STS, 23 de Junio de 2005
| Ponente | PEDRO JOSE YAGÜE GIL |
| ECLI | ES:TS:2005:4143 |
| Número de Recurso | 137/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Junio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDEENRIQUE CANCER LALANNE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Junio de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Quinta por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación para la unificación de doctrina número 137/02 interpuesto por Don Jose Ramón contra la sentencia dictada con fecha 3 de enero de 2000 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en recurso 891/97, sobre reposición de la legalidad urbanística y demolición de obras. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
Ante Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, se ha seguido el recurso 891/97 interpuesto por Don Jose Ramón contra acuerdo del pleno de 7 de mayo de 1997 del Ayuntamiento de Capdepera por el que se ordena la demolición de las obras realizadas sin licencia municipal, conceder un plazo de tres meses para su demolición, con apercibimiento de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 3 de enero de 2000, desestimando el recurso interpuesto por ser los actos administrativos impugnados conformes al ordenamiento jurídico, sin costas
Contra la citada sentencia Don Jose Ramón interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina dando traslado a las parte recurrida para su oposición, formalizándose la misma y se elevaron las actuaciones al Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes
Elevadas la actuaciones por providencia de 27 de mayo de 2002 de la Sección Primera de esta Sala se formó el presente rollo de casación para la unificación de doctrina, remitiéndose a la Sección Quinta. Por providencia de 5 de julio de 2002 quedó pendiente de señalamiento para su Votación y Fallo, señalándose al efecto el día 21 de Junio de 2005, fecha en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil,
La sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Jose Ramón contra resolución del pleno del Ayuntamiento de Capdepera de 7 de mayo de 1997 por la que :1º) Se ordena la demolición de las obras realizadas sin licencia municipal, y que se contemplan en el proyecto de demolición, 2º) Se concede un plazo para la demolición de tres meses, según se indica en el proyecto. 3º) Se fija la cuantía de los trabajos de demolición en 2.774.978 pts. según el presupuesto del proyecto y 4º) Se indica que transcurrido el plazo concedido para la demolición, si ésta no se lleva a cabo por el propietario, se deberá ejecutar por el Ayuntamiento a costa del interesado, impidiendo definitivamente los usos a que hubiese dado lugar.
El presente recurso de casación para la unificación de doctrina se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio disposición transitoria tercera , apartado 1, de la misma-, toda vez que la sentencia impugnada, de fecha 3 de Enero de 2000, se ha dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
También hay que precisar que el acto recurrido, que emana de una Entidad local se encuentra incluido en el artículo 8.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, toda vez que ese acto administrativo, impugnado en la instancia, implica el ejercicio de facultades de disciplina urbanística, al ordenar la demolición de las obras indebidamente ejecutadas y no amparadas por licencia, materia ésta que, como ya ha señalado esta Sala en autos de fechas 16 de febrero y de 1 y 29 de junio de 2001, entre otros muchos, debe incardinarse en el ámbito definido el mencionado artículo 8.1.c) de la Ley de esta Jurisdicción, a cuyo tenor los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades locales que tengan por objeto licencias de edificación y uso del suelo y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de 250 millones de pesetas, -como es el caso de autos, referido a la demolición de unas obras, cuyo importe no excede de 250 millones de pesetas- están atribuidos al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, -artículo 10.2-.
(Aunque uno de los motivos de casación es la inexistencia de proyecto de demolición, en el que al parecer se ha basado el Ayuntamiento para fijar la cuantía de 2.774.978 pesetas, es notorio de todas formas para este Tribunal que los trabajos de demolición de las obras de que se trata no llega a la cuantía de 250.000.000 pesetas).
Sentadas estas premisas, la cuestión a resolver es el tratamiento que, a efectos impugnatorios, debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 en los procesos pendientes antes de esa fecha, cuya competencia corresponda, conforme a la misma, a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y que la disposición transitoria primera, apartado 1, de la misma preceptúa continuarán tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión, como aquí ha ocurrido.
Pues bien, a esas sentencias, y por ello a la que es objeto de impugnación en el presente recurso, es doctrina consolidada de esta Sala (Autos de 16 de junio, 30 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 18 de diciembre de 2000, entre otros) que debe aplicárseles la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede -artículo 86.1- contra las recaídas en única instancia, y dicha previsión, (como ya dijo esta Sala por Sentencia de 28 de mayo de 2003) es igualmente aplicable al recurso de casación para la unificación de doctrina, de conformidad con lo previsto en el art. 96.1 y 2 de la vigente Ley de esta Jurisdicción que solo prevé dicho recurso contra las sentencias dictadas en "única instancia".
Es cierto que el apartado 1 de la disposición transitoria primera, que contempla los "procesos pendientes" ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, guarda silencio al respecto, el inciso final del apartado 2 de la misma transitoria, es decir, la regla que equipara el régimen de impugnación de las sentencias de las expresadas Salas a las dictadas en segunda instancia, cuando se trata de procesos que, conforme a la Ley 29/1998, se hayan atribuido a los Juzgados, está redactada en plural, "en estos casos" -dice-, expresión que permite entender comprende tanto los casos del apartado 2 como los del apartado 1, en el que se encuentra contemplada la sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso que nos ocupa.
La interpretación contraria vaciaría prácticamente de contenido el apartado 2 de la disposición transitoria primera -la puesta en funcionamiento de los Juzgados tuvo lugar al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley 29/1998- y es difícilmente conciliable con la "plena aplicación" del nuevo régimen de la casación a las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor - disposición transitoria tercera-, plena aplicación que comporta que sólo puedan ser susceptibles de casación las sentencias que hubieran podido ser dictadas en única instancia con arreglo a la nueva Ley de esta Jurisdicción.
Procede, pues, la inadmisión del recurso, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.7 en relación con el art. 95.1, de la Ley Jurisdiccional, así como la imposición de las costas a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la citada Ley.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que debemos declarar y declaramos la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina número 137/02 interpuesto por Don Jose Ramón contra la sentencia dictada con fecha 3 de enero de 2000 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en recurso 891/97. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
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