STS, 5 de Febrero de 2007
| Ponente | RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO |
| ECLI | ES:TS:2007:700 |
| Número de Recurso | 330/2003 |
| Fecha de Resolución | 5 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Febrero de dos mil siete.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida por los Excmos. Señores al margen anotados, el presente recurso de casación para la unificación de doctrina que con el num. 330/2003 pende de resolución, promovido por la Procuradora de los Tribunales Doña Carmen Pino Copero, en nombre y representación de JOAQUÍN RUFO RODRÍGUEZ, SL, contra la sentencia, de fecha 15 de octubre de 2002, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 225/01, en el que se impugnaba Acuerdo del TEAR de Andalucía, de 22 de noviembre de 2000, de inadmisión de la reclamación 41/229/99 y desestimación de la reclamación 41/1195/99, acumuladas, relativas, la primera de ellas a liquidación de Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) de los ejercicios 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 y la segunda a imposición de multa por infracción tributaria grave.
Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso administrativo núm. 225/01 seguido ante la Sección Cuarta de la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), se dictó sentencia, con fecha 15 de octubre de 2002, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Desestimar el recurso interpuesto por la representación procesal de la sociedad mercantil Joaquín Rufo Rodríguez, SL, contra la Resolucion del TEARA que se dice en el primer Fundamento de Derecho de esta sentencia.- Sin costas" (sic).
Por la representación procesal de JOAQUÍN RUFO RODRÍGUEZ, SL, se interpuso, por escrito de 19 de diciembre de 2002, recurso de casación para la unificación de doctrina interesando sentencia estimatoria del recurso, que casara y revocara la impugnada.
El Abogado del Estado, por escrito de 25 de julio de 2003, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso.
Recibidas las actuaciones, por providencia de 2 de noviembre de 2006, se señaló para votación y fallo el 30 de enero de 2007, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Montalvo, Presidente de Sección
Se impugna, mediante este recurso de casación en unificación de doctrina, la sentencia de fecha 15 de octubre de 2002, dictada por la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), por la que se desestimaba el recurso núm. 225/01, interpuesto contra Acuerdo del Acuerdo del TEAR de Andalucía, de 22 de noviembre de 2000, de inadmisión de la reclamación 41/229/99 y desestimación de la reclamación 41/1195/99, acumuladas, relativas, la primera de ellas a liquidación de Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) de los ejercicios 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 y la segunda a imposición de multa por infracción tributaria grave. El recurso jurisdiccional se rige por la Ley 29/1998, de 13 de Julio, disposición transitoria tercera , toda vez que la sentencia recurrida es de fecha posterior a su entrada en vigor.
Alega la recurrente los siguientes motivos de impugnación:
El firmante del acta de conformidad carecía de poderes suficientes para firmar un acta de conformidad.
Como consecuencia de lo anterior, el acta está viciada de nulidad, y por ello esa firma no puede iniciar el cómputo del plazo para presentar la reclamación económico administrativa, que por ello, no sería extemporánea.
El Abogado del Estado insta la desestimación por falta de identidad entre los supuestos decididos en la sentencia recurrida y las de contraste.
La recurrente aporta las siguientes sentencias de contraste: Sentencia de 13 de junio de 1995, dictada por la Seccion Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y Sentencia de 25 de noviembre de 1996, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura .
Dado el carácter improrrogable de la competencia de las Salas de lo ContenciosoAdministrativo, que establece el artículo 8º de la Ley de esta Jurisdicción, ha de examinarse de oficio y con carácter previo a los motivos de casación que propone la recurrente, la posible inadmisibilidad del presente recurso en atención a la cuantía del mismo.
El recurso de casación para la unificación de doctrina es excepcional, subsidiario respecto del de casación ordinaria y limitado por razón de la cuantía, como resulta de lo establecido en el art. 96.3 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción --la 29/1998, de 13 de julio --, que al puntualizar las sentencias susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina determina que sólo lo serán aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en el art. 86.2.b) (por haber recaído en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas - 150.253,03 Euros-), siempre que la cuantía litigiosa sea superior a tres millones de pesetas - 18.030,36 Euros-. El establecimiento de una "summa gravaminis" para el acceso a esta casación tiene su fundamento en el designio del legislador de agilizar la actuación jurisdiccional en todos los órdenes para procurar que la justicia se imparta de la forma más rápida y eficaz posible, de acuerdo con las exigencias del art. 24 de la Constitución .
Por otro lado, es constante la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que es irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación por razón de la cuantía, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia, que se haya ofrecido el recurso al notificarse la resolución impugnada o que haya sido admitido anteriormente y se advierta la carencia de cuantía al momento de dictarse el fallo en el que ha de apreciarse, incluso, de oficio.
La jurisprudencia de este Tribunal tiene declarado reiteradamente que, respetando el principio de contradicción, la fijación de cuantía puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano jurisdiccional ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación (por todas S. de 12 de febrero de 1997 ).
De otra parte, es doctrina reiterada de esta Sala (entre otros los autos de 29 de enero y 22 de febrero de 1999, y las sentencias de 5 y 15 de julio de 2000, 11 de diciembre de 2001 y 20 de febrero, 3 y 11 de julio de 2002 ) que, en asuntos como el ahora examinado, el valor de la pretensión --que es el criterio a tener en cuenta ex art. 41.1 de la Ley de esta Jurisdicción-- viene determinado por la cuota tributaria, pues ésta es la que representa el verdadero valor económico de la pretensión.
En el supuesto de autos el recurso se dirige contra liquidaciones de IS relativo a los ejercicios 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 y de sanción por comisión de infracción tributaria grave, confirmadas por el TEAR de Andalucía y cuyas cantidades totales son las siguientes: 3.077.713 pesetas de deuda tributaria, cantidad que se desglosa en las siguientes: 2.758.383 pesetas de cuota y 319.330 pesetas de intereses de demora. En concepto de sanción tributaria fue impuesta la cantidad de 166.054 pesetas.
De lo anterior resulta que el importe conjunto de las cinco cuotas, correspondientes a los ejercicios 1992 a 1996, que asciende a 2.758.383 ptas., no alcanza el importe mínimo de tres millones de pesetas, y obviamente ninguna de las respectivas cuotas de los cinco períodos alcanza, individualmente, la cifra de tres millones de pesetas (18.030,36 Euros), que es el límite mínimo establecido para el acceso al recurso de casación para la unificación de doctrina, pues dichos importes individualizados son respectivamente, 0, 0, 0, 0 y 2.758.383 pesetas.
Igualmente la sanción incluida en la segunda de las liquidaciones tampoco alcanza el importe mínimo de tres millones de pesetas, pues asciende a 166.054 pesetas.
En aplicación de la regla contenida en el art. 41.3 de la LJCA 29/98, en los casos de acumulación --es indiferente que ésta se haya producido en vía administrativa o jurisdiccional-- aunque la cuantía venga determinada, en la anterior instancia, por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquélla, tal acumulación no comunica a las de cuantía inferior al límite legal para el acceso al recurso, la posibilidad de casación y, todo ello, con independencia de que las actas levantadas hayan dado lugar a uno o varios actos administrativos por cuanto debe entenderse que es la cuantía individualizada de cada liquidación, y no la suma de las que la Administración decida en cada caso acumular en uno o en varios procedimientos administrativos, la que debe determinar objetivamente la cuantía del proceso contencioso-administrativo a efectos de casación (Auto de la Sección Cuarta de 20 de marzo de 1995 en recurso de casación 6419/1993 ).
Por consiguiente, no superando las cuotas tributarias respectivas incluidas en la primera liquidación, ni la sanción incluida en la segunda liquidación, el límite legal de los 3.000.000 de pesetas establecido en el artículo 96.3 de la LJCA para acceder al recurso de casación para unificación de doctrina, procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso de casación, por no ser susceptible de impugnación la resolución recurrida, en virtud de la cuantía, y la firmeza de la sentencia recurrida, debiendo comportar la inadmisión del recurso, al ser total, la imposición de las costas del mismo a la parte recurrente por ministerio de la Ley (art. 97.7 en relación con el art. 93.5 ).
La Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el artículo 139.3 de la LJCA, señala 1.500 Euros como cuantía máxima de los honorarios del Letrado, a los efectos de las referidas costas.
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.
Que debemos declarar, y declaramos, la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por JOAQUÍN RUFO RODRÍGUEZ, SL contra la sentencia, de fecha 15 de octubre de 2002, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 225/01, que queda firme, con expresa imposición de costas a la citada parte recurrente, con el límite cuantitativo expresado en el último de los Fundamentos Jurídicos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Rafael Fernández Montalvo Manuel Vicente Garzón Herrero Juan Gonzalo Martínez Micó Emilio Frias Ponce Manuel Martín Timón Jaime Rouanet Moscardó PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido, la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, Don Rafael Fernández Montalvo, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario Certifico.
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