STS, 4 de Febrero de 2004

La actora es diplomada en enfermería y pertenece al personal fijo en la categoría profesional de enfermera vinculada al Servicio Gallego de Salud. Ostenta el cargo de secretaria general de la Federación Estatal de Comisiones Obreras.

A continuación la parte efectúa un resumen de lo que se infiere del expediente administrativo.

La parte alega en relación con la competencia, capacidad procesal, legitimación, derivada del hecho de ser la recurrente enfermera titulada con regulación estatutaria en el Sistema Nacional de Salud, postulación, cuantía indeterminada del proceso y naturaleza de la pretensión, encaminada a la declaración de nulidad o anulabilidad de los preceptos que más adelante se identifican del Real Decreto impugnado.

3. Fundamentos de derecho en cuanto al fondo del asunto

Agrupa a los motivos de impugnación en cinco apartados:

1. - Por infracción del derecho de participación

   El derecho de audiencia a que se refiere el artículo 24.1 c) de la Ley 50/1997, del Gobierno, que se refiere a un derecho constitucional (artículo 105 a] de la Constitución), que tuvo lugar a través de los colegios profesionales provinciales, dada la naturaleza de la disposición, determina que está precisada de una mayor necesidad de reconocimiento y participación por parte de todos los interesados enfermeros, mientras que la actora no ha tenido posibilidad de formular su opinión, que no tiene porqué coincidir con la de los órganos del colegio al que corresponde, con lo que se le ha generado indefensión en cuanto a las cuestiones y criterios de oportunidad respecto de las cuales su valoración queda al margen de la función jurisdiccional.

   Por otra parte, ni en la resolución de 4 de febrero de 2000 del ministro de Sanidad y Consumo sobre el trámite de audiencia ni en la posterior sobre la misma cuestión se contiene motivación alguna sobre la razón por la cual se acude al trámite de audiencia y no a la información pública, en contra de lo dispuesto en el artículo 24.1 c) de la Ley 50/1997. Con ello la actora y previsiblemente la mayoría de los enfermeros y enfermeras del país se han visto privados de su derecho de participación.

2. Por infracción del principio de reserva de ley

   En relación con el artículo 23.2 de la Ley 50/1997, y el artículo 36 de la Constitución, existen artículos del Real Decreto que, sin conexión con la ley, regulan el ejercicio de la profesión de enfermería, desarrollan materias concretas que sólo pueden serlo con norma con rango de ley. Estos preceptos son los siguientes:

   - Artículo 24, puntos 17 y 18

   En el artículo 9.1 de la Ley 2/1974 no aparecen las funciones descritas en estos puntos, por lo que se hubiera requerido una norma con rango legal en cumplimiento del artículo 36 de la Constitución.

   - Artículos 52.1, 53 y 54, puntos 1,2 y 3

   Los preceptos impugnados hacen una definición pormenorizada de la profesión de enfermería y de los cuidados de la misma que la llenan de contenido, en contra del artículo 36 de la Constitución.

   El artículo 52.1 incurre en exceso al establecer que las funciones investigadoras, de gestión y docencia exigen hallarse incorporado al colegio de enfermería, dado que se está haciendo una regulación extensiva y ex novo [sin antecedentes] del concepto de la profesión de enfermería.

   Existe una ruptura entre la misión de la enfermería, a la que alude el artículo 53, y los cuidados de enfermería, a que alude el artículo 54, con las actividades investigación docencia y gestión.

   Cita la sentencia de 25 de febrero de 2002 del Tribunal Supremo. Según esta sentencia la reserva de ley comprende la existencia misma de la profesión, los requisitos y títulos necesarios para su ejercicio y su contenido o conjunto formal de actividades (sentencias del Tribunal Constitucional 83/1984, 42/1986, 93/1992 y 111/1993).

3. Por infracción de las competencias de las Comunidades Autónomas e infracción de las leyes autonómicas

   En este grupo se encuentran los siguientes artículos:

   - Artículo 5, artículo 7 (primer párrafo), artículo 52.1

   Estos preceptos están en colisión con el artículo 16 de la Ley 8/1997, de Colegios Profesionales de Castilla y León, artículo 30 de la Ley 18/1997, de Colegios Profesionales del País Vasco, en relación con la disposición transitoria segunda, artículo 3 de la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios Profesionales de Galicia, artículo 17 de la Ley 1/2001, de 16 de marzo, de Colegios Profesionales de Cantabria, en relación con la disposición adicional 2ª , artículo 6 de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de Colegios Profesionales de Murcia, artículo 16 de la Ley 4/1999, de 4 de marzo, de Colegios Profesionales de La Rioja.

   La competencia de las Comunidades Autónomas de regular los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones colegiales se extiende a la determinación de la no exigencia de colegiación obligatoria en sus respectivos territorios cuando los servicios profesionales se han prestado en exclusiva a la Administración autonómica o local en el ámbito de su territorio.

   El propio artículo 2 del Real Decreto 1231/2001, reproduciendo el artículo 1.3 de la Ley 2/1974, establece los fines de los colegios profesionales «sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública, por razón de la relación funcionarial».

   Las Comunidades Autónomas tienen competencia para el desarrollo de la relación jurídica funcionarial.

   No estamos ante una materia básica. Cuando la Administración no exija la colegiación obligatoria lo será porque la misma asume el control de la deontología y calidad del ejercicio profesional.

   - Artículo 24, puntos 17 y 18

   La competencia de participación en la función educativa y formativa de los futuros profesionales informando las directrices generales de los planes de estudio y en la elaboración de las disposiciones que se relacionen con el ámbito la enfermería correspondería a los consejos autonómicos (sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2002).

   - Artículo 8 a)

   Regula la pérdida de la condición de colegiado, mientras que esta regulación es competencia de las Comunidades Autónomas, al afectar dicha decisión a la regulación económica de los colegios (sentencia de 25 de febrero de 2002 del Tribunal Supremo).

   - Disposición adicional 2ª

   La parte se remite a la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2002 en cuanto a la expresión «siguiendo el modelo establecido para los órganos del Consejo General».

4. Por infracción de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales

   En este grupo se encuentran los siguientes artículos:

   - Artículo 7, párrafo 2º

   La regulación de las notificaciones dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma corresponde al ámbito autonómico, según la sentencia de 25 de febrero de 2002.

   - Artículo 22.3

   La atribución de competencias, en las distintas manifestaciones contenidas en la norma, al Consejo General supone privar de la misma a los colegios provinciales o, en su caso, a los consejos autonómicos, pues se trata de la relación directa del abono de cuotas como medio de financiación de las actividades del colegio entre el colegiado y su colegio. Al margen de ello, la sentencia de 25 de febrero de 2002 declara que el Consejo General no puede acordar derramas ni exigir cuotas directamente a los colegiados.

   - Artículo 24.19

   La cuota fija afecta al derecho de autodeterminación de los colegios desde su perspectiva económica. Contraviene, en este sentido, el artículo 6.2 f) de la Ley 2/1974 y el artículo 9.1 de la misma ley.

   El Consejo General puede someter a debate y decisión de la organización colegial estas cuestiones, pero no imponer nada al respecto.

   Cita la sentencia de 25 de febrero de 2002. Esta sentencia admite que la cuota de ingreso puede resultar regulada con diferentes criterios por los distintos ordenamientos autonómicos. Según los Estatutos que se impugnan, los nombramientos autonómicos no podrían establecer nada respecto a la cuota de ingreso y su cuantificación.

   - Artículo 33, segundo párrafo

   La facultad del presidente de designar y cesar a los miembros de la comisión ejecutiva entra en contradicción con el artículo 9.2 de la Ley 2/1974 y con el artículo 15.1 d) de la Ley 12/1983, del proceso autonómico. Todos los cargos tendrán carácter representativo y serán elegidos por periodos de mandato de idéntica duración, mediante sufragio libre y secreto entre los miembros asociados.

   Cabría pensar en la legalidad de una elección similar a la establecida en el reglamento para los miembros del pleno, pero la fórmula establecida no respeta el artículo 36 de la Constitución.

5. Por infracción de otras normas del ordenamiento jurídico

   En este grupo se encuentran los siguientes artículos:

   - Artículo 8, último inciso

   Este precepto infringe el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución) en el que se apoya la prescripción, pues otorga el derecho a exigir el pago de las cuotas sin límite temporal alguno, cuando en realidad estamos ante una deuda de naturaleza civil, cuyo plazo de prescripción viene dado por artículo 1966.3 del Código Civil.

   Con el precepto se pretende incluso hacer de mejor condición al acreedor que no demanda judicialmente que al que sí demanda judicialmente, puesto que la norma reglamentaria no sujeta a un plazo de prescripción el cobro de la deuda.

   - Artículos 15.1 y 48.1

   El privilegio exorbitante de la Administración Pública de la ejecutividad se convierte para los colegios profesionales en exorbitante incluso para sus actos de naturaleza privada.

   Cita la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2001 sobre el carácter bifronte de los colegios profesionales.

   El precepto vulnera el artículo 14 de la Constitución, pues ante una relación privada el colegio tendrá el privilegio de la ejecutividad.

   - Artículo 52, punto 2

   A sensu contrario, si la enfermera no cumple los requisitos establecidos en el estatuto no tendrá derecho a su retribución, con independencia de que haya prestado servicios. El derecho al salario o retribuciones viene determinado por las regulaciones legales de cada Administración, sin que puedan ser condicionadas o puestas en duda por incumplimiento de una obligación impuesta por el Real Decreto.

   Ni siquiera la falta de cotización podría afectar a la validez de un contrato laboral o un nombramiento de la Administración, al menos inicialmente, sin perjuicio de los efectos que pudiera tener sobre prestación de servicios.

   Los requisitos fijados por la ley para acceso a los puestos públicos no aluden a la acreditación de tal condición (artículo 4.4 de la Ley 30/1999 de selección del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud).

   - Artículo 56.1

   Según este precepto la competencia atribuida a las Administraciones públicas en materia de control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria, entre otros por el artículo 18.16 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, corresponderían a la organización colegial de enfermería en sus respectivos niveles.

   Cita, a título de ejemplo, el artículo 26.8 de la Ley 8/2000 de Castilla-La Mancha.

   Termina solicitando que se dicte en su día sentencia por la que, con estimación del recurso, se declare nulo o anulable el Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, o en su caso la nulidad o anulabilidad de los siguientes preceptos: artículo 5, artículo 7 (1º y 2º párrafo), artículo 8 a) y último párrafo, artículo 22.3, artículos 15.1 y 48.1, artículo 24, puntos 17,18 y 19, artículo 33, segundo párrafo, artículo 52, puntos 1 y 2, artículos 53, 54, puntos 1,2 y 3, artículo 56.1, disposición adicional 2ª, condenando a los demandados a estar y pasar por dichas declaraciones y a las costas causadas en la instancia.

Se remite al contenido del expediente administrativo y hace suyos los informes que obran en las actuaciones que acreditan la legalidad de la norma impugnada.

Alega la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación activa de la recurrente, al amparo del artículo 19.1 de la Ley de la Jurisdicción, pues ésta no acredita su condición de enfermera ni su incorporación a un colegio provincial y carece como persona física de derecho o interés legítimo en la impugnación del Real Decreto, ya que solamente acredita su categoría profesional de enfermera con una copia de nómina de una liquidación llevada a cabo en el mes de mayo del año corriente, sin ninguna otra acreditación. Cita el artículo 69 b) de la Ley de la Jurisdicción.

El trámite de audiencia a todos los colegios de España es más que suficiente para estimar cumplido el derecho de participación y la pretensión articulada en la demanda está fuera de lugar.

Los preceptos a los que se imputa la infracción del principio de reserva de ley son un mero desarrollo de la Ley de Colegios Profesionales. Los dictámenes del Consejo de Estado y los informes que obran en el expediente acreditan que los preceptos impugnados están ajustados a Derecho.

Resulta extraño que una persona física alegue la vulneración de las competencias de las Comunidades Autónomas, cuando éstas no han impugnado el Real Decreto y sus competencias se respetan expresamente en la disposición adicional primera. Como se dice en la exposición de motivos, se ha tenido en cuenta la vigencia de la regulación que cada Comunidad Autónoma ha realizado sobre la materia.

No existe la infracción de la Ley 2/1974 que se alega a continuación de contrario y nuevamente la recurrente se atribuye la representación de las Comunidades Autónomas.

En cuanto a la supuesta infracción de otras normas del ordenamiento jurídico, el artículo 8 establece una obligación para la reincorporación de los colegiados que han perdido su condición por impago de cuotas. El precepto no infringe el principio de seguridad jurídica ni ningún otro precepto.

La ejecutividad de los acuerdos de los órganos colegiados no incurre en infracción legal.

El artículo 52.2 se interpreta en sentido de que llevaría consigo la privación de las retribuciones de la persona que no cumpla la normativa jurídica. El precepto únicamente puede ser interpretado en el sentido de que, si no se cumplen los requisitos para el ejercicio de la profesión, lógicamente no se podrá ejercerse la misma.

El artículo 52.2 habla de «atribuciones» y la parte recurrente de «retribuciones», lo que hace innecesario cualquier comentario.

La última impugnación se refiere al artículo 56.1. La interpretación que hace la recurrente es de carácter totalmente subjetivo. No se infringe el artículo 26.8 de la Ley 8/2000 de Castilla-La Mancha. El artículo 56.1 decide cuáles son las competencias de la organización colegial de enfermería en cuanto a la ordenación de la actividad profesional y esta regulación es lógica con el contenido de los Estatutos y no infringe disposición legal alguna.

Alega, como argumentación final, que asume en su integridad el contenido de los informes y dictámenes que obran en el expediente y que avalan la legalidad de la disposición impugnada. Cita el informe de 4 de abril de 2001 de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y Consumo, y el dictamen del Consejo de Estado de 27 de julio de 2000, el dictamen del Consejo de Estado número 2547/2001 de 4 de octubre de 2001.

Termina solicitando que se dicte sentencia por la que se declare la inadmisibilidad del recurso de aplicación del artículo 69 b) de la Ley de la Jurisdicción por falta de legitimación activa de la recurrente o, subsidiariamente y en todo caso, se lleve a cabo la desestimación en su totalidad del recurso, con declaración expresa de encontrarse ajustado a Derecho el Real Decreto impugnado.

En el apartado hechos la actora realiza alegaciones de Derecho, sin incidir en los informes favorables formulados por las consejerías de las Comunidades Autónomas y en las manifestaciones expresas que realiza a favor del proyecto el Consejo de Estado en su informe final.

Por otra parte, la demandante no acredita fehacientemente la titulación de diplomada en enfermería y su vinculación estatutaria con el Servicio Gallego de Salud.

2. Fundamentos de derecho a jurídico-formales

   La parte, tras alegar en relación con la jurisdicción, competencia, representación procesal y dirección jurídica, plantea la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo reiterando el planteamiento realizado por la abogacía del Estado. Cita, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2001.

   La recurrente no ostenta la condición de colegiado y tampoco acredita su titulación. Los eventuales perjuicios o beneficios que le irrogaría la sentencia no son reales y se basan en meras posibilidades o expectativas futuras de más que dudosa realización.

   Cita la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1985.

   Aceptar los argumentos de la actora equivaldría a dejar sin efecto la legitimación corporativa que reconoce expresamente el artículo 19.1 b) de la Ley de la Jurisdicción.

3. Fundamentos de derecho jurídico-materiales

   1. Sobre la pretendida infracción del derecho de participación

      El trámite del artículo 24.1 c) de la Ley del Gobierno se cumplimenta con el traslado del proyecto a los colegios profesionales. No corresponde a la actora la valoración del trámite que debe efectuarse. Cita el artículo 6 de la Ley de Colegios Profesionales, el artículo 105 a) de la Constitución y la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1985.

   2. Acerca de la presunta infracción del principio de reserva de ley

      En cuanto al artículo 24, apartados 17 y 18, cabe decir que los artículos 5 y 9 de la Ley de Colegios no tienen carácter restrictivo y limitador. Cita el artículo 5 u), el artículo 9.1 a), el artículo 2.2 y artículo 24.17, en relación con el artículo 5 f) de la Ley de Colegios Profesionales.

      La Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, así como la actual Ley Orgánica de Universidades limitaron la función a las directrices generales de los planes estudios. De esta manera se puede aportar a esas directrices generales los conocimientos propios que pueden contribuir a una mejor redacción y determinación de las mismas. Cita el apartado artículo 5 apartado b) de la Ley de Colegios Profesionales, y el artículo 75, apartados 17 y 18, de los Estatutos hasta ahora vigentes, que reconocían las funciones que ahora se ponen en duda, y el artículo 24.1 e) de la Ley del Gobierno.

      En cuanto a los artículos 52, 53 y 54, debe distinguirse la ordenación de la actividad profesional, reservada a la ley en sus aspectos básicos (artículo 52.1 de los Estatutos) de la ordenación de la actividad profesional reconocida a favor de los colegios y los consejos generales en el artículo 1.3 de la Ley y en los artículos 2 y 23.2 de los Estatutos.

      El artículo 52 marca el criterio de colegiación obligatoria y el artículo 53 se refiere a la misión de la enfermería en la sociedad y a definir el papel de enfermero generalista, sin que por ello esté necesariamente regulando la profesión, sino ofreciendo patrones, cánones y estándares de actuación conforme a la mejor de las prácticas profesionales. Lo mismo cabe decir del artículo 54, que delimita el marco en que se desarrolla la actividad profesional y la responsabilidad general que incumbe a los profesionales. Esto supone una garantía frente al intrusismo. Se pretende marcar las bases que permitan la exigencia de responsabilidades y la formación continuada para evitar conductas contrarias a los principios deontológicos y a los estándares de actuación.

      El sistema pretende también defender los bienes y valores jurídicos de los ciudadanos.

      Cita la sentencia de 3 de febrero de 1992, según la cual la facultad normativa que los colegios tienen asignada es el instrumento que permite hacer efectiva la función ordenadora de la actividad profesional. Cita la sentencia de 29 febrero de 1988.

      Cita los Estatutos del Colegio de Biólogos, aprobados por Real Decreto 693/1986, de 26 de abril. Cita la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1999. Esta sentencia considera ajustada a derecho la enunciación de las funciones de la profesión de biólogo en los Estatutos generales, dejando a salvo lo que se disponga en la ley reguladora de la profesión.

      En la misma línea se pronunciara la sentencia de 23 de marzo de 1999.

   3. Acerca de la pretendida vulneración de las competencias de las Comunidades Autónomas e infracción de las leyes autonómicas

      En cuanto a los artículos 5, 7 y 52, aunque existan regulaciones autonómicas sobre la materia, algunas de las cuales se encuentran pendientes de recurso de inconstitucionalidad (Andalucía y Canarias), la determinación de la obligatoriedad o no de la colegiación no resulta materia disponible más que por la Administración del Estado, de acuerdo con las competencias del artículo 149.1.18ª de la Constitución y el apartado 1 del mismo precepto. El Estado ha considerado que la colegiación ha de ser obligatoria sin excepción alguna (artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales).

      En cuanto a los artículos 24.17 y 18, la demandante realiza una interpretación de estos preceptos que no se ajusta a la realidad. La sentencia de 25 de febrero de 2002 no guarda conexión con lo que se discute, por cuanto deja sin efecto la tipificación en los Estatutos Generales de las funciones pertenecientes a los consejos autonómicos, pero no pone en cuestión la atribución de competencias al Consejo General correspondiente, lo que estima que debe ser regulado específicamente por estos últimos en sus propios Estatutos.

      En cuanto al artículo 8 a), frente a lo que indica la sentencia invocada de contrario, la sentencia de 3 de noviembre de 1988 declara que la fijación de derechos de incorporación es cuestión que afecta al ejercicio de la profesión y a la igualdad en las condiciones básicas. La sentencia funda esta declaración en el artículo 15.2 de la Ley del Proceso Autonómico.

      La determinación de los supuestos en que la falta de pago de cuotas colegiales conlleva la pérdida de la condición de colegiado se enmarca necesariamente en este grupo de facultades, porque contribuye a dotar de homogeneidad al sistema colegial.

      En cuanto a la disposición adicional 2ª, resulta coherente con la más unánime doctrina jurisprudencial, que en aquellos casos en que no exista consejo autonómico el consejo general entre a regular y ofrecer soluciones respecto de dichos colegios provinciales (sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera de 21 de septiembre de 1999).

   4. Sobre la pretendida infracción de la Ley de Colegios Profesionales

      En cuanto al artículo 7, párrafo segundo, éste está tomado directamente del tenor literal del artículo 3.2 de la Ley de Colegios Profesionales. La sentencia invocada no resulta de aplicación, porque el artículo contemplado en la misma no tiene el mismo tenor literal y no tiene en cuenta una disposición adicional de la naturaleza que tiene la de los estatutos de la organización colegial de enfermería.

      La propia sentencia invocada reconoce en su fundamento jurídico sexto el principio de colegiación pública, junto con el de colegiación obligatoria. Declara que no sería aceptable que la normativa corporativa se produjera con diferentes criterios en los puntos esenciales para la determinación de las condiciones de ejercicio de la profesión.

      En cuanto al artículo 22.3, la recurrente interpreta estos preceptos erróneamente, buscando efectos que no se ajustan a la realidad. No supone injerencia en el régimen colegial, sino que es la fórmula encaminada a ajustar las aportaciones que con carácter obligatorio deben satisfacer los colegios provinciales. La precisión fue incluida a petición de alguno de ellos para descontar la morosidad.

      Según la jurisprudencia los consejos generales ostentan competencia para fijar las aportaciones de los colegios, que deben ser homogéneas. Cita las sentencias de 20 de diciembre de 1999, 25 de febrero de 2002 y 27 de mayo de 2002.

      La redacción del antiguo artículo 95 de los Estatutos, que fue declarada conforme a Derecho, establece el mismo criterio que el actual.

      En cuanto al artículo 24.19, el certificado o cuota de ingreso corresponde a una competencia reconocida por la Sala Tercera en sentencia de 3 de noviembre de 1988 a los consejos generales.

      El certificado de ingreso se concibe como un ingreso en la organización colegial en su conjunto y no en el colegio provincial. Tiene el sentido de la integración en un ente de base asociativa con un patrimonio existente.

      Los efectos de establecer una cuota de ingreso distinta en cada provincia ponen de manifiesto que se impone que ésta sea regulada y fijada por el Consejo General.

      El precepto no se refiere a las cuotas extraordinarias de los colegios. Se refiere a las cuotas extraordinarias del Consejo General. Estas cuotas forman parte, casi siempre, de las actividades de naturaleza asociativa y privada que los colegios pueden dar a los colegiados, las cuales, en ocasiones, se llevan a cabo por medio del Consejo General. Ello se hace aplicando el principio de economía de escalas.

      Al ser actividades fundamentalmente privadas, las cuotas extraordinarias suelen tener carácter voluntario.

      El Consejo General tiene competencia para la fijación y determinación de las aportaciones de los colegios al Consejo General.

      La cuota homogénea no constituye la fijación de la cuota que deben pagar los colegiados al colegio, sino de su cuantía mínima, lo cual se establece con base en los artículos 36 y 139 de la Constitución y los principios que imperan en la organización territorial del Estado, como el principio de solidaridad, con la finalidad de hacer que subsistan los colegios pequeños y el mismo orden territorial provincial creado por la Ley y los Estatutos. Se trata de asegurar un mismo nivel de prestaciones básicas para todos los colegiados, en relación con la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.1 de la Constitución.

      Esta igualdad de trato es aquella a la que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1999 y la disposición final segunda de la ley 7/1987.

      También es aplicada en las sentencias de 12 de julio de 1990 y 20 de diciembre de 1999 y resulta coherente con el artículo 36 de la Constitución y artículo 14 de la misma.

      La fijación de una cuota mínima no afecta a la competencia colegial para fijar sus partidas presupuestarias ni al posible establecimiento de medios de financiación diferentes, incluso de idéntica naturaleza. Cita el artículo 6.2 de la Ley de Colegios Profesionales y artículo 6.3 letra f) de la misma.

      Las recientes modificaciones de la Ley mediante la Ley 7/1997 y el Real Decreto-ley 6/2000 han confirmado el alcance estatal que tiene la fijación de una cuota homogénea al establecer en el artículo 3.2 la colegiación única.

      Cita, la sentencia de 20 de abril de 1999 de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya copia adjunta.

      En relación con el artículo 33.2, los miembros de la comisión ejecutiva tienen carácter representativo y electivo porque proceden del pleno. La potestad del presidente se encuentra limitada por la pertenencia de estos miembros al pleno. La estructuración de la comisión ejecutiva se encuentra amparada por artículo 9.2 de la Ley de Colegios Profesionales.

   5. Sobre la pretendida infracción de otras normas del ordenamiento jurídico

      En cuanto al artículo 8, la previsión se incluyó a solicitud de los propios colegios para garantizar la homogeneidad de sistema. Otorga a los colegios provinciales garantías de pago de las deudas contraídas por los colegiados morosos. La norma no impide que entre en juego la prescripción, porque las cantidades que hubieran prescrito no podrán integrarse en el concepto de deuda. No hay, pues, afectación del principio de seguridad jurídica.

      En cuanto a los artículos 15 y 48, las dudas de legalidad que plantea la actora quedan resueltos en los apartados y artículos siguientes a los mismos.

      Además, dichos artículos incorporan la redacción prevista por la Ley 30/1992 y proceden de los antiguos artículos de los anteriores estatutos.

      En cuanto al artículo 52.2, el artículo conduce a una interpretación radicalmente distinta, ya que con él se confiere a los profesionales la plenitud de atribuciones (no «retribuciones») y facultades que les otorga la normativa vigente.

      En cuanto al artículo 56.1, la mejora de la calidad y la excelencia de la práctica profesional, a la que ha de ir orientada la ordenación de la actividad profesional de enfermería, constituye uno de los tipos esenciales de este tipo de organizaciones colegiales, conforme reconoce el artículo 1.3 de la Ley de Colegios y como ha reconocido la jurisprudencia.

      La protección de los bienes y derechos de los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la salud, debe llevarse a cabo por igual en todo el territorio del Estado, de modo que se pueda ofrecer un mismo nivel de protección. Debe garantizarse una homogeneidad mínima en el ejercicio de las profesiones colegiadas. En este marco resulta necesario que los profesionales reciban la formación continuada adecuada y permitir que puedan exigirse responsabilidades derivadas de una práctica profesional no adecuada.

      Cita las sentencias de 21 de septiembre de 1999 y de 25 de febrero de 2002.

      Termina solicitando que se dicte sentencia por la que se declare la inadmisión del recurso y, subsidiariamente, se desestime en virtud de los fundamentos expuestos en el cuerpo del escrito y se declare la perfecta adecuación a Derecho de los estatutos impugnados, aprobados por Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, con expresa imposición de costas a la parte actora por su manifiesta temeridad y mala fe.

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dña. Francisca contra el Real Decreto 1231/2001, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería, en cuanto a la petición de nulidad del Real Decreto en su conjunto por falta de audiencia de los interesados y en cuanto a la petición de nulidad de sus artículos 5, 7 (primer párrafo) y 52.1 por infracción de la legislación autonómica sobre colegiación obligatoria.

Declaramos la falta de legitimación de la recurrente para la impugnación de los demás preceptos del Real Decreto cuya nulidad se solicita.

No ha lugar a imponer las costas causadas en este proceso.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno, a excepción del recurso de casación para la unificación de doctrina, que puede interponerse directamente ante la Sala sentenciadora en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la notificación de la sentencia, contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica situación y, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.

Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente Don Juan Antonio Xiol Ríos, estando la Sala celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que como secretaria certifico.