se obtienen día por día es patente que en tanto sean detentados por entidades aseguradoras de ahorro y entidades de crédito (que se encuentran excluidas del beneficio tributario) no generan el fruto fiscal litigioso, y, por tanto, tampoco los pueden transmitir al usufructuario los titulares originarios.

CUARTO

De todo lo razonado se desprende la necesidad de estimar el recurso, aunque las razones de la estimación no sean estrictamente coincidentes con el recurrente, pues, en nuestra opinión, los tenedores de los títulos tienen derecho al beneficio, salvo que se acredite, como en este caso, que el anterior tenedor no tenía derecho a él, pues mientras esa posesión (tenedor sin derecho a frutos) haya durado los frutos no han sido adquiridos por el poseedor, que carecía del derecho a ellos, en este caso la Entidad de Crédito excluida del beneficio.

El hecho de que pongamos de relieve el diferente tratamiento que merecen las posesiones temporales de cada uno de los tenedores de los títulos no es una artificiosidad, sino la necesidad de distinguir en las diversas posesiones temporales la distinta operatividad del beneficio invocado, con los consiguientes efectos económicos, que a cada una de esas situaciones corresponde, pues con ello se precisa el verdadero alcance del usufructo temporal constituido y los derechos generados y transmitidos al usufructuario."

En la misma línea se encuentran las sentencias de 21 de Junio de 2005 , en recursos interpuestos por Siemens, S.A. contra sentencias de la Audiencia Nacional que habían estimado la tesis del recurrente, al señalarse:

"La recurrente se atiene al sentido literal del artículo 31 del Texto Refundido del Impuesto de las Rentas de Capital de 1967 . Es patente que la Ley está incurriendo en una laguna legal, pues la hipótesis que contempla es la de la coincidencia entre el titular del préstamo y el perceptor de los intereses, que es justamente lo que no sucede en este supuesto.

Es igualmente innegable que en virtud de los preceptos citados hay titulares de los préstamos (entidades bancarias y aseguradoras) que no disfrutan de la bonificación legal, y esta diferencia entre unos y otros titulares comporta inexorablemente que los usufructos que eventualmente se constituyan sobre dichos títulos, los suscritos por entidades bancarias y aseguradoras, no gocen de idénticos derechos a los que disfrutan otros titulares de estos mismos títulos.

Sentadas las anteriores premisas es patente que no ha existido una interpretación analógica sino una cuidadosa distinción de los distintos supuestos de hecho que en cada caso pueden darse.

Tampoco se ha producido una transgresión de la Disposición Transitoria Tercera , apartado 2 de la Ley 61/78 , pues la interpretación dada por la sentencia se limita a aplicar una excepción, que la misma norma contempla, a la bonificación que con carácter general se formula. Como antes hemos dicho, esta interpretación no constituye sino una delimitación del alcance del principio general de bonificación a la vista de las excepciones legalmente previstas.

Tampoco se puede sostener que se haya producido una vulneración del artículo 25.3 de la L.G.T. en relación con el 9.3 de la Constitución Española pues es patente que la bonificación es un fruto civil distinto de los intereses, tanto por su origen como por su contenido. El error del recurrente radica en aplicar a la bonificación tributaria idéntico régimen jurídico que al cobro de intereses cuando son dos frutos distintos. El hecho de que la bonificación se perciba con ocasión de la percepción de los intereses no puede conducir a la identificación de ambos frutos (intereses y bonificación), que es lo que constituye, en definitiva, la tesis del recurrente.".

SEPTIMO

En consecuencia con la exposición anterior, demostrativa tanto de que no cabe reputar situaciones idénticas las de la sentencia impugnada y las de contraste, como de que la tesis de la recurrente no es acorde con la doctrina reiterada de esta Sala sobre la adquisición de "usufructo temporal de obligaciones bonificadas con derecho a cobro de intereses pendientes" procede declarar no haber lugar al recurso de casación para unidad de doctrina formalizado, así como imponer las costas causadas en el recurso a la parte recurrente, por mor de aquella desestimación.

La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA, señala 1.500 Euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación para unificación de doctrina número 213/2.002 promovido por la representación procesal de UNICE, S.A. contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 5 de diciembre de 2.000 , por la cual fue desestimado el recurso 325/1997, interpuesto contra el Acuerdo del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria del Gobierno de Navarra de 26 de marzo de 1997, ratificado por el Gobierno de Navarra en sesión de 19 de mayo de 1997, desestimatorio del recurso interpuesto contra la liquidación del IS de 1991 y 1992, e imponemos a la parte recurrente las costas causadas en el recurso con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernández Montalvo Manuel Vicente Garzón Herrero Juan Gonzalo Martínez Micó Emilio Frias Ponce Manuel Martín Timón Jaime Rouanet Moscardó PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Rafael Fernández Montalvo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.