STS 627/2000, 17 de Junio de 2000

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Santa Cruz de Tenerife, fueron vistos los autos de juicio de mayor cuantía número 467/91, seguido entre partes, de una como demandante, Doña María D.H.H., y de otra como demandada Don Alberto H.H., Don Alberto H.R., Doña D.M. H.R.

y Doña Carmen D. H.R., y contra las personas interesadas, desconocidas e inciertas, como posibles adquirentes de los bienes, o interesadas en los mismos o afectadas por los pronunciamientos de la sentencia que se dicte, sobre nulidad de contratos.

Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y, en su día, dicte sentencia por la que: 1º) Declare la nulidad por simulación, ilicitud de la causa y abuso de poder, de las transmisiones llevadas a cabo los días 7, 8 y 9 de Marzo de 1.987, por Don Alberto H.H., a las que se refiere el hecho segundo de esta demanda, en sus apartados a), b) y c).- 2º) En relación con la venta de la mitad indivisa del inmueble sito en la Avenida de Anaga, edificio Océano, declare la nulidad y consiguiente cancelación de la inscripción registral correspondiente, que viene detallada en el propio hecho segundo, apartado c).- 3º) Declare que los demandados adquirentes de los bienes que fueron objeto de los actos dispositivos realizados los días 7, 8 y 9 de Marzo de 1.987 vienen obligados a su entrega a la señora demandante, como única y universal heredera de Don José H.H..- 4º) Declare que los propios demandados adquirentes deben restituir a Doña María D.H. Henriquez si ésta así lo decide, aquellos otros títulos que hayan suscrito o en lo sucesivo puedan adquirir en base a los que en su día fueron transmi tidos por Don Alberto H.H.; ello con la contraprestación económica que a mi representada corresponde legalmente satisfacer, la determinación de todo lo cual tendrá lugar en el trámite de ejecución de sentencia.- 5º) Declare que Doña María D.H.H. debe ser indemnizada por Don Alberto H.H., y Don Alberto, Doña D.M. y Doña Carmen D. H.R., con carácter solidario, por las ganancias dejadas de obtener por dividendos y, en general, por cualesquiera otros beneficios económicos no percibidos, que correspondan a los títulos societarios y bien inmueble (piso del Edificio Océano) indebidamente transmitidos por el primero; debiéndose remitir al trámite de ejecución de sentencia la determinación y cuantificación de todo ello.- 6º) Condene a los demandados a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos, y al abono de los daños y perjuicios que también han sido reclamados; ello en los términos de entrega efectiva en cuanto a los títulos societarios y al inmueble del edificio Océano, y por la vía de la ejecución de sentencia en cuanto a frutos civiles e indemnización de daños y perjuicios y 7º) Condene, finalmente, a los demandados al pago de las costas". Asimismo, solicitaba el recibimiento a prueba del pleito.

Por la representación de Don Alberto H.H. se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y, en su día, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda que dió origen a este procedimiento, absolviendo a los demandados y con la expresa imposición de costas". Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.

Por la representación de Doña Carmen D. H.R. se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando que la demanda carecía de personalidad para litigar, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y después de los oportunos trámites -con recibimiento del litigio a prueba- lo que, desde ahora y de modo expreso se interesa, dicte en su día, sentencia en la que acogiendo cualquiera de las excepciones invocadas, en cualquier caso, desestime todos y cada uno de lo pedimentos de la parte actora, absolviendo libremente a mi representada de la demanda en su contra interpuesta, condenándola al pago de las costas y con cuanto más fuere en derecho procedente".

Por la representación de Doña D.M. H.R. se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue:

"... y, luego de seguir el proceso por todos sus trámites y de recibirlo a prueba, como desde ahora y de modo expreso dejo interesado, dictar, en su día, sentencia por la cual, estimando la excepción de cosa juzgada material articulada en el fundamento jurídico 2º de esta contestación, se desestime la demanda, sin entrar en el fondo, absolviendo de la misma en la instancia a los demandados, o, en su defecto, acogiendo las restantes excepciones opuestas en esta propia contestación, se desestime la demanda en cuanto al fondo, absolviendo así mismo de ella a los referidos demandados, imponiendo en todo caso las costas procesales a la actora, con expresa declaración de su temeridad".

Por la representación de Don Alberto Juan H.R., se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... recibiéndolo a prueba, lo que expresamente se deja interesado, y en su día dictar sentencia en virtud de la cual se desestimen todas y cada una de las peticiones de la demanda actora, absolviendo libremente de las mismas a mi representado, condenando a la parte actora a estar y pasar por tales declaraciones, así como al pago de las costas procesales por imperativo legal".

Habiendo renunciado al trámite de réplica la demandante, no se evacuó, por consiguiente, el de dúplica.

Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 25 de Noviembre de 1.994, cuyo fallo es como sigue: "FALLO.- Que, estimando íntegramente la demanda deducida por Doña María D.H.H. representada por el Procurador, (sic), Sra. O.R., contra Don Alberto H.H., Don Alberto, Doña D.M. y Doña Carmen D. H.R., representados por el Procurador, (sic), Sra. Santana Bonnet, y contra las personas interesadas, desconocidas e inciertas, no habiendo comparecido ninguna con tal carácter, debo declarar y declaro la nulidad radical de las transmisiones efectuadas los días 7, 8 y 9 de Marzo de 1.987 por Don Alberto H.H. a favor de sus hijos aquí demandados, constituyendo objeto de las mismas 291.513 acciones nominativas de "Naviera Pinillos, S.A.", 3.127 acciones de "Penger, S.A." y 50 participaciones de "Consignataria Insular, S.L.", y declaro asimismo la plena nulidad y consiguiente cancelación de la inscripción registral de la venta de la mitad indivisa del local en planta segunda del edifico Océano, sito en la Avda. de Anaga de esta capital (finca registral nº

26.020), y debo condenar y condeno a los demandados adquirentes de los bienes objeto de tales contratos simulados a su efectiva entrega a la dem andante, con restitución, en su caso, de los títulos que hayan suscrito o adquirido en base a los transmitidos, sin perjuicio de la contraprestación económica procedente por parte de la demandante, que se determinará en ejecución de sentencia, y, condeno asimismo a los demandados, con carácter solidario, a que indemnicen a la actora por los dividendos y, en general, por cualesquiera otros beneficios económicos no percibidos, que correspondan a los títulos societarios y bien inmueble transmitidos cuya determinación y cuantificación se efectuará en trámite de ejecución de sentencia; todo ello con expresa condena en costas a la demandada".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección Tercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia en fecha 2 de Diciembre de 1.995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador (sic) Doña Loreto Violeta Santana en nombre y representación de Don Alberto H.H., Don Alberto H.R., Doña D.M. H.R., y Doña Carmen D. H.R., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en los autos de juicio declarativo de mayor cuantía nº 467/91 de los que dimana el presente Rollo de apelación nº 118/95 y revocar parcialmente la sentencia recurrida, y en consecuencia declarar válido el contrato celebrado el día 7 de Marzo de 1.987, entre de una parte, como vendedor, Don Alberto H.H., en nombre y representación de Don José H.H. y de otra, como compradores Don Alberto H.R., Doña D.M. H.R. y Doña Carmen D. H.R., e intervenido por corredor de comercio, sobre venta de 291.513 acciones nominativas de la entidad mercantil "Naviera Pinillos S.A." y 3.127 acciones de la entidad mercantil "Penger, S.A." confirmando la resolución recurrida en cuanto a los contratos de venta formalizados en escrituras públicas, celebrados los días 8 y 9 de Marzo de 1.987, entre Don Alberto H.H. en nombre y representación de Don José H.H., como parte vendedora, y de otra Don Alberto H.R., Doña D.M. H.R. y Doña Carmen D. H.R., como partes compradores, siendo el objeto de los mismos 50 participaciones de la entidad mercantil "Consignataria Insular, S.L." y la mitad indivisa de un inmueble urbano sito en Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, sin expresa declaración sobre las costas causadas en ambas instancias, extremo éste en el que también se revoca la sentencia de primera instancia".

TERCERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Doña María de la Concepción A.R., en nombre y representación de Doña María D.H.H., se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:

PRIMERO.- La demandante actora Dª Mª D. H.H. madre del demandado D. Alberto Juan H.H., y abuela de los restantes demandados, insta la acción de nulidad por simulación absoluta de los contratos de enajenación celebrados por el citado demandado, con poderes de su hermano D. José, a favor de sus hijos los también demandados D. Alberto Juan, Dª. Dulce Mª y Dª Carmen H.R., de los siguientes bienes propiedad del hermano del primero D. José H.H., los días 7, 8 y 9 de marzo de 1987, cuando este se hallaba gravemente enfermo, produciéndose el óbito pocos días después el 17 de marzo del referido año, en virtud de poderes suficientemente amplios que le había otorgado el 9 de marzo de 1971 y que no le habían sido revocados. El referido día 7 de marzo vendió mediante contrato intervenido por Corredor Colegiado de Comercio 291.513 acciones de la Naviera Pinillos S.A., a los hijos del apoderado que con otra porción equivalente de las que era titular D. Alberto Juan H.H., representaban algo más del 50% de las acciones que componían el capital social de la citada naviera, y en el mismo documento se efectuó la venta de 3.127 acciones de la mercantil Penger S.A.. El día 8 de marzo de 1987, vende, el demandado, con las facultades que le otorgaba el poder al que se ha hecho mención anteriormente, en escritura pública, cincuenta participaciones de la entidad mercantil Consignataria Insular S.L., participaciones correspondientes a su hermano enfermo D. José; al día siguiente 9 de marzo vende el citado demandado a sus hijos también demandados en virtud de los mismos poderes y en escritura pública la mitad indivisa del inmueble urbano sito en Santa Cruz de Tenerife, propiedad de su hermano D. José. Dª Mª D. H.H., madre de Alberto Juan y José H.H., como heredera de su hijo José que murió a los 64 años soltero y sin descendencia, impugna las citadas transmisiones por estimar que están afectadas del vicio de simulación absoluta, por no existir precio, pidiendo la declaración de nulidad de las mismas y la inclusión de los bienes a que se refieren, en el caudal hereditario de su difunto hijo José H.H.. A esas peticiones se dio lugar por el Juzgado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, sentencia que fue revocada en parte por la Audiencia en el recurso de apelación, no dando lugar a la declaración de nulidad de la venta llevada a cabo el 7 de marzo de 1987 con la intervención del Corredor de comercio D. Mario M.G., y manteniendo la nulidad de los negocios jurídicos efectuados los días 8 y 9 del referido mes y año, contra cuya resolución han recurrido en casación tanto los demandados como la actora alegando los motivos que serán estudiados seguidamente.

Recurso de la actora Dª Mª D. H.H..

SEGUNDO.- Al amparo del nº 3º del art. 1692 de la L.E.C., se alegó infracción de las normas que regulan la tramitación del procedimiento que han producido indefensión a la parte recurrente al violar los arts. 260,

340 y 342 de la L.E.C., en relación con el art. 24 1 de la Constitución, en cuanto que por providencia de fecha 30/10/1995, la Sección 2ª de la A.P. de Santa Cruz de Tenerife que tramitaba el recurso de apelación, acordó diligencias para mejor proveer, providencia que con incumplimiento de lo dispuesto en el art. 260 de la ley de procesal civil no fue notificada a las partes, y que practicada la prueba sin intervención de ninguna de ellas, se dictó sentencia sin haberse puesto de manifiesto, el resultado de la prueba, por tres días a las partes para que pudieran hacer por escrito las alegaciones que estimaran oportunas, como impone el art.

342 de la referida ley; infracciones que, en opinión de la parte recurrente, produjo indefensión a la citada parte, ya que el Tribunal no tuvo conocimiento de la critica sobre la importancia y alcance de la prueba practicada en diligencias para mejor proveer, exposición que debió de realizar la parte recurrente, que al privarla de tal actuación procesal, tal omisión no pudo por menos de producir indefensión, por lo que a tenor de los dispuesto en el art. 238, 3º de la L.O.P.J., procede la declaración de nulidad de tal diligencia probatoria y de todo lo actuado a partir del momento en que se produjo el defecto y reponer las actuaciones a dicho instante. La parte demandada reconoció la existencia del defecto, pero en lo que no estuvo conforme es que el mismo produjera indefensión, porque además de estar las dos partes procesales en la misma situación, la diligencia no tenía otro objeto que aportar a los autos, el listado de acc ionistas de la sociedad Naviera Pinillos S.A., y su participación en la sociedad, en los años 1986 y 1987, con objeto de acreditar la mayoría de los hermanos D. Alberto Juan y D. José en la referida sociedad anónima, mayoría que ya había sido reconocía por la propia parte actora en su demanda, por lo que la prueba resultaba inocua porque el hecho que se trataba de demostrar había sido reconocido por las partes, por lo que en forma alguna pudo producir indefensión. Reconocimiento que aparece en el hecho segundo de la demanda en el que se manifiesta, que "las acciones son puestas a nombre de los hijos del mandatario cedente, lo cual, como es obvio, supone el control efectivo por parte de éste, de esa ansiada mayoría"; por otra parte la existencia de esa mayoría de los hermanos H.H. en la sociedad de Naviera Pinillos S.A., estaba acreditada por otros medios de pruebas como es la información del perito Sr. Marcos Hernández y la testifical de este y de otros testigos. Por lo que procede desestimarse este motivo del recurso, al estimarse que las omisiones denunciadas no han producido indefensión.

TERCERO.- En el segundo motivo del recurso de la parte actora, que lo estima fundamental para que sea casada al sentencia, juntamente con los motivos cuarto y quinto sobre los que mantuvo fundamentalmente el recurso en el acto de la vista, lo formula por el cauce del nº 4º del art. 1692 de la L.E.C., se alega la violación del art. 1253 del Código civil, por su inaplicación, ya que a pesar de aparecer claro que la voluntad manifestada en el contrato de 7 de marzo de 1987, de la venta de determinadas acciones, no se corresponde con el propósito verdadero del vendedor, y ello lo deduce la parte recurrente, de un elenco de presunciones que debieron tenerse en cuenta a tenor de lo dispuesto en el precepto que entiende violado la parte recurrente, tales como: a) la relación de familia entre los contratantes (sentencias de 23/9/1989 y 15/03/1995), b) disposición de parte sustancial del patrimonio (sentencia 22/02/1963), c) falta de necesidad de transmitir (sentencias 14/02/1983 y 7/02/1992), d) proximidad del fallecimiento del dueño de los bienes (sentencias 22/02/1963, 26/6/1079 y 31/12/199), y e) precio desproporcionado, pues aunque en el contrato se convino el pago del precio correspondiente al valor nominal de las acciones vendidas, lo que realmente ha entregado a cuenta del mismo, fueron cuarenta millones de pesetas.

A la prueba de presunciones a la que se refiere el precepto del art. 1253 del código civil, que se dice violado por inaplicación, sólo debe acudirse cuando falte la prueba directa, y en este supuesto la sentencia de la Audiencia Provincial entiende respecto al negocio jurídico que este motivo se refiere, la compraventa realizada con intervención de Corredor Colegiado de Comercio el 7 de marzo de 1987, de las acciones de Naviera Pinillos S.A., se ha acreditado mediante pruebas directas, la existencia del precio en la referida transmisión, y entrega de parte del mismo que se hace constar en el documento transcrito, mediante la transferencia a la cuenta de la demandada de los cuarenta millones en que consistía, por lo que en este supuesto no era necesario acudir a la prueba por presunciones. Apreciación de la existencia del precio, que no puede destruirse por la pretendida disconformidad de la voluntad real con la declarada, como sostiene la parte recurrente, disconformidad que se manifiesta por la existencia de cinco elencos presuntivos que vienen a acreditar la falta de necesidad de llevar a efecto esas enajenaciones, que se han enumerado más arriba de las cuales, las cuatro primeras, se fundamenta en la falta de necesidad de llevar a efecto la venta por el en ajenante, y aunque esa fundamentación se racionalice de forma más acorde con la equidad, como la conveniencia de su realización, es claro, del conjunto de la prueba llevada a efecto, en particular el informe del Sr. M.G. ratificado en el período probatorio mediante la declaración del referido señor y por otros dos testigos, que era voluntad de D. José poderdante y titular de las acciones enajenadas de Naviera Pinillos S.A., sociedad que, por la titularidad de las acciones de D. José, juntamente co n las que eran propiedad de D. Alberto Juan, era controlada por ambos hermanos, manteniendo la administración de la misma, por que entre ambos mantenían la mayoría absoluta del capital social. De aquí el interés de que no pasasen a terceras personas, para seguir manteniendo la administración de la referida entidad, por lo que era voluntad del causante, que se efectuara la venta de las acciones a personas ligadas al otro hermano, como son sus hijos, lo que hizo el ahora demandado en virtud de poderes, que desde luego tenía otorgado de su hermano soltero y sin descendencia, hechos estos acreditados, que desvirtúan los cuatro primeras motivos en que pretenden fundar la presunción de simulación, de los cinco que constituyen el elenco alegado por el recurrente. Por último también debe entenderse sin fundamento el quinto que versa sobre la desproporcionalidad del precio pues aunque se han dado en autos dos valoraciones distintas de las acciones, respecto el valor que puedan tener en venta, en contraposición al valor contable de las acciones vendidas, la Audiencia teniendo en cuenta el valor asignado al respecto, en el procedimiento penal, según se razona en el fundamento de derecho quinto de la sentencia impugnada, entiende que no existe esa desproporcionalidad denu ncia, que por afectar a la "questio factum", no puede modificarse en este recurso extraordinario de casación por lo que hay que estar a lo establecido en la sentencia de instancia. Es evidente por otra parte como ha quedado expuesto más arriba, que hay simulación, cuando no se ha acreditado la existencia de un precio cierto, como señalan las sentencias de esta Sala entre otras la de 20-9-1999 y de 19-12-1998, y en este caso la Audiencia entiende por las circunstancias que han quedado expuestas más arriba, que ha habido precio cierto, y que del mismo se han abonado cuarenta millones de pesetas, a la celebración del contrato, y se asumió una deuda del vendedor de treinta millones quinientas mil pesetas que los compradores han pagado, obligándose a pagar el resto del precio en plazo de siete años; por otra parte según se sostiene en la sentencia de esta Sala de 6-3-1999, la apreciación de si el negocio es o no simulado es de exclusiva incumbencia del juzgador de instancia. Al mismo tiempo hay que señalar que la sentencia invocado en el acto de vistas de 15 de junio de 1999, en apoyo de su tesis, por entender que se traba de un caso análogo al de autos, nada tiene que ver con lo aquí discutido, pues desechando el Tribunal de que se tratase de un negocio fiduciario, entendió la Sala que se trataba de un negocio simulado, porque se había realizado sin animo "vendendi" y solamente en garantía de la devolución da la cantidad adeudada.

CUARTO.- En el tercer motivo y por el mismo cauce del nº 4º del art. 1692 de la L.E.C., se denuncia la violación de los artículos 1275 y 1276 del Código civil, que establecen que son nulos, los contrato sin causa o con causa ilícita o falsa, por lo que siendo en los contratos onerosos, la prestación de cada uno de las partes, lo que constituye la causa, y habiéndose acreditado la inexistencia del precio, que es la prestación que corresponde en los contratos de compraventa al comprador, esta causa no ha existido. Motivo del recurso que ha de desestimarse, ya que este es un corolario del motivo segundo, por lo que para su apreciación es preciso, que se haya dado lugar al motivo del que deriva, estudiado en el fundamento anterior, y al no haber sido así, procede desestimar el presente motivo del recurso que es consecuencia del anterior.

QUINTO.- El cuarto motivo del recurso lo articula la parte actora en el citado nº 4º del art. 1692 de la L.E.C., denunciando la violación del art.

1225 del Código civil al no haber tomado en consideración la sentencia recurrida el valor contable de las acciones Naviera Pinillos S.A., que lo fijaron en 123,40 % del valor nominal, según consta en las certificaciones suscritas y autorizadas por el secretario del Consejo de Administración, firma que fue negada en juicio por el susodicho secretario, pero adverado por prueba pericial caligráfica, documento omitido en la apreciación de la prueba, omisión que hace necesario la integración del factum. A lo que se ha opuesto los demandados alegando en primer lugar que no se ha formulada convenientemente el presente motivo al no haberse invocado como infringido el art. 1218 del Código civil. Pero además hay que tener presente que lo que pretende la parte actora en este motivo no es la reintegración del factum de la sentencia apelada, sino sustituir el criterio del juzgador de instancia que entiende en la sentencia apelada de acuerdo a la valoración de las pruebas practicadas en autos que el precio de las acciones es adecuado, por el de la parte recurrente que sostiene que es un precio vil o simulado. Por otra parte el documento en el que aparece el dato contable a que hace referencia el motivo, no se trata de un documento original, sino que está instrumentalizado en fotocopia o "telexfacsimil", que no da lugar a mantener garantía de su autenticidad, porque el mismo puede ser fácilmente manipulado, lo que origina grandes dudas de que se corresponda con el original, consideraciones que ya se pusieron de manifiesto por la referida parte demandada al oponerse a la realización de la pericial caligráfica sobre esa clase de documento.

SEXTO.- En el motivo quinto del recurso promovido de acuerdo con el nº 4º del art. 1692 de la L.E.C., se denuncia la violación del art. 1218 del Código civil, respecto a que la entrega de cuarenta millones de pesetas y la puesta a disposición de la herencia de D. José H.H. de esa cantidad (la de cuarenta millones de pesetas), que entiende la parte recurrente que no puede ser tenido como pago de precio, ya que Dª Mª D. Hernández en carta certificada enviada por conducto notarial, no los acepta en ese concepto, por lo que el documento de entrega es como sino existiera, por lo que procede la reintegración del factum de la sentencia recurrida. Al respecto hay que tener presente que la reintegración del factum supone una acción de complementar los hechos probados con otros no se tuvieron en cuanta en la sentencia recurrida, pero en ningún caso puede suponer la desvirtuación del factum de la referida resolución. Respecto al fondo hay que tener presente que para que se produzca el defecto denunciado, es necesario que el Juzgador haya dejado de tener por probado, unos hechos que aparezcan plenamente acreditados en documentos de la clase expresada (documentos públicos), no contradichos o desvirtuados por otros medios probatorios (sentencia 21 de octubre de 1991), y del conjunto de la prueba la sentencia de instancia entiende acreditada la entrega de los cuarenta millones de pesetas, que no es desvirtuada por la de Dª María D. que acepta la cantidad, pero lo aplica a cuenta de los beneficios que a su difunto hijo José le pueda corresponder en el negocio que mantenía con el también hijo Alberto Juan, circunstancia esta que no puede desvirtuar el hecho del pago, y más cuando ha sido corroborado, con el pago de la obligación que asumieron en el contrato de venta los compradores, por importe de treinta millones quinientas mil pesetas, por lo que procede la desestimación de este motivo.

SEPTIMO.- En el motivo sexto del recurso por el cauce del nº 4 del art.

1692 de la L.E.C., se invoca infracción de los arts. 1275, en relación con los arts 937 y 659 todos del Código civil, porque en la sentencia torciendo deliberadamente el legal destino de los bienes de la herencia de D. José H.H., se sustituyó las acciones por el precio; motivo que ha de ser desestimado, en cuanto para que se tenga por infringidos los artículos de referencia ha de modificarse el factum de la sentencia impugnada, ya que en el fundamento de derecho segundo de la citada resolución, se sienta después de un razonado estudio del poder con el que actuó el demandado Alberto H.H., que era conforme y suficiente para la realización de la venta de las acciones en los términos en que se hizo, y al mismo tiempo y de acuerdo con la resultancia de la prueba practicada en instancia, entiende el juzgador que esa operació