STS, 27 de Febrero de 2006
| Ponente | JAIME ROUANET MOSCARDO |
| ECLI | ES:TS:2006:868 |
| Número de Recurso | 8220/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
RAFAEL FERNANDEZ MONTALVOMANUEL VICENTE GARZON HERREROJUAN GONZALO MARTINEZ MICOEMILIO FRIAS PONCEJAIME ROUANET MOSCARDO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Febrero de dos mil seis.
Visto el presente recurso de casación número 8220/1999 interpuesto por MARÍTIMA BERGÉ S.A., representada por el Procurador Don Francisco Velasco Muñóz-Cuéllar y asistido de Letrado, contra el AUTO de fecha 20 de octubre de 1999, dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias , por el que la misma se había declarado incompetente, por falta de jurisdicción, para conocer del recurso contencioso administrativo número 1436/1999 promovido contra la resolución de 12 de julio de 1999 de la Autoridad Portuaria de Gijón declarando inadmisible la reclamación (el recurso ordinario) deducido por la actual recurrente contra la liquidación practicada antes del año 2000 en concepto de Tarifa T-3.
En el recurso contencioso número 1436/1999 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, se dictó AUTO de 20 de octubre de 1999 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor material: "DECISIÓN: En atención a lo expuesto, esta Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo Acuerda: Declararse incompetente, por falta de Jurisdicción, para conocer del recurso interpuesto por el Procurador D. Antonio Álvarez Arias de Velasco, en nombre y representación de la entidad mercantil "BERGÉ MARÍTIMA, S.A.", contra la negativa de la Autoridad Portuaria de Gijón a devolver las cantidades abonadas por la Tarifa T-3 giradas entre los años 1994 a 1998, por tratarse de una cuestión civil ante cuya Jurisdicción deberá efectuar la reclamación si a su derecho le interesara, sin hacer especial condena en costas".
Notificado dicho AUTO a las partes personadas, por la representación procesal de BERGÉ MARÍTIMA S.A. se preparó el presente recurso de casación que, una vez tenido por preparado por la Sala de instancia, fue formalizado ante esta Sala del Tribunal Supremo conforme a las prescripciones legales, con el suplico, en síntesis, de que se case el auto y se declare que es competente la Jurisdicción contencioso Administrativa y la Sala de instancia para conocer del recurso contencioso administrativo o, subsidiariamente, se plantee la cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 71 de la Ley de Puertos .
Formulada por la parte recurrida personada su oportuno escrito de oposición al recurso, y seguido éste por sus trámites pertinentes, se señaló, para votación y fallo la audiencia del día siete de febrero de 2006, fecha en la que ha tenido lugar dicha actuación procesal.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jaime Rouanet Moscardó,
El AUTO de 20 de octubre de 1999 , objeto de la presente controversia, se basa en las siguientes circunstancias fáctico jurídicas:
En la resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, de fecha 12 de julio de 1999, se decía que: "Con fecha 28 de febrero de 1999 esta Autoridad Portuaria practicó liquidaciones nº G/99/1236-I y G/99/1238-K, en concepto de Tarifa T-3, por importe respectivamente de 673.850 y 358.433 ptas., por los servicios practicados a los buques NORO y CLAUDIA-ISABELL. Dichas liquidaciones fueron notificadas a BERGÉ MARÍTIMA , S.A. el día 12 de marzo de 1999.
Al considerar que las citadas liquidaciones no son ajustadas a Derecho, la representación de Bergé Marítima, S.A. interpone con fecha 12 de abril de 1999, recurso en el que se impugnan las mismas y se solicita la devolución de su importe. Los fundamentos de derecho en que se basa el referido recurso se pueden sintetizar los siguientes:
-
La falta de cobertura legal de la disposición a cuyo amparo se exige la Tarifa T-3, cuya naturaleza se corresponde con una prestación de derecho público no siendo posible su cuantificación a través de Órdenes Ministeriales, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional reflejada en la Sentencia 185/1995, de 14 de diciembre .
-
Ello implica la anulación de la liquidación impugnada por nulidad de la Orden Ministerial que le sirve de cobertura.
-
Se reseñan, a título de ejemplo una serie de Sentencias del Tribunal Supremo de enero y febrero de 1996 y de enero de 1997 y una Sentencia de la Audiencia Nacional de 1998.
Las liquidaciones impugnadas no son actos "administrativo" por lo que no son susceptibles de impugnación mediante recurso administrativo.
La Sociedad "BERGÉ MARÍTIMA , S.A." interpone recurso ordinario contra la liquidación practicada por la Autoridad Portuaria de Gijón. Para que sea admitido este recurso es requisito imprescindible que nos encontremos ante un "acto administrativo", objeto del recurso de esta naturaleza. Sin embargo las liquidaciones que se impugnan tiene la naturaleza de precios privados, sometidos al derecho privado.
En efecto, a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , las tarifas por los servicios portuarios que prestan las Autoridades Portuarias tienen la naturaleza de precios privados. Así lo disponen el art. 70.1 y la disposición transitoria primera de la citada Ley . Y, a su vez, los servicios portuarios son prestados en régimen de derecho privado (art. 66.4).
Por todo lo anteriormente indicado, esta Presidencia, en virtud de la delegación de funciones aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, RESUELVE declarar inadmisible el recurso interpuesto por D. JORGE L. RODRÍGUEZ GARCÍA, en nombre y representación de BERGÉ MARÍTIMA, S.A. contra liquidaciones practicadas por la Autoridad Portuaria de Gijón, en concepto de Tarifa T-3".
El presente recurso de casación, promovido por BERGÉ MARÍTIMA S.A., se funda, en síntesis, en los dos siguientes motivos de impugnación, todos ellos incardinados en el artículo 88.1.d) y a) de la Ley de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de julio , y plasmadas en los siguientes epígrafes: "2.1.- Infracción de lo dispuesto en el apartado 88.1.d) de la LJCA: Infracción del Ordenamiento Jurídico y de la Jurisprudencia aplicables. Las tarifas giradas por la prestación de servicios como son las Tarifas Portuarias T3, tienen la naturaleza jurídica de tasas. Son ingresos públicos recaudados por entidades públicas sometidas al derecho público, y por esta condición, el enjuiciamiento de las cuestiones que se planteen frente a ellas está reservado a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 LJCA . 2.1.1.- Las tarifas por servicios portuarios. Breve reseña de la histórica. 2.1.2.- Naturaleza jurídica de las tarifas por servicios portuarios. 2.1.3.- sometimiento de las tasas al principio de reserva de Ley. 2.1.4.- Atendida la naturaleza de tasas de las tarifas portuarias: nulidad de las órdenes del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998 por vulneración del principio de reserva legal en materia tributaria. 2.1.- Consecuencia de lo anterior: Infracción de lo dispuesto en el apartado 88.1.a) de la LJCA: Defecto en el ejercicio de la Jurisdicción. Tercera.- Ad Cautelam. Planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. Por todo ello, a la Sala SUPLICA: Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en sus méritos, tenga por interpuesto, en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra el Auto de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, fecha 20 de octubre de 1999, recaído en el recurso 1436/1999 , y en sus méritos, y previos los trámites pertinentes, lo anule y declara la competencia de dicha Sala para conocer del recurso interpuesto habida cuenta de la naturaleza de tasas de las tarifas portuarias cuya adecuación a Derecho junto con la de las Órdenes que les dan cobertura se enjuicia en el recurso de instancia, o subsidiariamente, plantee la cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 71 de la Ley de Puertos , de conformidad con previsto en los artículos 35 a 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional , por vulneración del principio de reserva de ley en materia tributaria".
El Abogado del Estado se opone manifestando que los fundamentos del AUTO recurrido no quedan desvirtuados por las alegaciones formuladas por la recurrente, que no sirven para acreditar la realidad de la propugnada infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, conformante de los motivos en que se basa el recurso de casación.
Debe destacarse, y dejarse sentado, que, con abstracción de lo aducido por la parte recurrente (que se da, aquí, por reproducido en lo básico, haciéndolo nuestro), una reiterada jurisprudencia de esta Sala, válida para las liquidaciones de la Tarifa Portuaria T-3 giradas por servicios portuarios prestados no sólo antes del 1 de enero de 2000 sino también de los posteriores a tal fecha (es decir, a la entrada en vigor de la Ley de Acompañamiento 14/2000, de 29 de diciembre ), pero anteriores a la vigencia de la nueva Ley 48/2003, de 26 de diciembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General , ha dejado sentado que las tarifas a las que se hace referencia en el artículo 70 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 27/1992, de 24 de noviembre, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre , no son precios privados sino tasas, tanto en razón a lo señalado en la STC 185/1995 sino, también, en la actualidad, a lo argumentado en la STC de 20 de abril de 2005 .
En efecto, en dicha última sentencia, dictada con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por esta Sección y Sala y tramitada con el número 6277/2002, se manifiesta que: "Se estima la cuestión y, en su virtud, se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992 , en razón a que: "Procede, en consecuencia, declarar inconstitucional el apartado 2 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , en su versión original, en la medida en que se aplica a prestaciones patrimoniales de carácter público.
Esta declaración de inconstitucionalidad debe extenderse también al apartado 1 del mismo precepto legal, en tanto que califica como «precios privados" los que, como hemos señalado, constituyen verdaderas "prestaciones patrimoniales de carácter público» a las que hace referencia el art. 31.3 CE
En la STC 185/1995, de 14 de diciembre , señalamos que en «uso de su libertad de configuración, el legislador puede crear las categorías jurídicas que considere adecuadas. Podrá discutirse en otros foros la corrección científica de las mismas, así como su oportunidad desde la perspectiva de la política legislativa; sin embargo, en un proceso de inconstitucionalidad como el presente sólo puede analizarse si la concreta regulación positiva que se establece de esas categorías respeta los preceptos constitucionales que les sean aplicables» [FJ 6 a)]. Sin embargo, en el presente caso, y a diferencia del supuesto analizado en la Sentencia citada, en el que se examinaba la constitucionalidad de una nueva categoría jurídica creada por la Ley 8/1989, de 13 de abril , de tasas y precios públicos, «los precios públicos», el legislador no crea ninguna categoría jurídica nueva, sino que se limita a calificar a las contraprestaciones devengadas por la prestación de servicios portuarios como «precios privados», una categoría preexistente que predetermina el régimen jurídico que es de aplicación a dichas contraprestaciones, excluyendo las exigencias que derivan del principio de reserva de ley establecido por la Constitución para las prestaciones patrimoniales de carácter público (arts. 31.3 y 133.1 CE ).
En definitiva, procede igualmente declarar inconstitucional el apartado 1 del art. 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante , en su versión original, en la medida en que califica como «precios privados» a contraprestaciones por servicios portuarios que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público".
A mayor abundamiento, no debe olvidarse que las distintas Ordenes Ministeriales que, en desarrollo del citado artículo 70 de la Ley 27/1997 , han venido regulando las tarifas portuarias, y, en concreto, por lo que aquí interesa, la Orden Ministerial de 30 de julio de 1998 , han sido declaradas nulas por infringir el principio de reserva legal tributaria, de modo y manera que las tarifas en ellas previstas devienen totalmente inaplicables a los casos como el de autos, al no estar conformados por Ley todos los elementos esenciales de las mismas (siendo de destacar, precisamente, que la indicada Orden de 30 de julio de 1998 ha sido expresa y directamente anulada por la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2000 , confirmada, después, por la sentencia de esta Sección y Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2005 ).
En consecuencia, si se está ante un tributo o una tasa, las controversias que se planteen respecto de ella deben de tramitarse y resolverse ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por tanto, con estimación del presente recurso casacional, procede invalidar el AUTO recurrido, con las consecuencias expresamente solicitada por la recurrente.
A pesar de que, en principio, la liquidación de la tarifa portuaria aquí cuestionada carecería, por lo ya apuntado, de virtualidad jurídica, lo cierto es que, como el recurso contencioso administrativo se interpuso contra la resolución de la Autoridad Portuaria de 12 de julio de 1999 por la que se declaraba la inadmisibilidad (sin entrar en el fondo objeto de controversia) del recurso administrativo formulado contra la citada liquidación (por reputar que la indicada tarifa T-3 es un precio privado cuya cuestionabilidad corresponde, por tanto, a la Jurisdicción Civil y no a la Jurisdicción Contencioso Administrativa) y, por ello, en el suplico del recurso de casación y en el suplico del escrito de alegaciones formulado por la recurrente en la instancia (en la incidencia previa planteada por el Tribunal a quo mediante providencia de 2 de febrero de 2000) SÓLO se pretende que se declare la competencia de dicho Tribunal para conocer del procedimiento, no cabe entrar a conocer del problema material de la virtualidad o no de la liquidación y la solución debe consistir, pues, en estimar el recurso de casación, anular el auto recurrido y, a tenor de lo suplicado expresamente en las citadas alegaciones y en el recurso casacional, declarar que el Tribunal a quo es competente para conocer del asunto y ordenar que se remitan las actuaciones al mismo para que resuelva sobre el fondo.
Procediendo, por tanto, estimar el presente recurso de casación, con las consecuencias técnico jurídicas acabadas de exponer, no ha lugar a hacer expresa condena en las costas causadas tanto en la instancia como en las presentes actuaciones casacionales.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere el pueblo español,
Que, estimando el presente recurso de casación, debemos anular y anulamos el AUTO de 20 de octubre de 1999 dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, en consecuencia, como se pide, debemos declarar y declaramos que dicha Sala de instancia es competente para conocer del procedimiento, a cuyo fin ordenamos que se le remitan las actuaciones para que resuelva sobre el fondo material cuestionado; todo ello sin hacer expresa condena en las costas causadas tanto en la instancia como en este recurso casacional.
Así por esta nuestra sentencia, firme, que se publicará en su caso en el Boletín Oficial del Estado, y, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . R. Fernández Montalvo M.V. Garzón Herrero J.G. Martínez Micó E. Frías Ponce J. Rouanet Moscardó PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Jaime Rouanet Moscardó, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
