STS, 16 de Mayo de 2007
| Ponente | LUIS GIL SUAREZ |
| ECLI | ES:TS:2007:3701 |
| Número de Recurso | 4850/2005 |
| Fecha de Resolución | 16 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Mayo de dos mil siete.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Letrado don José Pérez García en nombre y representación de SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA), contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de fecha 18 de octubre de 2005, recaída en el recurso de suplicación num. 2925/2004 de dicha Sala, que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo, dictada el 8 de julio de 2004 en los autos de juicio num. 331/2004, iniciados en virtud de demanda presentada por doña Nuria, doña Luisa, doña Gabriela, doña Elsa, doña Clara, doña Aurora, doña Amelia, doña Araceli, doña María Dolores y doña Marí Luz, contra INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA (INGESA) y el SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS sobre Reclamación de cantidad (cuotas colegiales).
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. LUIS GIL SUÁREZ
Doña Nuria y las demás actoras citadas en el encabezamiento de esta sentencia, presentaron demanda ante los Juzgados de lo Social de Oviedo el 17 de mayo de 2004, siendo ésta repartida al nº 2 de los mismos, en base a los siguientes hechos: Las demandantes con la categoría profesional de ATS y destinadas en diferentes centros sanitarios de Asturias, están dadas de alta como ejercientes en el Colegio Oficial de Enfermería de Asturias, al que ha abonado las cuotas colegiales correspondientes. El INSALUD ha venido abonando dichas cuotas colegiales a otros cuerpos entre los que se encuentran los Médicos Inspectores. Se termina suplicando en la demanda se dicte sentencia en la que se estime la demanda, se condene al INGESA y al SESPA, a abonar a las demandantes el importe de las cuotas de colegiación por ellas satisfechas al Ilustre Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería del Principado de Asturias, durante los períodos que cada una refleja en su demanda.
El día 8 de julio de 2004 se celebró el acto de juicio, con la participación de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a estas actuaciones.
El Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo dictó sentencia el 8 de julio de 2004 en la que estimó parcialmente la demanda y condenó al SESPA a abonar a cada una de las actoras 368,4#, excepto a doña Amelia y a Araceli que les correspondía 325,1 #, y al Ingesa a abonar a cada actora las siguientes cantidades: a doña Nuria, doña Gabriela, doña Elsa, doña Aurora, doña María Dolores y doña Marí Luz, 28,06 euros a cada una y a doña Clara, 489,3 euros. En esta sentencia se declaran los siguientes HECHOS PROBADOS: "1º).- Las actoras cuyas circunstancias personales constan en la demanda, prestaron servicios para el Insalud y para el SESPA, tras la asunción de competencias el 1 de enero de 2002, con la categoría profesional de ATS/DUE, en los centros que cada una de hace constar en su demanda; 2º).- Las demandantes están colegiadas en el Colegio de Diplomados de enfermería del Principado de Asturias -tal y como se requiere para el ejercicio de la profesión- habiendo satisfecho las cuotas colegiales correspondientes a los periodos que cada una de ellas hace constar en el suplico de su demanda; 3º).- El Instituto demandado resolvió el 1 de octubre de 1998 hacer efectivos a los médicos inspectores con puesto de trabajo en el mismo, los gastos de incorporación al Colegio de Médicos y el abono de las cuotas de carácter colegial, sin incluir las cuotas de previsión voluntaria u otras aportaciones análogas, previa declaración del funcionario de no utilizar su condición de médico para funciones ajenas a su puesto de trabajo lo que se acordó para los Letrados de la Administración de la Seguridad Social destinados en el Insalud en fecha 11 de junio de 1990 y por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 23 de diciembre de 1997 respecto de los médicos que ocupan puestos en los Equipos de Valoración de Incapacidades; 4º).- Las demandantes reclaman las cantidades que se recogen en el hecho cuarto de su demanda, correspondiente a cuotas colegiales satisfechas durante el período comprendido para doña Nuria, doña Gabriela, doña Elsa, doña Aurora, doña María Dolores y doña Marí Luz desde Noviembre 2001 hasta Diciembre 2003 incluidos, para Dª Clara desde Enero de 1999 hasta Diciembre 2003 incluidos, para Dª Amelia, Dª Araceli desde Abril de 2002 hasta Diciembre 2003 anteriores a la reclamación previa; 5º).- Tras la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 1471/2001 de 27 de diciembre se traspasaron al Principado de Asturias las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud a partir del 1 de enero de 2002; 6º).- Por Resolución del Director Gerente del SESPA de 25 de marzo del presente, publicada en el BOPA de 26 de abril, se dejó sin efecto la Resolución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD de 22 de junio de 1998 sobre abono de gastos de incorporación a colegios y las cuotas de carácter colegial a los funcionarios de la Escala de Médicos Inspectores del cuerpo sanitario de la Seguridad Social.; 7º).- Por el Juzgado de lo contencioso nº 5 de esta localidad, se dictó sentencia el 16 de mayo de 2003, que declaró nulo el precitado acuerdo; 8º ).- Es aplicable la Ley de 14 de octubre de 1983 del Proceso Autonómico que se da por reproducida; 9º).- La Consejería de Administraciones públicas del Principado de Asturias dictó resolución de 11 de junio de 2003, publicada en el BOPA del 27 del mismo mes, en la que deja sin efecto la Resolución de la Presidencia ejecutiva del INSALUD de 22 de junio de 1998 sobre abono de gastos de incorporación a colegios y las cuotas de carácter colegial a los funcionarios de la Escala de Médicos Inspectores de la Seguridad Social. El Principado abonó los gastos de colegiación correspondientes a los años 2002 y 2003 de alguno de los letrados adscritos al Servicio Jurídico del mismo; 10º).- La cuestión debatida afecta a un gran número de trabajadores dependientes del Instituto Nacional de la Salud; 11º).- Se agotó la reclamación previa y se interpusieron las demandas con fecha 17 de Mayo de 2004, acordándose la acumulación de todas ellas en los presentes autos".
Contra la anterior sentencia, el SESPA formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de 23 de septiembre de 2005, desestimó el recurso y confirmó la sentencia recurrida.
Contra la sentencia de la Sala de lo Social de Asturias, el SESPA interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en los siguientes motivos: 1.- Contradicción entre la sentencia recurrida y las dictadas por las Salas de lo Social de, el TSJ de Castilla-La Mancha de 1 de abril de 2003 y la de fecha 28 de abril de 2004 de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo; 2.- Infracción de la Disposición Adicional 1ª de la Ley del Proceso Autonómico, el Punto F) 3 y los apartados G), J) y K) del Real Decreto 1471/2001 de 27 de Diciembre, y la infracción del art. 14 de la Constitución Española.
Se admitió a trámite el recurso, y no habiéndose personado la parte recurrida para la pertinente impugnación, pese a haber sido emplazada para tal fin, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar procedente la incompetencia del orden social para conocer del recurso.
Se señaló para la votación y fallo el día 10 de mayo de 2007, llevándose a cabo tales actos en la fecha señalada.
Las demandantes vinieron prestando servicios, como ATS/DUE de la Seguridad Social, al Insalud en Asturias, hasta que, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1471/2001, de 27 de Diciembre
, pasaron a desempeñar sus funciones para el Servicio de la Salud del Principado de Asturias.
El 17 de mayo del 2004 dichas demandantes presentaron ante los Juzgados de lo Social de Oviedo las demandas origen de las presentes actuaciones, dirigidas contra el Servicio de la Salud del Principado de Asturias y contra el INGESA, en las que solicitaron que se condenase a los demandados a abonarles el importe de las cuotas colegiales que habían satisfecho por su cuenta al Colegio Oficial de Enfermería.
El Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo dictó sentencias estimando las mencionadas demandas; en tales sentencias se condenó al SESPA a pagar a cada demandante la suma que, para cada una, se indica en el fallo de tal sentencia. Contra dicha sentencia de instancia, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) interpuso recurso de suplicación, y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de 23 de septiembre del 2005, desestimó tal recurso.
Contra esta sentencia del TSJ de Asturias el SESPA formuló el recurso de casación para la unificación de doctrina de que ahora tratamos.
Las demandas origen de este proceso se presentaron, como se ha dicho, el 17 de mayo del 2004, es decir varios meses después de la puesta en observancia de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre
, que aprobó el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. De las disposiciones y mandatos de esta norma se desprende, como se explica más adelante, que los conflictos que surjan entre dicho personal y la entidad para la que prestan servicio, después de dicha puesta en observancia, ya no pueden ser conocidos por los Tribunales del Orden Social, debiendo ser examinados y resueltos por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por eso, en los trámites propios de este recurso se ordenó dar traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que formulasen las alegaciones e informe pertinentes en relación con tal cuestión de competencia. Habiéndose dado cumplimiento a dicho trámite en el sentido que consta en estas actuaciones.
Es preciso abordar, como cuestión primera y esencial, a la hora de resolver el recurso que analizamos, esta primera y fundamental cuestión referente a la competencia o incompetencia del Orden Social de la Jurisdicción. Es obvio que en el presente recurso, el análisis de esta cuestión se efectúa de oficio, pues no ha sido alegada por el recurrente en este recurso, ni tampoco ha sido planteada por ninguna de las partes a lo largo de este proceso. Pero, a pesar de ello, esta Sala puede y debe examinar de oficio tal cuestión, sin que sean obstáculo de ningún tipo a tal objeto, los muy estrechos cauces y los muy rigurosos requisitos que son propios de este excepcional recurso de casación para la unificación de doctrina; habida cuenta que, cuando se trata de una materia que afecta al orden público del proceso, como es el caso, y además existe una norma que la regula específicamente y este Tribunal ha establecido ya un criterio firme y uniforme en orden a la solución de la cuestión de competencia planteada, no es necesario el cumplimiento de tales requisitos para que esta Sala entre en el análisis y resolución de tal cuestión de competencia; puesto que, la reunión de todas estas circunstancias imponen a la Sala la obligación de efectuar tal análisis y dar solución a esta especial cuestión de competencia, a pesar de no cumplirse dichos requisitos.
Pues bien, a este respecto es necesario tener en cuenta que esta Sala del Tribunal Supremo ha dictado las siguientes sentencias, resolviendo la cuestión de competencia que se acaba de mencionar: dos de 16 de diciembre del 2005 (recursos núms. 39/2004 y 199/2004) y una de 21 de diciembre de igual año (recurso nº 4758/2004), las tres debatidas por el Pleno de tal Sala en su reunión del día 13 inmediato anterior; habiendo seguido el mismo criterio las sentencias de 21 de febrero del 2006 (recurso nº 4756/2004), 16 de marzo del 2006 (recurso nº 4811/2004) y 11 de abril del 2006 (recurso nº 102/2005 ). En todas estas sentencias se llega a la conclusión de que el art. 45 de aquel Decreto 2065/1974 debía estimarse tácitamente derogado por lo dispuesto en la Disposición derogatoria única de la Ley 55/2003, al disponerse en ella que quedaban derogadas, además de las normas que expresamente señala, "cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en esta Ley"; por lo que, como quiera que en aquel precepto era donde se establecía la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social para conocer de las pretensiones relacionadas con los derechos y obligaciones del personal estatutario, debía de ello deducirse la incompetencia que se declaraba a partir de la entrada en vigor de aquella norma legal.
Nos remitimos fundamentalmente a la argumentación expresada en las dos sentencias de 16 de diciembre del 2005 mencionadas, destacando que en ellas, después de hacer una detallada exposición de la regulación de esta materia en el ordenamiento jurídico español, se terminó afirmando que una vez que entró en vigor la disposición derogatoria mencionada "la opción para el interprete es decidir si, bajo esa fórmula, deba declararse derogado o no aquel precepto que, de forma excepcional, venía atribuyendo competencia para una gran parte de los litigios de este personal a la rama social de la jurisdicción, que debía efectuar el enjuiciamiento de acuerdo con unos estatutos que, se derogan de manera expresa, de modo que, en lo sucesivo, la totalidad de las relaciones de este personal ha de regirse por lo dispuesto en el Estatuto Marco, cualquiera que sea el órgano jurisdiccional que deba conocer sus litigios. Relación funcionarial especial, la de este personal que ya no depende de la Seguridad Social, sino de las instituciones sanitarias de la correspondiente Comunidad autónoma, regido totalmente por normas de Derecho administrativo y sin que un específico precepto de la nueva normativa venga a perpetuar la anómala situación vigente con anterioridad que atribuye el conocimiento a la legislación social, de quienes no son trabajadores en el sentido laboral del término sino funcionarios y se rigen por normas administrativas. Recordemos que la competencia que establecía el art. 45 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974, lo era para los litigios entre las Entidades Gestoras y, en su caso, Servicios de la Seguridad Social y el personal a su servicio, personal regido por lo previsto en los Estatutos de Personal aprobados por el Ministerio de Trabajo o, por el Estatuto general aprobado por el propio Ministerio. Y este personal, después de las transferencias ya no es empleado de las Entidades Gestoras o Servicios de las mismas, sino de la Comunidad Autónoma correspondiente y ya no se rige por aquellos estatutos de personal, sino por el nuevo Estatuto Marco aprobado por Ley. Por tanto ha de concluirse que el precepto de referencia quedó derogado por la Disposición derogatoria de la Ley 55/2003, por contradecir lo en ella dispuesto y, en consecuencia desde la entrada en vigor de esa norma son competentes para el conocimiento de estos litigios los Juzgados y Tribunales de Orden Contencioso Administrativo, en aplicación de lo dispuesto en el art. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el art. 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de esa jurisdicción. Solución coincidente con la doctrina establecida en el auto de la Sala de conflictos de este Tribunal Supremo de 20 de junio del año en curso (conflicto 48/2004), cuya solución expresamente admitimos."
Por todo lo expuesto, y coincidiendo en lo esencial con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede declarar de oficio que los Tribunales del Orden Social de la Jurisdicción carecen de competencia para resolver la problemática de fondo planteada en este proceso, y por ello se ha de absolver en la instancia a los demandados, advirtiendo a las partes que la competencia para abordar y dar solución a tales cuestiones corresponde a la Jurisdicción contencioso administrativa.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Declaramos de oficio que los Tribunales del Orden Social de la Jurisdicción carecen de competencia para examinar y resolver las cuestiones de fondo que se plantean en este proceso, iniciado a virtud de demandas presentadas por doña Nuria, doña Luisa, doña Gabriela, doña Elsa, doña Clara, doña Aurora, doña Amelia, doña Araceli, doña María Dolores y doña Marí Luz y dirigidas contra el SESPA y absolvemos en la instancia a este demandado. Se advierte a las partes que la competencia para conocer y resolver dichas cuestiones de fondo corresponde al Orden Jurisdiccional Contenciosa Administrativo. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Gil Suárez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
STS, 25 de Octubre de 2007
...de diciembre del 2006 (rec. nº 4711/05), 21 de diciembre del 2006 (rec. nº 2999/05), 23 de abril del 2007 (rec. nº 4892/05), 16 de mayo del 2007 (rec. nº 4850/05), y 9 de octubre del 2007 (rec. nº 5008/04 ), entre otras Son muy numerosas las sentencias de esta Sala de lo Social del Tribunal......
-
STSJ Cataluña 2394/2016, 19 de Abril de 2016
...de 15 de enero de 2008 ( RJ 2008, 2888 ) -rcud. 3964/2006 -). 2º) Respecto de la ponderación de la duración del incumplimiento, la STS de 16 de mayo de 2007 ( RJ 2007, 4804 ) (rcud. 4263/2005 ), dictada por el Pleno de la Sala, decidió a favor de la Mutua recurrente en un caso en el que el ......
-
SAP Zaragoza 500/2011, 8 de Septiembre de 2011
...de los cinco último años, cuando dicho plazo es de aplicación de acuerdo con el criterio sentado en el art. 28 L 12/1992 ( STS 19-12-2005, 16-5-2007 y 28-9-2007 y SSAAP Madrid, secc. 13, nº 53/2010 ; Barcelona, secc. 1, nº 536/2009 ; y Castellón, secc.3, nº 253/2009 Como quiera que tal crit......