STS, 19 de Noviembre de 1991

Ponente:JAIME ROUANET MOSCARDO
Número de Recurso:298/1989
Procedimiento:Recurso de apelación
Fecha de Resolución:19 de Noviembre de 1991
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

RECURSO DE APELACIÓN. IMPUESTOS. EXCENCIÓN. La excención del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos se extiende a los solares resultantes de las obras de saneamiento mejora interior de grandes poblaciones. Se desestima el recurso.

 
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CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Visto el presente recurso de apelación interpuesto por Dª. Gloria, representada por el Procurador D. José Fernández Rubio Martínez y asistida de Letrado, y por el Abogado del Estado (después desistido), contra la sentencia número 1182 dictada, con fecha 1 de octubre de 1988, por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, estimatoria del recurso de dicho orden jurisdiccional promovido

el Excmo. Ayuntamiento de Madrid contra la resolución, de fecha 30 de marzo

de 1983, del Tribunal Económico Administrativo Provincial (TEAP) de Madrid,

por la que, en la reclamación número 11.440-79 formulada frente a la

liquidación del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los

Terrenos girada con motivo de la transmisión de la parcela número 23 de

Avenida de los Madroños, Entrearroyos, Canillas, Parque del Conde Orgaz,

declaró la exención de dicho tributo; recurso de apelación en el que ha

comparecido como parte apelada la Corporación Municipal de Madrid, representada por el Procurador D. Eduardo Morales Price y defendida por Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En la indicada fecha de 1 de octubre de 1988, la Sala

Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid dictó la sentencia número 1182 con la siguiente parte dispositiva:

"FALLAMOS: Estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto

la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE MADRID, contra la resolución

del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Madrid (expediente

198.901-78), acto que declaramos contrario a derecho y anulamos, declarando

en su lugar la validez de la liquidación por el Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos a que dicho acto se contrae; sin

condena en costas".

SEGUNDO

La citada sentencia se basa en los siguientes

Fundamentos de Derecho

"I.- La cuestión planteada en el presente recurso

consiste en la impugnación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de la

resolución del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Madrid,

la que se estimó la reclamación nº 11.440-79, de este carácter, deducida

por Dª. Gloria, contra liquidación sobre el Incremento de Valor de los Terrenos en razón a la transmisión de una determinada

parcela. La razón del acto impugnado estriba en considerar aplicables a

transmisión de referencia los beneficios previstos en la Ley de 18 de marzo de 1895, por tratarse de obras acogidas a la Ley de 3 de diciembre de 1953,

procediendo en consecuencia la exención prevista en el apartado f), del

art. 520 de la Ley de Régimen Local. II.- Tal y como señala el demandante,

la cuestión debatida ha sido objeto de reiterado pronunciamiento favorable

a las tesis que preconiza por parte de esta Sala, tesis ratificadas por

doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, 20 de noviembre de 1982, 23 de noviembre del mismo año y 16 de julio de 1986). En suma, la doctrina citada establece que el art. 1º de la Ley de de diciembre de 1953, en relación con el art. 13 de la Ley de 18 de marzo de 1895 sobre saneamiento y reforma interior de grandes poblaciones, sólo

dispone beneficios fiscales para los edificios y no para los solares, esto es, la exención se contrae a construcciones o sobre lo construido pues

afirma la sentencia de 14 de marzo de 1979, su finalidad fue fomentar la

construcción y como el arbitrio de plusvalía grava únicamente los terrenos

(art. 510 y 516 de la Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955) es

indudable que no puede alterarse la sujeción a dicho arbitrio por unas

normas que no contemplan los terrenos y sí los edificios sobre ellos

construidos, razonamiento que determina suficientemente ya de por sí la

improcedencia de aplicar a la transmisión de autos la exención apreciada.

  1. Por otra parte, resulta inaplicable al presente supuesto el art. 520.1.f) de la Ley de Régimen Local, pues según las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1971 y 26 de junio de 1983, ese precepto sólo

refiere a solares procedentes del saneamiento y mejora de grandes

poblaciones a las que de ningún modo pueden equipararse las obras de

urbanización en el interior de poblaciones, que es lo alegado en el caso

autos, sin tener en cuenta que tales obras se habrían realizado bajo el régimen de la Ley del Suelo vigente en aquellos momentos que no incorpora

dicha exención y que su naturaleza es de interpretación restrictiva ajena

la posibilidad de la extensión analógica (sentencias del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1978), circunstancias todas que conducen a la estimación

del presente recurso sin que proceda la imposición de las costas causadas

en el mismo".

TERCERO

Contra dicha sentencia el Abogado del Estado (después

desistido) y la representación procesal de Dª. Gloria

interpusieron el presente recurso de apelación que, admitido en ambos

efectos, ha sido tramitado por esta Sala conforme a las prescripciones

legales; habiéndose señalado para votación y fallo la audiencia del día

de noviembre de 1991, fecha en la que tuvo lugar tal actuación procesal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La cuestión de fondo planteada en esta apelación y en

vía jurisdiccional de instancia se contrae a dilucidar si, frente al

criterio sostenido en la sentencia impugnada y patrocinado por el Excmo.

Ayuntamiento de Madrid, procede que se declare, como propugnan la parte

apelante y la resolución del TEAP de Madrid de 30 de marzo de 1983, que

transmisión de fecha 1 de marzo de 1978 de la parcela número 72 de la

Avenida de los Madroños, Entrearroyos, Canillas, del Parque del Conde Orgaz

está exenta del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los

Terrenos, por aplicación de los beneficios concedidos en la Ley Castellana de 3 de diciembre de 1953 y por los artículos 520.1.f) de la Ley de Régimen Local de 1955 y 8.1.f) de las Ordenanzas Fiscales de la Corporación

referentes a dicho Impuesto en relación con la Ley de 18 de marzo de 1895

de Saneamiento o Mejora interior de grandes poblaciones y otras

disposiciones semejantes.

SEGUNDO

En relación con la Ley Castellana de 3 de diciembre 1953, esta Sala, en sentencias, entre otras, de 10.11.1966, 5.3, 2.7 y

18.11.1971, 26.6.1973, 23.1 y 26.9.1978, 14.3.1979, 20 y 22.11.1980,

29.5.1981, 23.11.1982, 16.7.1986, 18.4.1988 y 23.1.1989, tiene ya

declarado, con reiteración, que la invocación que de esa Ley se hace para

fundamentar en la misma la exención del Impuesto Municipal sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos no puede servir para alterar la

conclusión, evidentemente adecuada a derecho, a que ha llegado la sentencia

apelada, de denegar dicha exención, habida cuenta que:

  1. Esa Ley de 3 diciembre de 1953, dictada con objeto de propulsar y fomentar eficazmente

    la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado

    la Ley de 1 de marzo de 1946, y que autorizaba al Gobierno para extender

    sus preceptos a otras ciudades que tuvieran problemas urbanísticos

    análogos, establecía una serie de beneficios en favor, exclusivamente,

    los edificios o construcciones de nueva planta, y no de los solares o

    terrenos en que aquéllos se asienten, por lo que la interpretación sostenida por el TEAP y por los apelantes, conducente a la aplicación de

    tales beneficios al ámbito del Impuesto Municipal sobre el Incremento del

    Valor de los Terrenos (Impuesto que, dada su teleología, grava precisamente

    eso, el aumento experimentado por los terrenos o solares en un momento

    determinado), resulta forzada, extensiva y analógica, en contra de lo

    previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley General Tributaria de 1963;

  2. Los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de 18 de marzo de 1895, de

    Saneamiento y Reforma interior de grandes poblaciones, a los que se remite

    el 1 de la Ley de 3 de diciembre de 1953, sólo se refieren (como luego

    matizará más) a los beneficios fiscales concedidos a las nuevas

    construcciones en relación con los conceptos de la contribución de

    inmuebles y derechos municipales que graven los materiales de construcción

    o la apertura y primer destino de los nuevos edificios (artículo 13),

    derechos reales (artículo 14) y papel sellado o actos jurídicos

    documentados (artículo 15), sin hacer ninguna alusión al Arbitrio de Plus Valía (por el razonable argumento de que tal tributo fue creado

    posteriormente, mediante Real Decreto de 13 de marzo de 1919), y, por ello,

    como la Ley de 3 de diciembre de 1953 tampoco contiene un llamamiento

    expreso al mencionado Arbitrio, es evidente que una postura favorable a

    exención del mismo conculcaría el ya comentado artículo 24 de la Ley General Tributaria de 1963.

TERCERO

Por lo que hace referencia al problema de la potencial

exención del arbitrio de autos, por aplicación del apartado f) del número

1, del artículo 520 de la Ley de Régimen Local de 24.6.1955, en conexión

con otros preceptos del mismo texto, de las leyes de 26.7.1892 (de

Ensanche) y 18.3.1895 (de mejora, saneamiento y reforma interior de grandes

poblaciones), de otras Disposiciones posteriores y del art. 8.1.f) de las Ordenanzas Fiscales Municipales, la Sala entiende que no concurren los

requisitos necesarios para su concesión, habida cuenta que, partiendo del

doble hecho de que el hito inicial temporal del período impositivo de dicha exacción es el año 1956 y de que las obras de infraestructura urbanística

de saneamiento y mejora interior del Polígono "Parque del Conde Orgaz"

llevaron a cabo desde el año indicado hasta, por lo menos, el mismo año

1980 (según prueba obrante en el expediente), bajo el sucesivo régimen

los planes de ordenación urbana aprobados al amparo de la Ley del Suelo 1956 y posteriores, con los beneficios fiscales previstos en los mismos,

deben sacarse, en el presente caso, las siguientes conclusiones:

  1. No

    de aplicación los preceptos comprendidos en el Decreto de 5.5.1954 y en

    artículo 142 de la Ley de Régimen Local de 1955.- En efecto, si se analiza

    dicho Decreto en su totalidad, incluída su exposición de motivos, se

    observa que se conceden al Ayuntamiento de Madrid (y no a los administrados

    como la recurrente) los beneficios fiscales de las Zonas de Ensanche que,

    para los términos municipales anexionados por aquél (así, el de Canillas,

    por Decreto de 17.8.1949) en cumplimiento de los artículos 1 y 4 de la

    1.3.1946, de Ordenación Urbana de Madrid, están reconocidos en el artículo 142 de la Ley de Régimen Local y regulados en las Leyes de 26.7.1892 (de

    ensanche) y 18.3.1895 (de mejora, saneamiento y reforma interior de grandes

    poblaciones); ello implica que el sujeto destinatario de esos beneficios

    fiscales, y también de los recursos necesarios para atender a las

    obligaciones del presupuesto de ensanche de los territorios anexionados,

    el Ayuntamiento, en sí, y no los particulares que asumen las obras de

    saneamiento o mejora, no sólo por lo que se induce del citado Decreto,

    también porque el artículo 142 se está refiriendo, según su propio contexto

    y a tenor de los epígrafes del Capítulo y de la Sección en los que está

    contenido ("Obras municipales") y del sentido de los artículos precedentes,

    a los beneficios fiscales otorgados por las Leyes de 26.7.1892 y 18.3.1895

    a "las Corporaciones municipales", que, al formular los proyectos de

    reforma interior, ensanche o extensión, se acojan a los mismos, y porque,

    en las dos citadas Leyes, los artículos relativos a los beneficios o

    recursos otorgados a los Ayuntamientos (que son los únicos a que hacen referencia, como se viene comentando, el Decreto de 1954 y el artículo de la LRL) sólo hablan de contribuciones territoriales urbanas y de

    recargos ordinarios y extraordinarios y de otros conceptos semejantes

    (artículos 13 y 14 de la Ley de 1892 y 44, 50 y 51 de su Reglamento de

    31.5.1893 y 3 de la Ley de 1895 y 125 de su Reglamento de 15.12.1896),

    nunca de Arbitrio o Impuesto Municipal de Plus Valía, que se introdujo,

    nuestro ordenamiento jurídico, como ya se ha dicho, en el año 1919; a mayor

    abundamiento, si se trata de aislar el contexto del artículo 1 del Decreto

    de 1954 y deducir que la frase "Se aplicarán a los territorios anexionados

    los beneficios fiscales de las zonas de ensanche reconocidos en el artículo 142 de la Ley de Régimen Local y regulados en las Leyes de 1892 y 1895"

    está refiriendo, también, a beneficios concedidos en dichas dos Leyes a

    administrados que realicen las obras de infraestructura urbanística, esos

    beneficios sólo abarcan las exenciones o bonificaciones en la contribución

    territorial urbana, recargos ordinarios y extraordinarios, derechos por licencia de obras, arbitrios que gravan los materiales de construcción

    apertura y primer destino de los edificios, impuesto de derechos reales

    traslación de bienes que afecten a las adquisiciones de fincas sujetas

    expropiación forzosa y las primeras enajenaciones de los solares que

    resulten, y otros tributos de igual tenor (artículos 28 de la Ley de 1892 41 de su Reglamento de 1893 y 13, 14 y 15 de la Ley de 1895 y 14 a 21 de Reglamento de 1896), y no comprenden, en modo alguno, el arbitrio de Plus

    Valía. B) Tampoco es aplicable la Real Orden de 4.11.1929.- Esta

    disposición, declarando exentas del Arbitrio de Plus Valía las primeras

    transmisiones de los solares resultantes de las obras ejecutadas conforme

    la Ley de 1895, se basa en lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de ésta última y en la Disposición Transitoria 17 del Estatuto Municipal de 8.3.1924, y, como aquellos dos artículos de la Ley de 1895 se refieren,

    según lo ya visto, a tributos que nada tienen que ver con el cuestionado

    estos autos, pues el llamado Impuesto de Derechos Reales y traslación de bienes tiene distinta naturaleza que el Impuesto sobre el Incremento del

    Valor de los Terrenos, y la Disposición Transitoria 17 del Estatuto hace

    referencia al Arbitrio autorizado en el artículo 386 del mismo Texto, es

    decir, a la contribución territorial urbana, transformable en arbitrio

    sobre el valor de los solares, que se devenga por trimestres naturales,

    obvio que tal Orden de 1929 no puede gozar de predicamento y ser objeto

    aplicación, porque, además de que ello implicaría un atentado contra la

    jerarquía normativa, en cuanto las normas legales que se dice la habilitan

    no regulan tal Arbitrio concreto, supondría, además, dar carta de

    naturaleza, para el establecimiento de un tributo, a una simple disposición

    reglamentaria, en contra del tradicional principio de legalidad (reflejado,

    años más tarde, en el artículo 10, entre otros, de la Ley General Tributaria de 1963). Y, C) La simple aplicación del artículo 520.1.f del Texto Articulado y Refundido de la Ley de Régimen Local de 1955 (reiterado

    en el artículo 8.1.f) de las Ordenanzas Fiscales de Madrid) no permite tampoco la concesión de la exención del Arbitrio de Plus Valía que se

    cuestiona.- Dicho precepto, que reconoce genéricamente dicha exención,

    está refiriendo a los solares resultantes de las obras de "saneamiento

    mejora interior de grandes poblaciones", que son los mismos conceptos que,

    definidos en los artículos 3 y 4 del Reglamento de 1895, constituyen la

    esencia material de la regulación de la Ley de 1895, y supone, por tanto,

    en relación con ésta última, la introducción ex lege, y, al parecer (a

    tenor de los precedentes constituídos por el Decreto de Ordenación Provisional de las Haciendas Locales de 25.1.1946 y la Ley de Régimen Local de 16.12.1950), también ex novo, de dicho beneficio fiscal (no repetido

    después en la Ley de Bases de 1975 y en el Real Decreto 3250/1976, de 30 Diciembre), siempre que tales obras obedezcan, obviamente, con

    exclusividad, a los criterios normativos de esa Ley de 1895; en

    consecuencia, como tales obras, según los datos obrantes en los autos y

    el expediente, se han realizado a partir del hito inicial del período impositivo y, con mayor seguridad y en su práctica totalidad, después de

    entrada en vigor de la Ley del Suelo de 1956 (pues basta examinar, para

    sacar tal conclusión, el tenor de los datos citados, y, por contra, la

    recurrente, que es quien tiene la carga de la prueba de los requisitos

    determinantes de la exención, no ha demostrado, de forma categórica, que

    todas la obras se llevaron a efectos antes de 1956 ó con total sujeción

    normas de planificación precedentes), es evidente que, al regirse la

    problemática que estamos examinando por las disposiciones vigentes al

    tiempo de producirse el hecho imponible, es decir, en 1978, como luego

    concretará (sentencia de esta Sala de 15.6.1989), el híbrido o complejo

    normativo constituído por la simbiosis del artículo 520.1.f y la Ley de 1895 ha sido sustituído, para el supuesto fáctico aquí cuestionado, en

    devenir temporal paralelo a la sucesiva materialización de las obras, por

    el complejo del citado artículo y de la Ley del Suelo de 1956 (y

    posteriores reformas), y, en consecuencia, no concurren los condicionantes de la exención preconizada, porque, fundada en la realización de obras

    saneamiento y mejora interior atemperadas a la Ley de 1895, no sólo no

    existe tal presupuesto, como se ha razonado, sino que, al haber sido

    sustituído por el dato fáctico, contrastado, de que las obras se llevaron

    cabo durante la vigencia de la Ley del Suelo y de los sistemas en ella

    establecidos (según se deduce del hecho de que las obras de edificación

    urbanización "se estén realizando", aún, el 20.9.1978, y de que, en 1963,

    cumpliéndose las condiciones de la Ley del Suelo de 1956, se declarase

    Polígono Parque Conde de Orgaz como de "nueva urbanización"), ha

    desaparecido, en la realidad fáctico-jurídica, el "supuesto de hecho" del

    artículo 520.1.f, de interpretación restrictiva y no analógica (artículos 23 y 24 de la Ley General Tributaria de 1963), integrado por el dato

    incontrovertible de que "las obras sean de saneamiento y mejora interior

    grandes poblaciones", es decir, de las reguladas en la Ley de 1895, de

    tal que, al ser las obras realizadas, realmente, de "edificación y urbanización", sujetas, en su totalidad o en su mayor parte, a los

    criterios de ordenación de la Ley del Suelo, son los beneficios fiscales

    previstos en ésta (entre los que no está la exención de autos) los que

    pueden entrar en juego y no, en modo alguno, el establecido en el citado

    artículo 520.1.f (ó en el 8.1.f de las Ordenanzas Fiscales de 1980).

    A mayor abundamiento, la jurisprudencia de esta Sala

    (especialmente, la contenida en sentencias de 5.3 y 2.7.1971, 26.6.1973,

    10.11.1977, 23.1 y 26.9.1978, 22.11.1980, 29.5.1981, 18.4.1988 y 23.1 y

    15.6.1989), tiene fijada, al respecto, la siguiente doctrina:

  2. El ámbito

    de la exención establecida en el citado artículo 520.1.f comprende las

    primeras transmisiones de los solares resultantes de las obras de

    saneamiento y mejora interior de grandes poblaciones realizadas "al amparo

    de la Ley de 1895 y de su Reglamento de 1896", no siendo aplicable, por

    tanto, a los solares derivados de otras obras distintas, como pueden ser

    las de extensión o ensanche, que tienen por finalidad urbanizar sectores zonas situadas fuera del casco urbano de la población, o las procedentes

    Planes de Urbanización regulados por la Ley del Suelo, que no sirvieron

    para sanear o mejorar interiormente los servicios con que ya contaba

    Madrid, sino para ampliarlos, creando una nueva área urbana donde no la

    había y ejecutando, de este modo, unas obras y construcciones obviamente

    distintas de las que puede prever la Ley de 1895, cuyas normas hay que

    interpretar según los principios generales proclamados por la Ley General Tributaria en sus artículos 9, 10, 23 y 24, que mandan otorgar las

    exenciones sin rebasar sus términos estrictos; y esto es así porque unos

    otros grupos de normas tiene unos beneficios fiscales distintos y responden

    a motivaciones diferentes. Y, B) En la sentencia de 29.5.1981, referida

    específicamente a su caso semejante al de autos (primeras transmisiones

    solares procedentes de la urbanización de la Ciudad Satélite de

    Mirasierra), después de afirmar que el artículo 14 de la Ley de 1895 se

    refiere a la exención, no del arbitrio de Plus Valía, sino a la del Impuesto de Derechos Reales y traslación de bienes, "hoy de transmisiones

    patrimoniales", declara que "Mirasierra se construyó sobre terrenos

    rústicos que pertenecieron al término municipal de Fuencarral y conservaban

    esa condición en la fecha de anexión de ese municipio a Madrid, por lo

    carecían de conexión urbana con esta ciudad en la fecha en que el primer

    proyecto de su urbanización fue aprobado, siendo precisamente la

    realización de ese proyecto lo que dió lugar a que, con el tiempo, esos

    terrenos rústicos se transformaran en urbanos y pudieran ser y fueran

    conexionados con los servicios urbanos con que contaba Madrid; sin que

    haya probado que las conexiones entre los servicios de Madrid y los

    construídos para Mirasierra hayan saneado o mejorado las condiciones

    higiénicas del núcleo urbano limítrofe de Madrid, ni mejorado o reformado

    en algún modo su interior, y sin que tampoco exista constancia en las

    actuaciones de cómo y en qué forma y proporción resulte que los servicios

    con que ya contaba Madrid hayan sido incrementados por los de Mirasierra si quizás ésta nueva ciudad satélite pudo reducir sus construcciones por

    haberlas conexionado con las que la capital tenía y servirse de éstas;

    sea, que no está acreditado si las conexiones de unos y otros servicios

    únicamente pueden ser útiles en favor de los anteriores o de los de nueva

    construcción, o han hecho posible establecer de alguna forma una

    reciprocidad y, en tal caso, si en beneficio de Madrid o de Mirasierra,

    porque el solo hecho de la construcción de esa moderna ciudad satélite

    basta para concluir que el Madrid anterior haya mejorado en sus condiciones

    higiénicas o recibido mejora alguna en su interior; mejoras que tampoco

    pueden referirse a los terrenos sobre los que Mirasierra fue levantada,

    que por tener naturaleza rústica no podía valorarse su situación y

    circunstancias urbanas cuando se redactó y aprobó el primer proyecto

    urbanístico, cuya ejecución, por tanto, no saneó ni mejoró interiormente

    Madrid, sino que lo amplió, creando una nueva área urbana donde no existía

    y ejecutándose de este modo unas obras y construcciones distintas de las que pudo prever la Ley de 18.3.1895, que, por ser, en definitiva, la

    reguladora de la exención fiscal en discusión, a sus normas ha de estarse;

    razones que conducen a la pertinencia de rechazar el motivo de apelación

    hasta aquí examinado" (criterio que, mutatis mutandi, es plenamente

    aplicable al polígono de nueva urbanización "Parque Conde de Orgaz", así

    declarado según Ley del Suelo de 1956, erigido en terrenos del antiguo

    término de Canillas, anexionado por el de Madrid en 1949).

CUARTO

No cabe hablar, en el presente caso, de infracción, por

parte del Ayuntamiento, de los principios de respeto a los actos propios

de igualdad, porque, entre otras, la sentencia, ya citada, de esta Sala,

23.1.1989, establece, al efecto, que "la circunstancia de que en varias

transmisiones el Ayuntamiento realizase otra interpretación no afecta al

supuesto examinado, donde modifica criterios con arreglo a razonamientos

jurídicos pertinentes, por lo que no cabe hacer extrapolaciones ni

concluir, por otro lado, que se vulnere el principio constitucional de igualdad o de seguridad jurídica".

Además, en defensa de la legalidad objetiva que la solución de

cada caso concreto exige, la sentencia de esta Sala de 26.9.1986 indica

"la doctrina de los actos propios no puede aplicarse cuando, a consecuencia

de la misma, se creen situaciones jurídicas, en el ámbito del Derecho

Público, que impidan la consecución del fin o interés público tutelado

una norma de derecho que, por su naturaleza, no es susceptible de amparar

una conducta discrecional por parte de la Administración que permita a

el reconocimiento de unos derechos y/o obligaciones que dimanen de actos

propios de la misma o de los administrados; por ello, de sostenerse la

meritada doctrina sin esa limitación, se introduciría en las relaciones

Derecho Público Administrativo el principio de la autonomía de la voluntad

como método ordenador de las materias reguladas por normas de naturaleza

imperativa, cuya causa y finalidad trascienden al interés particular de

sujetos directamente afectados, sobre el que debe prevalecer el público, protegido por el principio de legalidad; principio que se vería conculcado

si, por disposición de los órganos de la Administración o de los

particulares, pudiera modificarse la normativa reguladora de una

determinada relación sometida al Derecho Público".

QUINTO

No concurren los requisitos establecidos en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para hacer

expresa condena en las costas.

Por lo expuesto, en nombre su Su Majestad el Rey y por la potestad

que nos confiere el pueblo español,FALLAMOS

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el

Abogado del Estado (después desistido) y por la representación procesal

Dª. Gloria contra la sentencia número 1182 dictada, con

fecha 1 de octubre de 1988, por la Sala Primera de lo Contencioso

Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Madrid, debemos

confirmarla y la confirmamos en todas sus partes. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en su caso en el Boletín Oficial del Estado y se insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Jaime Rouanet Moscardó, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.