STS, 20 de Diciembre de 2004
| Ponente | RICARDO ENRIQUEZ SANCHO |
| ECLI | ES:TS:2004:8253 |
| Número de Recurso | 4541/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 20 de Diciembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
MARIANO DE ORO-PULIDO LOPEZRICARDO ENRIQUEZ SANCHOPEDRO JOSE YAGÜE GILJESUS ERNESTO PECES MORATESEGUNDO MENENDEZ PEREZRAFAEL FERNANDEZ VALVERDE
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Diciembre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por Dª Ana María representada por la Procuradora Dª Paloma Cebrián Palacios contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de fecha 7 de abril de 2000, sobre denegación de solicitud de asilo, habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Por acuerdo de 13 de julio de 1998 el Ministerio del Interior, denegó la solicitud de asilo presentada por Dª Ana María.
Contra la anterior resolución se interpuso por Dª Ana María recurso contencioso administrativo que fue tramitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional con el nº 159/99, en el que recayó sentencia de fecha 7 de abril de 2000 por la que se desestimaba el recurso interpuesto.
Frente a la anterior sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación en el que, una vez admitido y tramitado conforme a las prescripciones legales, se ha señalado para la votación y fallo el día 14 de diciembre de 2004, fecha en la que se ha llevado a cabo el acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de la Sala
Dª Ana María interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2000, que declaró no haber lugar al recurso contencioso administrativo interpuesto por ella contra el acuerdo del Ministerio del Interior de 13 de julio de 1998, denegatorio de su solicitud de asilo.
La Administración denegó la solicitud de asilo presentada por la recurrente por no haber alegado otra causa para su concesión que la situación de guerra civil existente en su país de origen, Liberia, y la Sala de instancia ha confirmado dicha denegación atendiendo a la inexistencia de dato alguno que permitiera suponer que la salida de la actora de aquel país se debió al temor de sufrir persecución por alguna de las causas a que se refiere el artículo 3 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado (LDA).
Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (LJ), la parte recurrente formula dos motivos de casación. En el primero alega que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 3.1, en relación con el 8 LDA, porque a su juicio ha quedado acreditada la situación de guerra civil existente en su país de origen de donde se desprende fácilmente que la recurrente experimentara un verdadero temor a sufrir persecución si no salía de aquél. Sin embargo esta Sala ha declarado en una jurisprudencia tan repetida que no requiere de una cita mas precisa que la situación de conflicto civil en el país de origen no es suficiente para atender a una solicitud de asilo si no va acompañada de indicios de que el solicitante pudiera sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, como establece el artículo 1.A de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados.
En su segundo motivo de casación, alega la parte recurrente que la Sala "a quo" ha infringido la doctrina de esta Sala que declara que para la concesión del derecho de asilo no es exigible una prueba plena de la existencia de una persecución en el país de procedencia sino que basta una prueba indiciaria sobre aquel extremo. Sin embargo, en el caso presente mas que de valoración de la prueba aportada por la recurrente, que no podría ser combatida en un recurso de casación se trata de que aquélla ha fundado su petición de asilo en unos hechos que no son determinantes para su concesión.
Por lo expuesto hemos de desestimar el presente recurso y, conforme a lo previsto en el artículo 139. 2 y 3 LJ, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas, no pudiendo superar la minuta del Abogado del Estado la cantidad de 200 ¤.
Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Dª Ana María contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 7 de abril de 2000, condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas, con el límite expresado en el Fundamento Jurídico Quinto de esta Resolución.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrado de esta Sala, de todo lo cual, yo, la Secretaria, certifico.
-
ATS 525/2007, 8 de Marzo de 2007
...de los existentes. En la vía casacional del artículo 849.1, pues, se ha de producir un respeto absoluto de los hechos probados (STS 20-12-2004 ). Ateniéndonos, pues, al inmutable relato fáctico, que señala que "en el momento de la interceptación en el citado vehículo, escondido en el recept......
-
STSJ Navarra 136/2007, 24 de Mayo de 2007
...no solicitan modificación alguna del relato de hechos probados (véase en cuanto a esta presunción SSTS 18 de diciembre de 2002 y 20 de diciembre de 2004 ). Por otra parte la intervención de la autoridad laboral, a quien corresponde el control mediato o indirecto sobre la legalidad de los co......
-
SAP Murcia 145/2020, 23 de Junio de 2020
...que desprecia las más elementales normas de precaución, gravemente irregular y contraria al ordenamiento jurídico de tráfico ( STS 1-4-02, 20-12-04, 27-9-00 y 4-12-09). Y en el caso de autos, no discutiéndose la entidad de las lesiones sufridas por Dª. Casilda, la conducta desarrollada por e......
-
SAP Madrid 584/2007, 16 de Octubre de 2007
...trate de un depósito en el que se haya fijado plazo o tiempo determinado para la devolución, como se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2004 . En cualquier caso, en este supuesto se trata de un depósito a plazo fijo.Por todo lo anterior, y conforme a lo dispue......
-
Revistas Españolas
...Responsabilidad solidaria de arquitecto, arquitecto técnico y constructor. Subrogación de compañía aseguradora (comentario a la STS de 20 de diciembre de 2004)», en CCJC, núm. 70, 2006, pp. 19 Gil Rodríguez, Jacinto: «Constitución de hipoteca inmobiliaria en garantía de préstamo. Depósito i......