STS, 29 de Mayo de 1995

La cuestión esencial que se debate en el presente recurso proviene de que los trabajadores hoy recurrentes estaban vinculados laboralmente, de forma unitaria o por separado, con algunas de las empresas que operan bajo la denominación comercial Air Lloid, las que figuran enumeradas en el encabezamiento de esta sentencia. En diciembre de 1992 instaron la resolución de sus contratos de trabajo al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores por incumplimiento empresarial de la obligación de abono de sus salarios. El Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona dictó sentencia declarando la extinción de los contratos y señaló las indemnizaciones correspondientes, resultando condenadas varias empresas del grupo en forma solidaria por entender, sin duda, que constituían una sola empresa a efectos laborales según establece el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa Heliarcos S.A. recurrió en suplicación la sentencia, reiterando la excepción de falta de legitimación pasiva y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el recurso en sentencia de 15 de febrero de 1994 que ha quedado firme.

Poco tiempo después de iniciado el anterior proceso los trabajadores entablaron demanda de reclamación de los salarios que habían dejado de percibir y el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona dictó sentencia condenando solidariamente a su abono a los demandados que allí constan, entre los que se encontraba la empresa Heliarcos S.A. y, habiendo planteado ésta recurso de suplicación, ha sido estimado por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de junio de 1994 apreciando la excepción de falta de legitimación pasiva de esta entidad por entender que no tiene carácter de empresario a efectos laborales y no está obligada a abonar solidariamente los salarios a que fue condenada.

Los actores interponen recurso de casación para la unificación de doctrina en contra de esta sentencia e invocan y aportan como contraria la de la misma Sala de lo Social de 15 de febrero de 1994 antes citada, que recayó entre las mismas partes y en la que se condena a Heliarcos S.A. a que abone solidariamente las indemnizaciones correspondientes a la resolución de contrato allí decretada. Se producen los presupuestos de identidad entre las personas, los hechos, fundamentos y pretensiones de las sentencias comparadas y ambas llegan a una solución distinta por lo que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 216 de la Ley de Procedimiento Laboral para hacer viable este excepcional recurso y, al mismo tiempo, se abre el camino que permite apreciar la existencia de la presunción legal de cosa juzgada, pues es doctrina reiterada de la Sala 1ª del Tribunal Supremo y de esta Sala que esta excepción puede y debe ser apreciada de oficio como se expresa en reiteradas sentencias que luego se citarán.

Antes de entrar a resolver el recurso conviene tener en cuenta que, en general, los Tribunales han interpretado la presunción de cosa juzgada con gran rigor aplicando el artículo 1252 del Código Civil de forma muy estricta, pero no se puede olvidar que la justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados (art. 117.1 C.E.) para atender el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos (art. 24.1 C.E.), que componen el pueblo que otorga a los Jueces esa parcela de la soberanía en que consiste el poder judicial (art. 1.2 C.E.). No se puede hacer una interpretación excesivamente rigorista de las normas -que tienen su fundamento y justificación en el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, como es el artículo 1252 del Código Civil que regula la presunción de cosa Juzgada- de tal forma que resulte incomprensible a los destinatarios de la justicia, por ser incompatible con los mas elementales principios de la lógica y del sentir común de la ciudadanía. Menos aún se puede actuar así en el orden social de la jurisdicción, cuando precisamente el designio histórico del proceso laboral ha sido desde principios del siglo XX el apartarse del excesivo rigor técnico empleado en los juicios civiles que, en muchas ocasiones, defraudaba la aspiración de trabajadores y empresarios de obtener soluciones acordes con la justicia material en una concepción sencilla rápida y eficaz.

Esto se produciría si se mantienen los dos pronunciamientos diversos de la Sala de lo Social de Cataluña sobre la responsabilidad de la empresa Heliarcos S.A. pues, en un caso, tendría la consideración de empresario (art. 1.2 E.T.) a efectos de abonar una indemnización por resolución de contrato con sus trabajadores a consecuencia de haber incumplido su obligación de abonar el salario (art. 50.1.b E.T.) y, en el otro proceso no estaría afectado por la responsabilidad solidaria en el pago del salario (art. 4.2.f E.T.) cuya falta de abono provocó la resolución indemnizada de los contratos. Es decir las cosas no pueden, al mismo tiempo, ser y no ser para los órganos judiciales por mucho que esta incoherencia esté seriamente fundamentada en una interpretación estricta de las normas con rigurosa técnica jurídica.

Frente a una muy antigua doctrina jurisprudencial que entendió que la excepción perentoria de cosa juzgada sólo podía ser apreciada por los Juzgados cuando era alegada por la parte, sin duda influida por el principio rogatorio que inspira el proceso civil, se alza desde hace tiempo el decidido criterio de que puede ser apreciada de oficio y así lo entienden múltiples sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, como la de 30 de mayo de 1925, que es citada en la de la misma Sala de 4 de mayo de 1989. Esta doctrina se viene manteniendo de forma reiterada y así la sentencia de la Sala 1ª de este Tribunal de 6 de noviembre de 1981 señala "...los Jueces y Tribunales no pueden desconocer totalmente la cosa juzgada material como algo inexistente, sino que deben resolver los problemas llevados al segundo litigio del mismo modo que lo fueron en el primero, respetando sus afirmaciones... (sentencias de 3 de febrero de 1961, 26 de septiembre y 21 de diciembre de 1962, 1 de julio de 1966 y 17 de diciembre de 1977) ..., pues consideraciones de seguridad jurídica y hasta de prestigio del organismo jurisdiccional imponen evitar decisiones contradictorias, respetando el apotegma "non bis in idem", siempre partiendo de la indispensable certeza de una resolución precedente sobre el mismo conflicto, aún recaído en proceso de distinta naturaleza".

Esta relajación del principio dispositivo es mas apropiada aún en el proceso laboral donde normalmente se plantean cuestiones repetitivas que derivan de una relación de tracto sucesivo y no sería coherente que por falta de alegación o prueba en un segundo pleito se pudieran hacer pronunciamientos distintos a lo ya determinado en una sentencia anterior. De esta manera, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo lo proclama en sus sentencias de 7 de marzo de 1990 y 16 de septiembre de 1992 y han aplicado de oficio la excepción de cosa juzgada, entre otras, las sentencias dictadas en recurso de casación para la unificación de doctrina de 11 de febrero de 1994, 30 de abril de 1994 y 29 de septiembre de 1994, sin que se entendiera necesario, en esta última, que se planteara previamente el juicio de contradicción respecto de la cuestión de la cosa juzgada. Sin duda la apreciación de oficio en un caso como estos debe producirse pues se trata, como afirman las dos sentencias primero citadas, de "una cuestión de orden público procesal, dado que la finalidad que persigue es la seguridad jurídica" y, en un caso como este, la interdicción de la arbitrariedad, que son valores garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

En relación con lo anterior la sentencia del Tribunal Constitucional 161/84 de 16 de octubre ha declarado que los órganos judiciales deben conocer sus propios pronunciamientos y esto es así aunque se trate de órganos colegiados divididos en secciones distintas y quedan vinculados por sus resoluciones anteriores.

No se puede descalificar la existencia de la excepción de cosa juzgada por el hecho de que los procesos puestos en comparación tratan de acciones diversas, uno sobre resolución de contrato y el otro sobre reclamación de cantidad. A pesar de ello, se produce la presunción legal regulada en el artículo 1252 del Código Civil pues hay identidad en las personas, en el objeto y en la causa de pedir, debiendo centrarse el núcleo de las identidades en las partes que conforman la relación jurídico- procesal, en concreto, sobre quien tiene o no el carácter de empresario a efectos del artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores y de la responsabilidad solidaria que conlleva el formar parte de un grupo de empresas que, a efectos laborales, significa constituir uno de los varios componentes de una empresa única.

En esta línea se pronuncia la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1966 cuando dice: "... aunque no concurran las condiciones requeridas para la procedencia de la "exceptio rei iudicata", no cabe duda que los hechos sentados en el primitivo proceso son vinculantes en el segundo, toda vez que si se pudieran discutir los ya firmes, equivaldría a poder revisarse subrepticiamente la ejecutoria". La sentencia de 19 de febrero de 1962 señala "... la diversidad de acciones no impide la estimación de cosa juzgada cuando la razón y causa de pedir es la misma en una y otra y por tanto no es el nombre ni la naturaleza declarativa o constitutiva de la acción, ni el hecho de que se añada un nuevo pedimento de condena lo que puede impedir la identidad de la causa petendi, sino que en este respecto lo decisivo es si los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada". Y por último, la sentencia de 18 de junio de 1992 aprecia la excepción citada para denegar la condición de arrendatario a quien en un nuevo pleito pretende ejercer el derecho de adquisición preferente de una finca, cuando en una sentencia anterior dictada en proceso distinto se le había negado la condición de arrendatario al intentar que se le admitiera tal calidad a efectos de reconocer el carácter del arrendamiento, la antigüedad del contrato y la facultad subrogatoria en el mismo. La diferencia de acciones y procesos no desvirtúa la aplicación de la excepción de cosa juzgada, respecto de la condición de la misma parte.

La Sala 4ª de este Tribunal en sentencia de 15 de abril de 1992 dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina hace la misma aplicación respecto de un empresario que cuando se jubiló en el RETA no se le aplicó la causa de extinción de contrato con sus trabajadores del artículo 49.7 del Estatuto de los Trabajadores y fue condenado por despido improcedente al estimar que él y sus familiares continuaban el negocio. Después renunció a la pensión de jubilado, readmitió a los trabajadores y al cabo de unos meses volvió a jubilarse, tratando de demostrar en un nuevo pleito que entre él y sus hijos mantenían empresas distintas y diferenciadas y esta Sala aplicó la excepción de cosa juzgada por entender que la situación de la empresa familiar había quedado intangible en la anterior sentencia. Es decir se producen las coincidencias entre las cosas y las personas de los litigantes (art. 1252 C. Civil) pero no se da esa identidad en la causa de pedir, y en la calidad con que lo fueron los litigantes, pues en el segundo pleito, después de la nueva jubilación del empresario, se presenta una nueva configuración sobre la autonomía de los demandados para demostrar la independencia de los negocios, lo que en el primer proceso parece que no se alegó y, a pesar de ello, se aplica la presunción legal de cosa juzgada.

Esto demuestra que la jurisprudencia no exige que el pleito nuevo sea una reproducción exacta de otro precedente para aplicar la presunción legal, pues no es necesario que la identidad se produzca respecto de todos los componentes de los dos proceso, sino que, aunque en alguno de ellos no concurra la mas perfecta igualdad, es bastante con que se produzca una declaración precedente que actúe como elemento condicionante y prejudicial de la resolución que ha de dictarse en el nuevo juicio (STS 29 de septiembre de 1994, ya citada). Esto no significa que lo resuelto en pleito anterior sea inmodificable indefinidamente pues, si cambian las circunstancias, no opera la presunción legal pero, en caso de no producirse esta alteración, se produce la eficacia material de la cosa juzgada que se ampara, como se dice, en el principio de seguridad jurídica que deriva de valor superior de la igualdad que propugna el artículo 1.1. de la Constitución Española.

En el presente caso se entiende que la empresa Heliarcos, S.A., tiene la condición de empresario a efectos laborales pues así lo declaró la primera sentencia de resolución de contrato y este pronunciamiento despliega eficacia de cosa juzgada material sobre la segunda sentencia y debe ser mantenida la entidad recurrente en tal posición a los efectos del pago de los salarios reclamados por los trabajadores, por lo que se debe estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina, casar y anular la sentencia recurrida y resolviendo el debate planteado, desestimar el recurso de suplicación formulado por la empresa Heliarcos, S.A. en su día, confirmando la sentencia de instancia en lo que respecta al pronunciamiento condenatorio en su contra y mantenemos el resto de los pronunciamientos de la sentencia de suplicación recurrida, con expresa imposición de costas según dispone el artículo 232.1 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

La discrepancia fundamental con la decisión mayoritaria de la Sala se centra en la apreciación de oficio del efecto positivo de la cosa juzgada. Pero antes de exponer las razones que fundamentan este parecer discrepante es necesario precisar que no estamos ante un problema de igualdad en la aplicación de la ley, porque, aunque la Sala de lo Social de Cataluña en la sentencia recurrida de 20 de junio de 1994 debía haber razonado de forma mas explícita su apartamiento del criterio mantenido por la anterior sentencia de la misma Sala de 15 de febrero de 1994, desde el momento en que conoce del recurso el órgano superior que tiene atribuida la función unificadora, la decisión que se adopte por éste restablecería la igualdad aplicando la primera solución si es ésta la correcta o autorizando como razonable el cambio de criterio.

El problema de las relaciones entre las sentencias que se comparan en el presente recurso debe, por tanto, plantearse estrictamente el ámbito del efecto positivo de la cosa juzgada para determinar si la solución adoptada en el primer litigio por la mencionada sentencia de 15 de febrero de 1994, que alcanzó firmeza, vincula o no la posterior decisión que haya de adoptarse en este proceso. En la primera sentencia se resolvió sobre unas demandas de resolución de contrato y se apreció la responsabilidad de la empresa Heliarcos, S.A. dentro del grupo de empresas. En las actuaciones que han dado lugar al presente recurso se reclaman cantidades por salarios no percibidos y se pide también que sea declarada responsable la mencionada empresa por su posición en el grupo.

Hay, desde luego, un elemento de conexión entre los dos procesos, pero esa conexión no es suficiente para que opere en este caso la cosa juzgada en su vertiente positiva. Es cierto que, a diferencia de lo que ocurre con el efecto negativo, el efecto positivo de la cosa juzgada no exige una completa identidad, que de darse actuaría excluyendo el segundo proceso, sino que para el efecto positivo es suficiente, como ha destacado la doctrina científica, que lo decidido -lo juzgado- en el primer proceso entre las mismas partes actúe en el segundo proceso como elemento condicionante o prejudicial, de forma que la primera sentencia no excluye el segundo pronunciamiento, pero lo condiciona, vinculándolo a lo ya fallado. Para ello es importante determinar qué es lo que realmente se ha decidido en el primer proceso, porque sólo lo que se ha incorporado a la parte dispositiva de la sentencia es susceptible de producir esa vinculación que no es predicable de las declaraciones de hecho, ni de las consideraciones jurídicas, aunque éstas tengan una indudable relevancia para precisar el propio alcance de lo decidido en el fallo, y que tampoco alcanza a las llamadas declaraciones y construcciones instrumentales o complementarias de la parte dispositiva. Lo contrario no sólo se opondría a los límites de la cosa juzgada, sino que introduciría también un elemento muy alto de rigidez especialmente grave en un proceso como el laboral, en el que priman la celeridad y eficacia frente al agotamiento de las cuestiones debatidas en él. Así lo advierte la reciente sentencia de 3 de febrero de 1995, que excluye el efecto de cosa juzgada en relación con las resoluciones judiciales que habían desestimado las reclamaciones de un trabajador por la compensación del mismo plus en períodos anteriores.

Delimitado así el problema, hay que concluir que el fallo de la sentencia de 15 de febrero de 1994 no ha producido el efecto positivo de cosa juzgada en este proceso. En efecto, no estamos ante un pronunciamiento declarativo que reconozca con carácter general y para el futuro una responsabilidad solidaria para la empresa Haliarcos, S.A., sino ante un fallo que de forma concreta establece esa responsabilidad para una condena derivada de unas resoluciones de contrato. Este carácter de pronunciamiento de condena delimita el alcance de la apreciación de la responsabilidad que habrá de ser respetada en este punto, pero que no puede convertirse en un elemento permanente de vinculación en relación con cualquier clase de obligaciones laborales o de seguridad social que puedan plantearse en el futuro y ello porque esta responsabilidad general no se ha discutido en el primer pleito, ni hubiera podido debatirse en él por la expresa prohibición que contiene el artículo 27.2 de la Ley de Procedimiento Laboral. La acción de condena limita así el ámbito de la cosa juzgada a la prestación reconocida en ella respecto a los demandados que fueron condenados en ese proceso, pero no impone con efecto vinculante prejudicial que esos demandados deban soportar como responsables futuras condenas a prestaciones distintas sin poder utilizar los medios de defensa que estimen oportunos y sin que los órganos judiciales puedan atender a estas defensas fuera del marco en que la primera decisión fue adoptada.

Excluida la aplicación de la cosa juzgada hay que entrar en el examen del recurso, la parte recurrida alega en el escrito de impugnación que no hay contradicción entre la sentencia impugnada y la de contraste porque la valoración de los hechos que contiene la sentencia de contraste en su fundamento jurídico sexto difiere con la que realiza la sentencia recurrida en el fundamento jurídico segundo. El Ministerio Fiscal niega también la existencia de contradicción, porque los datos que recogen los hechos probados 26 y 27 de la sentencia de contraste no constan en la sentencia recurrida. Estas objeciones al recurso no pueden acogerse. La distinta calificación de los hechos a efectos de la determinación del alcance de la responsabilidad de las sociedades que integran el grupo no alteran la identidad sustancial de las controversias. En cuanto a la observación del Ministerio Fiscal, hay que señalar que es cierto que los hechos probados 26 y 27 de la sentencia de contraste no aparecen en la recurrida, pero el dato del hecho probado 26 -actuación bajo una denominación comercial común- también aparece en lo esencial en el hecho probado 21 de la sentencia recurrida y el del hecho probado 27 -oficinas comunes- no es una circunstancia suficientemente relevante para romper la identidad de un litigio, en el que coinciden las mismas partes y se debate el mismo problema relativo a la extensión de la responsabilidad para las empresas integrantes del grupo, aparte de que en las presentes actuaciones también se ha designado el mismo domicilio para las empresas demandadas.

Establecida la contradicción, debe decidir ahora la Sala sobre la denuncia de la infracción del artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores en relación a la doctrina jurisprudencial sobre los grupos de empresa. Para dar respuesta al motivo hay que comenzar examinando esa doctrina jurisprudencial y en este sentido debe precisarse que la noción de grupo de empresa, que ha sido ya objeto de atención por la legislación laboral más reciente (disposición adicional 4ª de la Ley 22/1.992 y artículo 51.14 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 42 del Código de Comercio) fue establecida por la doctrina científica y por la jurisprudencia para referirse a los fenómenos de unidad de dirección económica de entidades empresariales constituidas formalmente como personas jurídicamente independientes. Pero la existencia de un grupo de empresa definido por la dirección unitaria de varias entidades empresariales dotadas de personalidad independiente no basta para generalizar la posición empresarial a todas las sociedades que integran el grupo o para extender a todas ellas la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones laborales, porque, como ha señalado la doctrina de la Sala, "desde el punto de vista jurídico formal los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son" (sentencia de 30 de junio de 1.993). Por ello se afirma que "no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesario, además, la presencia de elementos adicionales" (sentencias de 30 de enero, 9 de mayo de 1.990 y 30 de junio de 1.993) y la sentencia de 3 de mayo de 1.990, sintetizando la doctrina de la Sala, señala entre esos elementos adicionales 1) el funcionamiento integrado o unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo -sentencias de 6 de mayo de 1.981 y de 8 de octubre de 1.987-; 2) la prestación de trabajo indistinta o común, simultánea o sucesiva, en favor de varios empresarios -sentencias de 5 de enero de 1.968, de 4 de marzo de 1.985 y de 7 de diciembre de 1.987-; y 3) la búsqueda, mediante la configuración artificiosa de empresas aparentes sin sustrato real, de una dispersión o elusión de responsabilidades laborales - sentencias de 11 de diciembre de 1.985, de 3 de marzo de 1.987, de 8 de junio de 1.988, de 12 de julio de 1.988 y de 1 de julio de 1.989-", incluyendo algunas sentencias entre esos elementos la existencia de una auténtica confusión patrimonial entre las empresas del grupo (sentencias de 30 de enero y 9 de mayo de 1.990). La sentencia de 3 de mayo de 1.990 señala también que la carga de la prueba de la existencia de los supuestos determinantes de la responsabilidad corresponde "a quien pretende hacer valer los efectos jurídico-laborales atribuidos a los mismos" y añade que aunque "esta carga no ha de llegar necesariamente a la demostración de todas las interioridades negociables o mercantiles del grupo... sí ha de alcanzar a las citadas características especiales que tienen relevancia para las relaciones de trabajo".

La aplicación de esta doctrina en el presente caso lleva a rechazar la tesis de los actores y de la sentencia de contraste sobre la ampliación de la responsabilidad a Heliarcos, S.A. Existe desde luego entre las sociedades demandadas Heliarcos, S.A., Air Lloyd España, Servicio de Helicópteros, S.L., Grupo Mercader, S.A., una vinculación económica propia de un grupo de empresas a través de la posición dominante que ejerce otra sociedad condenada en la instancia a la que no se refiere este recurso.

Pero, como ya se ha indicado, de acuerdo con la doctrina de la Sala la existencia de un grupo de empresas no es suficiente para apreciar un supuesto de extensión de la posición empresarial o de la responsabilidad, que sólo surge cuando concurre alguno de los elementos específicos de cualificación. En el caso que se examina no consta que haya existido ningún funcionamiento integrado de la organización de trabajo de Servicio de Helicópteros, S.L. y Heliarcos, S.A., pues para ello no basta la coincidencia del objeto social, ni la identidad de domicilio cuando se trata además de actividades de transporte aéreo. Tampoco consta la prestación de servicios por los actores, de forma sucesiva o simultánea, para ambas empresas, configurando una situación de plantilla común o indistinta. Para la sentencia de contraste el dato de la utilización de unas oficinas comunes es relevante porque indica confusión patrimonial y utilización conjunta de recursos humanos. Es ciertamente un dato significativo, pero por sí mismo no determina confusión patrimonial, pues, aparte del carácter parcial de la gestión administrativa en el marco de la actividad de las empresas, la utilización de servicios comunes entre empresas del mismo grupo puede basarse en distintas formas de colaboración económica, sin que ello implique una confusión de los patrimonios de las sociedades ni la generalización de un sistema de caja única. Lo mismo sucede con el personal, ya que: 1) la utilización de oficinas comunes no lleva necesariamente a una utilización también conjunta del personal, 2) el personal de oficina no constituye la plantilla total ni principal de las empresas dedicadas a la actividad de las demandadas y 3) no se ha acreditado siquiera que los actores que trabajaban en la gestión comercial o administrativa lo hicieran indistintamente para las dos empresas. Por otra parte, la existencia de una confusión patrimonial no puede derivarse de que ambas empresas utilicen la denominación comercial de Air Lloyd, de que Heliarcos, S.A. haya arrendado a Servicios de Helicópteros, S.L. un helicóptero de su propiedad (hecho probado 18), permitiendo luego su subarriendo o de que la primera empresa haya asumido el mantenimiento técnico de los helicópteros de la segunda (hecho probado 19) y en cuanto las autorizaciones administrativas y licencias, a que alude la sentencia de contraste en su fundamento jurídico sexto, aparte de que es un dato que no consta en la relación fáctica de ninguna de las dos sentencias, no resulta relevante a estos efectos, con independencia de la importancia que pueda tener en otros aspectos. Por último, de los hechos probados no puede deducirse que las relaciones entre Servicio de Helicóptero, S.L. y Heliarcos, S.A. hayan tenido por objeto la elusión de las responsabilidades laborales contraídas con los actores. Hay que concluir, por tanto, que el criterio aplicado por la sentencia recurrida es el correcto, porque no concurre ninguno de los elementos que, de acuerdo con la doctrina de la Sala, permiten extender la responsabilidad empresarial a la empresa Heliarcos, S.A.

Por todo ello, considero que procede la desestimación del recurso sin imposición de las costas.

Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Juan Antonio Linares Lorente hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.