STS 527/1994, 4 de Junio de 1994

Los presupuestos fácticos que, en cuanto delimitadores de la cuestión litigiosa debatida en el proceso, han de ser tenidos en cuenta, son los siguientes: Primero. Con la entidad aseguradora "Aurora- Polar, Sociedad Anónima de Seguros", D. David, en concepto de tomador y de asegurado, y para los efectos que aquí interesan, tenía concertado: a) Un seguro principal de vida (que en la póliza se llama "temporal") que garantizaba cinco millones de pesetas para el caso de muerte de dicho asegurado y b) Un seguro complementario del anterior que garantizaba otros cinco millones de pesetas más para el caso de que la muerte del asegurado fuera por accidente. La beneficiaria de esos dos seguros es Dª Ana María, esposa del asegurado.- Segundo. El artículo 4º de las Condiciones Especiales de dicho seguro complementario de muerte por accidente, bajo el epígrafe "INDEMNIZACION", establece lo siguiente: "En el supuesto de falta de acuerdo sobre la naturaleza del accidente el Tomador o los Beneficiarios y la Entidad aseguradora se obligan a solventar sus diferencias por medio de dos Peritos, elegidos uno por cada parte, de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Contrato de Seguro".- Tercero. El asegurado D. Davidfalleció el día 3 de Enero de 1989, como consecuencia de "Hematoma intracerebral espontáneo derecho vascular", que le sobrevino cuando dicho día estaba trabajando en su despacho, como DIRECCION000de la empresa "Francisco Otaola, S.A.".- Cuarto. El día 3 de Mayo de 1989, la beneficiaria Dª Ana Maríacomunicó a la entidad aseguradora el fallecimiento de su referido esposo.- Quinto. Al no ponerse de acuerdo las partes acerca de si la muerte del Sr. Davidhabía sido debida o no a accidente, el día 15 de Septiembre de 1989 Dª Ana Maríarequirió al Notario de Amurrio D. Juan-Antonio Fernández Cid (acta notarial de dicha fecha, bajo el número 1913 de su protocolo), para que por conducto de un Notario de Bilbao, por ser el domicilio de la aseguradora "Aurora Polar, S.A.", requiriese a dicha entidad para que le pagase cinco millones de pesetas, por el seguro de vida principal, y otros cinco millones de pesetas por el seguro complementario de muerte por accidente, y para el supuesto de que la entidad requerida entendiese que la muerte no se produjo por accidente, le comunicase que ella (la requirente), al amparo del artículo 4º de las Condiciones especiales de dicho seguro complementario, en relación con el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, nombraba como Perito al Médico D. Blas(que había aceptado el nombramiento), y requiriese a la entidad aseguradora para que ella, por su parte, designase al Perito que estimara oportuno, dentro del plazo de ocho días. El día 29 de Septiembre de 1989, el Notario de Bilbao D. Juan-Ramón Manzano Malaxechevarría llevó a efecto el expresado requerimiento, para lo que se constituyó en la oficina central de "Aurora Polar, S.A.", sita en Plaza de Moyúa, número 4, de Bilbao, y entregó copia del acta, como cédula de notificación, al ordenanza, que dijo llamarse D. Luis-Antonio Rodríguez Andrés, a quien advirtió el Notario de su obligación de dar traslado de ella a los órganos competentes de la Compañía y del plazo reglamentario de contestación.- Sexto. Al no haber la entidad aseguradora nombrado perito dentro del plazo que tenía para ello (ocho días), el Doctor en Medicina D. Blas(perito nombrado por la beneficiaria), ante el Notario de Amurrio D. Juan-Antonio Fernández Cid (acta notarial de fecha 10 de Noviembre de 1989, con el número 2.495 de su protocolo), emitió su informe en el que, tras exponer los antecedentes oportunos, dice lo siguiente: "En conclusión, según mi criterio profesional, la causa del fallecimiento de D. Davidse debió en última instancia a un accidente y no a una enfermedad común diagnosticada como tal".- Séptimo. Por conducto del mismo Notario últimamente citado (Acta notarial de fecha 15 de Diciembre de 1989, con el número 2.875 de su protocolo), Dª Ana Maríaremitió a la entidad aseguradora el informe emitido por el Doctor D. Blasy una carta en la que, participándole que el referido informe era vinculante para dicha entidad, conforme al artículo 4º de la Póliza del seguro complementario, en relación con el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, le requería para que le abonase cinco millones de pesetas asegurados para el caso de muerte por accidente.

Sobre la base de los presupuestos fácticos o antecedentes previos anteriormente relacionados, se produjeron las siguientes actuaciones procesales: 1ª En 27 de Diciembre de 1989, Dª Ana Maríaformuló demanda contra la entidad "Aurora Polar, Sociedad Anónima de Seguros", con la pretensión de que se condene a la demandada a abonarle las siguientes cantidades : a) Cinco millones de pesetas, como capital garantizado por el seguro principal de vida ("temporal") con los intereses del veinte por ciento (20%) anual de dicha cantidad a partir del día 3 de Abril de 1989; b) otros cinco millones de pesetas, como capital garantizado por el seguro complementario de muerte por accidente, con el interés del veinte por ciento (20%) anual de dicha cantidad a partir del 10 de Noviembre de 1989. La referida demanda dio origen a los autos de juicio de menor cuantía número 217/89 del Juzgado de Primera Instancia de Amurrio.- 2ª En 18 de Enero de 1990, la entidad "Aurora Polar, S.A. de Seguros" formuló demanda contra Dª Ana María, por la que, impugnando el informe emitido por el perito designado por la demandada (Doctor en Medicina D. Blas) y sosteniendo que la muerte del asegurado D. Davidno había sido debida a ningún accidente, postuló que se declare que no está obligada a pagar la suma garantizada por el seguro complementario de muerte por accidente. La expresada demanda dió origen a los autos de juicio de menor cuantía número 10/90 del mismo Juzgado.

La entidad aseguradora (en 12 de Marzo de 1990) consignó en el Juzgado la cantidad de cinco millones de pesetas, por el seguro principal de vida ("temporal"), única que decía estar obligada a pagar, cuya cantidad fue aceptada por Dª Ana María, pero manifestando que no renunciaba a los intereses que tenía reclamados por dicha cantidad.

Los dos expresados procesos (autos números 217/89 y 10/90 del Juzgado de Primera Instancia de Amurrio) fueron acumulados y en ellos, en grado de apelación, recayó sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, por la que, estimando la demanda formulada por Dª Ana María(autos número 217/89) y desestimando la formulada por "Aurora- Polar, S.A." (autos número 10/90), condena a dicha entidad aseguradora a que pague a la Sra. Ana Maríalas siguientes cantidades: a) los intereses, a razón del veinte por ciento anual, de la cantidad de cinco millones de pesetas (ya abonada con anterioridad) correspondiente al seguro principal de vida ("temporal"), por el período comprendido entre el 3 de Abril de 1989 y el 12 de Marzo de 1990; b) cinco millones de pesetas, correspondientes al seguro complementario de muerte por accidente; y c) los intereses de esta última cantidad, a razón del veinte por ciento anual, a partir del 14 de Diciembre de 1989.

Contra la referida sentencia de la Audiencia, la entidad "Aurora- Polar, S.A. de Seguros, S.A." ha interpuesto el presente recurso de casación a través de once motivos, de los cuales, el noveno le fue inadmitido por esta Sala, en su momento.

En aplicación del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro de 8 de Octubre de 1980, la sentencia recurrida (en el primero de sus pronunciamientos, según el orden en que, para el adecuado estudio de este recurso, acabamos de relacionarlos en el Fundamento anterior) condena a la entidad aseguradora a pagar a la beneficiaria Sra. Ana Maríalos intereses, a razón del veinte por ciento anual, de la cantidad de cinco millones de pesetas (ya pagada), correspondiente al seguro principal de vida ("temporal"), por el período comprendido entre el 3 de Abril de 1989 (en que vencieron los tres meses posteriores al día del fallecimiento del asegurado) y el 12 de Marzo de 1990 (en que la entidad aseguradora pagó la referida cantidad principal, mediante consignación de la misma en el Juzgado). A combatir dicho pronunciamiento se orientan los dos primeros motivos del recurso, ambos por el cauce procesal del ordinal quinto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente) y por los cuales se denuncia, en el primero, infracción del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro y, en el segundo de ellos, infracción del artículo 1281 del Código Civil por equivocada interpretación del penúltimo párrafo del artículo 10º de las Condiciones Generales de la póliza del Seguro de Vida, cuyo párrafo lo transcribe literalmente en el alegato del motivo y dice así: "Si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro el Asegurador no hubiere pagado o consignado su importe por causa no justificada o que le fuere imputable, la indemnización se incrementará en un 20 por 100 anual". En el desarrollo del primero de los citados motivos, la entidad aseguradora recurrente aduce, en esencia, que no pudo pagar la expresada cantidad dentro de los tres meses siguientes al día del fallecimiento del asegurado (ocurrido el 3 de Enero de 1989) por haber tenido conocimiento del mismo con posterioridad al transcurso de dicho plazo, por lo que no se le puede imputar a ella, dice, la no realización del pago dentro del expresado plazo, cuyo alegato impugnatorio lo reitera en el desarrollo del segundo motivo. Aunque la sentencia recurrida no se ocupa en absoluto del tema atinente a la fecha en que la entidad aseguradora tuvo conocimiento de la producción del siniestro (óbito del asegurado), ha de reconocerse que, efectivamente, aparece probado en el proceso que fue el día 3 de Mayo de 1989 cuando la beneficiaria Dª Ana Maríacomunicó, por primera vez, a la entidad aseguradora el fallecimiento de su esposo, y ello no sólo porque así lo declara expresamente la sentencia de primera instancia, cuando (en su Fundamento jurídico primero) dice: "3) en fecha 3 de mayo de 1989 se dio parte del fallecimiento a la Cía. Aseguradora....", sin que dicha declaración la haya desvirtuado o dejado sin efecto la sentencia aquí recurrida que, como antes se ha dicho, no se ocupa en absoluto de dicho extremo, sino también porque así lo tiene expresamente reconocido la propia beneficiaria Sra. Ana María, cuando en el Hecho cuarto de su demanda (iniciadora del proceso número 217/89) dice así: "Ocurrido el fallecimiento de D. David, mi mandante, como beneficiaria del seguro contratado, ....... puso en conocimiento de la hoy demandada 'Aurora-Polar, S.A.' tal extremo (documento nº 6), reclamándole el pago....." (el anterior subrayado aparece así hecho en la demanda), dándose la circunstancia de que el invocado documento número 6 es un acuse de recibo, extendido en papel con membrete de la entidad aseguradora y que literalmente dice así: "Sra. Da. Ana María.- Bilbao a 3 de Mayo de 1.989.- Como Delegado de la Compañía Aurora Polar, S.A. de Seguros, y en relación a la Póliza de Vida y Complementarios de Muerte por Accidente Nº 5.046.757, por la presente acuso recibo de la documentación entregada y asimismo de el parte por el que se me comunica el fallecimiento del Sr. D. David, ocurrido el 3 de Enero de 1.989,-Jose Pablo. Delegación Aurora Polar, S.A. Llodio". Partiendo, pues, del referido hecho probado de que la primera noticia acerca del fallecimiento del asegurado Sr. Davidla tuvo la entidad aseguradora el día 3 de Mayo de 1989, cuando ya habían transcurrido cuatro meses desde la ocurrencia del mismo, y teniendo en cuenta, por otro lado, que la operatividad sancionadora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro se halla condicionada a que el impago de la indemnización dentro de los tres meses siguientes a la producción del siniestro tenga lugar "por causa no justificada o que le fuere imputable" (al asegurador), resulta evidente que la entidad aseguradora, aquí recurrente, por causa que no le era imputable, no pudo realizar el pago de la indemnización a que aquí nos estamos refiriendo (la correspondiente al seguro principal de vida) dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento del asegurado. Lo anteriormente expuesto ha de comportar la estimación de los dos primeros motivos, que aquí estamos examinando, pero únicamente en el sentido de variar el día inicial, a partir del cual la entidad aseguradora ha de efectuar el pago de los intereses correspondientes a dicha indemnización, en ningún caso en el de eximirle totalmente de dicho pago, pues dada la naturaleza de "multa penitencial" o cláusula penal "ex lege" que corresponde a los intereses que, conforme al repetido artículo 20, ha de satisfacer el asegurador renuente ("por causa no justificada o que le fuere imputable") en el cumplimiento de su obligación indemnizatoria, aquí resulta patente que la entidad aseguradora incidió en esa inadmisible y civilmente sancionable conducta (con respecto, repetimos, a la indemnización de cinco millones de pesetas, correspondiente al seguro principal de vida, llamado "temporal", única a la que aquí nos estamos refiriendo), pues habiendo recibido, como ya se tiene dicho, el día 3 de Mayo de 1989 la comunicación del óbito del asegurado, demoró el pago de la referida indemnización, sin causa justificativa alguna, durante más de diez meses después de dicha comunicación, concretamente hasta el 12 de Marzo de 1990, en que la consignó en el Juzgado. Para poder concretar el día inicial ("dies a quo") a partir del cual ha de efectuarse el abono de dichos intereses, ante la falta de previsión legal para situación tan atípica como la aquí contemplada, hemos de acudir al artículo 10º (invocado por la recurrente) de las Condiciones Generales de la póliza del Seguro de Vida, que en su párrafo tercero dice así: "Una vez recibidos los anteriores documentos, el Asegurador, en el plazo máximo de cinco días, deberá pagar o consignar la prestación garantizada y, en cualquier caso, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro o de la fecha de vencimiento del contrato". Como aparece probado en el proceso que la beneficiaria Sra. Ana María, al comunicar a la aseguradora, el día 3 de Mayo de 1989, el fallecimiento del asegurado, le aportó también todos los documentos que relaciona el párrafo segundo del citado artículo 10º de las Condiciones Generales de la póliza del Seguro de Vida (certificados de defunción y nacimiento del asegurado, certificado del médico que haya asistido al asegurado, etc.), pues el único que dejó de aportar (carta de pago o declaración de exención del Impuesto sobre Sucesiones) no facultaba a la aseguradora para dejar de pagar el capital asegurado, sino simplemente a retener del mismo aquella parte en que "se estime la deuda tributaria resultante en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones", según establece expresamente el párrafo cuarto del repetido artículo 10º de las Condiciones Generales, resulta evidente que la entidad aseguradora debió efectuar el pago de la indemnización o capital asegurado a que aquí nos estamos refiriendo dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los aludidos documentos (3 de Mayo de 1989), por lo que, al no haberlo hecho así y al no existir causa justificativa alguna para no hacerlo, procede señalar, como día inicial ("dies a quo") para el pago de los intereses a que tan extensamente nos venimos aquí refiriendo, el 9 de Mayo de 1989, debiendo ser el día final ("dies ad quem"), con inclusión del mismo en el cálculo de los intereses, no el 12 de Marzo de 1990, como dice la sentencia recurrida (pues dicho día la entidad aseguradora ya consignó en el Juzgado la cantidad correspondiente), sino el día 11 del mismo mes y año últimamente citados.

Como ya se tiene dicho, la sentencia recurrida, en plena coincidencia con la de primera instancia, desestima la demanda que la entidad "Aurora Polar, S.A. de Seguros" formuló (autos número 10/90) sobre impugnación del informe emitido por el Perito nombrado por la beneficiaria del seguro (Doctor en Medicina, D. Blas) y, en consecuencia, condena a dicha entidad aseguradora a pagar también a la referida beneficiaria la cantidad de cinco millones de pesetas, correspondiente al capital garantizado por el seguro complementario de muerte por accidente. La "ratio decidendi" de su expresado pronunciamiento lo basa en que, al no haber la entidad aseguradora designado ningún perito, pese al requerimiento que la otra parte le hizo para ello, el informe emitido por el designado por la beneficiaria del seguro (el ya dicho Doctor en Medicina) es vinculante para dicha entidad aseguradora y, por tanto, no susceptible de impugnación por la misma, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, en relación con el artículo 4º de las Condiciones Especiales del Seguro complementario de Muerte por Accidente. A combatir el referido pronunciamiento de la sentencia recurrida dedica la entidad recurrente los motivos tercero al octavo, ambos inclusive, todos ellos con la misma residencia procesal que los dos ya examinados, y por los cuales se denuncia, respectivamente, infracción del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro en relación con el artículo 3 del Código Civil -interpretación literal- (en el tercero); infracción del artículo 1251 del Código Civil (en el cuarto); infracción del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro en relación con el artículo 3 del Código Civil -interpretación sistemática- (en el quinto); "infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias de esta Sala de fechas 15 de Julio de 1988, de 10 de Diciembre de 1988 y de 15 de Febrero de 1990" (en el sexto); infracción del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro en relación con el artículo 3 del Código Civil -interpretación teleológica- (en el séptimo); e infracción del artículo 1281 del Código Civil en relación con el artículo 4º de las Condiciones Especiales relativas al Seguro de Muerte por Accidente (en el octavo). Todos los expresados y, tal vez, excesivos, motivos tienen un mismo y único objeto impugnatorio, cual es el de sostener (la entidad aseguradora recurrente) que el informe emitido por el Perito nombrado por la beneficiaria del seguro no le era vinculante y, por tanto, podía impugnarlo a través del proceso correspondiente, como así lo hizo mediante su demanda iniciadora del proceso (acumulado) número 10/90, cuya unicidad de objeto impugnatorio lo reconoce expresamente la propia entidad recurrente, cuando al principio del alegato de su motivo tercero dice: "El presente motivo, y los que le siguen, tienen en común la vulneración del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, por lo que podrían ir agrupados en uno solo". Por ello, todos los expresados motivos serán examinados conjuntamente, sin perjuicio de las referencias concretas y específicas que a algunos de ellos deban hacerse. Para poder realizar adecuadamente dicho estudio conjunto de los aludidos motivos ha de partirse de determinadas premisas previas, algunas de las cuales ya han sido expuestas en el Fundamento jurídico primero de esta resolución, pero que se estima necesario reiterar aquí. Son las siguientes: 1ª Si bien la reglamentación contenida en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro se halla establecida, con carácter imperativo, solamente para los seguros contra daños (en cuanto el citado precepto se halla incardinado en la Sección Primera -Disposiciones Generales- del Título II, que se refiere exclusivamente a esa clase de seguro), ello no impide que las partes contratantes de otra especie distinta de seguro (concretamente el de personas), puedan someterse, de mutuo acuerdo, a la normativa del referido artículo, sumisión que tiene su apoyatura legal, con carácter general, en el artículo 1255 del Código Civil y, de manera específica, en el inciso último del artículo 2º de la Ley de Contrato de Seguro, aparte de que la aplicabilidad de dicho artículo 38 no pugna con la naturaleza específica del seguro de personas, como lo evidencia el hecho de que el artículo 104 de la citada Ley remite expresamente a las partes al mismo cuando discrepen acerca del grado de invalidez derivada de un accidente, lo que patentiza que para resolver cualquier otra discordancia (distinta de la expresada) que pueda surgir en materia de seguro de personas, las partes puedan someterse convencionalmente al procedimiento pericial, de naturaleza extrajudicial, que regula el repetido artículo 38.- 2ª En concordancia con lo antes dicho, el artículo 4º de las Condiciones Especiales del Seguro de Muerte por Accidente al que se refiere este litigio (redactado dicho artículo por la entidad aseguradora y aceptado por el tomador del seguro y asegurado) establece lo siguiente: "En el supuesto de falta de acuerdo sobre la naturaleza del accidente el Tomador o los Beneficiarios y la Entidad aseguradora se obligan a solventar sus diferencias por medio de dos Peritos elegidos uno por cada parte, de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Contrato de Seguro".- 3ª Como ya se ha dicho en los apartados quinto a séptimo del Fundamento jurídico primero de esta resolución, que aquí los damos por reproducidos en evitación de innecesarias repeticiones, al surgir diferencias entre las partes, por sostener la entidad aseguradora que la muerte del asegurado no había sido debida a accidente, la beneficiaria Sra. Ana María, acogiéndose a lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4º (anteriormente transcrito) de las Condiciones Especiales del Seguro, nombró como Perito, por su parte, al Doctor en Medicina D. Blas, lo que, por conducto notarial, notificó a la entidad aseguradora y la requirió para que, por su parte, nombrara el perito que tuviera por conveniente, en el plazo de ocho días; transcurrido dicho plazo sin que la entidad aseguradora nombrara el perito, ni alegara razón alguna por la que no lo hacía, el nombrado por la beneficiaria emitió su informe en los términos que ya se han dicho en el apartado sexto del referido Fundamento jurídico primero.

Sobre la base de las premisas que acaban de ser expuestas, los referidos motivos tercero a octavo, ambos inclusive (todos ellos con el mismo y único objeto impugnatorio que ya se ha dicho) han de fenecer, por las consideraciones que a continuación se exponen: a) El supuesto aquí enjuiciado es plenamente subsumible en el inciso último del párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro, con arreglo al cual si una de las partes (en este caso, la entidad aseguradora) no hiciere el nombramiento de perito dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por la que hubiese designado el suyo, "se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo". Cualquiera que sea el criterio hermenéutico (literal, sistemático o teleológico) que se utilice para la interpretación del citado párrafo legal, ha de llegarse a la conclusión de que, producido el supuesto fáctico que el mismo contempla, el informe emitido por el perito nombrado por una sola de las partes, ante la incuria de la otra parte en nombrar el suyo, no es susceptible de impugnación judicial alguna, pues de no entenderlo así, carecería de todo sentido el carácter vinculante para dicha otra parte que, de modo imperativo, atribuye al referido informe emitido por el perito único, a diferencia de lo que ocurre cuando el informe se emite por dos peritos nombrados, respectivamente, por cada una de las partes o por dichos dos peritos en unión de un tercero (cuando tenga que ser designado por falta de acuerdo entre aquéllos), en cuyos supuestos cabe la posibilidad de impugnación judicial del informe emitido por unanimidad o por mayoría, conforme establece el párrafo séptimo del citado artículo 38, en cuyo párrafo no es incardinable el caso aquí contemplado; b) La presunción legal que contiene el citado inciso último del párrafo cuarto del repetido precepto, al decir, "se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte", no es de naturaleza "iuris tantum" como pretende sostener la recurrente en su motivo cuarto, sino que lo es "iuris et de iure", pues de no ser así, quedaría vacío de contenido normativo el precepto imperativo que agrega dicho párrafo, cuando dice "quedando vinculado por el mismo"; c) Ninguna de las tres sentencias de esta Sala que la recurrente invoca en su motivo sexto (de 15 de Julio y 10 de Diciembre de 1988 y de 15 de Febrero de 1990) admiten la posibilidad de impugnación judicial del informe emitido por el perito único en el supuesto del inciso último del párrafo cuarto del artículo 38, pues las dos primeras se refieren a casos en que el informe fué emitido por los dos peritos nombrados, respectivamente, por cada una de las partes (supuesto al que se refiere el párrafo séptimo del citado precepto, como ya se ha dicho) y la última de ellas (la de 15 de Febrero de 1990) se refiere a un contrato de seguro al que no era aplicable la Ley de Contrato de Seguro vigente, por lo que ninguna de las tres invocadas sentencias guardan relación alguna con el presente supuesto litigioso. Por el contrario, la sentencia de esta misma Sala de 17 de Julio de 1992 proclama la misma doctrina que aquí venimos sosteniendo, cuando dice: "El artículo citado (se refiere, como es obvio, al 38) admite dos modalidades en el procedimiento para conseguir el mismo resultado, con la intención, además, de no dejar a la voluntad de una de las partes la constitución y el desarrollo del procedimiento, según que cada parte designe un perito, con posibilidad, en caso de desacuerdo entre los peritos, de que intervenga un perito tercero, nombrado por las partes o judicialmente, o, según que una de las partes no haga la designación inicial que le incumbe, en los plazos establecidos, como ocurrió en el asunto origen de estas actuaciones, en cuyo supuesto se entiende que la parte remisa o confiada «acepta el dictamen que emite el perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo>>. Esta «vinculación>> supone, ni más ni menos, que la equiparación de este dictamen con el que sirve de conclusión, cuando ambas partes proceden inicialmente a la designación de peritos".

Los razonamientos anteriormente expuestos son suficientes para alcanzar la indudable conclusión de que, en el supuesto contemplado por el inciso último del párrafo cuarto del tantas veces repetido artículo 38, no cabe la posibilidad legal de que la parte que, por su propia y exclusiva decisión, dejó de nombrar el perito, pueda impugnar el informe emitido por el nombrado por la otra parte, sino que queda vinculada por el mismo, por lo que, como ya se dijo, han de ser desestimados los motivos tercero a octavo, ambos inclusive, los cuales, pese al amplio despliegue dialéctico que desarrollan, tienen el sólo y único objeto impugnatorio, como también ya se ha dicho, de tratar de imponer la tesis contraria a la doctrina que aquí ha sido expuesta y a la cual se ha ajustado correctamente la sentencia recurrida.

Por el tercero y último de sus pronunciamientos (según el orden en que, para el adecuado estudio de este recurso, los hemos relacionado en el Fundamento jurídico segundo de esta resolución) la sentencia recurrida condena también a la entidad aseguradora a pagar a la beneficiaria el interés del veinte por ciento anual de la cantidad de cinco millones de pesetas correspondiente al Seguro Complementario de Muerte por Accidente, a partir del 14 de Diciembre de 1989. A combatir dicho pronunciamiento se orienta el motivo décimo (el noveno, como ya se dijo, fué inadmitido por esta Sala), con la misma sede procesal que los anteriores, por el que denuncia "infracción del párrafo 9º del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro". En el alegato del motivo, como soporte de la tesis impugnatoria que contiene, la entidad recurrente viene a aducir, en esencia, las dos siguientes alegaciones: a) que no es aplicable el párrafo noveno del artículo 38, por cuanto el informe emitido por el Perito nombrado por la beneficiaria no devino inatacable, dice la recurrente, sino que era susceptible de impugnación, como así lo hizo mediante su demanda iniciadora del proceso número 10/90; y b) que aún cuando el referido informe fuera inatacable, ella (la recurrente) no estaba obligada a efectuar el pago hasta que se le notificara el referido informe, lo que ocurrió el día 20 de Diciembre de 1989. La primera de las expresadas alegaciones, que vuelve a reproducir, aunque ahora sintéticamente, la misma tesis impugnatoria sostenida en sus motivos tercero y octavo, ha de ser rechazada, toda vez que, como ya se ha razonado extensamente al desestimar los referidos motivos, el informe emitido por el Perito (Doctor en Medicina) nombrado por la beneficiaria devino inatacable y vinculante para la entidad aseguradora, al no ser el mismo susceptible de impugnación. No obstante ello, el motivo ha de ser estimado, en el único sentido de modificar el día inicial ("dies a quo") a partir del cual ha de efectuar el pago de los referidos intereses, toda vez que la obligación de la entidad aseguradora de pagar la cantidad principal de cinco millones de pesetas (correspondiente al Seguro complementario de Muerte por Accidente) no surge hasta que le fuera notificado el informe vinculante y, por tanto, inimpugnable, emitido por el Perito nombrado por la beneficiaria, cuya notificación tuvo lugar el día 20 de Diciembre de 1989, por lo que éste debe ser el "dies a quo" para el cálculo y liquidación de los intereses a que aquí nos venimos refiriendo.

La sentencia de la Audiencia (que es la aquí recurrida), como antes la del Juez, al considerar vinculante para la entidad aseguradora y, por tanto, no susceptible de impugnación por la misma, el informe emitido por el Perito nombrado por la beneficiaria, no entraron a conocer de la pretensión formulada por la referida entidad (autos número 10/90) acerca de que se declarara que la muerte del asegurado no fué debida a accidente. Por el motivo undécimo y último, con la misma apoyatura procesal que los anteriores, y denunciando infracción del artículo 100 de la Ley de Contrato de Seguro, la recurrente viene a sostener que la estimación de los motivos precedentes (suponemos que se refiere a los números tercero al octavo), cuya estimación la da por producida, ha de llevar a esta Sala a valorar la prueba practicada en el proceso y declarar que la muerte del asegurado no fué debida a accidente. El expresado motivo ha de claudicar, pues como se ha dicho extensamente al desestimar los motivos tercero a octavo, el informe emitido por el Perito designado por la beneficiaria del seguro (Doctor en Medicina D. Blas) era vinculante para la entidad aseguradora y, por ende, no susceptible de impugnación por la misma, cuyo informe manifiesta categóricamente que la muerte del asegurado fué debida a accidente, por lo que al mismo ha de estarse, sin que a esta Sala (como antes tampoco a los órganos de la instancia) le sea dable entrar a valorar la certeza científica y real del expresado informe.

El acogimiento de los motivos primero, segundo y décimo, dentro de los límites en que los mismos lo han sido, con la consiguiente estimación parcial del recurso, obliga a esta Sala a resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate (número 3º del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), lo que ha de hacerse en el sentido de modificar el fallo de la sentencia recurrida única y exclusivamente en los dos extremos siguientes: a) que los intereses, a razón del veinte por ciento anual, correspondientes a la cantidad (ya abonada) de cinco millones de pesetas, por el Seguro principal de vida ("temporal") habrán de abonarse por el período comprendido entre el 9 de Mayo de 1989 y el 11 de Marzo de 1990, ambos días inclusive; y b) que los intereses, a razón del veinte por ciento anual, correspondientes a la cantidad (aún no pagada) de cinco millones de pesetas, por el Seguro Complementario de Muerte por Accidente, habrán de abonarse a partir del día 20 de Diciembre de 1989 hasta que dicha cantidad principal sea efectivamente pagada; debiendo mantenerse subsistentes todos los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida; no procede hacer expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias, ni de las del presente recurso, sin que tampoco haya lugar a acordar la devolución del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por el Procurador D. Pedro A. Pardillo Larena, en nombre y representación de la entidad "Aurora-Polar, S.A. de Seguros", ha lugar a la casación y anulación, solamente en parte, de la sentencia de fecha veintiuno de Mayo de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao en el proceso a que este recurso se refiere (autos acumulados números 217/89 y 10/90 del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Amurrio) y, en sustitución parcial de lo en ella resuelto, esta Sala acuerda que debemos modificar y modificamos el "fallo" de la sentencia recurrida única y exclusivamente en los dos siguientes extremos: a) que los intereses, a razón del veinte por ciento anual, correspondientes a la cantidad (ya pagada) de cinco millones de pesetas, por el Seguro principal de vida ("temporal") habrá de abonarlos la entidad aseguradora "Aurora-Polar, S.A. de Seguros" por el período comprendido entre el 9 de Mayo de 1989 y el 11 de Marzo de 1990, ambos días inclusive; y b) que los intereses, a razón del veinte por ciento anual, correspondientes a la cantidad (aún no pagada) de cinco millones de pesetas, por el Seguro complementario de Muerte por Accidente, habrá de abonarlos la referida entidad aseguradora a partir del día 20 de Diciembre de 1990 hasta que dicha cantidad principal sea efectivamente pagada. Asimismo, y salvo lo anteriormente dicho, debemos mantener y mantenemos subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida; sin expresa imposición de las costas de ninguna de las instancias, ni de las del presente recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.