STS, 29 de Marzo de 2007

Ponente:JOSE MANUEL SIEIRA MIGUEZ
Número de Recurso:250/2005
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:29 de Marzo de 2007
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN. PRESCRIPCIÓN. Se interpone el presente recurso contra resolución del Consejo de Ministros denegatoria de la solicitud de indemnización por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio y derivados del acuerdo del Consejo de Ministros de 1.969 que determinó el cierre del puesto de control aduanero y policial de La LÍnea de la Concepción. La valoración de la prueba demuestra que las recurrentes, no han aportado documento alguno que acredite que la entidad presentó reclamación de responsabilidad ante la Administración General del Estado, entre los dÍas 1 y 5 de junio de 1970 y por tanto, antes de que venciera el plazo prescriptivo de la acción de indemnización de daños y perjuicios, no acreditan en modo alguno que dicha entidad continuara su actividad mas allá de 1965 y tampoco acreditan que dicha entidad, o cualquiera de su propietarios, hubiera efectuado la oportuna reclamación entre 1969 y 1970, a tiempo de evitar la prescripción. Por lo que la acción ha prescripto. Se desestima el recurso.

 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Marzo de dos mil siete.

Visto por la Sección Sexta, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen el Recurso contencioso administrativo nº 250/05 promovido por la Procuradora de los Tribunales Dª Esperanza Alvaro Mateo, actuando en nombre y representación de Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria, contra Resolución del Consejo de Ministros, de fecha 2 de diciembre de 2.005, que desestimó la reclamación formulada por responsabilidad patrimonial del Estado, en solicitud de indemnización por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio y derivados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1.969, que determinó el cierre del puesto de control aduanero y policial de La Línea de la Concepción. Comparece como parte recurrida la Administración General del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En escrito de 28 de septiembre de 2.005 la Procuradora de los Tribunales, Dª Esperanza Alvaro Mateo, en nombre y representación de Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria, procedió a interponer el presente Recurso Contencioso Administrativo contra la resolución del Consejo de Ministros, primero presunta y después expresa,de fecha 2 de diciembre de 2.005, recaída en el procedimiento administrativo 257/04, cuyo acuerdo literalmente dice: "El Consejo de Ministros, de acuerdo con el Consejo de Estado, resuelve archivar las actuaciones derivadas de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por

D. Alvaro Marín García, en nombre y representación de Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria, en solicitud de indemnización por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio derivados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1.969 que ordenó el cierre de la frontera de La Línea con Gibraltar."

SEGUNDO

Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo y reclamado el expediente administrativo, en escrito de 1 de marzo de 2.006, se procedió a formalizar la demanda, en la que la parte actora, tras los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que consideró oportunos, interesaba "dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso, se declare que nuestras representadas, Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria, tienen derecho a ser indemnizadas por la Administración del Estado, como consecuencia de la pérdida del indicado negocio, bienes del mismo y derechos que tenían en Gibraltar, derivado del Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 6 de junio de 1.969 que determinó el cierre de la frontera terrestr con Gibraltar."en la suma de NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL PESETAS./

9.018.000 PESETAS/ de las antiguas pesetas o 54.199,27 Euros, en valor adquisitivo de 1.970, actualizando el mencionado importe mediante la aplicación del Indice de Precios al Consumo hasta la fecha de pago de dicha suma, más el interés legal correspondiente, desde la fecha de la resolución impugnada hasta el momento del pago.

TERCERO

En escrito de 17 de abril de 2.006, el Abogado del Estado, mostró su oposición al Recurso interesando se dicte sentencia desestimando el recurso.

CUARTO

Por Auto de fecha 28 de abril de 2.006 se acordó el recibimiento a prueba solicitado y practicada la documental propuesta con el resultado que consta en autos, por providencia de 17 de julio de 2.006 se acordó conceder al representante procesal de la parte recurrente el plazo de diez días a fin de formalizar su escrito de conclusiones, lo que realizó en escrito de 14 de septiembre de 2.006.

QUINTO

En escrito de 10 de octubre de 2.006, el Abogado del Estado procedió a evacuar el trámite de conclusiones, estándose a lo solicitado en su escrito de contestación a la demanda.

SEXTO

Conclusas las actuaciones, por providencia se procedió a señalar para su votación y fallo la audiencia del día VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL SIETE en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Sieira Míguez

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Se interpone el presente recurso contra resolución del Consejo de Ministros denegatoria de la solicitud formulada el 4 de octubre de 2004 por la representación de las recurrentes en solicitud de indemnización por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio y derivados del acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1.969 que determinó el cierre del puesto de control aduanero y policial de La Línea de la Concepción.

Alegaban, y reiteran ahora en vía jurisdiccional, las recurrentes que la familia Jesús María era propietaria de la firma comercial denominada M. Rodiguez&Sons establecida en Gibraltar, en el Mercado Público, y que, de dicha Compañía, constituída el 1 de junio de 1949, dedicada a alimentación (carnicería, vegetales, fruta y pollería), eran propietarios D. Gabriel y sus hijos D. Juan María, D. Fermín, D. Jose Carlos y D. Aurelio .

Las recurrentes alegan que Dª. Filomena es viuda de D. Fermín, Dª. Antonia es viuda de D. Jose Carlos y Dª. Victoria es viuda de D. Juan María y aducen que, sus respectivos maridos, para atender dicho negocio, tenían que trasladarse diariamente a Gibraltar desde La Línea de la Concepción, a través del puesto fronterizo de La Línea y en virtud del pase de trabajo que expedía la delegación-jefatura de la frontera sur, habiéndose visto imposibilitados a partir del 9 de junio de 1.969, y a consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio que ordenó el cierre del puesto de control aduanero y policial de La Línea de la Concepción, para trasladarse diariamente a la mencionada localidad y atender su negocio que -afirmanabandonaron por tal motivo, causándoles unos perjuicios evaluables que cifran las reclamantes en la cantidad de 9.018.000 pesetas, en valor adquisitivo de junio de 1970.

Consta en el expediente administrativo que, en la tramitación de la solicitud formulada por las recurrentes, se acordó la apertura de un periodo probatorio, siendo requeridas las interesadas para presentar la documentación acreditativa de los siguientes extremos: 1.- Documentación acreditativa de que la entidad M. Rodríguez & Sons presentó reclamación de responsabilidad ante la Administración General del Estado por haber sufrido perjuicios como consecuencia del cierre de frontera de La Línea con Gibraltar, entre los días 1 y 5 de junio de 1970. 2.- Documentación acreditativa de la legitimación para reclamar de Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria . 3.- Documentación acreditativa de la valoración de la empresa M. Rodríguez & Sons en la fecha en que se cerró la frontera de la Línea con Gibraltar.

Las entonces reclamantes no aportaron ningún escrito o copia de escrito que acreditara eficazmente que la entidad M. Rodríguez & Sons presentó reclamación de responsabilidad ante la Administración General del Estado por haber sufrido perjuicios como consecuencia del cierre de frontera de La Línea con Gibraltar, entre los días 1 y 5 de junio de 1970.

Por lo que a la acreditación de su legitimación se refiere, tanto Dª Victoria como Dª Filomena aportaron copia testimoniada del libro de familia donde constaba su matrimonio y certificados de defunción de sus respectivos maridos. No aportaron testamento porque, alegaron, sus difuntos maridos no lo habian otorgado, no habiéndose instado declaración de herederos ab intestato. Por su parte Dª. Antonia : acompañó copia testimoniada del libro de familia donde constaba su matrimonio y certificado de defunción de su marido así como copia simple del testamento otorgado por su esposo D. Jose Carlos en el que se concede a la esposa el usufructo universal e instituye herederos por partes iguales a los tres hijos habidos en su matrimonio. No se aportó cerfificado de últimas voluntades que acredite que el testamento presentado es el úlitmo otorgado.

Asimismo, las reclamantes aportaron copia certificada del Balance económico y de la Cuenta de Beneficios y Ganancias de la firma M. Rodríguez & Sons que obra en la "Income Tax Office" de Gibraltar, si bien dicho balance se refiere sólo al período 1/12/64 hasta 30/11/65. Valorando la prueba practicada en el procedimiento administrativo, el Consejo de Ministros, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, acuerda que no puede atenderse la reclamación formulada por Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria, por falta de legitimación y, subsidiariamente, por haber prescrito, acordando el archivo de las actuaciones.

SEGUNDO

Contra dicha resolución se interpone el presente recurso contencioso administrativo en el que se suplica que se declare que Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria, tienen derecho a ser indemnizadas por la Administración del Estado como consecuencia de la perdida del mencionado negocio, bienes del mismo y derechos que tenían en Gibraltar, en la suma de 9.018.00 pesetas en valor adquisitivo de 1970, actualizando el mencionado importe mediante la aplicación del Indice de Precios al Consumo hasta la fecha de pago de dicha suma, más el interés legal correspondiente, desde la fecha de la resolución impugnada hasta el momento del pago.

Se oponen por la Abogacía del Estado en el supuesto presente, dos cuestiones que, a su juicio, resultan esenciales para desestimar la pretensión ejercitada y que aparecen referidas a la prescripción de la acción para reclamar y a la falta de legitimación de las recurrentes para el ejercicio de la acción.

A estas cuestiones debe dar la Sala respuesta con prioridad, puesto que, si ambas, o algunas de ellas, fueran estimadas, nos llevaría ello a la inmediata desestimación de la pretensión ejercitada por la actora.

TERCERO

Respecto a legitimación para reclamar, en el acuerdo recurrido se razona que el art.

31.1.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 ) considera interesados en el procedimiento administrativo a aquellos que sean titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, y el apartado 3) admite que la relación jurídica puede transmitirse al derechohabiente. En el periodo de prueba extraordinario se solicitó al representante de las reclamantes que justificase su condición de herederas, no habiéndolo hecho ninguna, puesto que sólo una, Dª. Antonia, justificó documentalmente, con la fotocopia de un testamento otorgado el 1 de julio de 1976, que su marido la había designado usufructuaria de sus bienes y herederos a sus hijos. El usufructuario tiene derecho a percibir las rentas y frutos o administrar la cosa usufructuada pero no su propiedad de tal manera que esta sólo pueden reclamarla los herederos a no ser que estos le cedieran su representación pero en caso de que prosperase la acción para adquirir la cosa reclamada el usufructuario tendría derecho a los frutos, quedando el dominio para el propietario. Al darse esta circunstancia carece de legitimación para reclamar al igual que Dª. Filomena y Dª. Victoria

La Sala no puede compartir este razonamiento. En definitiva, lo que el Acuerdo impugnado aprecia es la falta de legitimación de las recurrentes entendida como falta de acción para reclamar en vía administrativa al no acreditar ser propietarias ni herederas del negocio de sus difuntos maridos, lo que resulta erróneo ya que, el concepto de interesado, a que alude el propio Acuerdo recurrido, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial está directamente ligado a la noción no de propietario o heredero sino a la de perjudicado y, en el caso examinado, no cabe dejar de reconocer como perjudicadas a las recurrentes pues, si bien no eran ciertamente propietarias o herederas del negocio en cuestión, se afirma que el mismo constituía el principal medio de vida familiar por lo que, sin perjuicio de que este extremo haya de ser objeto de cumplida prueba, hay que reconocer que aquellas tenían un interés directo que, entre 1970 y el tiempo de esta reclamación ha podido concretarse de muy diversas formas (interés como titulares de derechos gananciales, como beneficiarios finales de los rendimientos con legítimo aprovechamiento de los resultados del negocio que gestionaban los respectivos maridos, como titulares de derechos de usufructo y, por tanto, de los intereses que genere la indemnización por pérdida o daño causado en el negocio, etc....) y que permite conceptuarlas como posibles perjudicadas y por tanto como legitimadas para recurrir, sin que la matización que efectúa el acuerdo recurrido respecto a los derechos que confiere el usufructo afecte a la legitimación para recurrir sino, mas bien, a la determinación de la cuantía del posible daño y a la correcta distribución de la indemnización que en su caso procediera.

Por lo que se refiere a la prescripción de la acción, apreciada en el Acuerdo impugnado y defendida por el Abogado del Estado, es cierto que la Sala ha enjuiciado ya numerosos casos en que se formulaba análoga pretensión indemnizatoria a la que es objeto del presente recurso, derivada en todos los supuestos del acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1.969 por el que se produjo el cierre de la frontera con Gibraltar, lo que determinó en todos esos casos la imposibilidad de los reclamantes de atender los negocios que tenían establecidos. Prácticamente en todos los supuestos los recurrentes en aquellos procesos pudieron acreditar la existencia de la reclamación efectuada en mayo o junio de 1.970, antes por tanto de que se produjera el plazo prescriptivo de la acción de indemnización de daños y perjuicios. Y en algún caso, esta Sala, examinando la prueba aportada al proceso y en atención a las circunstancias concurrentes derivadas del extravío de documentación relativa a dichas reclamaciones, entendió que las mismas habían sido formuladas dentro de plazo, incluso en supuestos en los que, y a falta de copia en que constara la fecha del registro de entrada de la reclamación de 1.970 en las oficinas administrativas, tan sólo se había podido aportar copia simple sin el sello correspondiente a dicho registro; así ocurre con la reciente Sentencia de 5 de junio de 2.003 recaída en el recurso 1.216/2.000 en la que, no obstante concurrir tal circunstancia, en atención a las circunstancias de hecho y a la actuación administrativa la Sala entendió producida la reclamación de daños y perjuicios dentro del plazo de un año.

Sin embargo, en el presente caso, la valoración en su conjunto de la prueba practicada arroja un resultado muy distinto toda vez que, las recurrentes, no han aportado documento alguno que acredite que la entidad M. Rodríguez & Sons presentó reclamación de responsabilidad ante la Administración General del Estado por haber sufrido perjuicios como consecuencia del cierre de frontera de La Línea con Gibraltar, entre los días 1 y 5 de junio de 1970 y por tanto, antes de que venciera el plazo prescriptivo de la acción de indemnización de daños y perjuicios.

En todos los supuestos que invoca la parte recurrente, los demandantes, a falta de la copia- sellada o incluso sin sellar- de la reclamación individual aportaron al menos copia de un documento fechado en la Línea de La Concepción en 25 de mayo de 1.970, que recoge las reclamaciones presentada por ciudadanos residentes en La Línea, y que tenían negocios en Gibraltar a donde acudían a diario para atenderlos, documento que no se aporta y ni siquiera se menciona en el presente supuesto.

Tampoco concurre en el presente caso la circunstancia puesta de relieve, a mayor abundamiento, en la sentencia resolutoria del recurso 1.214/2.000, de que los maridos de las recurrentes o cualquiera de ellos se encontraran entre los firmantes del documento presentado en el Ministerio de la Presidencia fechado el 22 de septiembre de 1.978.

En el asunto que examinamos, los únicos documentos que se han aportado debidamente autenticados,se limitan a acreditar la realidad de la constitución de la entidad M. Rodríguez & Sons, el 1 de junio de 1949, el hecho de que estaba establecida en Gibraltar, en el Mercado Público y dedicada a alimentación, y la realidad de ser propiedad de D. Gabriel y sus hijos D. Juan María, D. Fermín, D. Jose Carlos y D. Aurelio .

Pero no acreditan en modo alguno que dicha entidad continuara su actividad mas allá de 1965- la copia certificada del Balance económico y de la Cuenta de Beneficios y Ganancias de la firma M. Rodríguez & Sons ("Income Tax Office" de ) aportada por las recurrentes, corresponde al periodo 1/12/64 a 30/11/65, induce a pensar que dicha entidad pudo de hecho interrumpir su actividad y, en cualquier caso,.no permite considerar como hecho debidamente acreditado que la ejerciera al tiempo de dictarse el Acuerdo que ordenó el cierre- y tampoco acreditan que dicha entidad, o cualquiera de su propietarios, hubiera efectuado la oportuna reclamación entre 1969 y 1970, a tiempo de evitar la prescripción.

De hecho, las recurrentes se han limitado a aportar fotocopias no autenticadas de documentos, en muchos casos obrantes en otros procedimientos e incorporados a éste sin el oportuno testimonio (y en otros, obrantes en registros extranjeros sin acompañar la oportuna traducción), que ni siquiera aluden a la entidad en cuestión, ni a la familia Jesús María o a cualquiera de sus miembros propietarios de aquella, a salvo de las que se aportan como Anejo 16 "Relación de Empresarios españoles establecidos en Gibraltar que presentaron reclamación administrativa ante la Vicepresidencia del Gobierno entre los días 1 y 5 de junio de 1970, con expresión de las cantidades reclamadas por cada uno de ellos", que no solo no carece de la autenticación o testimonio oportuno, sino que además no expresa ni fecha de su elaboración, ni sello, ni órgano administrativo alguno del que pueda haberse obtenido, así como de la que se aporta como Anejo 17, que debía haberse aportado mediante el testimonio oportuno y no como simple fotocopia que no garantiza su veracidad, siendo de advertir que cuando la Sala ha valorado positivamente dichas relaciones, habían sido aportadas en debida forma y o venían acompañadas de otros documentos y circunstancias, como en el supuesto resuelto en la Sentencia de esta Sala y Sección, de 19 de diciembre de 1997(rec. nº 319/1995 ) en que se tuvo en cuenta la incorporación a los autos del "pase de trabajo" que autorizaba la entrada diaria del entonces recurrente, así como la pasividad de la Administración que, en relación con la petición formulada, ni siquiera acordó en el procedimiento administrativo un periodo probatorio, de todo punto necesario, que hubiera esclarecido definitivamente las dudas que con más de veinticinco años de retraso, se suscitaban, oportunidad probatoria que si han tenido las ahora recurrentes. Otro tanto puede afirmarse respecto a la fotocopia del acta de referencia de 17 de octubre de 2.000 en que se recoge la comparecencia de D. Carlos Ramón ante federatario público de Gibraltar (aportada como anejo 15, doc 12) haciendo constar, en cuanto interesa que también "estaban establecidos en el mercado público de Gibraltar otros comerciantes linenses dedicados a la carnicería, como eran la familia Germán o la familia Luis Manuel ..., " y ello porque del resto de los documentos aportados por las propias recurrentes se desprende que existían otros comerciantes con este último apellido sin relación alguna con la familia de las reclamantes, uno de los cuales (E. Germán ) es precisamente firmante de documento incorporado al expediente administrativo como anejo 25 ( doc 22).

Partiendo de tales circunstancias el presente recurso ha de ser desestimado al resultar la resolución impugnada del Consejo de Ministros conforme a derecho.

QUINTO

No se aprecian motivos determinantes de la condena en costas en el presente recurso.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso contencioso administrativo número 250/2.005 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Esperanza Alvaro Mateo, actuando en nombre y representación de Dª. Filomena, Dª. Antonia y Dª. Victoria, contra Resolución del Consejo de Ministros, de fecha 2 de diciembre de 2.005 que desestimó la reclamación formulada por las recurrentes sobre responsabilidad patrimonial del Estado, en solicitud de indemnización por los posibles perjuicios ocasionados en su patrimonio y derivados del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1.969, que determinó el cierre del puesto de control aduanero y policial de La Línea de la Concepción, cuya resolución confirmamos por ser conforme con el ordenamiento jurídico; sin hacer expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente Don José Manuel Sieira Miguez, estando la Sala celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que como Secretario, certifico.