STS 451/2005, 11 de Abril de 2005

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid condenó -por sentencia de 22 de diciembre de 2003- a los acusados Juan Luis , Inocencio y María Luisa , como autores responsables de un delito de simulación de contrato del artículo 251.3º del Código Penal, porque, divorciado el primero de su mujer, que adquirió después la plena propiedad del piso que había constituido el patrimonio ganancial del matrimonio, en connivencia con su amigo Inocencio aparentaron tener una relación arrendaticia sobre el referido piso, de tal modo que este último, en su simulada condición de arrendatario, lo subarrendó a María Luisa , que fue a vivir al mismo en compañía de sus hijos, de tal modo que, pese a que la mujer de Juan Luis obtuvo una sentencia de desahucio favorable, no pudo llevarse a efecto la diligencia de lanzamiento por causa de la relación de subarriendo alegada.

Contra la anterior resolución, han interpuesto sendos recursos de casación los tres acusados.

1. RECURSO DE LA ACUSADA María Luisa .

Dos son los motivos de casación articulados por la representación de esta acusada en su recurso. El primero de ellos, por el cauce procesal del art. 849.1º de la LECrim., denuncia infracción de ley por indebida aplicación de los artículos 251.3º y 28 del Código Penal, por no concurrir en la conducta de la recurrente los requisitos precisos para que pueda considerársele criminalmente responsable de un delito de simulación de contrato.

Recuerda la parte recurrente, en apoyo de este motivo, que, para la existencia del delito de estafa mediante el otorgamiento de un contrato simulado, son precisos los siguientes requisitos: a) extensión de un documento relativo a un negocio jurídico sin existencia real o con ocultación del verdadero; b) carácter de perjudicial desde el punto de vista patrimonial de tal conducta; y c) conciencia y voluntad de llevar a efecto tal simulación. Requisitos -se dice- que no concurren en el presente caso, pues: el contrato de subarriendo existe -no es simulado-, la acusada ha vivido con sus hijos en el piso de autos (sobre lo que existe suficiente prueba: informe de detectives y testimonio de los conserjes; aparte de que se trata de un hecho que está expresamente reconocido en el relato de hechos probados); la acusada no conocía ni tenía relación alguna con la propietaria del inmueble; y, por consiguiente, difícilmente podía tener un ánimo tendencial dirigido a causarle perjuicio patrimonial alguno.

El segundo motivo de este recurso, interpuesto al amparo del art. 849.2º de la LECrim., denuncia, en último término, la vulneración del derecho de la acusada a la presunción de inocencia, ya que - según la parte recurrente- "no hay en contra de Dª María Luisa (...) prueba de cargo alguna en la que se pueda fundar la condena". El contrato de subarriendo del piso existe, aunque se encuentre en poder de un tercero -el Letrado D. Andrés Guerrero-, el cual -se dice también- ha manifestado que vio el contrato de arrendamiento del mismo suscrito entre los otros dos acusados -Sres. Juan Luis y Inocencio -. La acusada ha ocupado el inmueble subarrendado desde el mes de febrero de 1997. El Tribunal de instancia, por demás, reconoce expresamente en su sentencia que "los actos descritos ningún beneficio han reportado a los acusados" (FJ 6º), "y, con respecto a María Luisa , ni tan siquiera los propios juzgadores pueden definir en qué se ha beneficiado de los hechos que se declaran probados".

La íntima relación de los dos motivos aconseja el examen conjunto de los mismos; y, en este sentido, debemos comenzar reconociendo que, para la existencia del delito de estafa cometida por medio de simulación contractual (art. 251.3º CP), es necesaria la concurrencia de los requisitos señalados por la parte recurrente (v., ad exemplum, SSTS de 6 de marzo y 4 de junio de 2002), y que, en el presente caso, aparte de la existencia del documento en el que se plasma el contrato de subarriendo del piso, lo que nadie cuestiona es la ocupación del mismo por parte de la acusada y de sus hijos, así como la existencia de recibos de pago de la correspondiente renta al inicio de la relación contractual. Tampoco es cuestionable -indudablemente- el perjuicio patrimonial que dicha relación supone para la dueña del inmueble. Y, por lo que se refiere a la conciencia y voluntad de simular el contrato de subarriendo, es menester reconocer que el Tribunal sentenciador no ha mencionado prueba alguna que pueda acreditar la concurrencia de este requisito.

Nos encontramos, por todo lo dicho, ante una relación de subarriendo de un piso, plasmada en un contrato, junto con la ocupación del mismo por parte de la acusada y sus dos hijos y el pago de la merced arrendaticia, de tal modo que no es posible hablar en términos categóricos -como sería preciso para una condena penal- de la existencia de un contrato simulado. La simulación provendría, en su caso, en el presente supuesto, de la relación arrendaticia alegada por el acusado Sr. Inocencio (v. art. 251.1º CP), pero tal circunstancia sería, en principio, ajena a la conducta de la acusada aquí recurrente. Si a ello unimos que en la sentencia recurrida el Tribunal de instancia no cita prueba alguna que pueda acreditar que la acusada conociera a la ex mujer del acusado Juan Luis ni tampoco la conflictiva situación jurídica del referido piso, ni que tuviera intención de perjudicar a aquélla, forzosamente hemos de llegar a la conclusión de que no está acreditada la existencia del delito ni la culpabilidad de la acusada.

Por las razones expuestas, procede la estimación de los dos motivos del recurso.

2. RECURSO DEL ACUSADO Inocencio .

La representación de este acusado ha formulado tres motivos de casación: por vulneración constitucional -el primero-, por error de hecho -el tercero- y por infracción de ley ordinaria -el segundo-, cuyo estudio vamos a abordar por el orden indicado, por razones lógicas de método jurídico.

El motivo primero de este recurso, deducido al amparo del art. 849.2 de la LECrim. en relación con el art. 5.4 de la LOPJ, denuncia "infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia" respecto de este acusado.

Dice la parte recurrente, en apoyo de este motivo, que "no existe prueba alguna en las actuaciones que determine la existencia del delito por el que ha sido condenado"; "tanto mi representado como el Sr. Juan Luis en el acto del Juicio Oral reconocieron la existencia de un contrato de arrendamiento entre ambas partes con consentimiento para que mi representado pudiera subarrendar la vivienda de que se trata", sin que el contrato de arrendamiento tenga que formalizarse necesariamente por escrito; con independencia de que, en el presente caso, el profesional del Derecho, Sr. Cosme , manifestó "haber visto y examinado el contrato de arrendamiento que consideró correcto".

Como ya hemos dicho al estudiar el recurso formulado por la acusada María Luisa , en el presente caso, la simulación contractual apunta directamente, en principio, al contrato de arrendamiento del piso, cuya realidad afirman los acusados Juan Luis y Inocencio . Y, en relación con el mismo, debemos resaltar los datos relevantes reflejados en la resolución combatida.

En primer término, en el relato de hechos probados, se dice, tras dejar constancia del divorcio del Sr. Juan Luis y Gema , de la adquisición por ésta del pleno dominio sobre el piso que había constituido el patrimonio ganancial del matrimonio y del juicio de desahucio promovido por ésta contra su ex marido: a) que el demandado no compareció al acto de conciliación para el que había sido citado, haciéndolo "otra persona en su nombre, aportando un certificado médico de la dolencia que aquejaba a Juan Luis , indicando como nuevo domicilio del mismo el de la CALLE001 (...) "pues el de la CALLE000 está habitado por un nuevo inquilino" (el subrayado es nuestro); habiéndose señalado nueva fecha para el acto de conciliación (...) que se tuvo por intentado sin efecto por no comparecer el demandado. A la vista de ello, la Sra. Gema promovió un nuevo juicio de desahucio, sin que pudiera citarse al demandado por medio de los conserjes, tanto del inmueble de la CALLE000 como el de la CALLE001 -es decir, el del antiguo y el nuevo domicilio del Sr. Juan Luis - habiendo manifestado el último que dicho señor se había ausentado "sin dejar señas"; no obstante lo cual, el aquí recurrente, es decir, el Sr. Inocencio , presentó un escrito en el Juzgado donde se tramitaba el juicio de desahucio manifestando que "había retirado del buzón de la vivienda que ocupaba" la papeleta de demanda y documentos para Juan Luis y "que le era imposible localizarle en esos momentos y que como arrendatario del piso citado no se consideraba autorizado para recoger la documentación que devolvía" (el subrayado es nuestro); en vista de todo lo cual la demandante solicitó la citación del mismo "por edictos", siendo estimada su demanda y notificada, también por edictos, la sentencia dictada en dicho juicio.

La primera demanda de desahucio fue presentada el 11 de diciembre de 1995, los acusados Juan Luis y Inocencio se concertaron para que éste pasase por arrendatario de la vivienda y permitiese su utilización por parte de María Luisa y sus hijos -persona conocida del ahora recurrente- y durante el curso del procedimiento, con las incidencias indicadas, el Sr. Inocencio y María Luisa , con fecha de 1º de marzo de 1997, suscribieron un contrato de subarriendo, en el que "se exponía que Inocencio era arrendatario de la vivienda". Así, cuando, por providencia de 1 de diciembre de 1997, se acordó la ejecución de la sentencia de desahucio, la señora María Luisa devolvió las diligencias que le habían sido entregadas, por ir referidas a Juan Luis y no conocer el domicilio del mismo, "solicitando la suspensión del lanzamiento (...) por ser la vivienda su domicilio y ella una antigua -sic- inquilina"; habiendo de suspenderse la diligencia de lanzamiento por presentar dicha señora, el día señalado para llevarlo a efecto, "contrato de subarriendo de 1 de marzo de 1997 y recibos de pago de la renta de marzo a diciembre de 1997", por lo que se acordó la suspensión de dicha diligencia.

En la fundamentación jurídica de la sentencia se incluyen también otros datos relevantes que permiten perfilar con mayor detalle la conducta del señor Inocencio . En efecto, el Tribunal de instancia dice que los dos acusados Juan Luis y Inocencio "reconocen tener una antigua e íntima amistad de la época en que ambos jugaron al fútbol profesional en un conocido equipo de esta capital" y "sitúan el contrato de arrendamiento en el año 1988"; pero -añade- "ninguna constancia hay de la formalización escrita del contrato de arrendamiento", "ninguna constancia hay de entregas de dinero por parte de Inocencio a Juan Luis y de su atribución al pago de las rentas", "el interrogatorio de Inocencio sobre las características de la vivienda ofrece un resultado desolador, desconociendo datos básicos que la lógica nos dice que no pueden ser ignorados por quien (...) ha utilizado como inquilino una vivienda, siendo contestes ambos conserjes de la finca en que no habían visto nunca a Inocencio , y que cuando Juan Luis se marchó (...), por el año 1995 ó 1996 el piso pasó a ser inmediatamente ocupado por María Luisa " (el subrayado es nuestro). De ahí que, pese a reconocer que el testigo Andrés Cosme dijo que "vio el contrato de arrendamiento y que le pareció correcto", el Tribunal -"ante los restantes elementos de juicio expuestos- considera inexistente el citado documento (v. FJ 2º). El Tribunal reitera finalmente "que Inocencio nunca llegó a ser arrendatario y a residir en la vivienda de la CALLE000 " (v. FJ 3º).

A la vista de todo lo expuesto, hemos de reconocer la existencia de una serie de indicios debidamente acreditados en la causa (por prueba documental, los hechos que realmente no son objeto de controversia -v. FJ 1º-; por el propio reconocimiento de los acusados Juan Luis Inocencio , la antigua e íntima amistada entre ellos -v. FJ 2º-; y por el testimonio de los conserjes de la finca, que la Sra. María Luisa ocupó la vivienda inmediatamente después de abandonarla el acusado Juan Luis -v. FJ 2º-); es decir, la ruptura del matrimonio del Sr. Juan Luis , la adquisición por parte de su ex mujer del pleno dominio sobre el piso de autos, la amistad antigua e íntima entre los señores Juan Luis Inocencio , la amistad de éste con María Luisa , la ocupación del referido piso por parte de ésta y de sus hijos, la reiterada atribución por parte del Sr. Inocencio de su condición de arrendatario del piso, la devolución al Juzgado de la documentación recibida para el Sr. Juan Luis alegando precisamente tal condición, la celebración -como si fuera arrendatario- del contrato de subarriendo con la Sra. María Luisa y los sucesivos obstáculos que han impedido a la propietaria acceder a la pacífica posesión de su piso, pese a haber obtenido una sentencia favorable de desahucio. Inferir de estos hechos que el Sr. Inocencio , actuando de acuerdo con el Sr. Juan Luis , ha simulado un contrato de arrendamiento del piso de autos, con evidente perjuicio de la ex mujer del primero, responde plenamente a las reglas del criterio humano, a las exigencias de la lógica y a las enseñanzas de la experiencia común (v. art. 386.1 LEC).

Hemos de concluir, por tanto, que el Tribunal de instancia ha dispuesto de una prueba de cargo indiciaria con entidad suficiente para poder enervar el derecho de este acusado a la presunción de inocencia.

No es posible, por todo lo dicho, apreciar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

El tercer motivo, al amparo del art. 849.2º de la LECrim., denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba, y, para acreditarlo se señalan "las declaraciones de un coimputado" -la Sra. María Luisa -, para acreditar que entre ambos suscribieron el contrato de subarriendo de la vivienda de autos; añadiendo que el Tribunal de instancia "no ha encontrado pruebas que demuestren ese concierto de voluntades de los imputados para simular un contrato en perjuicio de la propietaria de la vivienda".

El motivo no puede prosperar, por las siguientes razones:

1. Porque las declaraciones de un coimputado, con independencia de otras consideraciones, aunque, lógicamente, se hallan documentadas en los autos, no constituyen ninguna prueba documental. No se ha citado, por tanto, como es absolutamente preciso, un documento que pueda acreditar el error que se denuncia.

2. Porque, en cualquier caso, no se han concretado las declaraciones particulares del "documento" citado que se opongan a las de la resolución recurrida (v. art. 884.4º y 6º LECrim.).

3. Porque de modo indudable existen otros medios probatorios de signo contrario al pretendido por la parte recurrente. Y,

4. Porque, en último término, el contrato que estimamos realmente simulado por los acusados Juan Luis Inocencio es el de arrendamiento del piso de autos, por lo que la estimación de este motivo sería absolutamente irrelevante para el enjuiciamiento definitivo de estos hechos.

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El segundo motivo, con sede procesal en el art. 849.1 de la LECrim., denuncia infracción de ley, por indebida aplicación del art. 251.3 del vigente Código Penal.

Como fundamento de este motivo, dice la parte recurrente que "el contrato de subarriendo firmado entre mi representado y la Sra. María Luisa es real, existe físicamente"; "la Sra. Gema ya tenía conocimiento desde septiembre de 1995 que la vivienda estaba ocupada por mi representado como arrendatario al comparecer ante el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid devolviendo el auto del Juzgado de Instrucción de Montilla de Palancar", es decir, "tenía pleno conocimiento de la existencia de ocupante en su vivienda"; concluyendo que "no se nos puede decir (...) que existía un ánimo tendencial al formalizar el contrato de subarriendo entre el Sr. Inocencio y la Sra. María Luisa de impedir el lanzamiento y la recuperación de la posesión de la vivienda".

El motivo, como vamos a ver, carece de todo fundamento atendible.

Para responder fundadamente a la anterior impugnación, es preciso poner el acento -como ya hemos dicho-, no tanto en el contrato de subarriendo -suscrito entre el Sr. Inocencio y la Sra. María Luisa - como en el supuesto contrato de arrendamiento concertado entre el aquí recurrente y el otro acusado, que es el que consideramos realmente simulado, al haberse atribuido el Sr. Inocencio -de acuerdo con el otro acusado- la condición de arrendatario del piso de la Sra. Gema -sin residir en él ni satisfacer por ello renta alguna-, devolviendo a los Juzgados la documentación dirigida al Sr. Juan Luis , recibida en el buzón de la vivienda, y, finalmente, procurando la ocupación de ésta por la Sra. María Luisa -amiga suya-, con lo que se ha impedido de hecho la recuperación de la vivienda por parte de su propietaria.

Conforme hemos dicho en el anterior Fundamento Jurídico, el conjunto de hechos indiciarios, debidamente acreditados en esta causa, permite inferir razonablemente la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de instancia de que el Sr. Inocencio , de acuerdo con el otro acusado, simularon un contrato de arrendamiento sobre la vivienda que actualmente es propiedad exclusiva de la Sra. Gema , con la finalidad de perjudicarla obstaculizando la recuperación de su posesión por parte de ésta.

La conducta descrita en el factum permite, sin la menor duda, ser calificada de acuerdo con el tipo penal descrito en el precepto cuya infracción se denuncia, consistente en otorgar en perjuicio de otro un contrato simulado, que es lo que ha hizo el Sr. Inocencio ; con independencia de que, luego, en el contexto de su actuación delictiva, y para mejor asegurar sus propósitos, suscribiese con la Sra. María Luisa un contrato de subarriendo de la vivienda respecto de la cual se atribuyó indebidamente la condición de inquilino; hecho este último, típicamente punible también, por cuanto en el art. 251.1º del Código Penal se castiga con las mismas penas que a los que otorgaren en perjuicio de otro un contrato simulado (art. 251.3º CP), a los que, como el Sr. Inocencio , atribuyéndose falsamente sobre una cosa inmueble facultad de disposición de la que carecen la arrendaren en perjuicio de otro, que es lo que igualmente hizo el Sr. Inocencio . Por consiguiente, no es posible apreciar la infracción de ley denunciada.

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

3. RECURSO DEL ACUSADO Juan Luis .

La representación de este acusado ha articulado cuatro motivos de casación en su recurso: por vulneración del derecho a la presunción de inocencia -el primero-, por error de hecho - los motivos segundo y tercero- y por quebrantamiento de forma -el cuarto-. Por exigencias técnicas (v. art. 901 bis a) y 901 bis b) LECrim.) y por exigencias de método jurídico, comenzaremos examinando en primer término la vulneración constitucional denunciada, luego el igualmente denunciado quebrantamiento de forma, y en último término el posible fundamento de los errores de hecho que también se denuncian.

El motivo primero del recurso, como hemos dicho, por la vía del art. 5.4 de la LOPJ, denuncia la violación del art. 24 de la Constitución, por inaplicación del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Dice la parte recurrente que "no existe prueba alguna en las actuaciones que determine la existencia del delito que se imputa a mi representado, tanto mi representado como Don Inocencio , en el acto del juicio, reconocieron la existencia de una relación arrendaticia, con consentimiento por parte de mi representado al señor Inocencio para subarrendarlo en su totalidad o en parte a Doña María Luisa "; "tanto mi representado como el señor Inocencio , cuando tuvieron conocimiento en Diciembre de 2000 de que el piso había sido adjudicado en su integridad a su ex esposa, lo dejaron vacío y el señor Inocencio solicitó a Doña María Luisa que también lo dejara, lo que ésta al día de la fecha no ha efectuado".

Los hechos indiciarios a los que ya hemos hecho referencia al examinar el posible fundamento del motivo primero del recurso del acusado Sr. Inocencio , así como los correspondientes medios probatorios que los acreditan (documentos, confesión de los acusados, declaraciones de testigos), permiten inferir razonablemente, como hemos dicho, el carácter simulado del contrato de arrendamiento del piso de autos; y el conjunto de la conducta de los dos acusados, con la incomparecencia del Sr. Juan Luis al juicio de desahucio promovido por su ex mujer, y el otorgamiento por parte del Sr. Inocencio -con la anuencia de aquél- del contrato de subarriendo suscrito con la Sra. María Luisa , que ocupó el piso tras abandonarlo el Sr. Juan Luis , constituyen un comportamiento penalmente típico previsto en el art. 251.3º del Código Penal.

No es posible, apreciar la vulneración constitucional denunciada, dado que el Tribunal, por las razones expuestas, ha tenido una prueba de cargo con entidad suficiente para poder desvirtuar el derecho del recurrente a la presunción de inocencia.

Procede, en consecuencia, la desestimación de este motivo.

El cuarto motivo de este recurso, al amparo del art. 851.3 de la LECrim., denuncia quebrantamiento de forma "dado que esta parte, en el acto del juicio oral dejó sobradamente probado que el acusado (...) no era conocedor de la sentencia de desahucio, ya que no se le había comunicado ni notificado"; "es evidente que la denunciante podía haber comunicado con el acusado, su ex marido, por múltiples vías: . En la Clínica de Tres Cantos. El domicilio de los padres, que lógicamente conoce por vecindad .."; "la sentencia (...) acierta de plano con lo que expresa en su Fundamento de Derecho sexto en cuando dice que no ha reportado ningún beneficio a los acusados ..".

El motivo carece absolutamente de fundamento.

En primer término, porque este cauce procesal, denominado doctrinal y jurisprudencialmente de incongruencia omisiva, se refiere exclusivamente a los supuestos en el que el Tribunal de instancia haya dejado de pronunciarse sobre alguna de las cuestiones jurídicas planteadas oportunamente por las partes. Cosa que, evidentemente, no sucede en el presente caso.

Y, en todo caso, porque no puede tenerse por probado que el recurrente desconociera la sentencia de desahucio, por la mera afirmación de parte interesada; porque, en cambio, sí está acreditado que no pudieron hacerse las citaciones ordenadas por el Juzgado de Primera Instancia en el juicio de desahucio, por medio de los conserjes de los inmuebles de las CALLE000 y CALLE001 , habiendo manifestado este último en la correspondiente diligencia que el Sr. Juan Luis se había ausentado sin dejar señas (v. HP); y, en último término, porque el tipo penal aplicado no exige la producción de ningún beneficio para los sujetos activos sino simplemente un perjuicio para otro.

Procede, en consecuencia, sin necesidad de mayor argumentación, la desestimación de este motivo.

El motivo segundo, al amparo del art. 849.2º de la LECrim., denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba, basado en los siguientes documentos: 1) Citaciones del Servicio Común de Notificaciones al denunciado Sr. Juan Luis en el domicilio de la CALLE000 ; 2) Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid, en el juicio de desahucio; y 3) Comparencia en el Juzgado de Primera Instancia nº 54, en el Acto de Conciliación 71/95.

Se pretende acreditar con ellos que en las anteriores actuaciones judiciales se han estado llevando a cabo notificaciones al hoy recurrente en la CALLE000 , cuando la denunciante, "desde el día 15 de enero de 1996, ya conocía sobradamente que el acusado vivía en la CALLE001 , NUM004 , NUM000 .".

El motivo no puede prosperar, por las siguientes razones:

1. Porque la parte recurrente no designa concretamente las declaraciones de los "documentos" citados que se opongan a las de la resolución recurrida (v. art. 884.4º y 6º LECrim.). b) Porque los "documentos" citados no son literosuficientes. Y,

3. Porque existen elementos de prueba contradictorios con las afirmaciones del recurrente (el conserje del inmueble de la CALLE001 , NUM004 , al recibir una citación indicó que el Sr. Juan Luis "se ausentó sin dejar señas" -v. HP-II).

Finalmente, el motivo tercero, por el mismo cauce procesal que el anterior, denuncia igualmente error de hecho en la apreciación de la prueba, basado "en la siguiente "prueba documentada", recibos de alquiler de María Luisa , correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 1997".

Afirma la parte recurrente, en el desarrollo del recurso, que "el hecho de que sólo existan parte de los recibos del alquiler, no puede determinar, por presunción, que sea una simulación de contrato con el fin de no entregar la vivienda al denunciante".

El motivo carece de todo fundamento.

La parte recurrente no ha consignado concretamente cuáles son las declaraciones de los documentos que se citan que se opongan a las de la resolución recurrida (v. art. 884.4º y 6º LECrim.). Por otra parte, los recibos de alquiler no son literosuficientes, en cuanto no pueden acreditar por sí mismos lo que la parte recurrente pretende, esto es, que no existe un contrato simulado. Y, en último término, hay que poner de relieve que los citados recibos provienen del contrato de subarriendo concertado con el otro acusado, Sr. Inocencio , con la Sra. María Luisa , en el que el aquí recurrente no fue parte contratante. Con independencia, todo ello, de que este Tribunal no ha considerado que el referido contrato de subarriendo haya sido un contrato simulado, condición que, por el contrario, sí reconoce en el alegado contrato de alquiler que se dice celebrado con el Sr. Inocencio .

Por todas estas razones, procede la desestimación de este motivo.

III.