STS 1081/1993, 18 de Noviembre de 1993

Ponente:D. GUMERSINDO BURGOS PEREZ DE ANDRADE
Número de Recurso:3328/1991
Procedimiento:RECURSO DE CASACIÓN
Número de Resolución:1081/1993
Fecha de Resolución:18 de Noviembre de 1993
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA. La aplicación de la facultad resolutoria del artículo 1504, en el especial supuesto de la venta de inmuebles, así como la genérica del artículo 1124, requiere no un simple retraso en el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el tildado de incumplidor, que no será bastante a tal efecto, sino que es preciso se patentice de forma indubitada, la existencia de una voluntad manifiestamente rebelde y obstativa del cumplimiento, que le sea imputable al deudor, requisitos que al constituir notas comunes para ambos preceptos sustantivos, en los supuestos que respectivamente contemplan, habrán de ser acreditados por quienes adujeran tal incumplimiento a satisfacción del Tribunal de instancia. En primera instancia se estimó la demanda. En segunda instancia se desestimó el recurso. Planteado recurso de casación fue desestimado.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Noviembre de mil novecientos noventa y tres.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, como consecuencia de Juicio Declarativo de Menor Cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm.2 de los de Manacor, sobre elevación a escritura pública de documento privado, cuyo recurso fue interpuesto por D. Juan Enrique Y DÑA. Flora , representados por el Procurador D.Argimiro Vázquez Gillén, y defendidos por el Letrado D.Oscar Franco Sanz, en el que es recurrido D. Jorge , representado por el Procurador D.Javier Domínguez López, y asistido del Letrado

D.Jesús Aragoncillo Ballesteros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador D.Bartolomé Quetglas Mesquida, en nombre y representación de D. Jorge , formuló demanda de menor cuantía contra los hermanos Dña. Flora y D. Juan Enrique , en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho de aplicación al caso, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando la demanda, condene a los demandados a estar y pasar por las siguientes declaraciones: A) Que, el contrato de compraventa plasmado por voluntad de los otorgantes en documento privado de fecha 29 de enero de 1.988, acompañado con el escrito de demanda, es perfecto, valido y se encuentra vigente. B) Que, la consignación de la cantidad de trece millones de pesetas indicada en el hecho séptimo de la demanda, responde al pago del resto del pago de la compraventa, está bien hecha y es eficaz, por lo que está cancelada la obligación que incumbía al actor de pagar a los demandados, la citada suma de trece millones de pesetas, correspondientes al resto del precio de la venta. c) Que, los demandados están obligados a otorgar la correspondiente escritura pública de compraventa a favor del actor D. Jorge , o a favor de la persona o personas que designe, con sujeción a lo pactado en el documento privado de compraventa, dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que sea firme la sentencia, todo ello con imposición de las costas a la parte demandada.. Mediante otrosí solicitaba la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad.

  1. - Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció el Procurador Sr.Ferrer Capó, en nombre y representación de Dña. Flora y otro, quien a su vez había formulado demanda de menor cuantía contra D. Jorge , sobre resolución de contrato de compraventa, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se declarara la resolución del contrato de compraventa de 29 de enero de 1.988, suscrito entre los hermanos Flora Juan Enrique y Jorge , por incumplimiento del demandado, con pérdida de daños y perjuicios de los plazos abonados a cuenta del precio, y de las mejoras realizadas, con la obligación de desalojar y dejar libre y expedita la finca objeto de la compraventa y reponer en la posesión de la misma a los actores, y condenando al demandado a estar y pasar por estas declaraciones y al pago de las costas. Por el referido Procurador se solicitó la acumulación de los autos de juicio de menor cuantía número 209/89, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Manacor a los presentes, (276/89) accediendo a la acumulación solicitada.3.- El procurador Sr.Quetglas Mesquida, en nombre y representación de D. Jorge , contestó y negó la demanda interpuesta por los hermanos Sres. Flora Juan Enrique , en la que solicitaba la desestimación de la demanda con imposición de costas a la demandada.

  2. - Tramitado el procedimiento, el Juez de Primera Instancia núm. Dos de Manacor, dictó sentencia el 3 de septiembre de 1.990, cuyo fallo, era del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr.Quetglas Mesquida en nombre y representación de D. Jorge , debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D.Andrés Ferrer Capó, Procurador de los Tribunales y de Dña. Flora y D. Juan Enrique , y en su consecuencia debo condenar y condeno a Flora y Juan Enrique a otorgar la correspondiente escritura pública de compraventa a favor de Jorge o de la persona o personas que a tal efecto designe, con sujeción a lo pactado en el documento privado de compraventa, realizando entre las partes el día 29 de enero de 1.988, con expresa imposición de costas.

SEGUNDO

Apelada la anterior sentencia por la representación de Dña. Flora y D. Juan Enrique , y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, dictó sentencia el 27 de septiembre de 1.991., que contenía la siguiente Parte Dispositiva: " 1) Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dña. Flora y de D. Juan Enrique , contra la sentencia de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa, dictada por la Sra.Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Manacor, en los autos de juicio de menor cuantía de que dimana el presente rollo, la cual se confirma íntegramente. 2) Se imponen las costas de esta alzada ala parte apelante.

TERCERO

1.- Notificada la resolución anterior a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de Dña. Flora y D. Juan Enrique , basándose en el siguiente único motivo: Al amparo del número 5 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por violación del artículo 1.054 del Código Civil y Jurisprudencia que lo interpreta y en relación al artículo 1.124 del mismo cuerpo legal.

  1. - Convocadas las partes, se celebró la vista preceptiva el día 2 de los corrientes, con asistencia e intervención, de los Letrados reseñados en el encabezamiento de la presente resolución, quienes informaron, por su orden, en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. GUMERSINDO BURGOS PÉREZ DE ANDRADE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Al no figurar en la sentencia de primera instancia, ni en la de apelación, la preceptiva relación de hechos en que se fundan las pretensiones de las partes, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos 372 de la L.E.C. y 248 de la L.O.P.J., se hace preciso ahora suplir esa omisión, en aras de un mas correcto entendimiento de la litis.

En fecha 29 de enero de 1.988 los demandados vendieron al actor un chalet en el término municipal de Felanits, barrio marítimo de Porto-Colón (Mallorca), fijándose como precio de la compraventa el de

18.000.000 de pts, que deberán hacerse efectivos de la siguiente forma: 250.000 pts a la firma del documento privado; 4.750.000 pts a finales del mes de febrero de 1.988; y el resto de 13.000.000 pts antes del día 30 de noviembre de 1.988.

El comprador demandante satisfizo en sus respectivas fechas los dos primeros plazos del precio convenido, y respecto al último, que vencía el indicado 30 de noviembre, no fué hecho efectivo, efectuándose por los vendedores el requerimiento de resolución que figura en el contrato, mediante acto de conciliación celebrado el día 30 de diciembre de 1.988.

En la comparecencia de tal acto, el actor manifestó que, debido al cambio de domicilio de los vendedores, no los había podido localizar hasta mediados de aquel mes de Diciembre, habiéndose negado entonces a recibir el resto del precio pendiente; ofrecimiento de pago que hacia también en aquel momento, y cuyo rechazo dio lugar al expediente de consignación de fecha 25 de enero de 1.989.

El comprador interpone demanda postulando el otorgamiento de la escritura pública de la compraventa; y los vendedores a su vez inician otro procedimiento pidiendo la resolución del contrato. Ambos procedimientos se acumulan, y el Juzgado dicta sentencia no dando lugar a la resolución, y condenando a los vendedores a otorgar la correspondiente escritura de venta; re solución que es confirmada íntegramente en apelación.

Tanto el Juzgado como la Audiencia fundamentan sus resoluciones en la valoración fáctica, (quedeclaran probada) de no haber mediado por parte del comprador la exigida voluntad rebelde al cumplimiento que exige la doctrina jurisprudencial. En el único motivo que sustenta el presente recurso, no se combate tal declaración fáctica, limitándose el recurrente a citar la doctrina jurisprudencial referida a la naturaleza jurídica del artículo 1.504 del Código Civil, en cuanto tal requerimiento constituye una causa optativa del pago, que no puede ser alterada por el Juez, concediendo un nuevo plazo.

Esta Sala no desconoce la doctrina que se cita en el recurso, pero la pone en relación con aquella otra que aclara: " que la aplicación de la facultad resolutoria del artículo 1.504, en el especial supuesto de la venta de inmuebles, así como la genérica del artículo 1.124, requiere no un simple retraso en el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el tildado de incumplidor, que no será bastante a tal efecto, sino que es preciso se patentice de forma indubitada, la existencia de una voluntad manifiestamente rebelde y obstativa del cumplimiento, que le sea imputable al deudor; requisitos que al constituir notas comunes para ambos preceptos sustantivos, en los supuestos que respectivamente contemplan, habrán de ser acreditados por quienes adujeran tal incumplimiento a satisfacción del Tribunal de instancia". (Sentencia 7-2- 1.983). Esta doctrina está ratificada especialmente en la sentencia de 29-4-1.983, sirviéndole de antecedente las sentencias de 5-11-1.979; 15 y 30-4-1.981, y constituyendo el definitivo desarrollo de esta jurisprudencia las sentencias de 21-10- 1.989; 21-7-1.990; 11-3-1.991 y 3 y 18-12-1.991 en las que se matiza y aclaran los conceptos, puntualizando que no es preciso que el contratante incumplidor actúe con el animo deliberado de causar tal incumplimiento, bastando que pueda atribuirselele una conducta voluntaria (no sanada por una justa causa que la origine) obstativa al cumplimiento del contrato en los términos que se pactó, es decir, se frustre el fin económico del contrato y las legítimas aspiraciones del vendedor.

Interpretación que de ninguna forma permite suponer que el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 1.504 del Código Civil "actúe respecto al artículo 1.124 como un plus sobreañadido", según pretende el recurrente, ya que, es unánime la doctrina en el sentido de la equiparación absoluta de ambos preceptos, a los efectos de valorar la conducta del incumplidor.

En el caso de autos, la sentencia recurrida califica y valora la conducta del comprador, llegando a la conclusión, inamovible en este recurso por falta de impugnación, de no haber mediado voluntad rebelde por su parte; afirmación que, además de no poder ser discutida, concuerda con la realidad de no haberse frustrado el fin económico del contrato, pues el hecho de haber podido cobrar el último plazo de la compraventa medio mes después del dia pactado, y habida cuenta del cambio de domicilio de los vendedores, supone un proceder no comprendido en esa conducta optativa que impide las legitimas aspiraciones de los vendedores.

Por las razones expuestas, procede el decaimiento del único motivo alegado, y con ello la desestimación del recurso en su integridad, con la preceptiva condena en costas del recurrente y la pérdida del depósito constituído.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por D. Juan Enrique Y DOÑA Flora , representados por el Procurador D.Argimiro Vázquez Guillén, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el 27 de septiembre de 1.991., en las actuaciones de que se trata. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso y a la pérdida del depósito constituído. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de los autos y rollo que en su dia remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Gumersindo Burgos Pérez de Andrade, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.